Víctor Álvarez R.
Los cambios políticos por sí mismos no
garantizan que la situación económica y social mejore. Para corregir los graves
desequilibrios que generan inflación, contraen la producción e impiden la creación
de nuevos y mejores empleos, el próximo gobierno tendrá que aplicar drásticos
correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables
que protestan con mucha razón cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo
del ajuste.
A fin de aliviar el déficit fiscal y
erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario tendrá que
reestructurar toda la administración pública y reducir el exagerado número de
ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas públicas
que terminaron secuestradas y quebradas por la corrupción; tendrá que reducir
los subsidios y sincerar las tarifas de los servicios públicos a fin de generar
ingresos propios para su mantenimiento y repotenciación; y tendrá que hacerlo
en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la
canasta alimentaria, mucho menos para cubrir el costo de los demás servicios.
A las medidas de ajuste suele atribuirse
un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los
gobiernos que las aplican. El creciente descontento social aborta las reformas
económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.
Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador, a
Sebastián Piñera en Chile, y la ola de
protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque.
En Argentina, Javier Milei enfrenta un creciente malestar social por el
drástico ajuste que está llevando a cabo.
En Venezuela, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste.
