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jueves, 18 de septiembre de 2025

Terminó el ciclo electoral: la economía pasa al mando

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Terminó el largo maratón electoral de 2025 en el que se eligieron 285 diputados a la AN, 24 gobernadores, 270 legisladores regionales, 335 alcaldes y 2.471 concejales municipales. En total, se eligieron más de 3.300 cargos públicos y no habrá más elecciones hasta 2029, cuando se renueven los gobernadores y alcaldes. Las elecciones parlamentarias y presidenciales están programadas constitucionalmente para 2030. Gracias a la abstención y división de la oposición, el gobierno consolidó su hegemonía y control territorial.

El debate político-electoral entrará en una pausa de cuatro años. En adelante, la prioridad es la economía y la variable subordinada será la política. El debate económico pasará al mando y habrá que estar atentos a las reformas económicas que aplicará el gobierno para amortiguar el impacto de las sanciones. Con ese fin, profundizará su política de apertura a la inversión extranjera, desregulación y liberalización de la actividad económica. El dejar hacer se impondrá como principio rector de la política económica en los próximos cinco años. El cambio económico sin cambio político seguirá en marcha y quienes se queden estancados en la diatriba política perderán las nuevas oportunidades de negocios e inversión que surgirán en Venezuela.

La agenda económica es amplia y compleja. Entre las prioridades está restaurar los equilibrios macroeconómicos y levantar las trabas que alejan a la inversión privada, en función de lograr una reactivación estable y duradera de la economía nacional. Las distorsiones cambiarias y de precios, la voracidad fiscal, el exceso de regulaciones, la falta de garantías procesales y la violación a los derechos de propiedad conforman un ambiente hostil que aleja la inversión empresarial. Corregir el déficit fiscal, erradicar la emisión de dinero sin respaldo, estabilizar el tipo de cambio, conjurar las presiones inflacionarias, aumentar el crédito bancario y aliviar la presión tributaria son objetivos a corto plazo de una política económica que ofrezca un ambiente propicio a la inversión productiva.

La experiencia reciente enseña que no corregir oportunamente los errores de política económica recrudecen la inflación y escasez. Las medidas de ajuste económico pendientes se aplicarán a lo largo de estos cuatro años. Por lo tanto, es necesario estimular el debate económico nacional para que las medidas sean las correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada.

La normalización de la economía: ¿Espejismo o realidad?

jueves, 11 de noviembre de 2021

Sin inversión privada recuperación de la industria petrolera será más lenta

 

Víctor Álvarez R. 

Con la reforma petrolera de 2006 los convenios operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en las que el Estado debía tener la mayoría accionaria del al menos el 51 %. Eran los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El Gobierno y Pdvsa presumían de no necesitar la inversión privada para acometer los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta.

Debido a la destrucción de la industria petrolera y el colapso de la renta, ni el gobierno ni Pdvsa cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta dura realidad los obliga a abandonar su visión estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extrajera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen las sanciones financieras y comerciales de EEUU contra PDVSA.

Las sanciones financieras impiden al gobierno y Pdvsa gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con negocios en territorio de EEUU- el comercio de bienes y servicios con Pdvsa y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita.  Son empresas de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento.

Las sanciones contra Pdvsa y otras empresas públicas administradas por el gobierno también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.