CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

 

Por: Víctor Álvarez R.

Proyecto Pedagogía Económica y Electoral 

La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y  permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.

En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

¿En qué consiste el principio del alter ego?

¿Cómo evitar el inminente remate de Citgo?

 

Víctor Álvarez R.

Citgo está a punto de ser rematada por un tribunal de EEUU, mientras el gobierno y la oposición no hacen sino echarse la culpa de quién es el responsable de su inminente pérdida. La oposición acusa al gobierno por las expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo y el gobierno acusa a la oposición por el mal manejo que ha hecho de los activos de la República en el exterior.

En EEUU no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño porque se trata de dos figuras jurídicas distintas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones, ni los laudos contra la República, deberían cobrarse con cargo a Citgo porque ésta jurídicamente es propiedad de Pdvsa, y no de la República.

Sin embargo, las cortes estadounidenses argumentan que el gobierno interino de Guaidó dio base para demostrar que la República y Pdvsa son la misma figura jurídica y que tienen un mismo patrimonio contra el cual se puede cobrar la indemnización que reclaman los acreedores de la República.

A partir de 2019 el gobierno de EEUU reconoció a Juan Guaidó -para entonces Presidente de la Asamblea Nacional 2015-, como Presidente de la República, y en esta dualidad de funciones Guaidó procedió a designar la nueva Junta Directiva ad hoc de Citgo. El juez Leonard Stark encontró pruebas para demostrar que el gobierno interino ejerció un control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de sus  filiales para sus propios fines, ordenar a Pdvsa suspender pagos del Bono 2020 y anunciar que la deuda de Pdvsa y la República tendrían el mismo trato.

Aunque Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con las evidencias mencionadas, el juez Stark determinó la aplicación del principio de alter ego que identifica como uno solo, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como el de Pdvsa y sobre esa base sentenció el remate de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización que reclama Crystallex a la República.

Este fallo basado en la figura del alter ego sentaría un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Citgo también está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa, el cual se emitió con una garantía del 51% de las acciones de Citgo, así como de otros acreedores que reclaman a la República el pago de deudas pendientes. El interinato se negó a pagar el Bono 2020 por considerar que fue emitido ilegalmente, sin la aprobación de la AN-2015.

Después que la Corte de Apelaciones ratificó el control que el gobierno interino ejerció sobre Pdvsa, la Corte Federal de Distrito, en Delaware, emitió la orden de vender las acciones de PDV Holding y el Juez Leonard Stark presentó el cronograma de subasta.

¿Por qué no se ha concretado el remate de Citgo?

Canje de sanciones por Fondo Humanitario Venezolano

 Víctor Álvarez R

Las sanciones económicas que aplicó la Administración Trump contra Venezuela finalmente no funcionaron para forzar un cambio de gobierno y su prolongación está afectado poderosísimos intereses estadounidenses:

ü  Compañías petroleras como Chevron fueron obligadas a interrumpir sus operaciones en Venezuela, lo cual les ha causado pérdidas millonarias.

ü  Los inversionistas que compraron bonos de PDVSA no han podido cobrar un solo centavo.

ü  Proveedores estadounidenses que vendían repuestos y equipos a Corpoelec, Hidroven, PDVSA Gas y CANTV no pueden exportar sus productos a Venezuela.

Todos estos intereses afectados hacen lobby ante la OFAC, el Departamento del Tesoro y otras instancias de la administración Biden para que flexibilicen las sanciones económicas y puedan recuperar sus negocios en Venezuela.

EEUU piensa y actúa en función de sus intereses nacionales y la flexibilización de las sanciones hay que analizarla bajo esa lógica. La Administración Biden necesita sustituir el petróleo ruso por crudos venezolanos para frenar el alza de los precios en los combustibles y evitar el costo político-electoral en los comicios de noviembre.

Para garantizar que los ingresos petroleros adicionales que reciba Venezuela sean destinados a financiar los programas de la emergencia humanitaria y repotenciar los servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, se propone crear un Fondo Humanitario Venezolano, el cual funcionaría bajo la supervisión internacional de organismos como el PNUD, OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos.

La sociedad civil debe alzar su voz para exigir que la flexibilización de las sanciones sea a cambio de crear un Fondo Humanitario que priorice el uso de los ingresos petroleros adicionales para aliviar los graves problemas que afectan a la empobrecida sociedad venezolana. De lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo va a servir para que Chevron recupere sus negocios en Venezuela, para que los bonistas cobren la deuda que tienen pendiente o para que los proveedores estadounidenses vuelvan a exportar sus productos al país, pero si no se crea un Fondo Humanitario, esos ingresos no se reflejarán en una mejora de las condiciones de vida de las familias venezolanas.

Escuche la explicación completa en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t.co/vHoetrP0h2

Conversaciones Estelares con líderes empresariales: Roberto Rimeris

 Víctor Álvarez R. 

En esta cuarta entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Roberto Rimeris, Presidente de la Cámara de la Industria del Vestido.

Analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.

• "Los espacios vacíos dejados por proveedores estadounidenses y europeos son llenados por empresas de países sancionados que no temen hacer negocios con Venezuela".

• "Estamos siendo sustituidos por una competencia extranjera que no cumple con las regulaciones sanitarias, ambientales ni laborales, que no paga aranceles ni impuestos; estamos siendo gravemente perjudicados por esta competencia desigual y desleal".

• "Hay que segmentar muy bien qué sanciones son necesarias mantener para que los culpables de delitos sigan siendo castigados, diferenciados y separados".

Vea la conversación completa con Roberto Rimeris en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí

Citgo en riesgo: Juez federal ordena remate de acciones

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Citgo es un conglomerado de refinerías de Pdvsa en EEUU y cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA y la República que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, unas deudas pendientes.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1.700  millones y a los cuales se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de CITGO. Pero también está Crystallex, una minera canadiense que reclama una indemnización de $ 1.400 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

Aunque Crystallex en rigor no es un acreedor de Pdvsa y su litigio es contra la República, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda embargar los activos de una empresa, cuando el dueño de ésta no paga una deuda por él contraída. Con base en esta interpretación, Crystallex resultó favorecida por la sentencia de un tribunal de EEUU que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización pendiente. La reciente sentencia del Juez Leonard Stark ordenó la venta de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización exigida por Crystallex.