Más de un tercio de los líderes empresariales y dirigentes gremiales consultados se inhiben de advertir públicamente sobre los daños colaterales no deseados que causa la sobreaplicación de las sanciones. No quieren pagar los costos reputacionales de ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa originaria de la crisis y le sirve de pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional. Prefieren mantener un bajo perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la extralimitación de las sanciones. Temen ser linchados en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de twitterlandia. Y este silencio termina afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que representan.
Para garantizar que los ingresos petroleros adicionales que reciba Venezuela si se flexibilizan las sanciones a PDVSA sean destinados a financiar los programas de la emergencia humanitaria y repotenciar los servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, se propone crear un Fondo Humanitario Venezolano, el cual funcionaría la supervisión internacional de organismos como el PNUD, OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos.
Venezuela puede contribuir a moderar el alza de los precios del petróleo, los combustibles y la energía causada por la guerra de Rusia en Ucrania. Si EEUU comienza a comprar de nuevo el petróleo venezolano, los demás países podrán hacer lo mismo, sin temor a ser sancionados. Así, el petróleo que se vende con ruinosos descuentos puede ser colocado a precios de mercado. En ese escenario, el descuento se reduce a cero.
Las sanciones financieras inmovilizan recursos del Estado venezolano en territorio estadounidense, impiden al gobierno realizar transferencias bancarias y gestionar créditos, mientras que las sanciones comerciales prohíbe a las empresas estadounidenses -o extranjeras con negocios en EEUU- el comercio de bienes y servicios con Pdvsa y otras empresas públicas.
Quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados. Como es difícil saber si una empresa privada tiene alguna triangulación con una empresa pública, entonces proveedores y clientes internacionales prefieren no correr el riesgo y suspenden unilateralmente sus relaciones económicas con Venezuela. La banca estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos, sin distinguir si son empresas públicas o privadas.
La sobreaplicación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados en las empresas privadas. Salvo contadas excepciones, estos daños no suelen ser reconocidos públicamente por los líderes y voceros del sector privado. No quieren ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa de la crisis, ni que los utilicen como pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional.
Salvo contadas excepciones, la mayoría de los empresarios prefieren mantener un bajo perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la extralimitación de las sanciones económicas. En muchos líderes empresariales y dirigentes gremiales hay temor a pagar los costos reputacionales y ser linchados en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de twitterlandia por atreverse a cuestionar y proponer correctivos a los daños colaterales que causa la sobreaplicación de las sanciones en la empresa privada venezolana. Y este silencio de los gremios empresariales termina afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que representan.
A fin de profundizar en el análisis de este tema, en este nuevo episodio de la serie Conversaciones Estelares con Líderes Empresariales, hemos invitado a María Carolina Uzcátegui (@muzcategui), ex Presidenta de Consecomercio y valiente voz de la mujer emprendedora, que prioriza los intereses del aparato productivo y la empresa venezolana por encima de intereses subalternos y mezquinos de la politiquería nacional que llama a endurecer y prolongar las sanciones económicas, aún al precio de generar efectos no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.
La sobreaplicación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados en las empresas privadas. Estos daños no suelen ser reconocidos públicamente por los líderes y voceros del sector privado. No quieren ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa de la crisis, ni que los utilicen como pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional.
Salvo contadas excepciones, la mayoría de los empresarios prefieren mantener un bajo
perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la
extralimitación de las sanciones económicas. En muchos líderes empresariales y
dirigentes gremiales hay temor a pagar los costos reputacionales y ser linchados
en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de
twitterlandia por atreverse a cuestionar y proponer correctivos a los daños
colaterales que causa la sobreaplicación de las sanciones en la empresa privada
venezolana. Y este silencio de los gremios empresariales termina
afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que
representan.
Si la Administración Biden insiste en endurecer las sanciones
económicas con la expectativa de forzar la caída del régimen, lo único que
logrará será impedir que la economía se recupere y esto empobrecerá aún más a
la población. Esa estrategia no ha funcionado. Por el contrario, le ha
permitido a Maduro desarrollar una narrativa de resistencia épica
antiimperialista que lo mantiene aferrado al poder. En vez de prolongar las
sanciones contra el régimen, Estados Unidos y la Unión Europea están llamados a
ofrecer un canje de levantamiento de sanciones a cambio de compromisos para mejorar
las condiciones sociales, económicas y electorales. Esta es la ruta más corta y
menos onerosa para facilitar una solución política, constitucional,
democrática, electoral y pacífica al conflicto venezolano.
La Administración Biden se plantea “recalibrar las sanciones para limitar su
impacto en el flujo de ayuda humanitaria legítima a quienes la necesitan (…) buscando
formas de adaptar las sanciones para mitigar los impactos económicos,
humanitarios y políticos no deseados en los trabajadores y empresas
estadounidenses, aliados y poblaciones no objetivo en el extranjero."
Esta revisión abre un espacio a las
organizaciones humanitarias y gremios empresariales para explicar los efectos colaterales
no deseados de las sanciones y plantear ajustes que eviten agravar la situación
de los sectores económicos y sociales castigados por la larga crisis que azota
a Venezuela.
Para analizar el tema, en este nuevo episodio de la serie Conversaciones Estelares con Líderes Empresariales hemos invitado a Freddy Lujano (FreddyELujano), Presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA).
Resultados de la consulta a líderes empresariales y dirigentes gremiales sobre los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada, redes de suministro y cadenas de valor internacional.
Los daños colaterales que causan las
sanciones sobre negocios entre privados plantea al Departamento del Tesoro
recalibrar las mismas a fin de no lastimar más al sector privado del país
sancionado, ni a las empresas del país que sanciona. Al no poder mantener sus
operaciones en el país sancionado, éstas pierden oportunidades de hacer nuevos
negocios.
La Orden Ejecutiva 13.884 sanciona a las empresas
que teniendo intereses en EEUU se atrevan a tener negocios con empresas
públicas venezolanas. Por temor a ser sancionados, se ha producido una retirada
masiva de los tradicionales proveedores estadounidenses y europeos
cuyos espacios vacíos están siendo ocupando por nuevos proveedores rusos,
chinos, iraníes y turcos.
Una vez que se afiancen y consoliden a los
proveedores estadounidenses y europeos les será muy difícil retomar esos
espacios. Las sanciones económicas han roto las cadenas de valor tradicionales
y dejan espacios vacíos para que se creen otras redes de suministro, con lo
cual se está reconfigurando el mapa de integración económica de Venezuela en
las cadenas de valor internacional. Además de su impacto económico, las
sanciones también están generando consecuencias geopolíticas que no previeron
los sancionadores.
¿Cuál es el impacto de las sanciones
sobre las cadenas de suministro? ¿Cómo afectan la inserción de Venezuela en las
cadenas de valor internacional? ¿Están surgiendo otros proveedores que llenan
los vacíos de los que se fueron? ¿De qué países son los nuevos proveedores?
¿Qué puede recomendar los empresarios para reconstruir los negocios de la
empresa privada nacional con sus proveedores y clientes internacionales
tradicionales?
Estas y otras preguntas
son respondidas por Lope Mendoza, ex Presidente de Conindustria, en este nuevo
episodio de la serie Diez conversaciones estelares con diez líderes
empresariales. Vea la conversación completa aquí https://youtu.be/qdm3KNoVF9c
Vea la conversación completa con Reinaldo Quintero en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
Víctor Álvarez R.
Las sanciones financieras y comerciales impactan las actividades a lo largo de toda la cadena de valor, y limitan especialmente tres aspectos claves en el desempeño de la industria petrolera:
üProcura de bienes y servicios: Impide el acceso a equipamientos, repuestos, químicos, diluyentes, tecnologías y servicios de operadores e ingeniería. El sobreprecio puede llegar a ser siete veces los costos originales.
üFuentes financieras: Restringe el acceso a la banca internacional y a los recursos propios de la industria para realizar operaciones de mantenimiento y nuevos proyectos. El incremento es de hasta 30% en tasas de interés regulares.
üMercados internacionales: El petróleo venezolano no se puede vender ni en EEUU ni en Europa, encontrar nuevos mercados impone descuentos de hasta 17 $/barril sobre el precio de referencia Brent, más el sobreprecio que aplican las navieras para transportarlo.
Para profundizar en el análisis del desempeño de la industria petrolera con y sin sanciones, en este nuevo episodio de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Reinaldo Quintero, Presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Le invitamos a ver la conversación completa en el nuevo video de #PedagogíaEconómicahttps://youtu.be/7FmLrwlkhiI
Las
sanciones económicas que aplicó la Administración Trump contra Venezuela
finalmente no funcionaron para forzar un cambio de gobierno y su prolongación está
afectado poderosísimos intereses estadounidenses:
üCompañías petroleras como Chevron fueron obligadas a
interrumpir sus operaciones en Venezuela, lo cual les ha causado pérdidas
millonarias.
üLos inversionistas que compraron bonos de PDVSA no han
podido cobrar un solo centavo.
üProveedores estadounidenses que vendían repuestos y
equipos a Corpoelec, Hidroven, PDVSA Gas y CANTV no pueden exportar sus
productos a Venezuela.
Todos
estos intereses afectados hacen lobby ante la OFAC, el Departamento del Tesoro y
otras instancias de la administración Biden para que flexibilicen las sanciones
económicas y puedan recuperar sus negocios en Venezuela.
EEUU piensa y actúa en función de sus intereses
nacionales y la flexibilización de las sanciones hay que analizarla bajo esa
lógica. La Administración Biden necesita
sustituir el petróleo ruso por crudos venezolanos para frenar el alza de los
precios en los combustibles y evitar el costo político-electoral en los
comicios de noviembre.
Para
garantizar que los ingresos petroleros adicionales que reciba Venezuela sean
destinados a financiar los programas de la emergencia humanitaria y repotenciar
los servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares
venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la
escasez de gas doméstico, se propone crear un Fondo Humanitario Venezolano,
el cual funcionaría bajo la supervisión internacional de organismos como el PNUD,
OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables
para hacer crecer el volumen de los recursos.
La
sociedad civil debe alzar su voz para exigir que la flexibilización de las
sanciones sea a cambio de crear un Fondo Humanitario que priorice el uso de los
ingresos petroleros adicionales para aliviar los graves problemas que afectan a
la empobrecida sociedad venezolana. De lo contrario, la flexibilización de las sanciones
solo va a servir para que Chevron recupere sus negocios en Venezuela, para que
los bonistas cobren la deuda que tienen pendiente o para que los proveedores estadounidenses
vuelvan a exportar sus productos al país, pero si no se crea un Fondo
Humanitario, esos ingresos no se reflejarán en una mejora de las condiciones de
vida de las familias venezolanas.
Escuche
la explicación completa en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómicahttps://t.co/vHoetrP0h2
Vea la conversación completa con Lope Mendoza en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
Víctor Álvarez R.
En esta sexta entrega de la serie "Diez Conversaciones Estelares
con Diez Líderes Empresariales" hemos invitado a Lope Mendoza, ex
vicepresidente de Fedecámaras y ex presidente de Conindustria. Analizamos los
efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada
venezolana, clientes, proveedores, redes de suministro y cadenas de valor
internacional.
• "Las exoneraciones de aranceles e IVA a las importaciones de
más de cuatro mil referencias de producto terminado están causando un grave
daño, sobre todo a la industria química venezolana."
• "Los sanciones de los Estados Unidos han obligado a una gran cantidad
de importadores venezolanos a cambiar su fuente de suministro y también sus
fuentes de nuevas tecnologías. En consecuencia, se está cambiando de la visión
occidental - que tradicionalmente era parte de la estructura de desarrollo del
país - a la visión oriental."
En esta cuarta entrega de la serie Diez
Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos
invitado a Roberto Rimeris, Presidente de la Cámara de la Industria del
Vestido.
Analizamos los efectos colaterales
de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y
proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas
de valor internacional.
• "Los espacios vacíos dejados
por proveedores estadounidenses y europeos son llenados por empresas de países
sancionados que no temen hacer negocios con Venezuela".
• "Estamos siendo sustituidos
por una competencia extranjera que no cumple con las regulaciones sanitarias,
ambientales ni laborales, que no paga aranceles ni impuestos; estamos siendo
gravemente perjudicados por esta competencia desigual y desleal".
• "Hay que segmentar muy bien
qué sanciones son necesarias mantener para que los culpables de delitos sigan
siendo castigados, diferenciados y separados".
Vea la conversación completa con Roberto Rimeris en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
1.Sanciones personales por acciones antidemocráticas,
violación de DDHH y corrupción
Implica anulación de visas y bloqueo de activos y
propiedades de personas jurídicas y naturales responsables de actos represivos
y violatorios de los derechos humanos. Entre los sancionados figuran ministros,
militares, magistrados del TSJ y rectores del anterior CNE.
2.Sanciones por falta de cooperación en lucha antidroga
y antiterrorismo.
La
Orden Ejecutiva N° 13224 acusa al gobierno venezolano de no cumplir con los
acuerdos internacionales antinarcóticos y de no cooperar con EEUU en la lucha
contra el terrorismo, razón por la cual prohibió la comercialización de armas con
Venezuela.
Inmovilizan recursos de la República,
impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras
operaciones financieras.
En
agosto 2017 la OE 13808 prohibió el acceso de la República y Pdvsa a los
mercados financieros de EEUU.
En
marzo 2018, la OE 13827 prohibió las transacciones del criptoactivo Petro.
En
mayo 2018, la OE 13835 prohibió la compraventa de Bonos de Deuda Venezolana.
5.Sanciones
comerciales
Prohíben a cualquier empresa estadounidense
realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas
administradas por el gobierno venezolano.
En
noviembre de 2018 y enero de 2019, la OE 13850 bloqueó activos de la República
y Pdvsa en territorio de EEUU y se prohibió a personas y empresas estadounidenses
realizar transacciones con PDVSA.
En
el 2019-2021, se sanciona a Minerven por operaciones ilegales con oro
venezolano, a un banco en Moscú por triangular fondos de PDVSA y a navieras rusas
por transportar petróleo venezolano.
En
agosto 2019, la OE 13884 congeló activos de la República en EEUU y prohibió
hacer operaciones con el gobierno de Maduro, lo cual limitó la labor de
organizaciones humanitarias que tienen que interactuar con instituciones del
gobierno para la entrega de comida, medicinas, equipos médicos y remesas. Para
corregir estos daños colaterales, enabril
2020 la OFAC emitió una guía dirigida a organizaciones de ayuda humanitaria
para que reporten las barreras derivadas de las sanciones.
El
régimen se aprovecha de los efectos colaterales que generan las sanciones
sectoriales para esconder su fracaso y desarrollar una narrativa de resistencia
épica antiimperialista.
Por eso, en la Carta Abierta al Presidente Biden se plantea que: Las sanciones económicas no lograron sus
objetivos de forzar un cambio de gobierno. No se plantea levantar las sanciones personales a quienes
han violado derechos humanos, ni eliminarlas incondicionalmente. Lo que se
plantea ahora es utilizarlas como un incentivo para que el gobierno cambie sus
políticas y mejore las condiciones sociales, económicas y político-electorales.
Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómicaMira el vídeo aquí
En esta
tercera entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez
Líderes Empresariales hemos invitado a Francisco Martínez, ex
Presidente de Fedecámaras.
Analizamos los
efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada
venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de
Venezuela en las cadenas de valor internacional.
• Sanciones económicas han
tenido un severo impacto en empresas públicas y privadas.
• Sus efectos han sido
devastadores para un gran número de empresas porque ha conllevado al cierre y
pérdida de puestos de trabajo.
• Lo que comenzó como una
herramienta de presión contra ciertos funcionarios, derivó en sanciones
financieras y comerciales que ha asfixiado a la economía venezolana.
Vea la conversación completa con Francisco Martínez (@fmartinez3112)
¡Ahora resulta que las
sanciones son buenas para la reactivación económica y el bienestar social de
los venezolanos! En respuesta a la publicación de la Carta Abierta al Presidente Biden, defensores de las sanciones niegan
que su aplicación haya agravado la crisis humanitaria. Afirman que “lo peor de la crisis humanitaria se gestó
en un ambiente libre de sanciones” y que “las condiciones socioeconómicas y la crisis humanitaria han mejorado y
se han aliviado a partir de la aplicación de las sanciones”. Ponen en duda
que “el alivio de la sanciones y permitir
el regreso de inversiones en el sector petrolero, pueda tener un efecto
positivo sobre el bienestar de los venezolanos”.
Un efecto “positivo” que se atribuye a las sanciones es el de forzar una
apertura y liberalización del modelo económico estatista, expropiador y
controlador. Ciertamente, la asfixia que generan las sanciones económicas deja
al régimen sin capacidad de financiamiento. La
necesidad de sobrevivencia obligó al gobierno a ser pragmático y olvidarse de
un modelo que no dio resultados. Por eso ha dado un viraje y ha
puesto en marcha un proceso de desregulación, liberalización, dolarización,
privatización, apertura a la inversión extranjera y a toda clase de
importaciones sin arancel que desplazan y arruinan la producción nacional.
Los prosanciones argumentan
que los
capitales de origen venezolano en el sistema financiero internacional están
bajo sospecha y que -temerosos de ser congelados-, son repatriados e invertidos en Venezuela. Atribuyen a las sanciones ser
la causa de la repatriación de capitales y el aumento de las importaciones que
actualmente se observa en la multiplicación de bodegones, redes de farmacias,
cadenas de artefactos electrodomésticos, agencias de automóviles y restaurantes
de lujo.
De ser la repatriación de
capitales un efecto cuantitativamente
relevante de las sanciones, esto se tendría que reflejar en un aumento sustancial
de las reservas internacionales. Y en el supuesto de que la repatriación de
capitales estuviese financiando el boom de importaciones, éstas deberían crecer
más rápido que los ingresos por exportaciones y remesas, y reflejarse en un
déficit de cuenta corriente. Hasta ahora no se registra un aumento significativo
de las reservas internacionales y las importaciones son estimuladas por la
apertura del mercado interno y un tipo de cambio sobrevaluado que abarata aún
más las importaciones que se hacen sin pagar arancel ni IVA.
Hay que dejar bien
claro que las sanciones no son la causa de la debacle de Pdvsa, pero si agravaron
el colapso de una industria petrolera que ya venía severamente castigada por la
mala gestión y la corrupción. Las sanciones petroleras impiden
a las transnacionales
estadounidenses y europeas seguir operando en Venezuela. Los espacios vacíos
son ocupados por otras compañías procedentes de países igualmente sancionados que tejen
alianzas para burlar las sanciones. Las empresas
privadas venezolanas tampoco pueden ser contratistas del Estado porque corren
el riesgo de ser sancionadas. Poderosos intereses estadounidenses y europeos
han sido afectados por las sanciones financieras y comerciales. Quienes
invirtieron en la compra de bonos de Pdvsa y la República no han podido cobrar
un solo centavo.
Los efectos positivos que se atribuyen a las sanciones se quedan muy por
debajo de los daños directos que causaron a la industria petrolera, tenedores
de bonos y empresas privadas venezolanas.
Por todas estas razones, resulta absurdo argumentar que las sanciones han
mejorado la situación del país. Las medidas
coercitivas unilaterales se aplican para causar daño, para dejar sin recursos al
régimen que se quiere cambiar. Pero si las sanciones están contribuyendo a
mejorar la situación económica y social de Venezuela, quienes quieren forzar un
cambio de gobierno no deberían pedirle a la Administración Biden endurecer ni mantener
las sanciones, sino más bien levantarlas y eliminarlas.
Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómicaMira el vídeo aquí
En esta
segunda entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez
Líderes Empresariales hemos invitado a Jorge Roig, ex Presidente de
Fedecámaras y actual representante del sector empresarial venezolano en el
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con
Jorge Roig analizamos los efectos
colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana,
clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en
las cadenas de valor internacional.
Las
sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado
venezolano y quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren
el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y
hasta encarcelados.
Como es
difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con
una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales
prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus
relaciones económicas con el país. Así se han roto cadenas de suministro de
larga tradición.
La banca
estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin
distinguir si son empresas públicas o privadas, incluso ONG y organismos
internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas.
El gobierno aprovecha estos efectos colaterales no
deseados para
desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de
pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y
expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Vea la conversación completa con Jorge Roig (@jorgeroig) en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
El ex presidente de Fedecámaras hace tres recomendaciones:
üQue haya un claro mensaje del alto gobierno de EEUU sobre la disposición de flexibilizar las sanciones debido a su efecto indeseado sobre el sector privado.
üApertura de un canal expedito de comunicación con la OFAC para que tanto proveedores como organismos financieros internacionales y agentes económicos venezolanos puedan hacer consultas y resolver problemas.
üMensaje oficial a sectores empresariales americanos, europeos y organismos financieros para que no carguen la mano en el sobrecumplimiento de las sanciones.
El declive de la industria petrolera y la
prolongada contracción de la economía venezolana comienzan a partir del año
2014, mucho antes de que comenzarán a aplicarse las sanciones económicas. No
son la causa sino el agravante de una crisis económica y social que venía de mal en peor.
Además de las sanciones personales
a funcionarios del oficialismo, se han aplicado sanciones financieras y comerciales
a PDVSA y otras empresas. Las financieras
inmovilizan bienes y recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias
bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. Las comercialesprohíben a
cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de
EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas
administradas por el gobierno venezolano.
La justicia estadounidense considera un
delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean
descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados,
multados y hasta encarcelados. Esto inhibe a clientes y proveedores internacionales de mantener sus
negocios con Venezuela. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario privado se
está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública, prefieren no
correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.
Nadie
quiere arriesgar sus negocios en un mercado tan grande como el de EEUU por
mantener negocios con Venezuela.
Las transnacionales petroleras
fueron obligadas a abandonar sus operaciones en Venezuela, bancos
estadounidenses han cerrado cuentas de empresas, organizaciones y personas
venezolanas; tenedores privados de bonos de PDVSA no los pueden negociar ni transferir;
proveedores de dominios en Internet han suspendido cuentas de usuarios
nacionales; ciudadanos y empresas estadounidenses ni siquiera pueden comprar un
boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno
venezolano.
Quienes defienden las sanciones
argumentan que éstas no prohíben las transacciones relacionadas con el
suministro de alimentos y medicinas, pero al castigar las exportaciones de
petróleo e impedir pagos internacionales, dejan al país sin los ingresos necesarios
para poder comprarlos. También se dificulta y encarece la comprar de materias primas,
insumos, maquinarías y equipos.
Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa
Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores
estadounidenses y europeos. Se han roto redes de suministro y cadenas
de valor internacional en las que estaba inserta Venezuela. Al amparo de
la Ley Antibloqueo, los espacios vacíos son
ocupados por empresas de otros países también sancionados que han
desarrollado estrategias para moverse en un terreno minado y hacer negocios poco
transparentes y de alto rendimiento, en menoscabo del interés nacional.
En efecto, para evadir
las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y secretas transacciones
con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a
colocar la producción de Pdvsa en los mercados internacionales. También les acepta
elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos,
medicinas, insumos y equipos que el gobierno distribuye clientelarmente.
Cuatro años después, los hechos indican
que las sanciones económicas no funcionaron para forzar el cambio político con
el que justificaron su aplicación. Por el contrario, han causado daños
colaterales a las empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos
humanos, agravando las precarias condiciones de vida de los sectores más
vulnerables, dándole al gobierno el pretexto perfecto para construir una
narrativa épica de resistencia antiimperialista y evadir la responsabilidad que tuvo
la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la crisis económica
y social de la nación.Lucifer
