Víctor Álvarez R.
El efecto combinado del
colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto
económico de la pandemia ha obligado al gobierno a activar válvulas de escape
para aliviar la presión económica y social.
Un gobierno sin
capacidad financiera para sostener el modelo
nacionalista y estatista ha puesto en marcha un proceso de apertura comercial,
desregulación, liberalización, privatización, dolarización y apertura a la
inversión extranjera. Son las nuevas tendencias en la economía venezolana que
pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles.
Estas reformas económicas crean un ambiente propicio para el emprendimiento y
la iniciativa privada. Y quien no perciba estos cambios debido al ruido
de la diatriba política, se quedará al margen de las nuevas oportunidades de
negocio e inversión que empiezan a aparecer en Venezuela.
De hecho, en este
abandono del modelo económico nacionalista y estatista ha jugado un papel muy
importante la presión de los inversionistas privados que están dispuestos a
correr los riesgos de hacer negocios en un país sancionado, pero en un contexto
de apertura comercial y liberalización económica.
El gobierno se ha
dejado de dogmatismos y para sobrevivir al colapso de la renta petrolera, las
sanciones económicas y los estragos del Covid-19 abandona el modelo
nacionalista y estatista y se abre a la inversión privada nacional y
extranjera. Veamos los cambios más importantes.
Apertura comercial
Para compensar la escasez derivada de la reducción en un 80 % del tamaño
del PIB, el gobierno ha abierto el mercado interno a toda clase de
importaciones que compiten ventajosamente con la producción nacional. Ha
exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de
importación que, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, hace mucho
más lucrativo importar que producir.
La dolarización
La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que
disolvió el poder de compra de los billetes y obligó a sustituirlos por la divisa
estadounidense. El billete de más alta denominación es de Bs. 1.000.000 y no
alcanza para comprar un dólar. Para no trancar el
mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso
de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y
penalizada. La dolarización transaccional presiona la dolarización de los
servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se pueda
canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo.
Privatización
Las sanciones económicas recaen sobre las empresas del sector público. Corporaciones
trasnacionales con intereses en territorio estadounidense no pueden hacer
negocios con empresas del gobierno. Debido a los bajos salarios, el sector
público no cuenta con la capacidad técnica ni logística para mantener operativas
las empresas manufactureras en su poder, ni asegurar los servicios de agua
potable, gas doméstico, electricidad, telecomunicaciones y vialidad. Para
evitar el colapso en estos sectores el gobierno se plantea privatizar la
gestión de estos al amparo de la Ley Antibloqueo que permite este tipo de
acuerdos en el más absoluto secretismo.
Inversión extranjera
El gobierno ni Pdvsa
tienen recursos financieros para levantar la producción de petróleo y gas.
Tampoco puede reactivar las refinerías. Necesita de la inversión privada
nacional y extranjera para reactivar estos sectores cuya buena marcha es
imprescindible para el buen funcionamiento del resto de la economía.
Mientras el ingreso
petrolero se mantenga bajo y las sanciones no se levanten, los procesos de
apertura y liberalización económica se profundizarán. Solo una recuperación de
la extracción de petróleo en torno a los 3 millones de barriles diarios y
precios por encima de 80 $/b le devolverían al gobierno su capacidad para
controlar y estatizar la economía, y ese escenario en el corto y mediano plazo
está totalmente descartado.
Es la cruda realidad es la que ha forzado al gobierno a ser pragmático y
a abandonar ideologías y dogmas. Aflojar los controles es la clave para su sobrevivencia.
Así lo ha entendido el régimen cuyo pragmatismo apunta a preservar su modelo
político de dominación hegemónica. Si no respira la economía, el poder político
se asfixia.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE)
Son regiones geográficas en las que rige un marco
legal diferente al vigente en el resto del país. Las nuevas inversiones que
allí se realicen son liberadas de impuestos, controles económicos y
regulaciones laborales y ambientales a través de la implantación de un régimen
socioeconómico especial que asegura -por un período no menor de diez años-, la devolución
automática, total o parcial del impuesto de importación, del impuesto sobre la
renta (ISLR) y del impuesto al valor agregado (IVA); así como la exención de
los regímenes aduaneros aplicables a la importación y exportación de materias
primas, insumos y bienes de capital destinados a crear una oferta exportable
que genere las divisas que ya no aporta el petróleo.
En las ZEE se limita la organización de sindicatos
para exigir mejores salarios y condiciones laborales; y las medidas de
protección ambiental para el tratamiento de emanaciones gaseosas, efluentes
líquidos y desechos sólidos también se pueden flexibilizar y desaplicar.
En un país en el que el tamaño de la economía se ha
reducido 80 % y el salario mínimo es de apenas 2,5 dólares mensual, el gobierno
nacionalista y estatista se abre a la inversión extranjera y le ofrece
exoneraciones de impuestos y bajos salarios para que vengan a explotar los
recursos naturales que el país tiene.
Escuche el podcast de Pedagogía Económica: ¿Hacia dónde va la economía
venezolana? https://anchor.fm/Pedagog%C3%ADaEcon%C3%B3micaConV%C3%ADct/episodes/Hacia-dnde-va-la-economa-venezolana-e10olj9
