Más de un tercio de los líderes empresariales y dirigentes gremiales consultados se inhiben de advertir públicamente sobre los daños colaterales no deseados que causa la sobreaplicación de las sanciones. No quieren pagar los costos reputacionales de ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa originaria de la crisis y le sirve de pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional. Prefieren mantener un bajo perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la extralimitación de las sanciones. Temen ser linchados en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de twitterlandia. Y este silencio termina afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que representan.
La sobreaplicación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados en las empresas privadas. Estos daños no suelen ser reconocidos públicamente por los líderes y voceros del sector privado. No quieren ser considerados una caja de resonancia de la narrativa oficialista que atribuye a las sanciones la causa de la crisis, ni que los utilicen como pretexto para ocultar la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la debacle de la economía nacional.
Salvo contadas excepciones, la mayoría de los empresarios prefieren mantener un bajo
perfil, sin advertir públicamente los daños que causan en sus negocios la
extralimitación de las sanciones económicas. En muchos líderes empresariales y
dirigentes gremiales hay temor a pagar los costos reputacionales y ser linchados
en las redes sociales por los guerreros del teclado y los sicarios de
twitterlandia por atreverse a cuestionar y proponer correctivos a los daños
colaterales que causa la sobreaplicación de las sanciones en la empresa privada
venezolana. Y este silencio de los gremios empresariales termina
afectando la defensa de los intereses económicos de las empresas que
representan.
Si la Administración Biden insiste en endurecer las sanciones
económicas con la expectativa de forzar la caída del régimen, lo único que
logrará será impedir que la economía se recupere y esto empobrecerá aún más a
la población. Esa estrategia no ha funcionado. Por el contrario, le ha
permitido a Maduro desarrollar una narrativa de resistencia épica
antiimperialista que lo mantiene aferrado al poder. En vez de prolongar las
sanciones contra el régimen, Estados Unidos y la Unión Europea están llamados a
ofrecer un canje de levantamiento de sanciones a cambio de compromisos para mejorar
las condiciones sociales, económicas y electorales. Esta es la ruta más corta y
menos onerosa para facilitar una solución política, constitucional,
democrática, electoral y pacífica al conflicto venezolano.
La Administración Biden se plantea “recalibrar las sanciones para limitar su
impacto en el flujo de ayuda humanitaria legítima a quienes la necesitan (…) buscando
formas de adaptar las sanciones para mitigar los impactos económicos,
humanitarios y políticos no deseados en los trabajadores y empresas
estadounidenses, aliados y poblaciones no objetivo en el extranjero."
Esta revisión abre un espacio a las
organizaciones humanitarias y gremios empresariales para explicar los efectos colaterales
no deseados de las sanciones y plantear ajustes que eviten agravar la situación
de los sectores económicos y sociales castigados por la larga crisis que azota
a Venezuela.
Para analizar el tema, en este nuevo episodio de la serie Conversaciones Estelares con Líderes Empresariales hemos invitado a Freddy Lujano (FreddyELujano), Presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA).
En esta
segunda entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez
Líderes Empresariales hemos invitado a Jorge Roig, ex Presidente de
Fedecámaras y actual representante del sector empresarial venezolano en el
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con
Jorge Roig analizamos los efectos
colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana,
clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en
las cadenas de valor internacional.
Las
sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado
venezolano y quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren
el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y
hasta encarcelados.
Como es
difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con
una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales
prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus
relaciones económicas con el país. Así se han roto cadenas de suministro de
larga tradición.
La banca
estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin
distinguir si son empresas públicas o privadas, incluso ONG y organismos
internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas.
El gobierno aprovecha estos efectos colaterales no
deseados para
desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de
pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y
expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Vea la conversación completa con Jorge Roig (@jorgeroig) en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
El declive de la industria petrolera y la
prolongada contracción de la economía venezolana comienzan a partir del año
2014, mucho antes de que comenzarán a aplicarse las sanciones económicas. No
son la causa sino el agravante de una crisis económica y social que venía de mal en peor.
Además de las sanciones personales
a funcionarios del oficialismo, se han aplicado sanciones financieras y comerciales
a PDVSA y otras empresas. Las financieras
inmovilizan bienes y recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias
bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. Las comercialesprohíben a
cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de
EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas
administradas por el gobierno venezolano.
La justicia estadounidense considera un
delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean
descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados,
multados y hasta encarcelados. Esto inhibe a clientes y proveedores internacionales de mantener sus
negocios con Venezuela. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario privado se
está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública, prefieren no
correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.
Nadie
quiere arriesgar sus negocios en un mercado tan grande como el de EEUU por
mantener negocios con Venezuela.
Las transnacionales petroleras
fueron obligadas a abandonar sus operaciones en Venezuela, bancos
estadounidenses han cerrado cuentas de empresas, organizaciones y personas
venezolanas; tenedores privados de bonos de PDVSA no los pueden negociar ni transferir;
proveedores de dominios en Internet han suspendido cuentas de usuarios
nacionales; ciudadanos y empresas estadounidenses ni siquiera pueden comprar un
boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno
venezolano.
Quienes defienden las sanciones
argumentan que éstas no prohíben las transacciones relacionadas con el
suministro de alimentos y medicinas, pero al castigar las exportaciones de
petróleo e impedir pagos internacionales, dejan al país sin los ingresos necesarios
para poder comprarlos. También se dificulta y encarece la comprar de materias primas,
insumos, maquinarías y equipos.
Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa
Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores
estadounidenses y europeos. Se han roto redes de suministro y cadenas
de valor internacional en las que estaba inserta Venezuela. Al amparo de
la Ley Antibloqueo, los espacios vacíos son
ocupados por empresas de otros países también sancionados que han
desarrollado estrategias para moverse en un terreno minado y hacer negocios poco
transparentes y de alto rendimiento, en menoscabo del interés nacional.
En efecto, para evadir
las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y secretas transacciones
con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a
colocar la producción de Pdvsa en los mercados internacionales. También les acepta
elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos,
medicinas, insumos y equipos que el gobierno distribuye clientelarmente.
Cuatro años después, los hechos indican
que las sanciones económicas no funcionaron para forzar el cambio político con
el que justificaron su aplicación. Por el contrario, han causado daños
colaterales a las empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos
humanos, agravando las precarias condiciones de vida de los sectores más
vulnerables, dándole al gobierno el pretexto perfecto para construir una
narrativa épica de resistencia antiimperialista y evadir la responsabilidad que tuvo
la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la crisis económica
y social de la nación.Lucifer
