A punto de ser rematada, CITGO está ausente en el debate político nacional

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

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Citgo está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; pero también de la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas. La OFAC extendió hasta el 20 de octubre de 2023 la licencia que impide actuar en contra de Citgo y  prohíbe “la venta, transferencia, cesión o pignoración” de las acciones que PDV Holding tiene en Citgo.

Recordemos que en marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de estas acciones para pagar a los acreedores. Pero este procedimiento no se puede llevar a cabo hasta tanto lo autorice la OFAC. La suspensión de estas causas concede un tiempo extra para que gobierno y oposición gestionen conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de EEUU un compromiso de pago que evite el remate de Citgo para pagar deudas pendientes.

A pesar de estar en tiempo de descuento, este tema no se discute en el debate político-electoral nacional y se corre el riesgo de perder un importante activo que cualquiera de los precandidatos que resultase electo Presidente de la República, va a necesitar para apuntalar la reconstrucción del país.

Las causas del litigio contra CITGO

¿Venezuela puede perder Citgo?

 Víctor Álvarez R. 

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El pasado 11 de octubre, el juez federal estadounidense, Leonard Stark, presentó un plan para  subastar las acciones de Citgo y pagar con esos fondos a Crystallex la indemnización que reclama a Venezuela por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.

Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que  dictó una sentencia favorable a la minera canadiense por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo.

Aunque Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Como la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de alter ego.

Pdvsa apeló  ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.

El remate de las acciones no se ha concretado porque Citgo aún está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884, que impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades, sin una autorización del Tesoro de EEUU. De acuerdo al cronograma presentado por el juez Stark, esta venta podría concretarse a principios de 2024. El plan establece un plazo de seis meses para gestionar el permiso ante la OFAC, la contratación de un banco de inversiones y un lapso de nueve meses para ejecutar los procedimientos de licitación y venta.

Citgo es un conglomerado de tres refinerías de Pdvsa en EEUU con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de la República que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, las indemnizaciones que reclaman por las expropiaciones de sus inversiones en Venezuela.