Por: Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El nuevo gobierno
que resulte electo en unas presidenciales derivadas de un eventual acuerdo político entre Gobierno y
Oposición, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves
desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota
a Venezuela.
Para empezar, tendría
que levantar los controles de cambio y de precios, cuyo impacto inicial sería
un aumento en los precios represados. Para aliviar el déficit fiscal y
erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva
administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas,
teléfono y peajes, lo cual no sería bien recibido en los hogares que han visto
como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación.
Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el
incentivo al contrabando de extracción, y reactivar el cobro de peajes para
repotenciar la infraestructura vial.
Será necesario
también iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la
administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de
ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas
que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica una considerable reducción de las abultadas
nóminas.
El nuevo gobierno
tendría que acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por
deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones y
responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de
exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde
la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar
una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo
si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de
su casa.
Por si fuera poco,
ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de
renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son
cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento
internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos,
insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato
productivo.
El costo social y político de las medidas económicas
Todos estos son
problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los
controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el
financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas,
teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes,
privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada
nómina, son muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar.
A la mayoría de
estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que
aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para
diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN. Nadie quiere arrancar su gestión
enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores
internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.
Por lo tanto, un
cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría
entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría
un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y
si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación,
defraudando las expectativas de cambio.
Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición
Lo que está en
juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la
amenaza de un estallido social impone superar los graves problemas de escasez,
hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis
humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del
hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le
exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de
gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente
y su consejo de ministros rápidamente
habrá perdido su credibilidad. Pero con una producción de petróleo de apenas un
millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años
de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin
financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco
tiempo.
El cálculo
político indica que sería mejor convocar las nuevas presidenciales después de
las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que
respalde al nuevo gobierno. Pero una población cansada de tanto esperar puede
explotar. Para evitar esta tragedia es necesario abrirle paso a un Gobierno de Coalición que
se dediquen a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales que
permitan convocar nuevas presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte
ganador reciba un país que se pueda gobernar.
El
clamor nacional vería con buenos ojos un Gobierno
de Coalición conformado por sectores democráticos y moderados del
Oficialismo y la Oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés
nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de
colaboracionistas con el Gobierno o de haber entregado la Revolución. Este
acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo
internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:
1. Concertación
previa del Programa de Reformas Económicas
2. Concertación
previa de la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
3. Levantamiento
de las sanciones financieras internacionales
4. Refinanciamiento
de la deuda externa
5. Nuevo
financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso
6. Inversiones
extranjeras para reactivar la economía
7. Restitución
de las funciones de la Asamblea Nacional
8. Convocatoria
de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
9. Renovación
del Consejo Nacional Electoral como un árbitro imparcial
10. Observación
internacional de todo el proceso electoral
11. Liberación
de los presos políticos
12. Garantía
de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones
