Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Política
Forzar un cambio de régimen en Venezuela no garantiza una solución
pacífica del conflicto ni mucho menos la gobernabilidad del país. Una salida
violenta llevará al extremo la polarización y prolongará la confrontación. El
poder sin contrapesos, concentrado en un solo polo, reproducirá el ciclo de
persecuciones y encarcelamientos que es necesario superar para lograr la paz y
la gobernabilidad.
En una Venezuela tan polarizada, el diálogo y la negociación encuentran una
férrea resistencia por parte de los extremistas y radicales de ambos polos. La
oposición que desde hace 25 años aspira gobernar a Venezuela y alienta a Trump
para que ordene los bombardeos y les despeje el camino hacia el Palacio de
Miraflores, no están dispuesta a esperar los inciertos resultados de otra complicada
negociación.
Una salida violenta desembocará en más de lo mismo: la implantación de
otro régimen autoritario que utilizará las instituciones del Estado para
desatar una cacería de brujas contra todo lo que sea o parezca chavista. La
Constitución de Venezuela permite al presidente de la República tomar la
iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que -una vez
elegida- tiene la facultad de disolver los demás poderes públicos, lo cual sería
aprovechado por el nuevo régimen para borrar del ecosistema político a los 24
gobernadores, 285 alcaldes y 256 diputados chavistas. Los extremistas apuestan
a una intervención militar externa que provoque un colapso del régimen y los
instale en su lugar
Hasta ahora, la amenaza basada en la demostración de fuerza de guerra estadounidense no ha sido suficiente para quebrar al régimen de Maduro. Pero si Trump ataca, los bombardeos en territorio venezolano tampoco garantizan la implosión de un régimen que luce cohesionado. Si Maduro fuese capturado o neutralizado, el alto mando militar venezolano -que es acusado por EEUU de ser cómplice del CDS-, reemplazaría a Maduro con uno de sus miembros.
