Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela,
defensores de la democracia, firmaron una Carta
Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre
el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no
lograron el objetivo de provocar un
estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la
prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas,
organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La
polémica no se hizo esperar.
El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la Carta: “Las sanciones económicas y la política de
máxima presión no lograron sus objetivos”.
En ninguna línea de La Carta se lee una
petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos
humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto
tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras
y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para
mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.
Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar
y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en
organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las
divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo
aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad
internacional.
La Carta hace mención a la crisis humanitaria de un
país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América
Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más
pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para
asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la
flexibilización de las sanciones se destinen -bajo supervisión internacional- a
atender las necesidades urgentes de los venezolanos.
La Carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de
negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita
facilitación y apoyo internacional. Esta negociación
no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y
solo si el gobierno cumple con un determinada condición; en otros casos habrá
que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.
La Carta deja claro que las sanciones no han sido la
causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de
un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las
sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis
económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que
supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos
colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares
venezolanos.
Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han
visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales
petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de
bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un
centavo.
Negar que las sanciones han causado daños a la
economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada
de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas
políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas
que la agravan.
¿Quiénes son Los abajo firmantes?
La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla,
Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge
Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel
Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros,
Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo
Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y
Víctor Álvarez.
Ninguno de los 25 firmantes se arroga la
representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en
conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la
opinión pública venezolana. Se les ha llamado Los
abajo firmantes pero no son ni un think
tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.
Cada uno firmó a título
personal, sin pretender representar a nadie. No son
voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio
académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue
romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que
no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le
ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario
y principal responsable de la crisis que sufre la nación.
Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones
coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de
apoyo popular y un 67% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, pero
también las encuestas dicen que sólo un 15% de los venezolanos creen que la
oposición es capaz de generar un cambio. El 70 % de los consultados rechaza las
sanciones económicas internacionales.
La
Carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene
por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia
de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión
compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.
El punto de confluencia
entre los firmantes de La Carta es su interés común por una
solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las
negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender
la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están
generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones
humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que
hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para
forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie
sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:
ü Priorizar
la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la
población.
ü Seguridad
jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la
actividad económica.
ü Mejorar
condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con
estándares internacionales.
Escuche el
contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr
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