¿Cómo evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD?

Víctor Álvarez R. 

Hay una creciente incertidumbre en torno a la tarjeta de la MUD y la continuidad de la candidatura de Edmundo González Urrutia (EGU). Atiza esta inseguridad la narrativa de funcionarios del oficialismo que insinúan la posibilidad de sacar de la carrera presidencial al candidato de la MUD. Ante la negativa de EGU de firmar el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados, el presidente del Consejo Electoral (CNE) declaró: “Si no quieren participar de todas maneras habrá elecciones". Y en una entrevista reciente, Aimé Nogal, rectora principal de CNE, recordó que “el Tribunal Supremo de Justicia tiene una decisión pendiente sobre la tarjeta la Mesa de la Unidad Democrática”. Anular la tarjeta de la MUD dejaría a los electores confundidos o sin la opción de votar por su opción preferida.

María Corina Machado (MCM) ha amenazado a Maduro con perseguirlo, enjuiciarlo y condenarlo a la cárcel. La incertidumbre se mantiene porque EGU lidera las encuestas gracias a que MCM le está buscando los votos y es a ella a quien le deberá el triunfo. Si bien MCM ha moderado su amenazante posición, ni ella, ni EGU, ni la Plataforma Unitaria terminan de ofrecer garantías de no persecución y de supervivencia al chavismo-madurismo después de las elecciones. Por lo tanto, la candidatura de EGU es considerada como un peligro por el oficialismo.

Adicionalmente, mientras se mantengan las recompensas y sanciones personales de EEUU contra Maduro y sus colaboradores, el gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes cree que pueden entregarlo y convertirse en su verdugo. Maduro no quiere verse sufriendo la persecución y encarcelamiento a los que fueron sometidos Rafael Correa y Lula Da Silva. Los dirigentes medios del PSUV tampoco quieren correr la suerte de los miembros de las FARC que se incorporaron a la vida política -luego de firmar los Acuerdos de Paz-, pero terminaron perseguidos y asesinados.

En esas circunstancias, el PSUV tendrá muchas dudas para dejar llegar hasta el final de las presidenciales a la amenaza que está detrás del candidato formal de la Plataforma Unitaria, detrás del cual estará el verdadero poder. Ante ese riesgo, el oficialismo podría recurrir a maniobras de última hora para anular la tarjeta de la MUD y truncar la victoria del candidato opositor.

Solo si se respetan los derechos políticos de los perdedores será posible una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Las garantías de no persecución para Maduro y el chavismo es la clave para evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y se puedan celebrar unos comicios que permitan la alternancia en el poder por la vía electoral y pacífica.

Iniciativa ciudadana por la paz y la gobernabilidad poselectoral

 Víctor Álvarez R.

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto político venezolano y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

La Convivencia Pacífica

El ciudadano sencillo y normal quiere vivir en paz y armonía con sus semejantes. La convivencia pacífica es la forma como las personas se relacionan entre sí en un ambiente de respeto, reconocimiento, tolerancia y búsqueda del bien común. Implica rechazar toda forma de violencia, ya sea política, económica, social, psicológica, doméstica, o de género. Las normas de convivencia contribuyen a la coexistencia pacífica entre personas que habitan un mismo espacio y deben compartir mucho tiempo juntas, pero tienen convicciones políticas, creencias religiosas y condiciones económicas y sociales diferentes. Por lo tanto, están llamadas a aceptar y respetar sus diferencias, y a crear un ambiente de no agresión, buen trato y confianza mutua que contribuya a la inclusión e integración social. En Venezuela hay un creciente clamor a favor del reencuentro, la reconciliación y la convivencia pacífica que aleje a Venezuela de los riesgos de una confrontación civil como la que sufrieron por décadas otros pueblos hermanos que pagaron la violencia política con cuantioso daños materiales y la irrecuperable pérdida de vidas humanas. En Venezuela esa tragedia no puede ocurrir, razón por la cual hacemos un llamado a los candidatos a oír e interpretar este sentir nacional de reconocimiento, respeto y convivencia que contribuya a la paz poselectoral.

Campaña electoral propositiva y constructiva

La devaluación poselectoral

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La política cambiaria vigente se planteó estabilizar la tasa de cambio, disminuir las expectativas de devaluación y cerrar la brecha con el dólar paralelo. Si bien esos objetivos se lograron, los efectos colaterales no deseados revelan que esa política está agotada y se hace cada vez más insostenible.

Se estima que el tipo de cambio de equilibrio que iguala la oferta y demanda de divisas está en torno a los 100 Bs/$, pero la tasa oficial es de 36,4 Bs/$. Un tipo de cambio anclado, combinado con una inflación mayor, significa que mientras todo lo demás se encarece, el dólar mantiene su precio y comparativamente se vuelve más barato.

Dicho gráficamente, mientras el precio del dólar sube por las escaleras, los demás precios lo hacen por el ascensor. Este rezago o apreciación del tipo de cambio genera serias consecuencias:

ü  Impulsa una demanda artificial de divisas que obliga al BCV a quemar reservas internacionales para sostener la estabilidad cambiaria.

ü  Estimula importaciones sin arancel que compiten ventajosamente con la producción nacional.

ü  Tiene un ruinoso impacto fiscal toda vez que impide al Estado obtener más bolívares por cada petrodólar vendido.

ü  Genera un impacto recesivo al restringir el gasto público y el crédito a la producción y el consumo.

¿Qué enseñan los procesos de paz y transición política en otros países?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

A fin de conocer la experiencia histórica de aquellos países que después de un largo ciclo de violencia política lograron avanzar en el reencuentro, la reconciliación y la paz, y retomaron la senda del crecimiento económico y el bienestar social, en el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral invitaremos a sus embajadores a participar en el Ciclo de Conversaciones: Caminos al Reencuentro y la Paz, para que nos expliquen los acuerdos de paz, la transición política y los procesos de reunificación en sus respectivos países, a la luz de las siguientes preguntas:

1.       ¿Qué aspectos determinaron y desencadenaron los procesos de paz y transición política?

2.       ¿Cómo se definieron los actores con beligerancia y representatividad en el conflicto?

3.       ¿Cuál fue el papel de los militares?

4.       ¿Qué garantías de no persecución se ofrecieron y pactaron los actores en pugna?

5.       ¿Cómo se formalizó y garantizó el cumplimiento de los acuerdos?

6.       ¿Cuáles fueron las reformas constitucionales y legales?

7.       ¿Cómo se definieron las víctimas del conflicto?

8.       ¿Cómo se abordaron los temas de verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria histórica?

9.       ¿Cómo se desarrollaron los procesos y medidas de justicia transicional?

10.   ¿Qué nuevo marco legal e institucional se creó?

11.   ¿Cómo se avanzó en la reinstitucionalización, autonomía y equilibrio de los poderes públicos?

12.   ¿Cómo se canalizó posteriormente la demanda de memoria histórica contra la impunidad?

13.   ¿Qué leyes se derogaron, cuáles nuevas leyes se aprobaron?

14.   ¿Cuáles fueron los acuerdos básicos para contribuir a la gobernabilidad poselectoral?

15.   ¿Cuál fue el aporte de la observación, acompañamiento y mediación internacional?

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto político venezolano?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La naturaleza y costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de exiliados, perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela, los migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida por la contracción de la economía, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas son el equivalente a los desplazados por la guerra civil y el conflicto político en esos países.  La mayoría está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia.

Las familias, empresas e instituciones venezolanas están extenuadas de una larga confrontación política y su inevitable impacto económico y social. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos se han desplazado del territorio nacional debido a la crisis política, económica y social que ha azotado al país. Y, según una encuesta de Delphos, un 25% está dispuesto a abandonar Venezuela si no se resuelve el conflicto político ni mejora la situación económica y social. Por lo tanto, la manera como se desarrolle la campaña electoral y el reconocimiento de los resultados electorales serán las claves para evitar el recrudecimiento del conflicto político y desmontar los planes de migrar.  

La solución del conflicto venezolano también es de interés para los países receptores de esta incesante diáspora que ejercen una presión adicional sobre  sus economías y servicios de asistencia social. No son indiferentes a lo que aquí pueda pasar y se interesan en plantear soluciones que pongan fin a la diáspora y, más bien, estimulen el retorno de los migrantes. Para que sea duradera la paz que se logra con el fin del conflicto político, se requiere también erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión que abonan un clima de malestar y conflictividad social que obliga a migrar. El mejor incentivo para quedarse en Venezuela será aquella solución del conflicto político que abra paso a un ambiente favorable a la inversión productiva, y a la generación de más y mejores oportunidades de trabajo que finalmente se reflejen en un creciente bienestar de los hogares venezolanos. Se trata de lograr una paz integral sustentada en la superación de la violencia política, de la crisis económica que genera pobreza y exclusión, y de la desesperanza que obliga a millares de venezolanos a emigrar por falta de oportunidades.

El ciudadano sencillo y normal quiere vivir en paz y armonía con sus semejantes. La convivencia pacífica es la forma como las personas se relacionan entre sí en un ambiente de respeto, reconocimiento, tolerancia y búsqueda del bien común. Implica rechazar toda forma de violencia, ya sea política, económica, social, psicológica, doméstica, o sexual. Las normas de convivencia contribuyen a la coexistencia pacífica entre personas que habitan un mismo espacio y deben compartir mucho tiempo juntas, pero tienen convicciones políticas, creencias religiosas y condiciones económicas y sociales diferentes. Por lo tanto, están llamadas a aceptar y respetar sus diferencias, y a crear un ambiente de no agresión, buen trato y confianza mutua que contribuya a la inclusión e integración social. En definitiva, se trata de aceptar la dignidad de las personas y respetar sus derechos, sin prejuicios ni discriminaciones de ningún tipo, de reconocer y aceptar que se pueden tener diferentes creencias, ideologías, pensamientos y opiniones sin riesgo de ser agredidos o perseguidos. Este respeto a las diferencias proporciona la confianza y seguridad mutuas que evita conflictos y crea las condiciones básicas para lograr un sostenido desarrollo económico y social.

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una iniciativa ciudadana que expresa el sentir nacional de solucionar el conflicto político venezolano y evitar la reedición de los episodios de violencia que causaron cuantiosos daños materiales y la irreparable pérdida de vidas humanas. Surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano.

Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República

En la solución del conflicto político venezolano ninguno de los actores en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. Independientemente del sector político que gobierne a una Nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si para quien ejerce el gobierno la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, entonces no tendrá incentivos para entregar el poder. A fin de impedir que la  campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una propuesta ciudadana que surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del largo conflicto político venezolano. El Pacto propone una serie de acuerdos en tres etapas:

Etapa I. Acuerdos preelectorales: antes del 28 de julio

Etapa II. La gobernabilidad poselectoral: entre el 29 de julio y el 10 de enero

Etapa III. Reencuentro y reconciliación nacional: después del 10 de enero

La solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano necesita que los actores en pugna discutan y firmen un acuerdo de reconocimiento de resultados con garantías de no persecución, y que lo hagan antes de los comicios del 28 de Julio. Invitamos a los candidatos a la Presidencia de la República a darle voz y visibilidad a esta iniciativa ciudadana y hacer suya esta propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución política para todos.

PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nosotros, los abajo firmantes, candidatos a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuando con apego a la Constitución y comprometidos con el pluralismo político, el fortalecimiento de una democracia  inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política;

Rechazando cualquier forma de violencia política y agresión en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones;

Partidarios del levantamiento de las sanciones y comprometidos con la defensa de los activos de la República en el exterior y de los intereses vitales de la Nación;

Defensores de los derechos políticos y garantías electorales para todos;

Con la voluntad y disposición de crear las condiciones y garantías adecuadas para llevar a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución:

ACORDAMOS

UN PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

CON GARANTÍAS DE NO PERSECUCIÓN POLÍTICA

 

ETAPA I

ACUERDOS PREELECTORALES: ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE JULIO

Presidenciales del 28-J: ¿Negociar la salida, la quedada o la coexistencia?

 

Víctor Álvarez R. 

María Corina Machado dijo: “Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder”. Y amenazó a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”. Y no hace mucho, los voceros del interinato sentenciaban que “lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo.”

El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Amenazar al adversario y dejarlo sin salida lo puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. Esa estrategia amenazante generó un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen ser víctimas de una cacería de brujas.

En Venezuela se respira una necesidad de cambio en el mando político.

¿Qué hacer entre el 28-J y el 10-E?

 

Víctor Álvarez R.

El gobierno que resulte electo en las Presidenciales del 28-J recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá al nuevo gobierno resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.

La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla desde el mismo 29-J y no después de la toma de posesión el 10-E. Al interés nacional le conviene que los actores políticos, económicos y sociales logren unos acuerdos básicos que permitan gestionar recursos para atender las urgencias y prioridades nacionales, y así evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países.

¿Cómo evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD?

 

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Electoral

La aspiración nacional de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica está en tiempo de descuento. Si al chavismo la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, no se descarta que el TSJ decida anular la tarjeta de MUD. Esto tendría un efecto dominó sobre las adhesiones de UNT y MPV que se quedarían sin candidato.

La candidatura de EGU encabeza las encuestas, pero si el oficialismo concluye que marcha hacia una inevitable derrota, sin haber negociado antes garantías de no persecución, puede apelar a esa jugada riesgosa y extrema, que ya ha sido anunciada y no debería sorprender a nadie. Si no se le ofrecen garantías al gobierno, se le estará empujando hacia una línea roja que puede atravesar, aún al precio de desencadenar una gran condena internacional que incluya a sus aliados Gustavo Petro y Luíz Ignacio Lula Da Silva. Total, el gobierno de Maduro ya está curtido en la resistencia contra el aislamiento internacional, sobrevivió al cerco del Grupo de Lima, el desconocimiento de más de 60 países y las severas sanciones económicas que lo empujaron a los brazos de los rivales geopolíticos de EEUU.

La reacción del oficialismo al levantamiento de sanciones personales de la UE revela que no va a tomar la iniciativa para pactar garantías de no persecución porque esto puede interpretarse como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Y asumir esta posición de perdedor a priori sería muy desmoralizante y desmovilizador para sus seguidores, justo antes de los comicios del 28J.

Los perdona vidas de la oposición inercial plantean que no hay que apurarse, que todo tiene su tiempo, y que EGU puede hacer esta oferta de no persecución después de su inevitable triunfo frente a NM, como un gesto de grandeza y buena voluntad. El gran riesgo de esa actitud contemplativa y triunfalista es que puede terminar enterándose por la prensa de que el TSJ anuló la tarjeta de la MUD. Y por esa actitud inercial y carente de liderazgo será corresponsable de no haber actuado oportunamente para evitar perder la mejor oportunidad de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.

Pacto de Convivencia entre los candidatos a la Presidencia

 

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Electoral

La propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela surge de una amplia consulta a importantes e influyentes voces de la sociedad civil que trabaja por vencer la apatía electoral, reconstruir la confianza en el voto, mantener la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales, alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder. 

Independientemente del sector político que gobierne a una Nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, quien esté en el gobierno no tendrá incentivos para medirse en unas elecciones competitivas que puede perder, y esto dificultará la alternabilidad en el poder.

Esta iniciativa ciudadana plantea que para recuperar la alternabilidad hay que crear condiciones para la convivencia pacífica y esto solo es posible si quienes se diputan el poder asumen el compromiso de no persecución política. A fin de contribuir a crear un clima de reencuentro y reconciliación nacional, se propone a los candidatos a la presidencia debatir una amnistía general por faltas y delitos políticos, tales como:

1.    Violaciones a la libertad de expresión, a la organización política, la participación electoral y violaciones leves a los derechos humanos.

2.    Represión de manifestaciones y protestas con fines políticos, contra el orden institucional y el gobierno establecido.

3.    Actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia y desobediencia a la autoridad, cuyos excesos pudieran dar lugar a juicios y condenas por parte de los órganos de justicia.

4.  Hechos cometidos en el ejercicio de la función de gobierno que pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de la Corte Penal Internacional.

5. Promover órdenes internacionales de captura, persecución judicial amenazas de extradición contra funcionarios del gobierno y dirigentes políticos para que sean sometidos a juicios y condenas en tribunales extranjeros.

6.  Criminalización de las críticas al gobierno nacional y demás poderes públicos, y por la expresión de ideas y opiniones de carácter político.

7.    Difusión de imágenes y mensajes considerados difamatorios u ofensivos en el ejercicio de la crítica a la acción de gobierno, a sus autoridades y funcionarios.

8.  Participación en el gobierno interino, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015;

9.  Haber solicitado sanciones económicas y pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela;

10. Participación y apoyo en el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019 e  invocado una intervención militar externa a través del TIAR;

Para bajar los costos de salida de quienes tienen el poder, el Pacto propone a los candidatos promover la eliminación de las recompensas internacionales, a no seguir presionando juicios en la Corte Penal Internacional, y pedir el cese de la persecución judicial en contra de representantes de los poderes públicos del Estado venezolano.

Inscripción de MCM en el CNE: ¿Punto de honor para prorrogar las licencias?

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: “El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”. La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si después del 18 de abril se reimponen las sanciones se darán más excusas para no mejorar las condiciones electorales.

La Administración Biden ha dicho que  “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”. Si la inscripción de MCM como candidata presidencial deja de ser un punto de honor para la Plataforma Unitaria y para EEUU, crece la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales en unas condiciones aceptables, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

Los días más difíciles del aislamiento internacional han pasado. El gobierno encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir un escalamiento de las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia no puede ser la del garrote. Al contrario, tiene que ofrecer más y mejores incentivos para mejorar las condiciones electorales, a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Flexibilizar sanciones aleja a Venezuela de los rivales geopolíticos de EEUU

El costo electoral de vencer la inflación

 

Víctor Álvarez R. 

La desaceleración de la inflación se ha logrado al costo de congelar los salarios de la nómina pública y reducir el gasto público, contraer el consumo privado que mueve la economía y prolongar el deterioro de los servicios públicos de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones; así como de los sistemas públicos de educación, salud e infraestructura.

Por lo tanto, el costo de bajar la inflación lo están pagando sobre todo los trabajadores, la clase media y los hogares venezolanos. El gobierno socialista ha congelado el salario mínimo para minimizar el impacto fiscal del salario de la abultada nómina pública. En la aritmética oficialista, cualquier aumento tendría una enorme incidencia en las prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y otros beneficios legales de los trabajadores que el gobierno solo podría financiar con emisiones de dinero inorgánico e inflacionario.

La indexación al tipo de cambio oficial del bono de alimentación se aplicó para proteger y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero en un contexto donde la inflación es mayor que la depreciación, el tipo de cambio se rezaga en comparación con los demás precios y, a la larga, los trabajadores salen perdiendo. Esta indexación debe hacerse con una frecuencia mensual, pero según los datos del BCV -en 17 de los últimos 24 meses-, la tasa de cambio ha subido menos que la inflación y, por lo tanto, la indexación no compensa el poder de compra que quita a los bonos el alza de los precios. Esta problemática se empeora por el estancamiento de los salarios para los trabajadores públicos.

¿Por qué Manuel Rosales no tuvo las mismas trabas que MCM?

Víctor Álvarez R. 

MCM afirma que hasta 10 días antes de las elecciones se puede inscribir su candidatura presidencial o la de su sustituta, Corina Yoris. La Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene cuatro artículos que definen los plazos y condiciones de la postulación y sustitución. 

 El artículo 44 dice: “El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.

 El Artículo 62 dice: “Las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas, en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales. 

El oficialismo argumenta que la sustitución de MCM por Corina Yoris no se debe a ninguna de las tres primeras causas sino que se trata de un intento por defraudar la Ley, al insistir en inscribir por mampuesto una candidatura que está inhabilitada. La candidatura de Corina Yoris fue presentada públicamente como una candidata-representante de MCM.

 El Artículo 63 establece que: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. 

 El artículo 64 agrega: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento”. 

Si bien el artículo 64 deja abierta la posibilidad de admitir la postulación de una candidatura no admitida previamente, el Artículo 44 dice que: “Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas.” La polémica se genera al interpretar que las sustituciones se harán dentro de los candidatos ya postulados y admitidos y, por lo tanto, todo cambio posterior será, o bien una adhesión a otra candidatura admitida, o bien una renuncia que deja en libertad al elector para que vote por cualquiera de los candidatos que quedan.

Impacto económico y costo electoral de reimponer las sanciones

 

Víctor Álvarez R. 

EEUU ha advertido que reimpondrá las sanciones petroleras si no se cumplen los Acuerdos de Barbados. Pero el oficialismo calcula que esto no sería conveniente para EEUU, donde habrá elecciones presidenciales en noviembre y el aumento de los combustibles y la energía tendría un alto costo electoral para la reelección de Biden. ¿Estará cometiendo un error de cálculo el gobierno de Maduro con su arriesgada jugada de mantener las inhabilitaciones?

Venezuela sufre una inflación de 3 dígitos desde hace 8 años, pero según datos del BCV se está desacelerando y para 2024 se proyecta por debajo de los dos dígitos. Y Según el OVF, registró una variación negativa de -0,5% en febrero y la anualizada cayó a 85%, después de registrar 189% al cierre de 2023 y de haber llegado a 130.000 % en 2018. Mantener la tendencia hacia la baja en un año electoral dependerá de cómo se financie el gasto público clientelar. La actual desaceleración de la inflación se atribuye a:

Apreciación del tipo de cambio real

Alivio de las sanciones y ventas de Chevron en el mercado cambiario

Aumento de las remesas

Dolarización transaccional de la economía

Reducción de la emisión de dinero

La apreciación del tipo de cambio se traduce en un dólar relativamente barato en comparación con el mayor aumento que registran los demás precios, cuestión que a su vez abarata las importaciones que se hacen exoneradas de arancel. En febrero la apreciación también fue nominal, toda vez que el dólar bajó de 38,42 Bs/$ a 37,96 Bs/$ gracias a las ventas de divisas de Chevron y de una menor emisión de dinero por el BCV. En los dos primeros meses de 2024 se redujo 23% el financiamiento de empresas públicas y déficit del gobierno con emisiones de dinero inorgánico por parte del BCV, lo cual suma una reducción de 68% en los últimos doce meses.

Impacto en el Tipo de Cambio y el INPC

El beso de la muerte: si no me apoyas es malo y si lo haces es peor

Víctor Álvarez R. / Director de Pedagogía Económica y Electoral

MCM afirma que hasta 10 días antes de las elecciones se puede inscribir la candidatura presidencial de Corina Yoris. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) tiene dos artículos que definen los plazos de postulación.

ü  El artículo 44 dice: “El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.

ü  El artículo 64 agrega: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento”.

Si bien el artículo 64 deja claro que sí podría ser admitida la postulación de alguien no postulado previamente, esto debe hacerse en los plazos establecidos en el Cronograma Electoral, tal como lo establece el artículo 44. Para evitar los problemas de interpretación, los artículos 44 y 64 deberían fusionarse en uno solo, dejando claro que los cambios en las postulaciones se podrán hacer en los lapsos establecidos en el Cronograma Electoral, y que todo cambio posterior será, o bien una adhesión a otra candidatura aceptada, o bien una renuncia que deja en libertad a la militancia para que vote por cualquiera de los candidatos que quedan. La fecha límite para que las modificaciones o nuevas postulaciones salgan en el tarjetón es el 20 de abril. Después de esta fecha, solo se podrán presentar adhesiones a otras candidaturas aceptadas hasta 10 días antes de las elecciones, pero estas modificaciones ya no saldrán en el tarjetón. De acuerdo al artículo 44, una nueva postulación consignada fuera del cronograma será considerada como no presentada.

En el caso de Corina Yoris el oficialismo tiene un argumento adicional y es que ella fue presentada públicamente como candidata-representante de MCM, quien está inhabilitada. Por lo tanto, la interpretación oficial considera que se trata de una candidatura por mampuesto, de un fraude a la Ley. 

Manuel Rosales a MCM: ¡No me apoyes por favor!

 

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Electoral

En una entrevista en CNN, Corina Yoris dijo que “Ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada” para competir en las Presidenciales de 2024.

El CNE concluyó el lapso para recibir las postulaciones pero todavía queda pendiente la aceptación de las mismas. Incluso, en caso de ser admitidas, cabe la posibilidad de que en el período de impugnaciones, alguna candidatura sea cuestionada y finalmente quede excluida. Por lo tanto, cualquier apoyo apresurado de MCM a uno de los candidatos inscritos puede desembocar en una torpeza táctica o en una especie de beso de Judas, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.

Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial, y todo aquel que en las encuestas aparezca como un potencial ganador, también corre el riesgo de ser inhabilitado. Quizás esta vez todas las encuestas deberían equivocarse.

Una oposición dividida y desorganizada es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas. La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada mesa electoral. Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de organizar y movilizar masivamente el descontento nacional, a la docena de candidatos opositores inscritos le resultará muy difícil capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que representa el enorme rechazo al gobierno.

La oposición radical cataloga al gobierno de Maduro como una dictadura. Sin embargo, espera que ese régimen autoritario les conceda condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. La maniobra para impedir que MCM compitiera en las Presidenciales de 2024 estaba cantada desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) autorizó la inscripción de precandidatos inhabilitados.