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jueves, 9 de mayo de 2024

Acuerdos de Paz en Guatemala: referencias para Venezuela

 

Víctor Álvarez R. / Davgla Rodríguez A.

El costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los casi 8 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida debido a la contracción de la economía, la destrucción de millares de empleos, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. Los migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes luego se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva.

Guatemala cuenta con una historia muy compleja, marcada por cruentas luchas entre las élites económicas, políticas y militares, y los pobres, en su mayoría indígenas y habitantes de las áreas rurales, quienes no han tenido acceso ni a la tierra, ni al capital, ni al poder militar. La pobreza y desigualdad es la marca de una sociedad injusta, que se ocupó de las necesidades de sólo un sector de la población, marginando al resto. En esta desigualdad están las causas históricas del conflicto armado guatemalteco.

Guatemala no solo ha sufrido la violencia de la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y la insurgencia guerrillera, también ha sufrido la violencia estructural que genera la exclusión social de la mayoría de la población del disfrute de los derechos esenciales al trabajo, la educación, la salud, la vivienda, mientras que solo una minoría privilegiada logra satisfacer plenamente sus necesidades.

Uno de los efectos de la guerra de guerrillas y de la ofensiva contrainsurgente en Guatemala fue la llegada de más de 46 mil refugiados al territorio mexicano. La cercanía con el área de conflicto y el impacto directo de la crisis centroamericana en sus fronteras impulsó a México a buscar soluciones estructurales y duraderas del conflicto.

jueves, 18 de enero de 2024

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU


 
Por: Víctor Álvarez R.
Proyecto Pedagogía Económica y Electoral 

La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y  permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.

En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

¿En qué consiste el principio del alter ego?

jueves, 10 de agosto de 2023

A punto de ser rematada, CITGO está ausente en el debate político nacional


 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/2ercc

Citgo está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; pero también de la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas. La OFAC extendió hasta el 20 de octubre de 2023 la licencia que impide actuar en contra de Citgo y  prohíbe “la venta, transferencia, cesión o pignoración” de las acciones que PDV Holding tiene en Citgo.

Recordemos que en marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de estas acciones para pagar a los acreedores. Pero este procedimiento no se puede llevar a cabo hasta tanto lo autorice la OFAC. La suspensión de estas causas concede un tiempo extra para que gobierno y oposición gestionen conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de EEUU un compromiso de pago que evite el remate de Citgo para pagar deudas pendientes.

A pesar de estar en tiempo de descuento, este tema no se discute en el debate político-electoral nacional y se corre el riesgo de perder un importante activo que cualquiera de los precandidatos que resultase electo Presidente de la República, va a necesitar para apuntalar la reconstrucción del país.

Las causas del litigio contra CITGO

jueves, 11 de mayo de 2023

¿Cómo evitar el inminente remate de Citgo?

 

Víctor Álvarez R.

Citgo está a punto de ser rematada por un tribunal de EEUU, mientras el gobierno y la oposición no hacen sino echarse la culpa de quién es el responsable de su inminente pérdida. La oposición acusa al gobierno por las expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo y el gobierno acusa a la oposición por el mal manejo que ha hecho de los activos de la República en el exterior.

En EEUU no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño porque se trata de dos figuras jurídicas distintas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones, ni los laudos contra la República, deberían cobrarse con cargo a Citgo porque ésta jurídicamente es propiedad de Pdvsa, y no de la República.

Sin embargo, las cortes estadounidenses argumentan que el gobierno interino de Guaidó dio base para demostrar que la República y Pdvsa son la misma figura jurídica y que tienen un mismo patrimonio contra el cual se puede cobrar la indemnización que reclaman los acreedores de la República.

A partir de 2019 el gobierno de EEUU reconoció a Juan Guaidó -para entonces Presidente de la Asamblea Nacional 2015-, como Presidente de la República, y en esta dualidad de funciones Guaidó procedió a designar la nueva Junta Directiva ad hoc de Citgo. El juez Leonard Stark encontró pruebas para demostrar que el gobierno interino ejerció un control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de sus  filiales para sus propios fines, ordenar a Pdvsa suspender pagos del Bono 2020 y anunciar que la deuda de Pdvsa y la República tendrían el mismo trato.

Aunque Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con las evidencias mencionadas, el juez Stark determinó la aplicación del principio de alter ego que identifica como uno solo, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como el de Pdvsa y sobre esa base sentenció el remate de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización que reclama Crystallex a la República.

Este fallo basado en la figura del alter ego sentaría un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Citgo también está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa, el cual se emitió con una garantía del 51% de las acciones de Citgo, así como de otros acreedores que reclaman a la República el pago de deudas pendientes. El interinato se negó a pagar el Bono 2020 por considerar que fue emitido ilegalmente, sin la aprobación de la AN-2015.

Después que la Corte de Apelaciones ratificó el control que el gobierno interino ejerció sobre Pdvsa, la Corte Federal de Distrito, en Delaware, emitió la orden de vender las acciones de PDV Holding y el Juez Leonard Stark presentó el cronograma de subasta.

¿Por qué no se ha concretado el remate de Citgo?

viernes, 21 de octubre de 2022

¿Venezuela puede perder Citgo?

 Víctor Álvarez R. 

Escuche el análisis completo en el nuevo Podcast de #PedagogíaEconómica https://bit.ly/3s7UBdB

El pasado 11 de octubre, el juez federal estadounidense, Leonard Stark, presentó un plan para  subastar las acciones de Citgo y pagar con esos fondos a Crystallex la indemnización que reclama a Venezuela por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.

Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que  dictó una sentencia favorable a la minera canadiense por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo.

Aunque Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Como la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de alter ego.

Pdvsa apeló  ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.

El remate de las acciones no se ha concretado porque Citgo aún está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884, que impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades, sin una autorización del Tesoro de EEUU. De acuerdo al cronograma presentado por el juez Stark, esta venta podría concretarse a principios de 2024. El plan establece un plazo de seis meses para gestionar el permiso ante la OFAC, la contratación de un banco de inversiones y un lapso de nueve meses para ejecutar los procedimientos de licitación y venta.

Citgo es un conglomerado de tres refinerías de Pdvsa en EEUU con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de la República que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, las indemnizaciones que reclaman por las expropiaciones de sus inversiones en Venezuela.