Mostrando entradas con la etiqueta #ConflictoEnVenezuela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta #ConflictoEnVenezuela. Mostrar todas las entradas

martes, 18 de junio de 2024

¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto político venezolano?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La naturaleza y costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de exiliados, perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela, los migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida por la contracción de la economía, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas son el equivalente a los desplazados por la guerra civil y el conflicto político en esos países.  La mayoría está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia.

Las familias, empresas e instituciones venezolanas están extenuadas de una larga confrontación política y su inevitable impacto económico y social. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos se han desplazado del territorio nacional debido a la crisis política, económica y social que ha azotado al país. Y, según una encuesta de Delphos, un 25% está dispuesto a abandonar Venezuela si no se resuelve el conflicto político ni mejora la situación económica y social. Por lo tanto, la manera como se desarrolle la campaña electoral y el reconocimiento de los resultados electorales serán las claves para evitar el recrudecimiento del conflicto político y desmontar los planes de migrar.  

La solución del conflicto venezolano también es de interés para los países receptores de esta incesante diáspora que ejercen una presión adicional sobre  sus economías y servicios de asistencia social. No son indiferentes a lo que aquí pueda pasar y se interesan en plantear soluciones que pongan fin a la diáspora y, más bien, estimulen el retorno de los migrantes. Para que sea duradera la paz que se logra con el fin del conflicto político, se requiere también erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión que abonan un clima de malestar y conflictividad social que obliga a migrar. El mejor incentivo para quedarse en Venezuela será aquella solución del conflicto político que abra paso a un ambiente favorable a la inversión productiva, y a la generación de más y mejores oportunidades de trabajo que finalmente se reflejen en un creciente bienestar de los hogares venezolanos. Se trata de lograr una paz integral sustentada en la superación de la violencia política, de la crisis económica que genera pobreza y exclusión, y de la desesperanza que obliga a millares de venezolanos a emigrar por falta de oportunidades.

El ciudadano sencillo y normal quiere vivir en paz y armonía con sus semejantes. La convivencia pacífica es la forma como las personas se relacionan entre sí en un ambiente de respeto, reconocimiento, tolerancia y búsqueda del bien común. Implica rechazar toda forma de violencia, ya sea política, económica, social, psicológica, doméstica, o sexual. Las normas de convivencia contribuyen a la coexistencia pacífica entre personas que habitan un mismo espacio y deben compartir mucho tiempo juntas, pero tienen convicciones políticas, creencias religiosas y condiciones económicas y sociales diferentes. Por lo tanto, están llamadas a aceptar y respetar sus diferencias, y a crear un ambiente de no agresión, buen trato y confianza mutua que contribuya a la inclusión e integración social. En definitiva, se trata de aceptar la dignidad de las personas y respetar sus derechos, sin prejuicios ni discriminaciones de ningún tipo, de reconocer y aceptar que se pueden tener diferentes creencias, ideologías, pensamientos y opiniones sin riesgo de ser agredidos o perseguidos. Este respeto a las diferencias proporciona la confianza y seguridad mutuas que evita conflictos y crea las condiciones básicas para lograr un sostenido desarrollo económico y social.

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una iniciativa ciudadana que expresa el sentir nacional de solucionar el conflicto político venezolano y evitar la reedición de los episodios de violencia que causaron cuantiosos daños materiales y la irreparable pérdida de vidas humanas. Surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano.

viernes, 1 de diciembre de 2023

Análisis del “Procedimiento para Revisar las Inhabilitaciones de la Contraloría”

 

Víctor Álvarez R. 

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

El gobierno  y la oposición finalmente se pusieron de acuerdo en el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las Presidenciales 2024. A través de la red social “X”, la Embajada de Noruega en México informó que: Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, confirmó la recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”.

El paso que se ha dado es una señal de la voluntad de las partes de seguir trabajando en torno a las condiciones electorales que regirán las Presidenciales de 2024 y las Megaelecciones de 2025, y despeja temporalmente la amenaza de reactivar las sanciones que hizo el gobierno de EEUU, en caso de que no se definiera un proceso y plazos precisos antes del fin de noviembre.

Del 1 al 15 de diciembre de 2023, “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”.

Posteriormente, “La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad y eficiencia recogidos en la Constitución". El Procedimiento dice que “Los interesados asumen el compromiso de acatar, en el marco de la Constitución, la decisión del TSJ que emane de ese recurso”. Huelga decir que en Venezuela se cuestiona la autonomía de los poderes públicos.

“En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ”. Adicionalmente, indica que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

jueves, 31 de agosto de 2023

Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones entre el gobierno y la oposición



 Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias

¿Entregará Maduro el poder si pierde las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales.

Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.

Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.

miércoles, 29 de septiembre de 2021

Ni la diplomacia ni las sanciones son la vía para resolver la crisis venezolana

 


 En “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano” hemos invitado a la destacada internacionalista Giovanna De Michele. Vea la conversación completa aquí https://youtu.be/pWzlWKN_czg

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

El conflicto venezolano ha sido abordado en la ONU, OEA, Unión Europea, Grupo de Lima, CELAC. Allí se ha denunciado la represión y exilio de líderes sociales y políticos, la violación de derechos humanos, la censura a medios de comunicación, la violación al principio de autonomía de los poderes públicos, el deterioro de las condiciones electorales. Sin embargo, nada concreto se ha resuelto todavía.

El endurecimiento de las sanciones económicas -lejos de forzar la caída del gobierno-, agravaron la crisis causada por una pésima política económica, empobrecieron aún más a la población y brindaron al régimen la excusa perfecta para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista.

Las alternativas de la oposición venezolana se han debatido entre la vía insurreccional y la ruta electoral. El Cucutazo, el golpe de Estado del 30 de abril, la operación Gedeón, la invocación al TIAR fueron episodios alentados por la idea de “todas las opciones están sobre la mesa”. Pero cuando la intervención militar extranjera fue eficaz para derrocar a un gobierno, resultó inútil para reestablecer la paz y recuperar la gobernabilidad. Así lo demuestran Afganistán, Irak y Libia, donde las intervenciones militares dispararon una espiral de violencia que aún sigue.

La diplomacia es lenta y la crisis humanitaria no espera. Si bien es cierto que los debates en los foros internacionales han influido en la conformación de una opinión pública internacional muy crítica que llevó a más de cincuenta países a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, también es cierto que la diplomacia internacional ha sido muy lenta en la resolución del caso venezolano. La prolongación del conflicto ha desembocado en varios procesos de negociación que no pasaron de ser válvulas de escape o maniobras para ganar tiempo. En México se vuelve a retomar el camino de las negociaciones para lograr una solución política y pacífica del conflicto.