Propuestas para el debate electoral: Flexibilizar sanciones a cambio de un Fondo de Prestaciones Laborales

 Víctor Álvarez R.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció que los ingresos generados por los 50 pozos petroleros que conforman la Macolla Cacique Chaima -en los cuales se extraen 9 mil barriles diarios de petróleo (MBDP) que se utilizan para mezclar 15 MBDP Merey y producir un total de 450 mil barriles mensuales para la exportación-, serán destinados en su totalidad al Fondo Nacional de Prestaciones de los trabajadores públicos.

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, hace más de un siglo, esta es la primera iniciativa en la que el ingreso petrolero se destina directamente a cubrir las remuneraciones de los trabajadores. La cuantificación de las reservas del yacimiento y el ritmo de extracción indicarán los años en los que la Macolla Cacique Chaima podrá garantizar el pago de las prestaciones.    

La macolla es una infraestructura superficial que agrupa una serie de pozos interconectados para recolectar el crudo a través de instalaciones y servicios comunes como taladros de mantenimiento, tuberías, tanques, y servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones.

En principio, se trata de una medida de desconcentración y descentralización del ingreso petrolero que pudiera funcionar con políticas de transparencia y bajo supervisión internacional, con base en los acuerdos firmados con el PNUD. Hasta ahora es apenas un anuncio y para ejecutarlo habría que aprobar una Ley para crear el Fondo, definir su estructura organizativa y el modelo funcional para evitar que los ingresos por exportación de la producción de la macolla sean destinados a otros fines, terminen siendo una nueva carga para Pdvsa al estilo de las misiones, y un engaño para los trabajadores.

¿Qué hizo Noruega con las ganancias petroleras que también puede hacer Venezuela?

¿Cómo recuperar la confianza en el voto?

 

 Víctor Álvarez R.

Los abstencionistas sembraron la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”, que “dictadura no cae con votos” y con ese argumento se lanzaron por la vía violenta e insurreccional. Ahora que el país se prepara para un nuevo ciclo electoral que incluye elecciones primarias en 2023, presidenciales en 2024, megaelecciones de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales en 2025, se plantea, entonces: ¿Cómo recuperar la confianza en la institución del voto para avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano?

Recuperar la confianza en el voto no depende única y exclusivamente de mejorar las condiciones electorales para realizar un proceso electoral a tono con los estándares internacionales. Aunque en Venezuela el poder electoral cumpla con un arbitraje institucional y mejore las condiciones para celebrar unos comicios competitivos -a tono con los estándares internacionales-, si los candidatos son unos mediocres y con una oferta electoral poco atractiva, los electores no se sentirán estimulados a votar. Priorizar en el debate político la flexibilización de las sanciones a cambio de mejores condiciones electorales puede parecer muy justo para los candidatos que quieren aumentar su probabilidad de ganar, pero revela el profundo divorcio de la dirigencia política con el sentir nacional.

Para estimular a votar, los partidos tienen que postular buenos candidatos y llegar a acuerdos unitarios que conviertan la victoria electoral en una meta alcanzable. Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Los postulados no pueden ser trepadores ni figuras desprestigiadas, con malos antecedentes que no movilizan a nadie ni contribuyen a vencer la abstención. Tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, de brillante trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a votar.

Ahora bien, ¿Quiénes son los precandidatos que interpretan el clamor del país descontento con el gobierno y con la oposición? ¿Quiénes son esos líderes que comprenden las causas del malestar nacional? ¿Los que están en el exilio y reciben espacio en la tarima internacional? ¿Los que están en el país y pactan con el gobierno? ¿Los que se postulan y se ganan el respaldo del electorado a pesar de las desventajosas condiciones en las que compiten?

Sanciones económicas y despojo del patrimonio de Venezuela

 Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Independientemente de quien esté al mando en los próximos años, el gobierno de turno se tendrá que enfrentar al agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta petrolera como mecanismo de control social, económico y político. De allí la pugna entre Maduro y Guaidó por asegurar el control de los fondos de la República que actualmente están bloqueados en el sistema financiero internacional.

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850 que bloqueó todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU. El 5 de agosto del 2019, Trump emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio. CITGO está a punto de ser rematada para satisfacer las demandas de los tenedores del Bono 2020, de Crystallex y ConocoPhillips. Por si fuera poco, ni  las reservas de oro del BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra y en el Deutsche Bank pueden ser utilizadas ni por Maduro ni por Guaidó. El Banco de Inglaterra congeló casi mil millones de euros de las reservas del BCV y Deutsche Bank tiene congelados 120 millones de euros por un contrato de “swap” o permuta de oro. A pesar de que la AN y la Administración Trump le han otorgado a Guaidó la administración de estos activos y fondos, al interinato tampoco le ha resultado fácil utilizar los mismos porque se encuentran bloqueados.

Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela y de la encuestadora Hinterlaces, los recursos de la República bloqueados en el exterior se estiman en $ 5.470 millones: Esta cifra coincide con los cálculos del equipo de Guaidó. Vanessa Neumann, su representante ante el Reino Unido, reveló que hay más de $ 5.000 millones de Venezuela bloqueados en el exterior y cuyo control le están disputando al Gobierno de Maduro. José Ignacio Hernández, hasta hace poco Procurador Especial de Guaidó, también reveló que hay procesos en Europa para tomar el control de esos activos y arrebatarle a Maduro el manejo del dinero público en el exterior. En Londres hay dos juicios y en Portugal hay otro proceso por las cuentas del NovoBanco. En España se pelea por el control de los activos de CVG Internacional que están bloqueados en CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

Aunque el Gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el Banco de Inglaterra solicitó una aclaratoria para definir a quién otorgar el control de los activos. El fallo del tribunal en este litigio fijará un precedente para que otros bancos liberen los fondos a favor de la parte que resulte favorecida y así dar origen a una suerte de jurisprudencia, toda vez que si se ordena al Banco de Inglaterra entregar los fondos a la Administración de Guaidó, los demás Bancos Centrales tendrían una referencia para traspasar los fondos bloqueados al gobierno interino y esto terminaría de quitarle a Maduro el control de los activos de la República y de los fondos de las empresas estatales en el exterior. Adicionalmente, una sentencia a favor de Guaidó allanaría el camino para que el interinato -sin tener que pasar por largos y onerosos juicios-, también tome el control de los fondos incautados a funcionarios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro que actualmente están bloqueados en Andorra, Suiza, Holanda y otros países.

Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela, un Acuerdo Petrolero Humanitario podría generar un ingreso anual de $ 8 millardos que pudieran utilizarse para atender la crisis humanitaria a través de un esquema en el que Venezuela recupera su espacio en el mercado petrolero internacional, siempre y cuando los ingresos sean destinados a atender la emergencia sanitaria y administrados por la institucionalidad internacional: PNUD, OMS, OPS y Cruz Roja Internacional. Los recursos se destinarían a comprar bienes esenciales y su distribución se haría a través de mecanismos despolitizados que impidan su uso clientelar.

Pero Venezuela es un Estado fallido que no funciona. Las élites políticas que se disputan el poder son incapaces de ponerse de acuerdo en un programa básico de interés nacional que evite que la emergencia sanitaria del Covid-19 desemboque en una catástrofe humanitaria. El gobierno de Maduro es cada vez más inoperante y la institucionalidad paralela de comisionados, embajadores y procuradores especiales del interinato de Guaidó tampoco ha podido resolver ni un solo problema concreto, ni siquiera ha podido entregar los 100 dólares que prometieron al personal médico y hospitalario que pone en juego sus vidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Luego de más de un año de explícito respaldo de Trump y más de 50 gobiernos, Guaidó no ha logrado una sola victoria interna y su desempeño tiende a ser cada vez más errático. Los fracasos del conato de golpe de estado del 30 de abril de 2019, su firma estampada en el contrato que luego desembocó en la fracasada Operación Gedeón, la pérdida del control de la Asamblea Nacional y su ineficacia a la hora de utilizar los fondos de la República en el exterior bajo su administración, son eventos que le ha restado mucha credibilidad. Y no son los adversarios de Guaidó los únicos que piensan esto. Las revelaciones de Bolton en su libro sobre las dudas de Trump en torno a las capacidades y aptitudes de Guaidó, luego fueron confirmadas por el propio Trump en la entrevista que concedió al portal Axios.

Ni Maduro ni Guaidó son una garantía de un manejo pulcro y transparente de los fondos públicos que Venezuela necesita para conjurar la amenaza de la pandemia. Gobiernos, compañías transnacionales, bufetes de abogados y tribunales de otros países contemplan con indolencia esta tragedia y hasta le sacan provecho. La división de la comunidad internacional sobre quien gobierna a Venezuela legítimamente no solo se ha utilizado como excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas ante el FMI. También ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los activos de la República, las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas del Estado venezolano en el exterior. El ardid de no saber cuál es el gobierno que tiene el control de las instituciones ha dado origen al despojo de los activos de la República que ni siquiera pueden ser utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza del coronavirus.

¿Cómo se miden entonces los logros de la presión internacional sobre un país oprimido y exhausto que sufre una crisis humanitaria?

¿Qué podría hacer la mediación internacional en favor de una solución política y pacífica a la crisis venezolana?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Las agencias internacionales informan que representantes del Gobierno y Oposición venezolanas se encuentran en Noruega para discutir posibles opciones de paz. Este sorpresivo acercamiento se produce luego de cuatro meses de creciente tensión y sugiere que las fuerzas en pugna estarían buscando una opción alternativa, después de reiterados fracasos de diálogo para superar la crisis de gobernabilidad que está hundiendo a Venezuela en el caos y la pobreza.

En la radio y televisión estatales de Noruega, NRK, se informó que los representantes de ambos bloques se han estado reuniendo en un lugar secreto de la capital. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el diputado Stalin González y los asesores Gerardo Blyde y Fernando Martínez serían los enviados para retomar las negociaciones.

Noruega es uno de los países europeos que se abstuvo de reconocer a Guaidó como presidente interino y se limitó a llamar a nuevas elecciones libres en Venezuela. Tal postura ha sido interpretada como una demostración de la voluntad de ese país nórdico para mediar entre las partes rivales de Venezuela. En la historia reciente de conflictos mundiales, Noruega ha sido sede de importantes diálogos de paz y de acercamiento entre posiciones aparentemente irreconciliables.

En Venezuela urge encontrar una solución política y pacífica que evite el resurgimiento de la violencia que en los últimos conflictos de 2017 dejó más de un centenar de muertos, miles de heridos, detenidos, perseguidos, exiliados y una diáspora de venezolanos que ya se cuenta por millones. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que los extremistas que buscan exterminar a su contrario y ansían la rendición incondicional y humillante del otro, bloqueen un acuerdo político entre Gobierno y Oposición y finalmente lleven al país a una espiral de violencia civil que ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.

Cambios políticos no garantizan cambios económicos: el costo social del ajuste

Cualquier gobierno que sustituya al de Maduro recibirá un país en ruinas y, desde el inicio, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual No sería bien recibido en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para tener con qué repotenciar la destartalada infraestructura vial.