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viernes, 5 de diciembre de 2025

Venezuela: Trump dió un nuevo jaque, pero no habrá jaque mate

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Nicolás Maduro confirmó la conversación telefónica con Donald Trump. Fue una conversación respetuosa y hasta cordial, dijo Maduro, mientras que para Trump no fue ni buena ni mala. Al no lograr que Maduro entregue el poder, Trump lanzó otro jaque con la advertencia sobre el uso del espacio aéreo venezolano, pero no habrá jaque mate y explicaremos por qué.  

Los servicios de inteligencia de EEUU deben haber informado a Trump sobre los efectos contraproducentes que ha generado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la narrativa del Cártel de los Soles (CDS) que acusa a los generales venezolanos de formar parte de una supuesta red de narcoterroristas que invade con drogas a los EEUU. Este relato es recibido por los jefes militares como una peligrosa amenaza y temen que un cambio de régimen desemboque en una persecución y purga en la FANB que llevaría a la cárcel a los generales que han desempeñado cargos en el Alto Mando Militar, razón por la cual la FANB se mantiene unida, respaldando a Maduro para que resista y no se rinda.

La alianza cívico-militar-policial que sostiene a Maduro también se siente amenazada de ser perseguida, enjuiciada y encarcelada, y por eso se mantiene muy cohesionada, no hay deserciones de militares, ni de diputados, ni de gobernadores ni alcaldes chavistas que huyan del país o se refugien en embajadas exigiendo a Maduro que renuncie. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Alto Mando de la FANB, los gobernadores y alcaldes, se mantienen unidos porque temen que, si cae Maduro, todos ellos también serán perseguidos. Por eso, lejos de presionar a Maduro para que renuncie, más bien lo presionan para que resista.

lunes, 30 de mayo de 2022

La des-salarización en la remuneración de la fuerza de trabajo 5/8

 


En Venezuela, el 80 % del ingreso integral corresponde al pago de bonos. El salario pesa poco en el total de remuneraciones. Lo importante son los bonos, pero estos no aplican para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, utilidades entre otros.

miércoles, 11 de mayo de 2022

Conversaciones Estelares con líderes empresariales: Roberto Rimeris


 Víctor Álvarez R. 


En esta cuarta entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Roberto Rimeris, Presidente de la Cámara de la Industria del Vestido.

Analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.

• "Los espacios vacíos dejados por proveedores estadounidenses y europeos son llenados por empresas de países sancionados que no temen hacer negocios con Venezuela".

• "Estamos siendo sustituidos por una competencia extranjera que no cumple con las regulaciones sanitarias, ambientales ni laborales, que no paga aranceles ni impuestos; estamos siendo gravemente perjudicados por esta competencia desigual y desleal".

• "Hay que segmentar muy bien qué sanciones son necesarias mantener para que los culpables de delitos sigan siendo castigados, diferenciados y separados".


Vea la conversación completa con Roberto Rimeris en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí


Tipos de Sanciones Internacionales

 

Víctor Álvarez R.


Las sanciones internacionales son utilizadas para cambiar el comportamiento de un régimen que viola derechos humanos o ejecuta acciones que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. En Venezuela se aplicaron no para estimular un cambio en las políticas sino para forzar un cambio de gobierno que no se logró y su prolongación ha generado efectos colaterales sobre organizaciones humanitarias y empresa privadas. Veamos el tipo de sanciones que se suelen aplicar para identificar cuáles de ellas se deberían flexibilizar debido a los efectos no deseados que están causando:

1.     Sanciones personales por acciones antidemocráticas, violación de DDHH y corrupción

Implica anulación de visas y bloqueo de activos y propiedades de personas jurídicas y naturales responsables de actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Entre los sancionados figuran ministros, militares, magistrados del TSJ y rectores del anterior CNE.

2.     Sanciones por falta de cooperación en lucha antidroga y antiterrorismo.

La Orden Ejecutiva N° 13224 acusa al gobierno venezolano de no cumplir con los acuerdos internacionales antinarcóticos y de no cooperar con EEUU en la lucha contra el terrorismo, razón por la cual prohibió la comercialización de armas con Venezuela.

3.     Sanciones sectoriales

Aparte de las sanciones personales se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA, BCV, BANDES y otras empresas e instituciones públicas.

4.     Sanciones Financieras

Inmovilizan recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.

En agosto 2017 la OE 13808 prohibió el acceso de la República y Pdvsa a los mercados financieros de EEUU.

En marzo 2018, la OE 13827 prohibió las transacciones del criptoactivo Petro.

En mayo 2018, la OE 13835 prohibió la compraventa de Bonos de Deuda Venezolana.

5.     Sanciones comerciales

Prohíben a cualquier empresa estadounidense realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.

En noviembre de 2018 y enero de 2019, la OE 13850 bloqueó activos de la República y Pdvsa en territorio de EEUU y se prohibió a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA.

En el 2019-2021, se sanciona a Minerven por operaciones ilegales con oro venezolano, a un banco en Moscú por triangular fondos de PDVSA y a navieras rusas por transportar petróleo venezolano.

6.     Sanciones al gobierno de Maduro

En agosto 2019, la OE 13884 congeló activos de la República en EEUU y prohibió hacer operaciones con el gobierno de Maduro, lo cual limitó la labor de organizaciones humanitarias que tienen que interactuar con instituciones del gobierno para la entrega de comida, medicinas, equipos médicos y remesas. Para corregir estos daños colaterales, en abril 2020 la OFAC emitió una guía dirigida a organizaciones de ayuda humanitaria para que reporten las barreras derivadas de las sanciones.

El régimen se aprovecha de los efectos colaterales que generan las sanciones sectoriales para esconder su fracaso y desarrollar una narrativa de resistencia épica antiimperialista.

Por eso, en la Carta Abierta al Presidente Biden se plantea que: Las sanciones económicas no lograron sus objetivos de forzar un cambio de gobierno. No se plantea levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, ni eliminarlas incondicionalmente. Lo que se plantea ahora es utilizarlas como un incentivo para que el gobierno cambie sus políticas y mejore las condiciones sociales, económicas y político-electorales.  


Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí



jueves, 5 de mayo de 2022

La contra-Carta de los pro-Sanciones




Víctor Álvarez R.


¡Ahora resulta que las sanciones son buenas para la reactivación económica y el bienestar social de los venezolanos! En respuesta a la publicación de la Carta Abierta al Presidente Biden, defensores de las sanciones niegan que su aplicación haya agravado la crisis humanitaria. Afirman que “lo peor de la crisis humanitaria se gestó en un ambiente libre de sanciones” y que “las condiciones socioeconómicas y la crisis humanitaria han mejorado y se han aliviado a partir de la aplicación de las sanciones”. Ponen en duda que “el alivio de la sanciones y permitir el regreso de inversiones en el sector petrolero, pueda tener un efecto positivo sobre el bienestar de los venezolanos”.

Un efecto “positivo” que se atribuye a las sanciones es el de forzar una apertura y liberalización del modelo económico estatista, expropiador y controlador. Ciertamente, la asfixia que generan las sanciones económicas deja al régimen sin capacidad de financiamiento. La necesidad de sobrevivencia obligó al gobierno a ser pragmático y olvidarse de un modelo que no dio resultados. Por eso ha dado un viraje y ha puesto en marcha un proceso de desregulación, liberalización, dolarización, privatización, apertura a la inversión extranjera y a toda clase de importaciones sin arancel que desplazan y arruinan la producción nacional.

Los prosanciones argumentan que los capitales de origen venezolano en el sistema financiero internacional están bajo sospecha y que -temerosos de ser congelados-, son repatriados e invertidos en Venezuela. Atribuyen a las sanciones ser la causa de la repatriación de capitales y el aumento de las importaciones que actualmente se observa en la multiplicación de bodegones, redes de farmacias, cadenas de artefactos electrodomésticos, agencias de automóviles y restaurantes de lujo.

De ser la repatriación de capitales un efecto cuantitativamente relevante de las sanciones, esto se tendría que reflejar en un aumento sustancial de las reservas internacionales. Y en el supuesto de que la repatriación de capitales estuviese financiando el boom de importaciones, éstas deberían crecer más rápido que los ingresos por exportaciones y remesas, y reflejarse en un déficit de cuenta corriente. Hasta ahora no se registra un aumento significativo de las reservas internacionales y las importaciones son estimuladas por la apertura del mercado interno y un tipo de cambio sobrevaluado que abarata aún más las importaciones que se hacen sin pagar arancel ni IVA.

Hay que dejar bien claro que las sanciones no son la causa de la debacle de Pdvsa, pero si agravaron el colapso de una industria petrolera que ya venía severamente castigada por la mala gestión y la corrupción. Las sanciones petroleras impiden a las transnacionales estadounidenses y europeas seguir operando en Venezuela. Los espacios vacíos son ocupados por otras compañías procedentes de países igualmente sancionados que tejen alianzas para burlar las sanciones. Las empresas privadas venezolanas tampoco pueden ser contratistas del Estado porque corren el riesgo de ser sancionadas. Poderosos intereses estadounidenses y europeos han sido afectados por las sanciones financieras y comerciales. Quienes invirtieron en la compra de bonos de Pdvsa y la República no han podido cobrar un solo centavo.

Los efectos positivos que se atribuyen a las sanciones se quedan muy por debajo de los daños directos que causaron a la industria petrolera, tenedores de bonos y empresas privadas venezolanas. 

Por todas estas razones, resulta absurdo argumentar que las sanciones han mejorado la situación del país. Las medidas coercitivas unilaterales se aplican para causar daño, para dejar sin recursos al régimen que se quiere cambiar. Pero si las sanciones están contribuyendo a mejorar la situación económica y social de Venezuela, quienes quieren forzar un cambio de gobierno no deberían pedirle a la Administración Biden endurecer ni mantener las sanciones, sino más bien levantarlas y eliminarlas.

Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí

Conversaciones Estelares con líderes empresariales: Jorge Roig

 


Víctor Álvarez R. 


En esta segunda entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Jorge Roig, ex Presidente de Fedecámaras y actual representante del sector empresarial venezolano en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con Jorge Roig analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.

Las sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado venezolano y quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados.

Como es difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Así se han roto cadenas de suministro de larga tradición.

La banca estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin distinguir si son empresas públicas o privadas, incluso ONG y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas.

El gobierno aprovecha estos efectos colaterales no deseados para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional.


Vea la conversación completa con Jorge Roig (@jorgeroig)  en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí

jueves, 28 de abril de 2022

Sanciones económicas destruyen redes de suministro



Víctor Álvarez R. 

 

El declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía venezolana comienzan a partir del año 2014, mucho antes de que comenzarán a aplicarse las sanciones económicas. No son la causa sino el agravante de una crisis económica y social que venía de mal en peor.

Además de las sanciones personales a funcionarios del oficialismo, se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA y otras empresas. Las financieras inmovilizan bienes y recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. Las comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.

La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. Esto inhibe a clientes y proveedores internacionales de mantener sus negocios con Venezuela. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario privado se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública, prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Nadie quiere arriesgar sus negocios en un mercado tan grande como el de EEUU por mantener negocios con Venezuela.

Las transnacionales petroleras fueron obligadas a abandonar sus operaciones en Venezuela, bancos estadounidenses han cerrado cuentas de empresas, organizaciones y personas venezolanas; tenedores privados de bonos de PDVSA no los pueden negociar ni transferir; proveedores de dominios en Internet han suspendido cuentas de usuarios nacionales; ciudadanos y empresas estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno venezolano.

Quienes defienden las sanciones argumentan que éstas no prohíben las transacciones relacionadas con el suministro de alimentos y medicinas, pero al castigar las exportaciones de petróleo e impedir pagos internacionales, dejan al país sin los ingresos necesarios para poder comprarlos. También se dificulta y encarece la comprar de materias primas, insumos, maquinarías y equipos.

Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores estadounidenses y europeos. Se han roto redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que estaba inserta Venezuela. Al amparo de la Ley Antibloqueo, los espacios vacíos son ocupados por empresas de otros países también sancionados que han desarrollado estrategias para moverse en un terreno minado y hacer negocios poco transparentes y de alto rendimiento, en menoscabo del interés nacional.

En efecto, para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y secretas transacciones con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar la producción de Pdvsa en los mercados internacionales. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el gobierno distribuye clientelarmente.  

Cuatro años después, los hechos indican que las sanciones económicas no funcionaron para forzar el cambio político con el que justificaron su aplicación. Por el contrario, han causado daños colaterales a las empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, agravando las precarias condiciones de vida de los sectores más vulnerables, dándole al gobierno el pretexto perfecto para construir una narrativa épica de resistencia antiimperialista y evadir la responsabilidad que tuvo la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la crisis económica y social de la nación. Lucifer

 

viernes, 22 de abril de 2022

Los abajo firmantes


Víctor Álvarez R.

Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela, defensores de la democracia, firmaron una Carta Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La polémica no se hizo esperar.

El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la Carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”.

En ninguna línea de La Carta se lee una petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.

Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad internacional.

La Carta hace mención a la crisis humanitaria de un país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la flexibilización de las sanciones se destinen -bajo supervisión internacional- a atender las necesidades urgentes de los venezolanos.

La Carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita facilitación y apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y solo si el gobierno cumple con un determinada condición; en otros casos habrá que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.

La Carta deja claro que las sanciones no han sido la causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos. 

Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un centavo.

Negar que las sanciones han causado daños a la economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas que la agravan.

¿Quiénes son Los abajo firmantes?

La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.

Ninguno de los 25 firmantes se arroga la representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la opinión pública venezolana. Se les ha llamado Los abajo firmantes pero no son ni un think tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.

Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario y principal responsable de la crisis que sufre la nación.

Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de apoyo popular y un 67% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, pero también las encuestas dicen que sólo un 15% de los venezolanos creen que la oposición es capaz de generar un cambio. El 70 % de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.

La Carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.

El punto de confluencia entre los firmantes de La Carta es su interés común por una solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:

ü  Priorizar la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la población.

ü  Seguridad jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la actividad económica.

ü  Mejorar condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con estándares internacionales.

Escuche el contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr

jueves, 21 de abril de 2022

¿En cuánto puede aumentar producción de petróleo venezolano este año?


Víctor Álvarez R. 

Según la OPEP, en 2021 la producción de petróleo venezolano aumentó 19,7%, al pasar de un promedio anual de 540 a 670 mil barriles diarios, con un pico en diciembre de 871 mil barriles de petróleo diarios (MBPD). Técnicamente no se ha incrementado la capacidad de producción sino que se ha reactivado la que está instalada. El incremento neto se logrará al superar la producción potencial actual de 1,8 millones de barriles de petróleo diarios (MMBPD) que, si se aprovecha, permitirá producir entre 1,2 a 1,5 MMBPD, siempre y cuando se levanten las sanciones y la industria petrolera se abra a la inversión privada nacional y extranjera.

Según datos de PDVSA, en Venezuela hay 16.371 pozos clasificados en las siguientes categorías:

3.721 pozos de Categoría 01, que están activos y produciendo.

12.650 pozos Categoría 2 y 3, que están inactivos, unos por reparaciones menores y otros por trabajos mayores que requieren la contratación de taladros y equipos que PDVSA no tiene.

En los pozos de Categoría 1 se requiere invertir $ 500.000 en cada uno; en los de Categoría 2 el monto sube a $ 700.000; reparar pozos de categoría 3 puede costar hasta $ 1.2 MM. Para perforar un pozo nuevo hay que invertir entre $ 2-4 MM. 

PDVSA está endeudada y no tiene fondos para levantar la producción. El actual esquema de inversión con mayoría accionaria estatal de 51% no funciona y exige evaluar la conveniencia para el interés nacional de impulsar una apertura petrolera en la que el socio privado pueda tener la mayoría accionaria y ser el operador integral de la empresa mixta, dejando claro que la propiedad de los yacimientos siempre será del Estado.

En 2021, las importaciones estadounidenses de petróleo ruso fueron de 671 MBD, mientras que Venezuela envió entre 500-700 MBPD al mercado asiático. En represalia por la invasión a Ucrania, Joe Biden prohibió las importaciones de petróleo ruso. Para compensar este suministro, la Casa Blanca explora la posibilidad de flexibilizar las sanciones a PDVSA y re-direccionar el petróleo venezolano al mercado estadounidense.

Para burlar las sanciones, el crudo nacional se vende con descuento. Y para transportarlo se paga un sobreprecio a las navieras. Según cálculos de la Cámara Petrolera Venezolana, Venezuela pierde $ 18 millones al día. Ecoanalítica calcula una pérdida anual de $ 4 mil millones. Si Biden y Maduro acuerdan un canje de sanciones por suministro seguro de petróleo, el oro negro venezolano podría venderse sin descuento, ni pagar sobreprecio por su transporte. Esto generaría más divisas para inyectar al mercado cambiario, estabilizar el precio del dólar y cubrir las importaciones de materias primas, insumos y repuestos que se necesitan para repotenciar los servicios públicos de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y para reactivar el aparato productivo del país.

Muy por encima de la pugna política entre quienes apuestan al fracaso del otro para quedarse con el poder, un acuerdo en estos términos a quién más conviene es al interés nacional. 

Vea el análisis completo en el nuevo video Youtube de #PedagogíaEconómica https://youtu.be/RfK3_MZrINQ

jueves, 4 de noviembre de 2021

Foro Cívico impulsa diálogo social incluyente y constructivo que modele el diálogo político

 


Víctor Álvarez R.

Ante la inercia de los partidos políticos que no decidían si participar o no en las elecciones, diferentes iniciativas de la sociedad civil irrumpieron en la escena política y alcanzaron gran visibilidad y resonancia cuando postularon a 15 venezolanos independientes, con reconocida trayectoria y probada solvencia ética para ser rectores del CNE.

Hoy escuchamos hablar cada vez más del Foro Cívico, del Diálogo Social y de otras iniciativas que llaman a los ciudadanos a organizarse y luchar por la defensa de sus derechos. Estas iniciativas no están en contra de los partidos políticos ni son militantes de la antipolítica, pero si interpelan y emplazan al gobierno y la oposición para que interpreten el sentir nacional y se conecten con las necesidades de la gente. Promueven el diálogo y la negociación política, hacen llamados para retomar la ruta electoral, luchan por mejorar las condiciones electorales y restaurar la democracia venezolana. Son nuevos actores en el mapa político nacional.

En Venezuela el diálogo político se ha desacreditado porque no ha contribuido a superar la crisis que azota al país. Entre 2014 y 2021 se han llevado a cabo cinco procesos de diálogo y negociación: la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en la República Dominicana (2017-2018), las Conversaciones de Oslo-Barbados (2019) y ahora en México se vuelve a retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pactada a la crisis venezolana.

Para resolver el conflicto venezolano se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, desde la ruta electoral y pacífica hasta la vía insurreccional y violenta. Unas veces se participa en elecciones, otras se ha decidido la abstención y también se ha intentado la vía insurreccional: las violentas guarimbas, el Cucutazo, el conato de Golpe de Estado, la operación Gedeón, la invocación al TIAR son opciones que han ensayado quienes no creen que por la vía electoral es posible lograr un cambio político en Venezuela. 

La oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría oficialista devendrá en mayoría.

“Nada está acordado hasta que todo esté acordado” pareciera ser un principio muy exigente que ha regido las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Se acuerda todo o no se acuerda nada.  Esta lógica somete a todo un país castigado por una larga crisis a tener que esperar hasta que las élites políticas se pongan de acuerdo en todos los puntos a negociar.

¿Qué es el Foro Cívico Nacional? ¿Cuándo y cómo nace? ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? ¿Cómo es su estrategia? ¿Cuáles han sido sus acciones de mayor impacto para hacer valer los derechos sociales y políticos de los ciudadanos? ¿Qué nuevos aportes se plantean?

¿Qué es el diálogo social? ¿En que se parece y en qué se diferencia del diálogo político? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo puede contribuir el diálogo social para que el diálogo político rinda los frutos que Venezuela espera?

¿Cuál es la vía del Foro Cívico y del Diálogo Social para hacer posible el cambio de mando por el cual se pronuncia el 80 % de los venezolanos que rechaza al actual gobierno?

¿Tiene sentido participar en condiciones electorales tan desventajosas? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza en la institución del voto para que la ciudadanía vaya a votar masivamente y se recupere la ruta electoral como la vía más eficaz para resolver nuestros conflictos?

¿Por qué se impone ese principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado? ¿Qué sentido tiene jugar al todo o nada? ¿El Foro Cívico estaría a favor de acuerdos parciales que solucionen problemas concretos y coadyuven a crear mayor confianza en el proceso de negociación? ¿Cuáles pudieran ser esos acuerdos parciales entre gobierno y oposición que respondan al interés nacional y no solo al interés de los partidos?

Para hablar sobre estos temas y este interesante proceso, hemos invitado en esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a Mariela Ramírez @Dale_Letra, arquitecta, cofundadora de la organización Dale Letra, activista del Foro Cívico y promotora del Diálogo Social, una de las voces más activas de la participación ciudadana en la defensa de los derechos sociales y políticos. Vea la conversación completa aquí: youtu.be/WR6-qkOcOLQ

miércoles, 20 de febrero de 2019

Carta Abierta a la Unión Europea y Cruz Roja Internacional: por una solución política y pacífica a la crisis venezolana


Por:Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Estimados embajadores de la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional: como ustedes habrán podido observar, en Venezuela las élites políticas apuestan a exterminarse, al todo o nada. Extremistas de ambos lados esperan la gran batalla final en la que aspiran vencer e imponer a su adversario una rendición humillante e incondicional. Con su obstinada actitud, pueden desencadenar una ola de violencia con su espiral de odio y afán de venganza que luego resulta muy difícil sofocar.
De la emergencia humanitaria a la catástrofe humanitaria
El 23 de febrero es una fecha crítica. El Gobierno de Nicolás Maduro no acepta la ayuda humanitaria y ha dado órdenes para no dejarla pasar. Su ingreso puede tener efectos totalmente contraproducentes. ¿Cómo reaccionará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando la operación entre a territorio venezolano? ¿Reprimirán o apoyarán? ¿Se mantendrán leales a Maduro o cerrarán filas con Guaidó? ¿Fijarán posición como una sola Fuerza o se producirán escisiones en sus diferentes componentes? ¿Respaldará el pueblo la operación?
En las fronteras con Colombia y Brasil se conforma un ejército paralelo integrado por mercenarios, paramilitares y desertores de la FANB, el cual tendría la misión de emplazar a los soldados a dejar  pasar la caravana. ¿Y si la FANB se niega? ¿Qué ocurrirá? ¿Si finalmente los militares se voltean esto garantiza un país pacificado? En Venezuela hay centenares de colectivos armados y grupos paramilitares, además de las facciones del ELN y disidentes de las FARC que operan en territorio nacional. ¿Cómo responderán los colectivos armados? ¿Se convertirán en una fuerza subversiva capaz de desestabilizar al nuevo Gobierno?
La ayuda humanitaria no puede ser un pretexto para forzar una confrontación con la FANB. Si la operación pisa suelo venezolano sin estar previamente convenida con el Gobierno de Maduro, su ingreso sería un acto muy temerario, una provocación extrema al régimen. Si la FANB reprime su ingreso, esta acción serviría para justificar ante la opinión pública internacional una posterior invasión militar.
Pero ésta invasión puede no ser tan quirúrgica como se ha dicho. Los excesos que se cometan llevarían al país a una situación cada vez más violenta, al extremo de desembocar en una guerra civil que nos lleve de la emergencia humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria. La migración por razones económicas sería ampliamente superada por la diáspora de venezolanos que huirían masivamente del horror de la violencia y de la guerra.
Tensar el conflicto interno con una operación de ayuda humanitaria significa un temerario reto para un Gobierno acorralado que no va a reaccionar con inteligencia y lucidez y puede reprimir salvajemente como ya ha demostrado que puede hacerlo.  Mientras la única opción que se le ofrezca a Maduro sea que escoja el país donde se quiere exiliar o la cárcel de Guantánamo donde pagará condena perpetua, optará por mantenerse al borde de guerra. Ante esa alternativa, preferirá la narrativa de una invasión extranjera que lo convierta en “mártir de una agresión imperialista”. Si a Maduro y al alto mando militar no se le ofrece una salida aceptable y viable, una cruenta confrontación puede estallar.
Pero esto no significa impunidad. La transición pacífica implica coexistencia entre lo viejo y lo nuevo y esto pasa por hacer unas concesiones temporales a la élite gobernante para que se abra a un Gobierno de Coalición en el que no serán perseguidos. Una vez reinstitucionalizados los poderes públicos, entre ellos el TSJ y todo el Poder Judicial, la justicia será activada para que ningún delito quede impune. Esta espera siempre será menos traumática para la sociedad que el costo en vidas humanas, heridos, desaparecidos, desplazados y refugiados que suelen dejan como saldo los escenarios de violencia prolongada y guerra.
Estimados embajadores de la Unión Europea y Cruz Roja Internacional, hay que insistir en una solución política para que el país quede pacificado y pueda recuperar rápidamente su gobernabilidad. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de las élites políticas que apuestan a exterminarse desemboque en una guerra civil que ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.
La alternativa de un Gobierno de Coalición
La solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela no es “quítate tú para ponerme yo”, sino la coexistencia pacífica y la cohabitación en un mismo Gobierno de las fuerzas ahora en pugna. En ese Gobierno de Coalición no podrían estar Maduro ni su camarilla, ni tampoco sería un chavista quien lo presida. Eso es políticamente y psicológicamente inviable porque la mayoría del país no quiere a Maduro y no aceptaría su presencia en un Gobierno de Coalición. Además, el país no está dividido en dos partes iguales. De ser el 60% en la correlación de fuerzas, el chavismo duro ha quedado reducido a no más de 25%, pero buena parte de éste está armado. Por lo tanto, no puede ser subestimado como actor político y, más bien, hay que desarmarlo y pacificarlo. Para evitar la cacería de brujas que enguerrille al país y desate una espiral de violencia, es necesario el reconocimiento del chavismo como fuerza política, toda vez que todavía controla gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales, concejos  municipales y mantiene fuerte influencia en la fuerza armada. Por lo tanto, antes de perseguirlo y empujarlo de una vez a la oposición o a la resistencia armada, es preferible lograr su respaldo y neutralizarlo en la fase de transición. Esto es posible si se reconoce su presencia como actor político, se le garantizan sus derechos políticos y se le reconoce su espacio en la vida política nacional. Así, la fuerza política y social chavista, en vez de oponerse y sabotear desde un primer momento al nuevo Gobierno, formaría parte de la transición y apoyaría la gestión de un Gobierno de Coalición, cuya misión en el período de transición será aplicar las reformas económicas y reinstitucionalizar el país para poder convocar unas elecciones generales limpias y transparentes, de tal forma que quien resulte electo reciba una economía saneada, poderes públicos depurados y un país pacificado que se pueda gobernar.
Si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. En vez de endurecer las sanciones económicas y financieras que terminan repercutiendo sobre la población, la mediación internacional puede ofrecer incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición que sería apoyado por la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional. El intercambio de incentivos económicos y financieros por compromisos para sanear la economía y democratizar al país será mucho más eficaz que endurecer las sanciones. Los incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición deben incluir el levantamiento de las sanciones financieras internacionales, inversiones extranjeras, refinanciamiento de la deuda externa, financiamiento fresco internacional y asistencia humanitaria.
La Unión Europea y la Cruz Roja Internacional pueden hacer una oferta creíble al Oficialismo y la Oposición, siempre y cuando estos incentivos sean a cambio de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a aplicar las reformas económicas necesarias, restituir las funciones de la Asamblea Nacional, aprobar el marco legal  que garantice seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes, con observación internacional de todo el proceso electoral, convocatoria de elecciones parlamentarias en el 2020 y elecciones presidenciales en diciembre de 2021, así como garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones.
Cumplido este proceso, quien resulte electo recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar. La reconciliación nacional es clave para la paz. Sin paz no hay gobernabilidad. @victoralvarezr