En medio de una espiral inflacionaria, los aumentos del salario mínimo se convierten en pura ilusión monetaria: nominalmente se gana una mayor cantidad de bolívares, pero en realidad se compran menos bienes.
En medio de una espiral inflacionaria, los aumentos del salario mínimo se convierten en pura ilusión monetaria: nominalmente se gana una mayor cantidad de bolívares, pero en realidad se compran menos bienes.
En Venezuela, el 80 % del ingreso integral corresponde al pago de bonos. El salario pesa poco en el total de remuneraciones. Lo importante son los bonos, pero estos no aplican para el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, utilidades entre otros.
El salario mínimo debería ser equivalente al costo de la CAF (Canasta Alimentaria Familiar) para 4 personas, pero no alcanza para comprarla. Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, en abril de 2022 la remuneración promedio de los trabajadores del sector comercio en el Área Metropolitana de Caracas fue de 117 $/ mensual. Apenas cubre el 25 % de la CAF. En el sector público, el salario mínimo de 30 $/mes alcanza para comprar 6% de la CAF.
Víctor Álvarez R.
Las sanciones financieras y comerciales impactan las actividades a lo largo de toda la cadena de valor, y limitan especialmente tres aspectos claves en el desempeño de la industria petrolera:
ü Procura de bienes y servicios: Impide el acceso a equipamientos, repuestos, químicos, diluyentes, tecnologías y servicios de operadores e ingeniería. El sobreprecio puede llegar a ser siete veces los costos originales.
ü Fuentes financieras: Restringe el acceso a la banca internacional y a los recursos propios de la industria para realizar operaciones de mantenimiento y nuevos proyectos. El incremento es de hasta 30% en tasas de interés regulares.
ü Mercados internacionales: El petróleo venezolano no se puede vender ni en EEUU ni en Europa, encontrar nuevos mercados impone descuentos de hasta 17 $/barril sobre el precio de referencia Brent, más el sobreprecio que aplican las navieras para transportarlo.
Para profundizar en el análisis del desempeño de la industria petrolera con y sin sanciones, en este nuevo episodio de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Reinaldo Quintero, Presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Le invitamos a ver la conversación completa en el nuevo video de #PedagogíaEconómica https://youtu.be/7FmLrwlkhiI
Las sanciones económicas que aplicó la Administración Trump contra Venezuela finalmente no funcionaron para forzar un cambio de gobierno y su prolongación está afectado poderosísimos intereses estadounidenses:
ü Compañías petroleras como Chevron fueron obligadas a interrumpir sus operaciones en Venezuela, lo cual les ha causado pérdidas millonarias.
ü Los inversionistas que compraron bonos de PDVSA no han podido cobrar un solo centavo.
ü Proveedores estadounidenses que vendían repuestos y equipos a Corpoelec, Hidroven, PDVSA Gas y CANTV no pueden exportar sus productos a Venezuela.
Todos estos intereses afectados hacen lobby ante la OFAC, el Departamento del Tesoro y otras instancias de la administración Biden para que flexibilicen las sanciones económicas y puedan recuperar sus negocios en Venezuela.
EEUU piensa y actúa en función de sus intereses nacionales y la flexibilización de las sanciones hay que analizarla bajo esa lógica. La Administración Biden necesita sustituir el petróleo ruso por crudos venezolanos para frenar el alza de los precios en los combustibles y evitar el costo político-electoral en los comicios de noviembre.
Para garantizar que los ingresos petroleros adicionales que reciba Venezuela sean destinados a financiar los programas de la emergencia humanitaria y repotenciar los servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, se propone crear un Fondo Humanitario Venezolano, el cual funcionaría bajo la supervisión internacional de organismos como el PNUD, OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos.
La sociedad civil debe alzar su voz para exigir que la flexibilización de las sanciones sea a cambio de crear un Fondo Humanitario que priorice el uso de los ingresos petroleros adicionales para aliviar los graves problemas que afectan a la empobrecida sociedad venezolana. De lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo va a servir para que Chevron recupere sus negocios en Venezuela, para que los bonistas cobren la deuda que tienen pendiente o para que los proveedores estadounidenses vuelvan a exportar sus productos al país, pero si no se crea un Fondo Humanitario, esos ingresos no se reflejarán en una mejora de las condiciones de vida de las familias venezolanas.
Escuche la explicación completa en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t.co/vHoetrP0h2
Víctor Álvarez R.
En esta sexta entrega de la serie "Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales" hemos invitado a Lope Mendoza, ex vicepresidente de Fedecámaras y ex presidente de Conindustria. Analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes, proveedores, redes de suministro y cadenas de valor internacional.
• "Las exoneraciones de aranceles e IVA a las importaciones de más de cuatro mil referencias de producto terminado están causando un grave daño, sobre todo a la industria química venezolana."
• "Los sanciones de los Estados Unidos han obligado a una gran cantidad de importadores venezolanos a cambiar su fuente de suministro y también sus fuentes de nuevas tecnologías. En consecuencia, se está cambiando de la visión occidental - que tradicionalmente era parte de la estructura de desarrollo del país - a la visión oriental."
El déficit fiscal significa que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Por lo tanto, inyecta más poder de compra del que sustrae por la vía del cobro de impuestos. Para cubrir el déficit, el BCV emite dinero sin respaldo en la producción y al inyectar esa masa de dinero a la circulación, sucede que muchos bolívares salen a comprar unos bienes cada vez más escasos.
En esta cuarta entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Roberto Rimeris, Presidente de la Cámara de la Industria del Vestido.
Analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.
• "Los espacios vacíos dejados por proveedores estadounidenses y europeos son llenados por empresas de países sancionados que no temen hacer negocios con Venezuela".
• "Estamos siendo sustituidos por una competencia extranjera que no cumple con las regulaciones sanitarias, ambientales ni laborales, que no paga aranceles ni impuestos; estamos siendo gravemente perjudicados por esta competencia desigual y desleal".
• "Hay que segmentar muy bien qué sanciones son necesarias mantener para que los culpables de delitos sigan siendo castigados, diferenciados y separados".
Las sanciones internacionales son utilizadas para cambiar el comportamiento de un régimen que viola derechos humanos o ejecuta acciones que ponen en peligro la paz y seguridad internacionales. En Venezuela se aplicaron no para estimular un cambio en las políticas sino para forzar un cambio de gobierno que no se logró y su prolongación ha generado efectos colaterales sobre organizaciones humanitarias y empresa privadas. Veamos el tipo de sanciones que se suelen aplicar para identificar cuáles de ellas se deberían flexibilizar debido a los efectos no deseados que están causando:
Implica anulación de visas y bloqueo de activos y propiedades de personas jurídicas y naturales responsables de actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Entre los sancionados figuran ministros, militares, magistrados del TSJ y rectores del anterior CNE.
La Orden Ejecutiva N° 13224 acusa al gobierno venezolano de no cumplir con los acuerdos internacionales antinarcóticos y de no cooperar con EEUU en la lucha contra el terrorismo, razón por la cual prohibió la comercialización de armas con Venezuela.
Aparte de las sanciones personales se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA, BCV, BANDES y otras empresas e instituciones públicas.
Inmovilizan recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras.
En agosto 2017 la OE 13808 prohibió el acceso de la República y Pdvsa a los mercados financieros de EEUU.
En marzo 2018, la OE 13827 prohibió las transacciones del criptoactivo Petro.
En mayo 2018, la OE 13835 prohibió la compraventa de Bonos de Deuda Venezolana.
Prohíben a cualquier empresa estadounidense realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.
En noviembre de 2018 y enero de 2019, la OE 13850 bloqueó activos de la República y Pdvsa en territorio de EEUU y se prohibió a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA.
En el 2019-2021, se sanciona a Minerven por operaciones ilegales con oro venezolano, a un banco en Moscú por triangular fondos de PDVSA y a navieras rusas por transportar petróleo venezolano.
En agosto 2019, la OE 13884 congeló activos de la República en EEUU y prohibió hacer operaciones con el gobierno de Maduro, lo cual limitó la labor de organizaciones humanitarias que tienen que interactuar con instituciones del gobierno para la entrega de comida, medicinas, equipos médicos y remesas. Para corregir estos daños colaterales, en abril 2020 la OFAC emitió una guía dirigida a organizaciones de ayuda humanitaria para que reporten las barreras derivadas de las sanciones.
El régimen se aprovecha de los efectos colaterales que generan las sanciones sectoriales para esconder su fracaso y desarrollar una narrativa de resistencia épica antiimperialista.
Por eso, en la Carta Abierta al Presidente Biden se plantea que: Las sanciones económicas no lograron sus objetivos de forzar un cambio de gobierno. No se plantea levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, ni eliminarlas incondicionalmente. Lo que se plantea ahora es utilizarlas como un incentivo para que el gobierno cambie sus políticas y mejore las condiciones sociales, económicas y político-electorales.
Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
En esta tercera entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Francisco Martínez, ex Presidente de Fedecámaras.
Analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.
• Sanciones económicas han tenido un severo impacto en empresas públicas y privadas.
• Sus efectos han sido devastadores para un gran número de empresas porque ha conllevado al cierre y pérdida de puestos de trabajo.
• Lo que comenzó como una herramienta de presión contra ciertos funcionarios, derivó en sanciones financieras y comerciales que ha asfixiado a la economía venezolana.
Víctor Álvarez R.
¡Ahora resulta que las sanciones son buenas para la reactivación económica y el bienestar social de los venezolanos! En respuesta a la publicación de la Carta Abierta al Presidente Biden, defensores de las sanciones niegan que su aplicación haya agravado la crisis humanitaria. Afirman que “lo peor de la crisis humanitaria se gestó en un ambiente libre de sanciones” y que “las condiciones socioeconómicas y la crisis humanitaria han mejorado y se han aliviado a partir de la aplicación de las sanciones”. Ponen en duda que “el alivio de la sanciones y permitir el regreso de inversiones en el sector petrolero, pueda tener un efecto positivo sobre el bienestar de los venezolanos”.
Un efecto “positivo” que se atribuye a las sanciones es el de forzar una apertura y liberalización del modelo económico estatista, expropiador y controlador. Ciertamente, la asfixia que generan las sanciones económicas deja al régimen sin capacidad de financiamiento. La necesidad de sobrevivencia obligó al gobierno a ser pragmático y olvidarse de un modelo que no dio resultados. Por eso ha dado un viraje y ha puesto en marcha un proceso de desregulación, liberalización, dolarización, privatización, apertura a la inversión extranjera y a toda clase de importaciones sin arancel que desplazan y arruinan la producción nacional.
Los prosanciones argumentan que los capitales de origen venezolano en el sistema financiero internacional están bajo sospecha y que -temerosos de ser congelados-, son repatriados e invertidos en Venezuela. Atribuyen a las sanciones ser la causa de la repatriación de capitales y el aumento de las importaciones que actualmente se observa en la multiplicación de bodegones, redes de farmacias, cadenas de artefactos electrodomésticos, agencias de automóviles y restaurantes de lujo.
De ser la repatriación de capitales un efecto cuantitativamente relevante de las sanciones, esto se tendría que reflejar en un aumento sustancial de las reservas internacionales. Y en el supuesto de que la repatriación de capitales estuviese financiando el boom de importaciones, éstas deberían crecer más rápido que los ingresos por exportaciones y remesas, y reflejarse en un déficit de cuenta corriente. Hasta ahora no se registra un aumento significativo de las reservas internacionales y las importaciones son estimuladas por la apertura del mercado interno y un tipo de cambio sobrevaluado que abarata aún más las importaciones que se hacen sin pagar arancel ni IVA.
Hay que dejar bien claro que las sanciones no son la causa de la debacle de Pdvsa, pero si agravaron el colapso de una industria petrolera que ya venía severamente castigada por la mala gestión y la corrupción. Las sanciones petroleras impiden a las transnacionales estadounidenses y europeas seguir operando en Venezuela. Los espacios vacíos son ocupados por otras compañías procedentes de países igualmente sancionados que tejen alianzas para burlar las sanciones. Las empresas privadas venezolanas tampoco pueden ser contratistas del Estado porque corren el riesgo de ser sancionadas. Poderosos intereses estadounidenses y europeos han sido afectados por las sanciones financieras y comerciales. Quienes invirtieron en la compra de bonos de Pdvsa y la República no han podido cobrar un solo centavo.
Los efectos positivos que se atribuyen a las sanciones se quedan muy por debajo de los daños directos que causaron a la industria petrolera, tenedores de bonos y empresas privadas venezolanas.
Por todas estas razones, resulta absurdo argumentar que las sanciones han mejorado la situación del país. Las medidas coercitivas unilaterales se aplican para causar daño, para dejar sin recursos al régimen que se quiere cambiar. Pero si las sanciones están contribuyendo a mejorar la situación económica y social de Venezuela, quienes quieren forzar un cambio de gobierno no deberían pedirle a la Administración Biden endurecer ni mantener las sanciones, sino más bien levantarlas y eliminarlas.
Vea el análisis completo en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
Víctor Álvarez R.
En esta segunda entrega de la serie Diez Conversaciones Estelares con Diez Líderes Empresariales hemos invitado a Jorge Roig, ex Presidente de Fedecámaras y actual representante del sector empresarial venezolano en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con Jorge Roig analizamos los efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada venezolana, clientes y proveedores, redes de suministro y en la inserción de Venezuela en las cadenas de valor internacional.
Las sanciones se extienden a empresas privadas que tengan negocios con el Estado venezolano y quienes sean descubiertos haciendo negocios con el gobierno corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados.
Como es difícil saber si una empresa privada venezolana tiene alguna triangulación con una empresa pública, entonces los proveedores y clientes internacionales prefieren no correr el riesgo de ser sancionados y suspenden unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Así se han roto cadenas de suministro de larga tradición.
La banca estadounidense ha restringido operaciones con clientes venezolanos sin distinguir si son empresas públicas o privadas, incluso ONG y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a instituciones venezolanas.
El gobierno aprovecha estos efectos colaterales no deseados para desarrollar una narrativa épica de resistencia antiimperialista que le sirve de pretexto para evadir la responsabilidad que tiene su política de controles y expropiaciones en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Vea la conversación completa con Jorge Roig (@jorgeroig) en el nuevo video de #PedagogíaEconómica Mira el vídeo aquí
El ex presidente de Fedecámaras hace tres recomendaciones:
ü Que haya un claro mensaje del alto gobierno de EEUU sobre la disposición de flexibilizar las sanciones debido a su efecto indeseado sobre el sector privado.
ü Apertura de un canal expedito de comunicación con la OFAC para que tanto proveedores como organismos financieros internacionales y agentes económicos venezolanos puedan hacer consultas y resolver problemas.
ü Mensaje oficial a sectores empresariales americanos, europeos y organismos financieros para que no carguen la mano en el sobrecumplimiento de las sanciones.
El declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía venezolana comienzan a partir del año 2014, mucho antes de que comenzarán a aplicarse las sanciones económicas. No son la causa sino el agravante de una crisis económica y social que venía de mal en peor.
Además de las sanciones personales a funcionarios del oficialismo, se han aplicado sanciones financieras y comerciales a PDVSA y otras empresas. Las financieras inmovilizan bienes y recursos de la República, impiden recibir y realizar transferencias bancarias, gestionar créditos y otras operaciones financieras. Las comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense -o extranjera con operaciones en territorio de EEUU- realizar operaciones de compra-venta de bienes y servicios con empresas administradas por el gobierno venezolano.
La justicia estadounidense considera un delito grave colaborar con el gobierno venezolano para evadir las sanciones. Quienes sean descubiertos corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. Esto inhibe a clientes y proveedores internacionales de mantener sus negocios con Venezuela. Como suele ser difícil saber si a través de un intermediario privado se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública, prefieren no correr el riesgo y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país. Nadie quiere arriesgar sus negocios en un mercado tan grande como el de EEUU por mantener negocios con Venezuela.
Las transnacionales petroleras fueron obligadas a abandonar sus operaciones en Venezuela, bancos estadounidenses han cerrado cuentas de empresas, organizaciones y personas venezolanas; tenedores privados de bonos de PDVSA no los pueden negociar ni transferir; proveedores de dominios en Internet han suspendido cuentas de usuarios nacionales; ciudadanos y empresas estadounidenses ni siquiera pueden comprar un boleto de Conviasa porque eso sería hacer negocios prohibidos con el gobierno venezolano.
Quienes defienden las sanciones argumentan que éstas no prohíben las transacciones relacionadas con el suministro de alimentos y medicinas, pero al castigar las exportaciones de petróleo e impedir pagos internacionales, dejan al país sin los ingresos necesarios para poder comprarlos. También se dificulta y encarece la comprar de materias primas, insumos, maquinarías y equipos.
Pdvsa, Hidroven, Corpoelec, Pdvsa Gas, Cantv y demás empresas públicas han perdido sus tradicionales proveedores estadounidenses y europeos. Se han roto redes de suministro y cadenas de valor internacional en las que estaba inserta Venezuela. Al amparo de la Ley Antibloqueo, los espacios vacíos son ocupados por empresas de otros países también sancionados que han desarrollado estrategias para moverse en un terreno minado y hacer negocios poco transparentes y de alto rendimiento, en menoscabo del interés nacional.
En efecto, para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y secretas transacciones con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar la producción de Pdvsa en los mercados internacionales. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el gobierno distribuye clientelarmente.
Cuatro años después, los hechos indican que las sanciones económicas no funcionaron para forzar el cambio político con el que justificaron su aplicación. Por el contrario, han causado daños colaterales a las empresas privadas, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, agravando las precarias condiciones de vida de los sectores más vulnerables, dándole al gobierno el pretexto perfecto para construir una narrativa épica de resistencia antiimperialista y evadir la responsabilidad que tuvo la nefasta política de controles, expropiaciones y corrupción en la crisis económica y social de la nación. Lucifer
Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos de Venezuela, defensores de la democracia, firmaron una Carta Abierta al Presidente Biden y solicitaron reimpulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que desembocara en un cambio de gobierno. Argumentan que la prolongación de las sanciones ha generado efectos colaterales no deseados sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y deben ser revisadas. La polémica no se hizo esperar.
El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la Carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos”.
En ninguna línea de La Carta se lee una petición de levantar las sanciones personales a quienes han violado derechos humanos, cometido actos de corrupción y han incurrido en el lavado dinero. En el texto tampoco se plantea eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.
Lo que si se sugiere es revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causan efectos colaterales en organizaciones humanitarias y en la empresa privada e impiden generar las divisas que el país necesita y otros sectores económicos distintos al petróleo aún no están en capacidad de generar, debido a su poca competitividad internacional.
La Carta hace mención a la crisis humanitaria de un país que después de ufanarse de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se descalabró al extremo de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. En el texto se plantea adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que el país perciba por la flexibilización de las sanciones se destinen -bajo supervisión internacional- a atender las necesidades urgentes de los venezolanos.
La Carta plantea la necesidad de reactivar el proceso de negociación que se interrumpió en México, cuya reanudación necesita facilitación y apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En unos casos, una sanción concreta se removerá si y solo si el gobierno cumple con un determinada condición; en otros casos habrá que levantar primero las sanciones para destrancar el proceso.
La Carta deja claro que las sanciones no han sido la causa de la crisis económica y social que azota a Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas equivocadas y en una voraz corrupción. Las sanciones fueron diseñadas para causar daño y lo lograron al agravar la crisis económica y social, pero no lograron provocar el estallido social que supuestamente provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales sobre las empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.
Incluso, poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, toda vez que las sanciones obligaron a las transnacionales petroleras a abandonar sus negocios en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de la deuda externa emitida por Pdvsa y la República han podido cobrar un centavo.
Negar que las sanciones han causado daños a la economía y la sociedad solo puede venir de una dirigencia política ausente, desconectada de la dramática realidad que sufre el país por la nefasta combinación de malas políticas gubernamentales causantes de la crisis, y unas sanciones económicas que la agravan.
¿Quiénes son Los abajo firmantes?
La carta fue inicialmente firmada por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.
Ninguno de los 25 firmantes se arroga la representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y en conjunto forman un coro de voces cuyas opiniones ejercen influencia en la opinión pública venezolana. Se les ha llamado Los abajo firmantes pero no son ni un think tank, ni una ONG, ni mucho menos un partido político.
Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son voceros de ninguna organización sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional, y autoridad ética y moral. Su objetivo fue romper la inercia y estimular un debate necesario en un país descontento, que no cuenta con una dirigencia política que interprete el sentir nacional y le ofrezca una mejor alternativa a la de continuar bajo el mando de un gobierno autoritario y principal responsable de la crisis que sufre la nación.
Según Datanálisis, el rechazo a los partidos es cada vez mayor y sus mediciones coinciden con otras encuestadoras serias del país. Maduro tiene solo 18% de apoyo popular y un 67% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, pero también las encuestas dicen que sólo un 15% de los venezolanos creen que la oposición es capaz de generar un cambio. El 70 % de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.
La Carta es una iniciativa de gente muy diversa que tiene por delante el reto de explorar otras coincidencias para mantenerse unida. Se diferencia de otras iniciativas que irrumpen en el debate público con una visión compartida, unidad de criterios y estructura organizativa.
El punto de confluencia entre los firmantes de La Carta es su interés común por una solución política a la crisis venezolana. Esto pasa por reactivar las negociaciones en México, por complementar capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y por revisar aquellas sanciones económicas que están generando efectos no deseados sobre las empresas privadas y las organizaciones humanitarias. Si se quieren resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no van a funcionar para forzar un cambio de gobierno pero pueden funcionar para que el gobierno cambie sus políticas en función de lograr tres objetivos básicos:
ü Priorizar la atención a la emergencia humanitaria y detener el empobrecimiento de la población.
ü Seguridad jurídica y protección de inversiones para crear un ambiente propicio a la actividad económica.
ü Mejorar condiciones electorales de cara a unas Presidenciales 2024 a tono con estándares internacionales.
Escuche el contenido de la Carta Abierta al Presidente Biden en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica https://t1p.de/y9fhr