Víctor Álvarez R.
Con la reforma petrolera de 2006 los convenios
operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en
las que el Estado debía tener la mayoría accionaria del al menos el 51 %. Eran
los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El
Gobierno y Pdvsa presumían de no necesitar la inversión privada para acometer
los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta.
Debido a la destrucción de la industria petrolera y
el colapso de
la renta, ni el gobierno ni Pdvsa
cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta
dura realidad los obliga a abandonar su visión
estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extrajera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen
las sanciones financieras y comerciales de EEUU contra PDVSA.
Las sanciones financieras
impiden al gobierno y Pdvsa gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense
-o extranjera con negocios en territorio de EEUU- el comercio de bienes y
servicios con Pdvsa y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y
transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para
que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa.
También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la
compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. Son empresas
de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las
sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento.
Las sanciones contra Pdvsa y otras empresas públicas administradas por el gobierno también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.
