Víctor
Álvarez R.
Con
mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar
de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas
elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares
internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares
internacionales de los procesos electorales.
ISO
(por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de
la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas
internacionales a través de los llamados Comités
Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para
evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar
un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos
nacional e internacionalmente.
La ISO/TS
17582:2014 fue la primera norma de
carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los
procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de
la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo
dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la
Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego,
en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar
internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones
electorales para todos los niveles de gobierno.
Esta norma puede ser una referencia de
mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para
la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos
que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el
cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación
directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos
y confiables.
La confianza en la institución del
voto y en el poder electoral es un sustento clave del sistema político
democrático en el que la soberanía nacional es ejercida a través del voto y se elige
para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y
cuenta con el mejor programa de gobierno.
Esta norma comienza por señalar
que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen
masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que
establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro
electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus
candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con
los estándares internacionales.
A fin de poder ejercer los
derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral
Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las
personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía
popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las
organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores
puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e
intereses.
La legitimidad de desempeño del
poder electoral se construye antes, durante y después de la elección. La
emisión y recuento de los votos son los momentos culminantes de un largo
proceso que debe estar debidamente gestionado para que refleje fielmente la
voluntad del electorado. Cuando todo el proceso electoral se realiza de manera
transparente y precisa, aumenta la confianza en las elecciones, se aceptan los
resultados finales y se proclama a los ganadores, sin menoscabo de procesar las
quejas y apelaciones electorales que eventualmente pudieran presentarse.
Escuche el análisis completo en
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