Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.
En una
reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de
María Corina Machado, Carlos Blanco, le
preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás
Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María
Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha
incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”
Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina
Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el
cumplimiento de los Acuerdos Parciales de
Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las
sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos
para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero
no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le
convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo
se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni
alternabilidad en el mando político.
Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la
oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las
elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se
preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si
eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.
Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo
metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede
perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará
excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados
en Barbados.
Por eso juega duro y tensa la soga, aun
a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar
que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar
cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus
participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las
sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse
obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente
pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.
Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.



