Víctor Álvarez R.
El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos de petróleo, pero Pdvsa no
cuenta con los recursos financieros, la tecnología y el capital humano que se
requiere para extraerlos y rentabilizarlos.
Para
la visión nacionalista y estatista, la soberanía nacional descansa en la
propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades de exploración,
extracción, comercialización, refinación y conexas. Es una visión centralista y
controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una Pdvsa en
ruinas y un Estado sin suficientes ingresos, ese modelo es inviable.
En
el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni
mayoritario, se limita a promover la inversión privada en la explotación de los
yacimientos para recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y otros impuestos
que pagan las corporaciones petroleras. El gran incentivo al inversionista es
minimizar el cobro de la regalía estatal
por la explotación de un recurso natural no renovable.
Privatizar
o no privatizar es un falso dilema. En ninguna de esas visiones extremas está
la alternativa para reconstruir la industria petrolera. El conflicto entre
propiedad estatal absoluta y privatización total desaprovecha un amplio abanico
de alternativas en las que pueden coexistir compañías estatales, corporaciones
transnacionales y empresas mixtas en las actividades estratégicas, medulares o
conexas de la industria. El interés nacional debe explorar nuevas oportunidades
en esta amplia gama de modelos de negocios e inversión que, lejos de ser
excluyentes, son complementarios entre sí.
Para
generar más ingresos fiscales y en divisas, Venezuela
necesita más inversión privada en la industria petrolera. La sociedad venezolana no se beneficia
de empresas
mixtas donde la mayoría accionaria del 51 % pertenece a un Estado que no tiene
recursos para cubrir el aporte de capital que le corresponde. Ante estas restricciones
presupuestarias tan severas, rentabilizar las riquezas del subsuelo exige una
nueva forma de ejercer la soberanía nacional sobre las riquezas del país.
Si la
soberanía reside en la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, el
Estado debe hacer uso de su facultad para negociar con los socios privados el
aprovechamiento racional de estos recursos en función de generar un creciente
bienestar a los venezolanos. El actual ciclo electoral puede ser de gran utilidad para comenzar
a debatir sobre un
nuevo acuerdo nacional en materia petrolera. Al margen de las altisonancias propias de la
diatriba electoral, es necesario elevar el nivel del debate y evaluar con
mesura y ponderación los pros y contras, las ventajas y desventajas del modelo
de propiedad estatal versus el modelo de propiedad privada, así como las
alternativas de negocio e inversión que surgen entre estos extremos.
De cara al interés nacional, se impone analizar -sin tabúes ni prejuicios- la viabilidad y conveniencia de una reforma del marco legal y regulatorio que abra paso a un nuevo modelo de negocios en la industria petrolera. Esta reforma es necesaria para llegar a acuerdos con los inversionistas que si tienen los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano que Venezuela necesita para rentabilizar unas cuantiosas reservas petroleras que, de lo contrario, se quedarán depositadas para siempre en el subsuelo y no aportarán los ingresos que urgen para mejorar las precarias condiciones de vida en la mayoría de los hogares venezolanos.
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