Las sanciones internacionales son utilizadas para cambiar el comportamiento de un régimen que viola derechos humanos o ejecuta acciones que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. En Venezuela se aplicaron no para estimular un cambio en las políticas sino para forzar un cambio de gobierno que no se logró y su prolongación ha generado efectos colaterales sobre organizaciones humanitarias y empresa privadas. Veamos el tipo de sanciones que se suelen aplicar para identificar cuáles de ellas se deberían flexibilizar debido a los efectos no deseados que están causando:
1. Sanciones personales por acciones antidemocráticas, violación de DDHH y corrupción
Implica anulación de visas y bloqueo de activos y propiedades de personas jurídicas y naturales responsables de actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Entre los sancionados figuran ministros, militares, magistrados del TSJ y rectores del anterior CNE.
2. Sanciones por falta de cooperación en lucha antidroga y antiterrorismo.
La Orden Ejecutiva N° 13224 acusa al gobierno venezolano de no cumplir con los acuerdos internacionales antinarcóticos y de no cooperar con EEUU en la lucha contra el terrorismo, razón por la cual prohibió la comercialización de armas con Venezuela.
3. Sanciones sectoriales
Aparte de las sanciones personales se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA, BCV, BANDES y otras empresas e instituciones públicas.
4. Sanciones Financieras
Inmovilizan recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.
En agosto 2017 la OE 13808 prohibió el acceso de la República y Pdvsa a los mercados financieros de EEUU.
En marzo 2018, la OE 13827 prohibió las transacciones del criptoactivo Petro.
En mayo 2018, la OE 13835 prohibió la compraventa de Bonos de Deuda Venezolana.
5. Sanciones comerciales
Prohíben a cualquier empresa estadounidense realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.
En noviembre de 2018 y enero de 2019, la OE 13850 bloqueó activos de la República y Pdvsa en territorio de EEUU y se prohibió a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA.
En el 2019-2021, se sanciona a Minerven por operaciones ilegales con oro venezolano, a un banco en Moscú por triangular fondos de PDVSA y a navieras rusas por transportar petróleo venezolano.
6. Sanciones al gobierno de Maduro
En agosto 2019, la OE 13884 congeló activos de la República en EEUU y prohibió hacer operaciones con el gobierno de Maduro, lo cual limitó la labor de organizaciones humanitarias que tienen que interactuar con instituciones del gobierno para la entrega de comida, medicinas, equipos médicos y remesas. Para corregir estos daños colaterales, en abril 2020 la OFAC emitió una guía dirigida a organizaciones de ayuda humanitaria para que reporten las barreras derivadas de las sanciones.
El régimen se aprovecha de los efectos colaterales que generan las sanciones sectoriales para esconder su fracaso y desarrollar una narrativa de resistencia épica antiimperialista.
Por eso, en la Carta Abierta al Presidente Biden se plantea que: Las sanciones económicas no lograron sus objetivos de forzar un cambio de gobierno. No se plantea levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, ni eliminarlas incondicionalmente. Lo que se plantea ahora es utilizarlas como un incentivo para que el gobierno cambie sus políticas y mejore las condiciones sociales, económicas y político-electorales.
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