Carta Abierta al Presidente Gustavo Petro

Sr. Gustavo Petro

Presidente de la República de Colombia

Ante todo reciba un respetuoso saludo desde la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ud. convocó para el próximo 25 de abril en Bogotá una Conferencia Internacional sobre Venezuela e informó que "más democracia, cero sanciones, será el objetivo de la conferencia". Dijo también que la idea es “construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano". Aplaudimos su voluntad de abrir vías a las voces de la sociedad civil que tienen propuestas sensatas y viables para superar la crisis venezolana, pero que no encuentran canales para someterlas a la consideración de los decisores.

Una de estas propuestas es la de destinar los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones económicas, así como un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción, a un Fondo de Pensiones y Salarios, con supervisión internacional, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias y aliviar así una de las principales causas de la migración venezolana hacia los países vecinos que asistirán a la Conferencia.

La emergencia humanitaria se debe atender sin condiciones Flexibilizar las sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social no puede seguir condicionado a la mejora de las condiciones electorales. Diferentes encuestas revelan que más del 60 % de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de los avances en las negociaciones políticas. Sin embargo, la dirigencia de los partidos se aleja del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las condiciones sociales. No se trata de crear un falso conflicto y negar la importancia de las condiciones electorales para realizar un proceso electoral competitivo, a tono con los estándares internacionales, pero mientras el discurso opositor se agote en denunciar el ventajismo gubernamental, las aspiraciones del elector por una vida mejor no se verán interpretadas en una retórica que es de exclusivo interés para quienes ambicionan ganar el poder.

La contra-Carta de los pro-Sanciones

Víctor Álvarez R.

¡Ahora resulta que las sanciones son buenas para la reactivación económica y el bienestar social de los venezolanos! En respuesta a la publicación de la Carta Abierta al Presidente Biden, defensores de las sanciones niegan que su aplicación haya agravado la crisis humanitaria. Afirman que “lo peor de la crisis humanitaria se gestó en un ambiente libre de sanciones” y que “las condiciones socioeconómicas y la crisis humanitaria han mejorado y se han aliviado a partir de la aplicación de las sanciones”. Ponen en duda que “el alivio de la sanciones y permitir el regreso de inversiones en el sector petrolero, pueda tener un efecto positivo sobre el bienestar de los venezolanos”.

Un efecto “positivo” que se atribuye a las sanciones es el de forzar una apertura y liberalización del modelo económico estatista, expropiador y controlador. Ciertamente, la asfixia que generan las sanciones económicas deja al régimen sin capacidad de financiamiento. La necesidad de sobrevivencia obligó al gobierno a ser pragmático y olvidarse de un modelo que no dio resultados. Por eso ha dado un viraje y ha puesto en marcha un proceso de desregulación, liberalización, dolarización, privatización, apertura a la inversión extranjera y a toda clase de importaciones sin arancel que desplazan y arruinan la producción nacional.

Los prosanciones argumentan que los capitales de origen venezolano en el sistema financiero internacional están bajo sospecha y que -temerosos de ser congelados-, son repatriados e invertidos en Venezuela. Atribuyen a las sanciones ser la causa de la repatriación de capitales y el aumento de las importaciones que actualmente se observa en la multiplicación de bodegones, redes de farmacias, cadenas de artefactos electrodomésticos, agencias de automóviles y restaurantes de lujo.

De ser la repatriación de capitales un efecto cuantitativamente relevante de las sanciones, esto se tendría que reflejar en un aumento sustancial de las reservas internacionales. Y en el supuesto de que la repatriación de capitales estuviese financiando el boom de importaciones, éstas deberían crecer más rápido que los ingresos por exportaciones y remesas, y reflejarse en un déficit de cuenta corriente. Hasta ahora no se registra un aumento significativo de las reservas internacionales y las importaciones son estimuladas por la apertura del mercado interno y un tipo de cambio sobrevaluado que abarata aún más las importaciones que se hacen sin pagar arancel ni IVA.

Hay que dejar bien claro que las sanciones no son la causa de la debacle de Pdvsa, pero si agravaron el colapso de una industria petrolera que ya venía severamente castigada por la mala gestión y la corrupción. Las sanciones petroleras impiden a las transnacionales estadounidenses y europeas seguir operando en Venezuela. Los espacios vacíos son ocupados por otras compañías procedentes de países igualmente sancionados que tejen alianzas para burlar las sanciones. Las empresas privadas venezolanas tampoco pueden ser contratistas del Estado porque corren el riesgo de ser sancionadas. Poderosos intereses estadounidenses y europeos han sido afectados por las sanciones financieras y comerciales. Quienes invirtieron en la compra de bonos de Pdvsa y la República no han podido cobrar un solo centavo.

Los efectos positivos que se atribuyen a las sanciones se quedan muy por debajo de los daños directos que causaron a la industria petrolera, tenedores de bonos y empresas privadas venezolanas. 

Por todas estas razones, resulta absurdo argumentar que las sanciones han mejorado la situación del país. Las medidas coercitivas unilaterales se aplican para causar daño, para dejar sin recursos al régimen que se quiere cambiar. Pero si las sanciones están contribuyendo a mejorar la situación económica y social de Venezuela, quienes quieren forzar un cambio de gobierno no deberían pedirle a la Administración Biden endurecer ni mantener las sanciones, sino más bien levantarlas y eliminarlas.

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