Víctor Álvarez R.
El fiscal
de la Corte penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó
órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su
ministro de Defensa, Yoav
Gallant; así como de Yahya Sinwar, líder de
Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar, y de Ismail Haniyeh, jefe del
buró político de Hamás, acusados todos de crímenes lesa humanidad. Recordemos
que en marzo de 2023, la CPI
también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y
contra varios comandantes militares rusos acusados de crímenes de guerra.
La responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la
actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su
representación, y también por la omisión e incumplimiento de su deber de
investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han
agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los
mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad
de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de
los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina
la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano
internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su
jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber
de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las
investigaciones y dictámenes contra el Estado se deben a que las víctimas no
han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.
En este contexto, las
órdenes de captura contra los mandatarios de Rusia e Israel demuestran que la CPI no es un tigre de papel,
que puede actuar con firmeza y rapidez y todo esto remueve y exacerba la
incertidumbre y el temor de los gobernantes y funcionarios que son investigados
por la CPI.
La reinstitucionalización del Poder Judicial
Atendiendo al principio de
complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales
encuentren razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay
que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial para que pueda
investigar con independencia y autonomía las responsabilidades individuales por
violación de derechos humanos y crímenes
de lesa humanidad.
Con este fin, hay que
acordar la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los concursos
de credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y
magistrados que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez
años, o cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en
curso. Estos avances indicarían a la CPI y otros organismos internacionales que
los tribunales nacionales ya están en capacidad de desarrollar adecuadamente las
investigaciones para que se sepa la verdad, haga justicia, reparen los daños,
no se reedite la tragedia y se salve la memoria.
¿Qué desean quienes han estado durante 25 años en la
oposición?
Desean lograr la
alternabilidad en el poder y presionarán para que la toma de posesión no tenga
que esperar del 29-J hasta el 10-E. Pero sin garantías de no persecución esto
no será posible y la alternabilidad en el poder tampoco puede ser a cualquier
precio. Para no caer en la impunidad mientras se
fortalece el Poder Judicial habrá que activar mecanismos de Justicia Transicional con apoyo
internacional. En estas instancias se puede determinar qué hechos, en qué casos
y quiénes pueden ser susceptibles de medidas especiales de sobreseimiento, indulto,
reducción de la condena o fin de la acción penal. En este proceso quedan excluidas las violaciones a DDHH que comprometen la
responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal
internacional individual por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En
cualquier caso, el
beneficio de las medidas excepcionales estará condicionado al esclarecimiento
de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y
la memoria histórica.
¿A qué temen quienes están en el poder?
En caso de perder las elecciones, quienes ejercen
el poder no quieren verse expuestos a una ola de persecuciones juicios y
condenas. Para incentivar la
alternabilidad en el poder, los costos de salida tienen que ser menores a los
costos de permanecer en el mando. Despejar estos miedos comienza por eliminar las recompensas internacionales y sanciones personales en contra de
altos funcionarios del gobierno y autoridades de los poderes públicos del
Estado venezolano.
Pero también hay miedo en los
cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte
del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a
los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través
de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias
técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.
Tienen miedo los sectores
más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la
bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la
Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los
benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga
el gobierno.
¿Cuáles amenazas deberían dejar de hacerse?
El liderazgo de la oposición que tiene la mayor
opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de
dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la
patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje
iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos
terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las
recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado
Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la
activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una
intervención militar extranjera. Su principal líder desafió a Maduro
diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo
te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso” y con
ese fin promueve y respalda las investigaciones en la CPI.
Estas amenazas
recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar
expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Esto los puede
forzar a atrincherarse y trancar el juego. La estrategia
amenazante ha generado un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de
temores al oficialismo y sus seguidores que temen sr víctimas de una cacería de
brujas.
¿Cómo abonar la confianza mutua que facilite la
alternancia en el poder?
Sin
garantías de no persecución, el candidato oficialista no se va a medir con
quien sabe que va a perder. Hay que evitar
que el miedo a ser sometidos a una ola de persecuciones se instale en el
gobierno y los empuje a anular la tarjeta de la MUD. Evitar que la incertidumbre en torno a la
tarjeta de la MUD y el temor a perderlo perturben la elección presidencial,
exige acordar garantías de no persecución política para todos, tanto para
quienes pierdan el poder, como para que quienes ganen puedan asumir el mando y
gobernar.
Pero el oficialismo no va a
tomar la iniciativa de proponer un pacto de garantías de no persecución
porque esto puede interpretarse entre sus seguidores como una actitud
derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Para el
chavismo, asumir esa posición de perdedor a priori lo consideraría
desmoralizante y desmovilizador. Su gente no iría a votar. Por lo tanto, no lo
van a proponer.
Es el candidato opositor con mayor opción de ganar quien
está llamado a hacerle al gobierno una propuesta
realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de
no persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se
convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.
