Víctor Álvarez R.
La desaceleración de la inflación se ha
logrado al costo de congelar los salarios de la nómina pública y reducir el
gasto público, contraer el consumo privado que mueve la economía y prolongar el
deterioro de los servicios públicos de agua, electricidad, gas,
telecomunicaciones; así como de los sistemas públicos de educación, salud e
infraestructura.
Por lo tanto, el costo de bajar la
inflación lo están pagando sobre todo los trabajadores, la clase media y los
hogares venezolanos. El
gobierno socialista ha congelado el salario mínimo para minimizar el impacto
fiscal del salario de la abultada nómina pública. En la aritmética oficialista,
cualquier aumento tendría una enorme incidencia en las prestaciones sociales,
utilidades, vacaciones y otros beneficios legales de los trabajadores que el
gobierno solo podría financiar con emisiones de dinero inorgánico e
inflacionario.
La indexación al tipo de cambio oficial del bono de alimentación se aplicó para proteger y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero en un contexto donde la inflación es mayor que la depreciación, el tipo de cambio se rezaga en comparación con los demás precios y, a la larga, los trabajadores salen perdiendo. Esta indexación debe hacerse con una frecuencia mensual, pero según los datos del BCV -en 17 de los últimos 24 meses-, la tasa de cambio ha subido menos que la inflación y, por lo tanto, la indexación no compensa el poder de compra que quita a los bonos el alza de los precios. Esta problemática se empeora por el estancamiento de los salarios para los trabajadores públicos.
