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jueves, 9 de mayo de 2024

Acuerdos de Paz en Guatemala: referencias para Venezuela

 

Víctor Álvarez R. / Davgla Rodríguez A.

El costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los casi 8 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida debido a la contracción de la economía, la destrucción de millares de empleos, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. Los migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes luego se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva.

Guatemala cuenta con una historia muy compleja, marcada por cruentas luchas entre las élites económicas, políticas y militares, y los pobres, en su mayoría indígenas y habitantes de las áreas rurales, quienes no han tenido acceso ni a la tierra, ni al capital, ni al poder militar. La pobreza y desigualdad es la marca de una sociedad injusta, que se ocupó de las necesidades de sólo un sector de la población, marginando al resto. En esta desigualdad están las causas históricas del conflicto armado guatemalteco.

Guatemala no solo ha sufrido la violencia de la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y la insurgencia guerrillera, también ha sufrido la violencia estructural que genera la exclusión social de la mayoría de la población del disfrute de los derechos esenciales al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, mientras que solo una minoría privilegiada logra satisfacer plenamente sus necesidades.

Uno de los efectos de la guerra de guerrillas y de la ofensiva contrainsurgente en Guatemala fue la llegada de más de 46 mil refugiados al territorio mexicano. La cercanía con el área de conflicto y el impacto directo de la crisis centroamericana en sus fronteras impulsó a México a buscar soluciones estructurales y duraderas del conflicto.

La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral

 


Víctor Álvarez R. 

Los cambios políticos por sí mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. Para corregir los graves desequilibrios que generan inflación, contraen la producción e impiden la creación de nuevos y mejores empleos, el próximo gobierno tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables que protestan con mucha razón cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste.

A fin de aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario tendrá que reestructurar toda la administración pública y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por la corrupción; tendrá que reducir los subsidios y sincerar las tarifas de los servicios públicos a fin de generar ingresos propios para su mantenimiento y repotenciación; y tendrá que hacerlo en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la canasta alimentaria, mucho menos para cubrir el costo de los demás servicios.

A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador, a Sebastián Piñera en Chile,  y la ola de protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. En Argentina, Javier Milei enfrenta un creciente malestar social por el drástico ajuste que está llevando a cabo.

En Venezuela, la viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste.

viernes, 7 de julio de 2023

Inflación, conflictividad social y costo electoral en Venezuela

 

Víctor Álvarez R.

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) acaba de publicar el dato de la inflación para el mes de junio. El comportamiento de los precios sigue siendo muy errático, del 39,4 % en enero y 20,2 % en febrero, bajó a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6 %,  y ahora en junio registra 8,5 %.

Entre enero-junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y esto sentencia la imposibilidad de lograr un inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429%, y todo indica que esta tendencia se mantendrá hasta el cierre del año.

Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. Hay serios problemas en la coordinación macroeconómica por parte del gobierno, lo cual se debe a la ausencia de un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en orden lógico y a la velocidad adecuada.

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 (Bs 170.703.832.051) con un tipo de cambio promedio de 11,80 Bs/$ equivalía a 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este informe, la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 28,16 Bs/$, lo cual derrite el equivalente del presupuesto nacional en dólares.