Víctor Álvarez R.
¡Ahora resulta que las
sanciones son buenas para la reactivación económica y el bienestar social de
los venezolanos! En respuesta a la publicación de la Carta Abierta al Presidente Biden, defensores de las sanciones niegan
que su aplicación haya agravado la crisis humanitaria. Afirman que “lo peor de la crisis humanitaria se gestó
en un ambiente libre de sanciones” y que “las condiciones socioeconómicas y la crisis humanitaria han mejorado y
se han aliviado a partir de la aplicación de las sanciones”. Ponen en duda
que “el alivio de la sanciones y permitir
el regreso de inversiones en el sector petrolero, pueda tener un efecto
positivo sobre el bienestar de los venezolanos”.
Un efecto “positivo” que se atribuye a las sanciones es el de forzar una
apertura y liberalización del modelo económico estatista, expropiador y
controlador. Ciertamente, la asfixia que generan las sanciones económicas deja
al régimen sin capacidad de financiamiento. La
necesidad de sobrevivencia obligó al gobierno a ser pragmático y olvidarse de
un modelo que no dio resultados. Por eso ha dado un viraje y ha
puesto en marcha un proceso de desregulación, liberalización, dolarización,
privatización, apertura a la inversión extranjera y a toda clase de
importaciones sin arancel que desplazan y arruinan la producción nacional.
Los prosanciones argumentan
que los
capitales de origen venezolano en el sistema financiero internacional están
bajo sospecha y que -temerosos de ser congelados-, son repatriados e invertidos en Venezuela. Atribuyen a las sanciones ser
la causa de la repatriación de capitales y el aumento de las importaciones que
actualmente se observa en la multiplicación de bodegones, redes de farmacias,
cadenas de artefactos electrodomésticos, agencias de automóviles y restaurantes
de lujo.
De ser la repatriación de
capitales un efecto cuantitativamente
relevante de las sanciones, esto se tendría que reflejar en un aumento sustancial
de las reservas internacionales. Y en el supuesto de que la repatriación de
capitales estuviese financiando el boom de importaciones, éstas deberían crecer
más rápido que los ingresos por exportaciones y remesas, y reflejarse en un
déficit de cuenta corriente. Hasta ahora no se registra un aumento significativo
de las reservas internacionales y las importaciones son estimuladas por la
apertura del mercado interno y un tipo de cambio sobrevaluado que abarata aún
más las importaciones que se hacen sin pagar arancel ni IVA.
Hay que dejar bien
claro que las sanciones no son la causa de la debacle de Pdvsa, pero si agravaron
el colapso de una industria petrolera que ya venía severamente castigada por la
mala gestión y la corrupción. Las sanciones petroleras impiden
a las transnacionales
estadounidenses y europeas seguir operando en Venezuela. Los espacios vacíos
son ocupados por otras compañías procedentes de países igualmente sancionados que tejen
alianzas para burlar las sanciones. Las empresas
privadas venezolanas tampoco pueden ser contratistas del Estado porque corren
el riesgo de ser sancionadas. Poderosos intereses estadounidenses y europeos
han sido afectados por las sanciones financieras y comerciales. Quienes
invirtieron en la compra de bonos de Pdvsa y la República no han podido cobrar
un solo centavo.
Los efectos positivos que se atribuyen a las sanciones se quedan muy por
debajo de los daños directos que causaron a la industria petrolera, tenedores
de bonos y empresas privadas venezolanas.
Por todas estas razones, resulta absurdo argumentar que las sanciones han
mejorado la situación del país. Las medidas
coercitivas unilaterales se aplican para causar daño, para dejar sin recursos al
régimen que se quiere cambiar. Pero si las sanciones están contribuyendo a
mejorar la situación económica y social de Venezuela, quienes quieren forzar un
cambio de gobierno no deberían pedirle a la Administración Biden endurecer ni mantener
las sanciones, sino más bien levantarlas y eliminarlas.
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