¿Qué hacer entre el 28-J y el 10-E?

 

Víctor Álvarez R.

El gobierno que resulte electo en las Presidenciales del 28-J recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá al nuevo gobierno resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.

La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla desde el mismo 29-J y no después de la toma de posesión el 10-E. Al interés nacional le conviene que los actores políticos, económicos y sociales logren unos acuerdos básicos que permitan gestionar recursos para atender las urgencias y prioridades nacionales, y así evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países.

¿Cuál es la clave para realizar unas elecciones libres, trasparentes y competitivas en Venezuela?

 

Por: Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Un Pacto de Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

La alternabilidad democrática será posible si se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército, ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones, juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la protección de los derechos políticos de los perdedores.

Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales y cárcel.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones.

Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación

Para escoger un candidato de consenso hay que despersonalizar la opción política y dejar a un lado el culto a la personalidad

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Ante el creciente reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya y sus voceros ahora hablan del mes de mayo. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

MCM ha dicho sin mí no habrá elecciones e insiste en mantener su candidatura hasta el final. Y sus seguidores dejan oír su voz: o es MCM o no es nadie. Sin embargo, quienes piensan que con la inhabilitación del TSJ ya será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Esa nueva candidatura de consenso todavía no existe y hay que construirla. Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Mantener viva la posibilidad de cambio pasa por convenir lo antes posible un mecanismo para escoger un sucesor, mecanismo en el cual MCM debe participar activamente. Sin su decidido apoyo a la nueva candidatura aumenta la probabilidad de que la oposición se divida, se abstenga y sea derrotada. El reto para la PUD es transformar la indignación que causa la inhabilitación de MCM en una inspiración para movilizar a un electorado que necesita un sustituto que -al votar por él- sientan que están votando por ella.

Los partidos de la PUD que reconocieron el triunfo de MCM en la Primaria presidencial han dicho que una cosa es la candidatura unitaria y otra cosa muy distinta es el liderazgo político de la coalición opositora. Esta tensión impidió consolidar una unidad sincera en torno a MCM. Se nota un distanciamiento y falta de comunicación entre la candidata y los líderes de la PUD que la han dejado prácticamente sola. MCM también los subestima y no los convoca porque los 12 aspirantes que le disputaron la candidatura presidencial no sumaron juntos el 8 % de los votos escrutados, y los hechos dicen que le suman muy poco a su propio caudal electoral.

Pacto de Convivencia: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando político.

El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Sin no cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su derrota electoral se convierta en una tragedia. Por lo tanto, la clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber  invocado una intervención externa a través del TIAR.

Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios pero no suficientes y tienen que ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que contribuya a des-radicalizar el discurso de la polarización y violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral.  A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita  la alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional e internacional favorable a un Pacto de Convivencia Pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego sea difícil de controlar y detener

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo.

Un Pacto de Convivencia Pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Un Pacto de Convivencia Pacífica pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un  período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos de salida -sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel- para que el chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/079dx

¿Cuál de los precandidatos reune las cualidades para ser el presidente de la transición política en Venezuela?

 

Víctor Álvarez R.

Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto. Quienes quieran movilizar y capitalizar electoralmente el malestar nacional no pueden ser figuras desprestigiadas, con malos antecedentes, ni personas arrogantes, soberbias y prepotentes, poseídas por revanchismos y afanes de venganza. Por el contrario, debe contar con la fortaleza de la humildad para poder escuchar y canalizar las diferentes alternativas y propuestas para sacar al país de la crisis.

Los malos candidatos no motivan a nadie ni contribuyen a superar  la abstención. Para vencer la apatía electoral, hay que postular buenos candidatos con un programa de gobierno sensato y viable que revitalice la esperanza, motive y movilice al elector.

En la Sección Primera del Capítulo II de la Constitución Nacional se establece que el Presidente o Presidenta de la República debe reunir, entre otras tantas, al menos las siguientes cualidades:

Ser Jefe de Estado: Lo que quiere decir que debe tener la convicción y voluntad de unir al país en torno a un proyecto común que interprete el clamor nacional, y ser capaz de gobernar sin sectarismos para todos los venezolanos y no solo para quienes votaron por él. En vez de seguir removiendo odios y afanes de venganzas, debe ser un promotor del reencuentro y la reconciliación de un país extenuado por la larga y destructiva confrontación entre el gobierno y la oposición.

Ser Jefe de Gobierno: como puede nombrar y remover a los funcionarios que le permiten la Constitución y las leyes, debe ser capaz de escoger a los mejores talentos del país, independientemente de su filiación política, que estén dispuestos a comprometerse con el Proyecto Nacional, complementando sus conocimientos y capacidades en un equipo de alto desempeño que comprenda la complejidad de la problemática nacional y tenga clara las acciones que se deben ejecutar para superar los problemas que castigan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Ser Comandante en Jefe de la Fuerza Armada: Para lo cual debe contar con ascendencia ética y moral, liderazgo político y apoyo popular. Debe inspirar respeto, reconocimiento, respaldo y tener claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición, dado el alto grado de poder económico acumulado e identificación política con el chavismo. Debe ofrecerle incentivos a la institución armada para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Ser Jefe de la Hacienda Pública: Debe ser capaz de administrar con transparencia y probidad las finanzas públicas, recuperar la industria petrolera para generar las divisas e ingresos fiscales que la reconstrucción nacional necesita, y construir un nuevo acuerdo nacional a fin de rentabilizar las reservas petroleras a través de la creación de fondos para ahorrar e invertir la renta, cuyos rendimientos serán utilizados como fuente de recursos complementarios del Presupuesto Nacional.

Formular y dirigir el Plan de Desarrollo Nacional: en función de corregir los desequilibrios macroeconómicos que contraen la actividad económica y generan inflación, crear un clima de seguridad jurídica y confianza para estimular la inversión productiva, generadora de empleo estable y bien remunerado que contribuya a recuperar el poder adquisitivo de los hogares y encauzar al país por la senda de la paz política y la prosperidad económica.

Los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos entre los dirigentes políticos que siguen hundidos en una destructiva diatriba que no los conecta con las necesidades del elector. Los candidatos del país descontento tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, de buena trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a votar.

Venezuela se juega su estabilidad y prosperidad en el próximo ciclo electoral en el que se escogerá al Presidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Los ciudadanos venezolanos debemos estar conscientes del enorme poder de cambio y transformación que juntos podemos lograr si ejercemos masivamente nuestros derechos civiles y políticos de votar y votar bien. 

Contradicciones en la oposición: ¿Habrá candidato único y unitario?

 Unidad y lucha de verdades parciales y antagónicas: 

¿Habrá candidato único y unitario? 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

El país descontento con el gobierno aún tiene la expectativa de que el bloque de la oposición que cohabita con el gobierno llegue a un acuerdo electoral con el otro bloque que tiene el respaldo de EEUU, razón por la cual mira con desprecio y exclusión a los otros sectores de la oposición.

Este sector que se arroga la condición de ser la auténtica y mayoritaria oposición, y se asume como la oposición ganadora, exige a la Comisión Nacional de Primarias (CNP) que solo participen los “genuinos” opositores para evitar que el gobierno infiltre candidatos de su conveniencia.

Los factores que siguen enfrascados en esta confrontación no terminan de asumir que un cambio en el mando político del país solo será posible con la unidad de todas las oposiciones, a saber:

ü  La coalición de partidos que integran la Plataforma Unitaria

ü  Los nuevos partidos que integran la Alianza Democrática

ü  La tendencia radical liderada por María Corina Machado (MCM) y su partido Vente Venezuela

ü  La candidatura de Antonio Ecarri y la naciente coalición de Lápiz, Cambiemos y Avanzada Progresista

ü  La candidatura outsider del comediante Benjamín Rausseo

ü  El chavismo crítico organizado en torno a la Alternativa Popular Revolucionaria.

Pero la Plataforma Unitaria prefiere seguir siendo la oposición con apoyo internacional, que someterse a un gobierno de una oposición a la que considera falsa, colaboracionista, plagada de alacranes vendidos al régimen.

Por su parte, la Alianza Democrática prefiere seguir siendo oposición en otro gobierno de Maduro, que ser el socio maltratado y excluido en un eventual gobierno liderado por la Plataforma Unitaria.

Benjamín Rausseo y Antonio Ecarri apenas están construyendo su maquinaria electoral para poder movilizar y capitalizar a su favor el descontento nacional contra el gobierno y contra el liderazgo tradicional de la oposición.

MCM se desmarca de la Plataforma Unitaria y de la Alianza Democrática a quienes cataloga de oposición fracasada que no fue capaz de sacar al país de la crisis, a pesar del enorme respaldo internacional que recibió. Exige que la elección primaria se realice sin la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), y siembra preocupación y miedo en los electores al advertir que el uso de las captahuellas permitirá identificar a los votantes que luego serán víctimas de retaliaciones por parte del gobierno. Con tantas tensiones internas, las primarias corren el riesgo de terminar en un fracaso que dividiría y desmovilizaría a los electores.

Las contradicciones antagónicas y los arraigados odios entre las diferentes oposiciones y sus precandidatos impiden postular un candidato único y unitario. Así, lo más probable es que cada bloque de la oposición  compita con su respectivo candidato. Prefieren presentarse divididos y salir derrotados, que ver a su competidor por el liderazgo de la oposición, ganando la elección presidencial.

Las tensiones y contradicciones entre las diferentes oposiciones se manifiestan  en una lucha de dos verdades parciales y antagónicas que aleja la posibilidad de presentarse unidas en torno a un candadito único y unitario. Es una contradicción existencial dónde el triunfo de la tesis de una oposición es la muerte de la tesis del otro sector. De allí la obstinación en el todo o nada, el empeño en el que el ganador se lo lleve todo.

En esta confrontación fratricida, las oposiciones subordinan el interés nacional a sus proyectos políticos particulares y ambiciones personales. Siguen hundidos en su contradicción antagónica y existencial, divorciadas del clamor nacional, sin voluntad para dejar a un lado sus mezquindades y miserias, a fin de convocar al reencuentro, reconciliación y reconstrucción nacional. Más que la firme determinación de los diferentes bloques de la oposición de derrotar electoralmente a Nicolás Maduro, lo que está planteado entre ellos es una disputa por la conducción política de la oposición, la cual se dirimirá en las Presidenciales de 2024.

Por lo tanto, la elección primaria no será para definir el liderazgo de toda la oposición, sino para escoger al candidato de la Plataforma Unitaria que competirá no solo contra Nicolás Maduro, sino también contra el candidato de la Alianza Democrática, contra la candidatura de MCM y las candidaturas de Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri y el candidato del chavismo crítico. Será en las Presidenciales de 2024 cuando se definirá el verdadero e indiscutible liderazgo de la oposición, y será aquel que llegué de segundo, detrás de Nicolás Maduro.

Un candidato único y unitario es una condición clave para recuperar la confianza en el voto. Mejorar las condiciones electorales es necesario más no suficiente. Tan o más importante son las condiciones en las que se presente la oposición. La división y la abstención ponen a ganar al candidato oficialista, aumentan la probabilidad de que Nicolás Maduro convierta en mayoría su menguada base de apoyo electoral y sea reelecto Presidente de la República hasta el 2030.

Si las oposiciones se presentan divididas, el país descontento no tendrá confianza y esperanza en que a través del voto podrá lograr el cambio que necesita y espera. Es hora de que los diferentes bloques de la oposición reflexionen y recapaciten para dejar a un lado sus proyectos particulares y ambiciones personales, y postulen un candidato único y unitario que permita capitalizar electoralmente el enorme descontento con el actual gobierno y lograr un cambio en el mando político por la vía democrática, electoral y pacífica.