REVISTA PEDAGOGÍA ECONÓMICA № 2
Liberación económica ha sido obligada por las sanciones pero el gobierno no cree en ella
Víctor Álvarez R.
Entre 2014-2021, el
tamaño de la economía venezolana se redujo 80 %. Es como si una persona que
pesaba 100 kilos la vemos 7 años después y apenas pesa 20 kilos. Eso fue lo que
pasó con el PIB venezolano, quedó en el hueso al perder su masa muscular de
inversionistas que se fueron, empresas que quebraron, obras interrumpidas,
deterioro de la infraestructura y colapso de los servicios públicos.
Finalmente, en 2021 se
detuvo esta prolongada contracción y también concluyó la espiral
hiperinflacionaria que comenzó en noviembre de 2017. Por primera vez desde
2013, los indicadores económicos registran un resultado positivo. El PIB del
sector privado -que representa el 60 % de la economía- creció 3 %, mientras que
el Sector Público -el 40 % restante- se redujo 5 %. Datos del Observatorio
Venezolano de Finanzas registran un avance de 9,2 % en el tercer trimestre de
2021.
La apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, el levantamiento y abandono de los controles de cambio y de precios, la desregulación y liberalización de la economía, la dolarización transaccional, la privatización de la gestión de empresas públicas, la promoción de exportaciones, la apertura a la inversión extranjera, la recuperación de la extracción de petróleo y el repunte en los precios de los crudos, son los factores que explican la recuperación económica. Este abandono del modelo nacionalista, estatista y controlador ha sido forzado por el colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto económico del Covid.
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Las elecciones
regionales generan muy poco interés. Son los comicios que registran menor
participación en comparación con las parlamentarias y presidenciales. Sin
embargo, en las megaelecciones del 21-N votaron 2,5 millones más de electores
que en las Parlamentarias de 2020. La abstención en los comicios regionales fue
de 58% mientras que en las Presidenciales de Chile -que se supone convocan más
y celebraron el mismo día que las Megaelecciones de Venezuela-, la abstención
fue de 53%. ¿Entonces dónde hubo abstención?
Lograr una
participación de 42%, no muy lejos del 47% que votó en las Presidenciales de
Chile, es una señal muy importante en un país que viene de escuchar insistentes
llamados a la abstención. Han sido cinco años en los que los partidos más
importantes de la oposición repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota
pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las megaelecciones
es convalidar la farsa electoral del régimen”. Desacreditaron la institución
del voto, al árbitro electoral y a la propia la ruta electoral. Por si fuera
poco, se postularon muchos candidatos mediocres e impresentables que se
dedicaron a atacarse y descalificarse entre ellos mismos, desestimulando al
elector.
Víctor Álvarez R.
Entre 2014 y 2021 se cuentan al menos cinco intentos de diálogo y
negociación entre gobierno y oposición: Conferencia Nacional por la Paz (2014),
Mesa de Diálogo Nacional (2016), Mesa de Diálogo en la República Dominicana
(2017-2018), Conversaciones de
Oslo-Barbados (2019) y la Mesa de Negociación en México (2021). Para el gobierno, el diálogo ha sido una maniobra de contención del
conflicto que le ha permitido ganar tiempo y debilitar las ofensivas de sus
opositores. Lo costos políticos de cada intento fallido de diálogo los ha pagado sobre
todo el liderazgo de la oposición que es visto por los más tolerantes como un actor
ingenuo, mientras que los más intransigentes y extremistas lo ven como cómplice
de un gobierno que no parece estar dispuesto a ceder el poder por la vía electoral.
El régimen aprovecha cualquier
pretexto para levantarse de la mesa de negociación. Luego de conocerse la
extradición de Alex Saab, Maduro acusó a EEUU de darle una puñalada mortal a la negociación y dijo: “Nosotros en protesta nos fuimos de México y
punto. Después evaluaremos qué va a pasar con estos diálogos. Por ahora estamos
indignados, protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos…”.
Esta excusa tan
rebuscada recrudece las dudas sobre el verdadero compromiso con una solución
pactada a la crisis. Si bien Maduro repite que nunca se niega a dialogar, lo
hace mientras no se incluyan temas que pudieran precipitar su salida del poder.
Ahora bien, si hay tan pocas expectativas de una solución democrática y
electoral del conflicto venezolano: ¿Por
qué la Plataforma Unitaria vuelve a sentarse con un régimen que utiliza el
diálogo para ganar tiempo y atornillarse en el poder? ¿Qué se puede esperar de las negociaciones en México?
En los anteriores procesos
de negociación, la inestabilidad de Nicolás Maduro era mayor que ahora. Aun así,
nada se pudo lograr para llevarlo a pactar una transición democrática en
Venezuela. Ante la división de la oposición, Maduro luce fortalecido, sin la
presión de una amenaza interna realmente creíble. Si la continuidad del régimen
no se ve amenazada por factores exógenos, nada que arriesgue la permanencia de
Maduro en el poder tendrá cabida en la negociación.
¿Qué se pueden esperar, entonces, de las negociaciones en México? ¿Cuáles son las demandas del gobierno y cuáles las de la oposición? ¿Es posible que dos fuerzas tan antagónicas puedan llegar a un pacto? ¿Cómo medir el éxito de las negociaciones en México?
Víctor Álvarez R.
Con la reforma petrolera de 2006 los convenios
operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en
las que el Estado debía tener la mayoría accionaria del al menos el 51 %. Eran
los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El
Gobierno y Pdvsa presumían de no necesitar la inversión privada para acometer
los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta.
Debido a la destrucción de la industria petrolera y
el colapso de
la renta, ni el gobierno ni Pdvsa
cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta
dura realidad los obliga a abandonar su visión
estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extrajera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen
las sanciones financieras y comerciales de EEUU contra PDVSA.
Las sanciones financieras
impiden al gobierno y Pdvsa gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense
-o extranjera con negocios en territorio de EEUU- el comercio de bienes y
servicios con Pdvsa y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y
transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para
que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa.
También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la
compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. Son empresas
de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las
sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento.
Las sanciones contra Pdvsa y otras empresas públicas administradas por el gobierno también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.
Víctor Álvarez R.
Ante la inercia de los partidos políticos que no
decidían si participar o no en las elecciones, diferentes iniciativas de la
sociedad civil irrumpieron en la escena política y alcanzaron gran visibilidad
y resonancia cuando postularon a 15
venezolanos independientes, con reconocida trayectoria y probada solvencia
ética para ser rectores del CNE.
Hoy escuchamos hablar cada vez más del Foro Cívico,
del Diálogo Social y de otras iniciativas que llaman a los ciudadanos a
organizarse y luchar por la defensa de sus derechos. Estas iniciativas no están
en contra de los partidos políticos ni son militantes de la antipolítica, pero
si interpelan y emplazan al gobierno y la oposición para que interpreten el
sentir nacional y se conecten con las necesidades de la gente. Promueven el
diálogo y la negociación política, hacen llamados para retomar la ruta
electoral, luchan por mejorar las condiciones electorales y restaurar la
democracia venezolana. Son nuevos actores en el mapa político nacional.
En Venezuela el
diálogo político se ha desacreditado porque no ha contribuido a superar la
crisis que azota al país. Entre 2014 y 2021 se han llevado a cabo cinco
procesos de diálogo y negociación: la Conferencia Nacional por la Paz (2014),
la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en la República
Dominicana (2017-2018), las Conversaciones
de Oslo-Barbados (2019) y ahora en México se vuelve a retomar el diálogo y
la negociación para lograr una solución pactada a la crisis venezolana.
Para resolver el
conflicto venezolano se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa,
desde la ruta electoral y pacífica hasta la vía insurreccional y violenta. Unas
veces se participa en elecciones, otras se ha decidido la abstención y también
se ha intentado la vía insurreccional: las violentas guarimbas, el Cucutazo, el
conato de Golpe de Estado, la operación Gedeón, la invocación al TIAR son
opciones que han ensayado quienes no creen que por la vía electoral es posible
lograr un cambio político en Venezuela.
La oposición
abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”,
que “dictadura no cae con votos”, que
“participar en la farsa electoral es
legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de
cambio y esto es funcional al gobierno. Si
la mayoría descontenta se abstiene, la minoría
oficialista devendrá en mayoría.
“Nada está acordado hasta que todo esté acordado” pareciera ser un principio muy exigente que ha regido las negociaciones
entre el gobierno y la oposición. Se
acuerda todo o no se acuerda nada.
Esta lógica somete a todo un país castigado por una larga crisis a tener
que esperar hasta que las élites políticas se pongan de acuerdo en todos los
puntos a negociar.
¿Qué es el Foro
Cívico Nacional? ¿Cuándo y cómo nace? ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa?
¿Cómo es su estrategia? ¿Cuáles han sido sus acciones de mayor impacto para
hacer valer los derechos sociales y políticos de los ciudadanos? ¿Qué nuevos
aportes se plantean?
¿Qué es el diálogo social? ¿En que se parece y en
qué se diferencia del diálogo político? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo puede
contribuir el diálogo social para que el diálogo político rinda los frutos que
Venezuela espera?
¿Cuál es la vía del Foro Cívico y del Diálogo
Social para hacer posible el cambio de mando por el cual se pronuncia el 80 %
de los venezolanos que rechaza al actual gobierno?
¿Tiene sentido participar en condiciones electorales
tan desventajosas? ¿Cómo se puede reconstruir
la confianza en la institución del voto para que la ciudadanía vaya a votar
masivamente y se recupere la ruta electoral como la vía más eficaz para
resolver nuestros conflictos?
¿Por qué se impone ese principio de nada está acordado hasta que todo esté
acordado? ¿Qué sentido tiene jugar al todo
o nada? ¿El Foro Cívico estaría a favor de acuerdos parciales que
solucionen problemas concretos y coadyuven a crear mayor confianza en el
proceso de negociación? ¿Cuáles pudieran ser esos acuerdos parciales entre
gobierno y oposición que respondan al interés nacional y no solo al interés de
los partidos?
Para hablar sobre estos temas y este interesante
proceso, hemos invitado en esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con
diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto
venezolano a Mariela Ramírez @Dale_Letra, arquitecta, cofundadora de la organización Dale Letra, activista
del Foro Cívico y promotora del Diálogo Social, una de las voces más activas de
la participación ciudadana en la defensa de los derechos sociales y políticos. Vea
la conversación completa aquí: youtu.be/WR6-qkOcOLQ
Víctor Álvarez R.
Venezuela ya no está dividida entre chavistas y
opositores. La polarización cede ante otras expresiones que no se identifican
con los bloque en pugna. Ni los partidarios del gobierno ni de la oposición son
mayoría. Según Datanálisis los “ni-ni” sumaron 67% en lo que va de 2021. No se
trata de indiferentes sin posición ni activismo político, sino de un creciente malestar
nacional que rechaza a un liderazgo político incapaz de acordar soluciones para
sacar al país de la crisis.
La debilidad de los independientes radica en que carecen
de organización partidista. Tampoco tienen líderes prominentes con aspiraciones
políticas, razón por la cual no tienen claro cómo capitalizar electoralmente el
descontento nacional. Al no sentirse identificados con los candidatos del
gobierno ni de la oposición suelen abstenerse. Pero ante una oposición dividida
y un gobierno que apenas cuenta con 20 % de aceptación, la abstención facilita
el triunfo de los candidatos oficialistas.
La gente que quiere una solución electoral y
pacífica del conflicto venezolano aún no encuentra por quien votar. Buscan
candidatos que no solamente exijan la restitución de los derechos políticos de
quienes aspiran a ser elegidos, sino que también defiendan los derechos
sociales de los electores.
En las Megaelecciones del 21 de noviembre se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y 2.400 concejales. Son 3.000 cargos para los cuales se postularon 70.000 candidatos, 3.000 del gobierno y 67.000 de la oposición. Se han postulado candidatos improvisados, impuestos por las cúpulas de los partidos o financiados por el gobierno para dividir el caudal del voto opositor.
Urbi Garay, profesor titular de finanzas del IESA e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, explica el potencial de los Fondos de Pensiones, Cajas de Ahorro y Mercado de Valores como nuevas fuentes de financiamiento en la Venezuela post-rentista. Vea la entrevista completa aquí: https://youtu.be/Hn4L11-Jr_I
Víctor Álvarez R.
Noruega es un país petrolero con
5 millones de habitantes donde la tasa de natalidad es de apenas 1,95.
Demográficamente esto quiere decir que el número de hijos apenas sustituye a
los padres. Su población se estanca y tiende a envejecer. Como el pago de las
pensiones no podía ser cubierto con las contribuciones a la seguridad social,
la necesidad de garantizar una vejez digna pasó a ser una prioridad de la sociedad
noruega. En 1990 se creó el Fondo
Noruego del Petróleo con el objetivo de hacer inversiones cuyos rendimientos
aumentaran el nivel de reservas del sistema de pensiones. En 1995 se hizo la primera transferencia
por un monto equivalente a $ 285 millones que fueron invertidos en el exterior
en bonos, valores, acciones, etc. Gracias a los sucesivos depósitos y
rendimientos de las inversiones, actualmente los activos del Fondo superan los
900 mil millones de dólares, equivalente a $ 200 mil por habitante. Pero esos
fondos no se reparten sino que se invierten. Solamente un porcentaje de los
rendimientos puede ser utilizado como complemento del Presupuesto
Nacional, el cual se financia fundamentalmente con los impuestos que pagan los
contribuyentes.
En Venezuela, cuando
una persona se jubilaba y recibía su liquidación, podía montar un negocio o
comprarse una vivienda. Hoy apenas puede comprar un mercado. Vemos con dolor la
situación de los jubilados que reciben pensiones de hambre. En otros países los
fondos de pensiones tienen una importante participación accionaria en empresas
rentables, inversiones inmobiliarias y bonos para hacer rendir sus fondos y
asegurar una jubilación digna.
¿Por qué en Venezuela no es así? ¿Por qué los fondos de pensiones no realizan inversiones para hacer rendir las contribuciones a la seguridad social y garantizar pensiones que permitan vivir dignamente? ¿Qué lo impide?
Víctor Álvarez R. / @vicalvarezr
En esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano hemos invitado a Eglée González Lobato, creadora del Proyecto Entendimiento Nacional y directora de la Cátedra Libre “Democracia y Elecciones”. Escuche la conversación completa aquí https://youtu.be/8Q4tItDIjos
El Cucutazo, el conato de Golpe de Estado del 30 de
abril, la Operación Gedeón y la invocación al TIAR fueron parte de un atajo
insurreccional que se convirtió en el camino más largo para lograr un cambio
político en Venezuela. Quienes una y otra vez
repitieron que solo negociarían con Maduro el salvoconducto que lo sacaría del
país, finalmente se sientan en México a negociar con él una solución al
conflicto venezolano y ese paso hacia una solución política y pacífica hay que
celebrarlo.
Dice la sabiduría popular que “uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla”. Los partidos
que apostaron a la abstención repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota pero no se elige”,
que “dictadura no cae con votos”,
que “participar en las megaelecciones es
convalidar la farsa electoral del régimen”. Ahora, quieren disfrutar los
beneficios de ganar gobernaciones y alcaldías, pero sin pagar entre sus
seguidores extremistas los costos reputacionales de retomar la Ruta Electoral.
Guaidó dice que las Megaelecciones el 21-N son una farsa y a los partidos de la Plataforma Unitaria no se les siente plenamente convencidos de participar. En vez de apoyar la reelección de los gobernadores y alcaldes que ya tiene la oposición, han postulado otros candidatos que amenazan con dividir el caudal electoral del país descontento y facilitar así el triunfo de los candidatos oficialistas. Pareciera que su estrategia es provocar resultados muy reñidos para cantar fraude, desconocer los resultados, deslegitimar el proceso electoral, agravar la crisis de gobernabilidad y así lograr que se prolongue el reconocimiento internacional del interinato.
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
El conflicto venezolano ha sido abordado en la ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima,
CELAC. Allí se
ha denunciado la represión y exilio de líderes sociales y políticos, la
violación de derechos humanos, la censura a medios de comunicación, la
violación al principio de autonomía de los poderes públicos, el deterioro de
las condiciones electorales. Sin embargo, nada concreto se ha resuelto todavía.
El endurecimiento de las sanciones económicas -lejos de forzar la caída
del gobierno-, agravaron la crisis causada por una pésima política económica,
empobrecieron aún más a la población y brindaron al régimen la excusa perfecta
para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista.
Las alternativas de la oposición venezolana se han debatido entre la vía
insurreccional y la ruta electoral. El Cucutazo,
el golpe de Estado del 30 de abril, la operación Gedeón, la invocación al TIAR fueron
episodios alentados por la idea de “todas
las opciones están sobre la mesa”. Pero cuando la intervención militar extranjera fue eficaz para
derrocar a un gobierno, resultó inútil para reestablecer la paz y recuperar la
gobernabilidad. Así lo demuestran Afganistán, Irak y Libia, donde las
intervenciones militares dispararon una espiral de violencia que aún sigue.
La diplomacia es lenta y la crisis humanitaria no espera. Si bien es cierto que los debates en los foros internacionales han influido en la conformación de una opinión pública internacional muy crítica que llevó a más de cincuenta países a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, también es cierto que la diplomacia internacional ha sido muy lenta en la resolución del caso venezolano. La prolongación del conflicto ha desembocado en varios procesos de negociación que no pasaron de ser válvulas de escape o maniobras para ganar tiempo. En México se vuelve a retomar el camino de las negociaciones para lograr una solución política y pacífica del conflicto.
En esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a Asdrúbal Oliveros, Socio-Director de Ecoanalítica. Vea la conversación completa aquí https://youtu.be/Tcbc63UGPgg
Víctor Álvarez R. /
@victoralvarezr
El efecto combinado del
colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto
económico del Covid 19 ha obligado al Ejecutivo nacional a activar válvulas de
escape para aliviar la presión económica y social. Un gobierno sin capacidad
financiera para sostener el modelo nacionalista y
estatista ha dado rienda suelta a la apertura comercial, desregulación y
liberalización económica, dolarización, privatización y apertura a la inversión
extranjera. Son las nuevas tendencias que se asoman en la economía venezolana y
que pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles. Estos cambios en la
política económica crean otro ambiente para el emprendimiento
y la iniciativa privada. Quien no los perciba debido al ruido de la
diatriba política, se quedará al margen de las oportunidades de negocio e
inversión que empiezan a aparecer en Venezuela. En este abandono del modelo
nacionalista y estatista, una presión clave la han ejercido los inversionistas
privados que están dispuestos a correr los riesgos de hacer negocios en un país
sancionado, pero en un contexto de apertura comercial y liberalización
económica.
La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que
disolvió el poder de compra de los billetes y obligó a sustituirlos por la
divisa estadounidense. Para no trancar el
mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso
de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y
penalizada. A su vez, la dolarización transaccional presiona la dolarización de
los servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se
pueda canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo.
Para compensar la escasez causada por la reducción en un 80 % del PIB y contener la inflación, el gobierno abrió el mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel. Ha exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de importación que, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, compiten ventajosamente con la producción nacional y hacen mucho más lucrativo importar que producir. Bodegones, supermercados, tiendas de electrodomésticos y agencias de automóviles, proliferan a lo largo y ancho del territorio nacional.
En esta nueva entrega de la serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano” hemos invitado a Mibelis Acevedo Vea la conversación completa aquí
https://youtu.be/zb0CkjJyMTE
Víctor Álvarez R. /
@victoralvarezr
En las Megaelecciones del 21-N se elegirán 23 gobernadores, 335
alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2.400 concejales. Para los
candidatos de la oposición, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero pueden ser
compensadas si se aprovechan las favorables condiciones políticas derivadas del
80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos. Pero la oposición abstencionista sembró en el mapa mental del
país la idea de que “en Venezuela se vota
pero no se elige”, que “dictadura no
cae con votos”, que “participar en la
farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como
instrumento de cambio y esto es funcional y útil gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría que vote por el PSUV devendrá en una mayoría.
La fuerza electoral del chavismo viene cayendo, el malestar nacional continúa creciendo, pero la oposición se sigue absteniendo. Para un gobierno que cuenta con solo 20 % de apoyo en las encuestas, la abstención es lo que lo puede poner a ganar. Por eso hará todo lo posible para desestimular que el 80 % de electores descontentos voten y barran con los candidatos oficialistas. Con semejante rechazo, Maduro puede poner en riesgo el control hegemónico del territorio si llega a perder un buen número de gobernaciones y alcaldías.
Víctor Álvarez R.
Vea la conversación con Sary Levy, Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, aquí https://youtu.be/5wYfh2B06Fw
La gente de a pie suele decir que “el
producto más caro es el que no se consigue”, que “mucho dinero detrás de pocos
bienes dispara los precios” y que “mientras los precios suben por
el ascensor, los salarios lo hacer por la escalera”. Con estas
expresiones se refieren
a la escasez de bienes y servicios, a las desmesuradas emisiones de dinero que
cada vez compran menos y a la distribución regresiva del ingreso que sufren debido
a la hiperinflación.
El gobierno no recauda suficiente
renta petrolera, ISLR, IVA, ni aranceles, no tiene cómo financiar el gasto
público. Además, soporta el peso de las empresas públicas de electricidad, agua
potable, gas doméstico, telecomunicaciones, metro y otras que no facturan ni
siquiera para pagar su nómina. Ante semejante déficit en sus ingresos fiscales,
se dice que el gobierno se financia con un impuesto inflacionario.
Permanentemente se le cuestiona al gobierno financiar su déficit con emisión de dinero por parte del BCV, pero aunque el déficit público se financie con el llamado impuesto inflacionario, los ingresos fiscales ordinarios también sufren la voracidad de la hiperinflación, sobre todo porque el ISLR y el IVA se recaudan después de haberse causado y, en ese intervalo, los ingresos del gobierno también pierden poder adquisitivo.
En esta nueva entrega de la serie de “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana” hemos invitado a María Verdeal, Vicepresidenta del MAS . Vea la conversación completa aquí https://youtu.be/xDOLai3RCEU
Para el gobierno, la oposición sigue siendo un rival muy
predecible. Sabe que un sector llamará a la oposición y el otro se presentará dividido.
Si el 21 de noviembre un gobierno que sufre el 80 % de rechazo de los electores
gana la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, diputados regionales y
concejales, sería una irresponsabilidad plantear el referendo revocatorio. El
factor sorpresa sería que los diferentes sectores de la oposición lograran un
acuerdo para presentar candidaturas unitarias y llamar masivamente a votar.
Solo así podrán capitalizar electoralmente el 80 % de rechazo al gobierno y sus
candidatos.
La causa común de los
factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto,
retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha
institucional. La abstención electoral ha demostrado su
ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el
contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de
2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSUV ganara 306 alcaldías de
un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29
alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de
2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de
concejales.
El deterioro de las condiciones electorales ha sido
la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención. Pero también la
falta de garantías ha sido utilizada por la oposición como un pretexto para no
participar ante su incapacidad de llegar a acuerdos unitarios y ser derrotada
por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario -que prolonga su
esperanza de vida gracias a la abstención- no va a otorgar todas las
condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso
electoral para inducir la mayor abstención posible. Pareciera, entonces, que no
se pueden esperar condiciones
electorales ideales y quienes decidan postularse tendrán que prepararse
para competir en condiciones bastante alejadas de los estándares
internacionales.
¿Hasta dónde es posible avanzar en la restitución de las condiciones electorales? ¿Qué es lo máximo a lo que los electores sensatamente pueden aspirar y qué es lo mínimo que los partidos pueden aceptar para poder competir en buena lid?
Víctor Álvarez R.
El Banco Central de Venezuela (BCV) es
la institución responsable de velar por la estabilidad monetaria y de precios,
asunto que tiene mucho que ver con la preservación del poder adquisitivo de los
hogares. Si el BCV falla en preservar la capacidad de compra de la moneda
nacional y no logra mantener la estabilidad de los precios, esto se traduce en
un deterioro del ingreso familiar y en un empobrecimiento generalizado de la
población.
Para que pueda cumplir con
éxito su misión, en la Constitución del 99 al BCV se le reconoció su carácter
autónomo e independiente de las políticas del gobierno. El artículo 318
establece la autonomía del BCV en el diseño y ejecución de la política
monetaria, en la regulación de la moneda, del crédito, las tasas de interés y
en la administración de las reservas internacionales, así como su
corresponsabilidad junto al Ministerio de Finanzas en el diseño de la política
cambiaria. Y en el Artículo 320 de la Constitución se lee claramente que: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco
Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales
deficitarias”.
Sin embargo, estos mandatos constitucionales quedaron como letra muerta, toda vez que el BCV terminó siendo un órgano totalmente subordinado y funcional a las necesidades de financiamiento del gobierno. Con frecuencia escuchamos las críticas que se hacen al déficit de las empresas públicas y su financiamiento con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que causan la hiperinflación.
Víctor Álvarez R.
Con 80 %
de rechazo al gobierno y sus candidatos, el país descontento tiene la
oportunidad de ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías en las
Megaelecciones del 21-N. Postular candidatos unitarios que generen confianza y
estimulen a votar es una obligación de los partidos políticos que se plantean
recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral.
Las
condiciones electorales deben ofrecer a todos los partidos las mismas
oportunidades de participar, sin intervenciones ni ventajismos de ningún tipo. No
contribuye a la celebración de unas elecciones competitivas ilegalizar partidos
políticos o despojar sus nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que
siguen el juego del gobierno y así nadie se anima a votar por ellos.
Pero la
alta abstención también es un reflejo del desencanto de la gente por la baja
calidad de la acción política de los partidos. El electorado se desmotiva cuando ve a dirigentes y líderes políticos
enfrascados en una sarta de insultos y acusaciones que, de ser verdad, los
descalifican e invalidan para asumir cargos públicos de elección popular.
Desde la
oposición se cuestiona la reelección indefinida, pero vemos que muchas
organizaciones políticas tienen desde hace años el mismo presidente, el mismo secretario
general, la misma dirección. Parecen atornillados a sus cargos y así se le
cierra el paso a nuevas generaciones de dirigentes. La falta de democracia
interna en los partidos suele ser uno de los detonantes de esos conflictos
internos que sirven de pretexto al gobierno y al TSJ para intervenirlos.
En los partidos de la
oposición pareciera que la unidad no es un objetivo prioritario ni viable. Convencido de que a mayor cantidad de tarjetas en
el tarjetón, mayor será la confusión del elector, el gobierno exacerba su división
al aprobar tarjetas a varios partidos. El oficialismo no le teme a la tarjeta
de la MUD porque sin unidad es un partido más y su reactivación agravará las
contradicciones internas de la oposición.
Con
tantos partidos, si estos no pactan candidaturas unitarias, el voto opositor se
dispersará. Aún si el gobierno acepta mejorar las condiciones electorales, si los
partidos de la oposición va divididos y no presentan buenos candidatos a la
mayoría de las 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 250 diputados regionales y
2.400 concejales, será muy difícil vencer la abstención y esto favorecerá a los
candidatos del gobierno que ganarán con apenas el 20 % de los votantes.
Para analizar las condiciones
electorales y la situación interna de los partidos políticos, en la serie “Diez
conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución
electoral y pacífica a la crisis venezolana” hemos invitado a Mercedes
Malavé, comunicadora social, con doctorado en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, directora de formación del IFEDEC y presidenta del partido Unión y
Progreso.
Vea la conversación completa con
Mercedes Malavé aquí https://youtu.be/kIaJyEyopm4
Víctor Álvarez R.
Ha comenzado
la tercera temporada de la serie Reconversiones monetarias en Venezuela.
La primera fue en 2008 cuando se le quitaron 3 ceros a la moneda nacional, la
segunda en 2018 con 5 ceros menos y en la tercera temporada del 2021 se le
quitan nuevamente 6 ceros, para un total de 14 ceros menos.
Este círculo
vicioso de quitarle ceros a la moneda nacional, agregárselos otra vez para
finalmente volvérselos a quitar se repetirá cada vez con más frecuencia si no
se erradican las causas estructurales y los factores propagadores de la
hiperinflación que disuelve el poder de compra de los billetes y los deja
inservibles al cabo de unos meses.
Las causas estructurales tienen que ver con la contracción
del tamaño de la economía en aproximadamente 80 % en los últimos 7 años, lo
cual genera una recurrente escasez de los bienes y servicios necesarios para la
vida. Tengamos en cuenta que el producto más caro es el que no se consigue.
Los factores propagadores están asociados a la forma como se financia el déficit de las empresas públicas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, metro, etc. Estas empresas públicas no facturan ni siquiera para pagar su nómina y reciben constantes transferencias del BCV. Un gobierno que no recauda suficiente impuesto sobre la renta, ni IVA, ni aranceles, ni regalías debido a la contracción económica y al colapso de la industria petrolera se financia, entonces, con el impuesto inflacionario que se deriva de las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que realiza el BCV. Ya sabemos que mucho dinero detrás de pocos bienes dispara los precios.
De cara a las Megaelecciones del 21-N, ¿Cuáles son las irregularidades y violaciones de derechos civiles y
políticos que ha identificado el Observatorio de Comunicación y Democracia y el
Foro Cívico? ¿Hasta dónde se pueden
restituir estos derechos? ¿Qué es lo máximo a lo que se puede aspirar y qué es
lo mínimo que se puede aceptar para poder participar en buena lid?
¿Cuáles son las
principales mejoras en las garantías y condiciones electorales? ¿Qué es lo que
aún está pendiente? ¿Qué es necesario y suficiente para las Megaelecciones del
21 de noviembre? ¿Qué puede quedar pendiente para el referendo revocatorio y
las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? ¿Cómo convencer a los
desconfiados y escépticos que se va por buen camino y que pueden volver a confiar
en la institución del voto y retomar la vía electoral?
¿Hay voluntad política y compromiso entre los nuevos rectores del CNE
para mejorar las condiciones electorales y asegurar un arbitraje institucional
para que las elecciones que se convoquen sean reconocidas como unos comicios
competitivos, a tono con los estándares internacionales? ¿Qué hechos lo demuestran?
¿Cómo convencer al país hundido en la
desesperanza por tanto ventajismo gubernamental y tanta división en la
oposición que ha habido un avance en el CNE? ¿Quiénes son esos rectores
principales en los que puede confiar el malestar nacional? ¿Quiénes son los
suplentes? ¿Qué han hecho para merecer esa confianza? ¿Qué responsabilidades
tienen ahora en la estructura del CNE?
¿Cómo valora el Observatorio de Comunicación y
Democracia la calidad de la acción política de los partidos en Venezuela? ¿Qué
puede hacer el Foro Cívico para elevar el debate político y superar tanta
mediocridad? ¿Cómo lograr que los
procesos electorales no se reduzcan a un asunto que solo interesa a los
candidatos de los partidos y sean asumidos como un derecho ciudadano para recibir
una oferta electoral de calidad y así estimular una mayor participación?
Estas preguntas son respondidas por Griselda Colina, en
la serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una
solución electoral y pacífica a la crisis venezolana”. Es directora del Observatorio
Global de Comunicación y Democracia e integrante de la
plataforma Foro Cívico de Venezuela. En el marco de una estrategia de acción ciudadana que se propone
contribuir a la reinstitucionalización democrática del país, fue postulada al CNE
y resultó electa rectora suplente: “En el
Foro Cívico asumimos una acción propositiva donde la procura de espacios de
entendimiento y la humanización del conflicto es parte de una nueva forma de
pensamiento y acción”, nos explica Griselda. Con ella vamos a examinar
el estado actual de las garantías y condiciones electorales en las que los
ciudadanos y partidos políticos concurrirán a las Megaelecciones del 21-N.
Te invitamos a ver la
conversación completa aquí https://youtu.be/yEGQUA46dEs