Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias
¿Entregará Maduro el poder si pierde las
elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre
al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la
alternancia en el poder en Venezuela?
El
gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones
electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del
poder. Mejorar las
condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más
no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar
los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su
popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las
garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en
caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
El gobierno no dejará correr en la carrera
presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar
por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva,
Cristina Kirchner y Evo Morales.
Para
destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones
competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo
necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se
desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones.
Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en
Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a
la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia
para los perdedores.
Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.
