Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
Diputado Antonio Ecarri y demás miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela y EEUU, la iniciativa de la que ustedes forman parte surge en un contexto en que el territorio del país fue atacado por fuerzas militares externas y la soberanía nacional sobre los recursos naturales ha sido vulnerada. Con la Orden Ejecutiva 14373 y las nuevas licencias de la OFAC, EEUU asumió la vigilancia y control de la producción y venta del petróleo venezolano. La Administración Trump reconoce que el ingreso petrolero es propiedad de Venezuela, pero lo mantiene bajo custodia en una cuenta del Tesoro de EEUU denominada Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Fund). Hasta los pagos por la compra de combustible que hagan las aerolíneas y navieras internacionales en aeropuertos y puertos venezolanos deberán realizarse directamente en las cuentas custodiadas por el Departamento del Tesoro.
EEUU justifica esta custodia con el argumento de proteger el ingreso
petrolero del latrocinio de los corruptos, así como de los acreedores que
intentan cobrar indemnizaciones pendientes al Estado venezolano. Ciertamente,
el escándalo de corrupción de Pdvsa-Crypto en el que altos funcionarios del
gobierno expoliaron más de 20 mil millones de dólares, así como la decisión de
un tribunal de EEUU de rematar Citgo para pagar cuentas pendientes a los
acreedores, dejan al descubierto la vulnerabilidad y riesgos que se ciernen
sobre la principal fuente de ingresos del país.
Pero esta no es razón para normalizar la vigilancia
y tutela que la Administración Trump ha impuesto sobre Venezuela. La OE
14373 y las licencias OFAC no son señales de
levantamiento de sanciones, sino la implantación de una arquitectura de control
sobre la exploración, extracción, exportación y refinación del petróleo y gas
venezolanos. Quien quiera invertir en Venezuela necesita una licencia de la
OFAC y esto dificulta la entrada de inversiones europeas y asiáticas que se
necesitan para aumentar la producción de petróleo en el país que cuenta con las
reservas más grandes del mundo.
La Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC imponen mecanismos de control, condiciones de uso y
criterios de selección que operan como un
filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los
intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Este entramado de control se
puede prolongar aún después que en Venezuela se elija un nuevo gobierno. Incluso,
bajo una Administración Demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos
de EEUU le convendría mantenerlas vigentes, tal como lo hizo la Administración
Biden con la Orden Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del
primer mandato de Trump.
Recordemos lo
que dijo el Secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue interpelado en el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración
Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana. Dijo Rubio: “Quien
crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por
este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el
momento histórico”.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales? ¿Quién puede asegurar que la tutela de EEUU sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas en las Presidenciales de 2028?
No hay mal que por bien no venga
