VENEZUELA: Condiciones políticas son más decisivas que condiciones electorales

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos a favor de alguno de los candidatos o partidos. Implica imparcialidad de los medios de comunicación públicos, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional. En Venezuela se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición, se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno.

Ciertamente, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo a los candidatos del gobierno. La fuerza electoral del chavismo viene cayendo, el malestar nacional continúa creciendo, pero la oposición se sigue absteniendo. En las Presidenciales que se convocaron en 2013 luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro casi pierde con Henrique Capriles: obtuvo 7.587.579 votos frente a 7.363.980. La diferencia fue de apenas 223.599 votos. A partir de entonces, el caudal electoral del oficialismo se debilita. La dinámica entre las Presidenciales de 2013 y 2018 revela que el voto de Maduro baja en números absolutos, pero aumenta en números porcentuales: en 2013 sacó 7.587.579 votos equivalente a 50,51% y en 2018 sacó 6.248.265 votos, equivalente a 66,51 %. Esto lo explica la abstención de la oposición.

Las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales, siempre y cuando se haga el trabajo de organización política para capitalizar electoralmente este enorme descontento. Pero la dinámica del voto opositor entre las Parlamentarias de 2015 y 2020 es catastrófica: se derrumba en números absolutos y se hunde en números porcentuales debido a que los partidos más importantes decidieron abstenerse y los que participaron se presentaron divididos. La oposición venezolana no logra capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno porque se abstiene o postulan varios candidatos que dispersan los votos, facilitando el triunfo de los candidatos oficialistas que a lo sumo mueven 20 % de los votantes.

Muchos dirigentes de la oposición venezolana, en vez de sudar la camiseta y gastar la suela recorriendo el país para movilizar electoralmente a la ciudadanía que quiere un cambio de gobierno, siguen esperando que su ascenso al poder sea el resultado del endurecimiento de las sanciones y de una mayor presión internacional. No celebran primarias para elegir los candidatos unitarios, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán los votos, no arman una fuerza de propaganda que promueva los candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional y, en vez de ofrecer al país opositor opciones de organización política, deciden abstenerse. Y desde la contemplación pasiva de quienes se abstienen, nuevamente se allanará el camino para que los candidatos del oficialismo ganen.

La intervención internacional, lejos de contribuir a unir a la oposición, lo que ha hecho es dividirla aún más. “Debido a su rol en actos y decisiones que socavan la democracia o como resultado de graves violaciones de derechos humanos”, la UE sancionó a 19 funcionarios venezolanos entre quienes figura un rector de la oposición en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos diputados de la oposición que fueron considerados como cómplices de una farsa electoral montada por el régimen. Muchos líderes sociales con arraigo popular que se quieren postular y pueden ganar, han decidido inhibirse por temor a ser sancionados e incluidos en una misma lista junto a funcionarios acusados de violar derechos humanos.

A fin de lograr candidaturas unitarias para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, lo que el 80 % de venezolanos que rechaza al gobierno de Nicolás Maduro espera de la comunidad internacional no es una clasificación de la oposición en auténtica oposición, supuesta oposición y alacranes, sino una mediación eficaz que facilite el entendimiento, no solo entre el gobierno y la oposición, sino también entre las diferentes corrientes de la oposición, incluyendo a los factores de izquierda que se desmarcan de la coalición gobernante del Gran Polo Patriótico,.

Pero la UE no reconoce la Asamblea Nacional electa en las Parlamentarias del 2020 y, siendo coherentes, tampoco reconocerá sus actos. Esto anuncia un inminente desconocimiento, tanto del nuevo CNE cuya elección está en marcha, como también de las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para diciembre de este año. La unidad de la oposición no se logrará exacerbando las descalificaciones entre los diferentes partidos y dirigentes, ni desconociendo cada elección que en Venezuela se realice. Eso no ayuda a retomar la ruta electoral ni a reconstruir la confianza en el voto para aprovechar unas favorables condiciones políticas, mucho más decisivas que las desventajosas condiciones electorales.

 

 

 

¿De qué se enferma la macroeconomía y cómo nos contagia?

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

El nuevo gobierno que resulte de unas elecciones limpias y transparentes recibirá un país en ruinas y tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, se verá obligado a sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por eso, a las medidas de ajuste macroeconómico suele atribuírseles un impacto social y costo político que desemboca en el fracaso de los gobiernos que las aplican.

¿Cómo explicarle al ciudadano de a pie, al pequeño y mediano empresario, a una ONG el impacto que tienen los desequilibrios macroeconómicos sobre el empleo, el poder adquisitivo de los presupuestos de hogares, empresas e instituciones, y en general sobre la calidad de vida y la prosperidad de una Nación? ¿Cómo explicarles qué es la macroeconomía, de qué se enferma y cómo nos contagia?

Si le hacemos un examen de sangre a la macroeconomía venezolana para ver como tiene la hemoglobina, el colesterol, los triglicéridos, ¿cuáles serían esos indicadores claves de la macroeconomía que tenemos que aprender a leer e interpretar, cuáles son los valores actuales y que tan lejos estamos de los valores normales?

En el debate político se suele escuchar una y otra vez que “sin cambio político no habrá cambio económico”. Sin embargo, el gobierno autoriza la apertura del mercado interno a toda clase de importaciones, levantó los controles de cambio y de precios, procede a desregular y liberar la economía, bendice la dolarización y, por si fuera poco, anuncia un proceso de apertura a la inversión extranjera y privatización de empresas públicas. ¿Se puede decir que ese conjunto de medidas conforman un Programa de Reformas Económicas?

¿Cuáles deberían ser las medidas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de precios, etc. que no deberían faltar en un verdadero Programa de Estabilización Macroeconómica? ¿Cuáles serían las medidas correctas, en qué orden lógico deberían ser aplicadas y cuál sería la velocidad de ejecución más adecuada para las condiciones en las que se encuentra el país?

¿Cuáles serían los indicadores macroeconómicos que tendrían que comenzar a dar rápidas y significativas señales de mejoría para que el ciudadano de a pie tenga la certeza de que el programa de reformas va por el camino correcto y debe ser apoyado? ¿Cuáles serían las victorias tempranas que se deben alcanzar en materia fiscal, monetaria, cambiaria, precios, PIB, etc.? ¿Con qué frecuencia se deberían evaluar los avances hacia los objetivos y metas planteados para estar seguros de que el programa de reformas fue bien diseñado y está siendo bien ejecutado?

Estas preguntas son respondidas por Leonardo Vera, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en la conversación que sostuvimos con él en el marco del ciclo “Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela”. Ver video https://youtu.be/F5aoax26Q5M

 1ra Temporada de #PedagogíaEconómica

10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela

¿A quién benefician y a quién perjudican las sanciones económicas?

Víctor Álvarez R. 

Premio Nacional de Ciencias

¿A quién benefician y a quién perjudican las sanciones económicas? 

El declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía comienzan a partir del año 2014. Las sanciones financieras se aplican en 2017 y las petroleras en 2019. Son la estocada final a una economía que ya venía muy mal.

¿A quién afectan realmente las sanciones? William Brownfield, exembajador de EEUU en Venezuela, reconoció que las sanciones tendrían “un impacto sobre el pueblo entero, sobre el ciudadano común y corriente y las comunidades de Venezuela” Y no tuvo ninguna consideración al agregar que “quizás sea la mejor solución para acelerar el colapso, aunque produzca un período de sufrimiento mayor por un período de meses o quizás años”.

Los defensores de las sanciones argumentan que éstas tienen excepciones en materia de alimentos y medicinas, pero al impedir la exportación de petróleo del que depende el 96% del ingreso en divisas de Venezuela, el país se queda sin recursos para importar los alimentos y medicinas que reciben los sectores más vulnerables.

La escasez de combustible también está asociada a las dificultades para importar insumos y repuestos para las refinerías, cuestión que impide el transporte de alimentos y la movilización de la población.

La extensión de las sanciones a terceros que se atrevan a tener negocios con empresas públicas venezolanas implica que sus cuentas y activos en territorio estadounidense pueden ser bloqueados. Esto inhibe a proveedores de Corpoelec, Hidroven, Pdvsa gas, Cantv y otras empresas públicas suministrar transformadores, compresores, bombas de agua, repuestos, etc. Por eso, las sanciones agravan el deterioro de los servicios de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, todo lo cual empeora aún más las precarias condiciones de vida de la población.

La banca estadounidense ha restringido las operaciones con muchos de sus clientes venezolanos, sin distinguir si son empresas públicas o privadas. Incluso, ONG y organismos internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a empresas e instituciones venezolanas.

La empresa privada está atrapada en el fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. No encuentra alternativa en un gobierno que sigue siendo muy hostil y la cataloga cómo conspiradora y aliada interna de la coalición internacional que lo quiere derrocar. Y la oposición que pide el endurecimiento de sanciones perjudica a los contratistas del gobierno. Este daño en sus negocios no lo reconocen públicamente las empresas privadas para no ser consideradas una caja de resonancia de la narrativa oficial que atribuye a sanciones la causa originaria de la crisis. La polarización las lleva a asumir posiciones políticas que perjudican sus propios intereses económicos.

Las sanciones económicas forman parte de una estrategia que tiene como fin forzar un cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, luego de tres  años de sanciones, ni la explosión social ni el levantamiento militar que supuestamente derrocarían al gobierno se han producido. La crisis  económica y social ha empeorado, Maduro sigue en el poder y no se siente amenazado por una oposición dividida y debilitada que no ha sabido capitalizar electoralmente el enorme descontento y malestar nacional.

Por el contrario, las sanciones le han dado al régimen un pretexto perfecto para construir una narrativa épica de resistencia y evadir la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones, sobrevaluación y corrupción en la debacle que ha sufrido la economía nacional.

Las sanciones económicas tienen que ser levantadas, pero a cambio de la mejora en las condiciones electorales. Un primer canje puede ser permitir la exportación de petróleo a EEUU a cambio de una renovación integral del poder electoral para convocar unas elecciones limpias y creíbles. El 50 % del ingreso petrolero que se genere sería destinado única y exclusivamente a importar alimentos, medicinas, vacuna contra el Covid, combustible y repuestos para reactivar la producción nacional. El otro 50 % sería depositado en un Fondo de Ahorro e Inversión cuyos rendimientos solo podrán ser utilizados como presupuesto complementario por el nuevo gobierno que resulte de las próximas elecciones que se convoquen. ¡Soluciones hay!

 

El capitalismo de clientes

 Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Ver video YouTube 

“El capitalismo de clientes” https://youtu.be/k3ReLIRB_mo

La necesidad de sobrevivir a las sanciones económicas obliga al gobierno a ser pragmático y olvidarse del socialismo estatista que no dio resultados. El Estado ya no puede sostener empresas públicas en bancarrota que no facturan ni siquiera para pagar la nómina y solo pueden sostenerse gracias a las transferencias que reciben del BCV. Éstas son emisiones de dinero sin respaldo que exacerban una voraz hiperinflación, destruye los presupuestos de hogares, empresas e instituciones, aumenta el malestar social y genera un costo político-electoral que el gobierno no quiere pagar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes.

Para mantenerse en el poder, el oficialismo está repensando el modelo económico basado en el control del Estado sobre la industria petrolera y otros sectores de la economía. Según el contenido de la Ley Antibloqueo y del Mensaje Presidencial a la Asamblea Nacional, el gobierno está dispuesto a dar un viraje a la política nacionalista y estatista, cediendo la operación de las empresas mixtas a sus socios privados y privatizando buena parte de las empresas públicas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción.

Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.

El capitalismo de clientes es un modelo de expoliación en el que solo unos poderosos grupos privilegiados, conectados con el poder político, logran monopolizar el acceso a los incentivos de las políticas públicas.

A diferencia de un modelo económico que crea capacidades productivas y tecnológicas, el capitalismo de clientes no busca estimular las fuerzas productivas, sino el saqueo de los recursos públicos y el despojo de la empresa privada. No destina recursos a construir grandes emporios económicos, no invierte en capital humano ni en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas. Su interés no es generar prosperidad sino acumular jugosas ganancias en negocios de alto riesgo.

El capitalismo de clientes surge en un contexto de restricciones presupuestarias y su modalidad es prestar auxilios financieros de alto costo para oxigenar a un gobierno asfixiado por el bloqueo y aprovechar así el remate de activos públicos subvaluados por los estragos de la crisis.

La apertura del mercado interno, el levantamiento de los contrales de cambio y de precios, la desregulación y liberalización de la economía, la privatización de empresas públicas y la creciente dolarización transaccional y financiera significan que las sanciones están generando unos efectos que los sancionadores no buscaron ni calcularon: un cambio económico sin cambio político está en marcha en Venezuela.

La Economía venezolana: Balance 2020, Perspectivas 2021

Víctor Álvarez R.

 Premio Nacional de Ciencias

Video: 

La Economía venezolana: Balance 2020, Perspectivas 2021 https://youtu.be/Hcj2jtPFucU

Sin estadísticas oficiales, cualquier balance o pronóstico sobre el desempeño pasado y futuro de la economía venezolana es muy incierto. Tratar de hacer un balance es tirar los dados, proyectar el desempeño futuro es jugar la lotería. Es tanta la incertidumbre que los datos generados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reflejan entre sí una gran diferencia. Dadas estas restricciones, apenas se pueden proyectar algunos escenarios a la luz de las pocas variables macroeconómicas con datos, tales como la emisión de dinero base, liquidez monetaria, reservas internacionales, tasa de cambio, inflación y extracción de petróleo.

Balance 2020

En 2020, el impacto de los errores de política económica fue agravado por el endurecimiento de las sanciones económicas y por la pandemia del Covid 19. La apertura comercial para enfrentar la escasez estimuló toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción agrícola e industrial del país. Comparado con 2019, en 2020 se estima una nueva contracción del PIB de 30%, para una contracción acumulada de 80% desde 2013. Las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y esto merma la recaudación de ISLR e IVA.

Después de haber alcanzado 3 millones 300 mil barriles diarios, la extracción de petróleo se redujo a menos de 400 mil, arrastrando el ingreso en divisas, las regalías y demás ingresos de origen petrolero. El gobierno no genera suficientes ingresos fiscales para cubrir el gasto público y financia a las empresas públicas a través de emisiones de dinero sin respaldo que realiza el BCV. Pero sin producción nacional ni reservas internacionales que respalde esta emisión desordenada de dinero, la moneda nacional pierde valor y por eso los precios se disparen. En 2020, la hiperinflación se mantuvo por encima de los dos dígitos, registrando picos de 65 % en los meses de enero y noviembre:

El Observatorio Venezolano de Finanzas de la AN estima que la inflación de diciembre se ubicó en 21,2% y la acumulada en 2020 llegó a 3.713 %.

Según la encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la reducción del 80 % del tamaño de la economía, el aumento del desempleo y la hiperinflación generaron un empobrecimiento de la población superior al 80%. En los hogares venezolanos, los ingresos que se obtienen no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Con una caída de 30 % del PIB, un aumento de los precios de 3.713 % y 54,4% de la población económicamente activa sin trabajo, en 2020 Venezuela se llevó la siniestra triple corona de ser el país con mayor colapso económico, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.

Perspectivas 2021

Con el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid se espera la reactivación de la actividad económica global. En ese contexto, los migrantes venezolanos recuperarán sus trabajos y reanudarán el envío de remesas a sus familiares y contribuirán a reanimar el consumo privado que será la principal fuerza motriz de la dinámica económica interna.

El gobierno ya no cuenta con la otrora renta petrolera cuyo reparto utilizó como un instrumento de dominación económica y social, tampoco cuenta con recursos para recuperar la industria petrolera. Y en una economía largamente contraída, el fisco no recauda suficiente ISLR e IVA para financiar el gasto público.

Para sobrevivir, el gobierno se ha visto obligado a levantar los controles y flexibilizar cada vez más las regulaciones a fin de estimular la inversión privada. La apertura a la inversión extranjera en los sectores de petróleo, gas y minería, así como la privatización de empresas públicas deficitarias le servirá al gobierno para recuperar la recaudación de ISLR e IVA, moderar la emisión de dinero inflacionario y evitar el costo político que no quiere pagar en un año en el que están previstas las elecciones de gobernadores y alcaldes.

Para estimular la inversión extranjera y las exportaciones que generen divisas, el BCV está emplazado a revisar la política monetaria restrictiva que tiende a frenar la evolución normal del tipo de cambio, genera una tendencia a la sobrevaluación y castiga la competitividad de las exportaciones privadas no petroleras. En Venezuela, no resulta fácil producir para exportar. La mala calidad de los servicios públicos y de la infraestructura genera un sobrecosto que castiga la competitividad internacional. Y si a esto se le suma un tipo de cambio sobrevaluado que no permite cubrir los altos costos de producción internos, se hace inviable producir para exportar, ni generar las divisas que ya no aporta el petróleo.

En el año 2021, las sanciones comerciales y financieras acelerarán la apertura del mercado interno, la liberalización económica y la privatización de empresas públicas. Un cambio económico sin cambio político se ha puesto en marcha en Venezuela. El capitalismo de clientes anuncia su llegada y comienza a dar su primeros pasos sobre los escombros que dejó el fracasado modelo estatista del socialismo del siglo XXI.

Sin estadísticas oficiales, cualquier balance o pronóstico sobre el desempeño pasado y futuro de la economía venezolana es muy incierto. Tratar de hacer un balance es tirar los dados, proyectar el desempeño futuro es jugar la lotería. Es tanta la incertidumbre que los datos generados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reflejan entre sí una gran diferencia. Dadas estas restricciones, apenas se pueden proyectar algunos escenarios a la luz de las pocas variables macroeconómicas con datos, tales como la emisión de dinero base, liquidez monetaria, reservas internacionales, tasa de cambio, inflación y extracción de petróleo.

 

Crisis humanitaria, Covid 19 y pulverización del bolívar impulsan la economía no monetaria

Para el sistema tradicional de cuentas nacionales, la actividad económica formal es aquella que se concreta cuando una mercancía pasa de una a otras manos a cambio de dinero y esta operación de compra-venta queda registrada en una máquina fiscal que genera una factura. Pero en Venezuela, la crisis humanitaria, el aislamiento social que impone la pandemia del Covid 19 y la pulverización de la moneda nacional han estimulado la producción e intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades vitales, sin utilizar el dinero.

Estamos en presencia del desarrollo de una economía no monetaria, compuesta por una amplia gama de actividades socialmente cohesionadoras, que no es debidamente registrada por las estadísticas económicas convencionales. Estas se enfocan en las relaciones monetario-mercantiles y no miden la riqueza que se crea a través de las relaciones de cooperación que rigen el trabajo voluntario y solidario de las organizaciones no lucrativas.

Los protagonistas de este esfuerzo productivo son emprendedores sociales comprometidos con la atención de sus familias y comunidades. Producen e intercambian bienes y servicios no para obtener una ganancia, sino para responder a sus necesidades básicas y esenciales. En la economía no monetaria, los creadores de la riqueza se relacionan con otros productores a través del intercambio del fruto de una actividad no lucrativa. Crean un valor no monetizado que en estos tiempos de crisis humanitaria, Covid y disolución de la moneda nacional ha sido un soporte clave para atender necesidades vitales de los sectores más vulnerables de la población.

La economía no monetaria también tiene un establecimiento productivo en cada hogar. Imaginemos a cuánto ascendería la factura si tuviéramos que pagar a otros por los desayunos, almuerzos y cenas que se consumen en cada familia, por la ropa que se lava y plancha, por las noches de hospedaje y cuidados que recibe un familiar enfermo, por el transporte de los hijos al colegio. Si contabilizáramos todo esto nos daríamos cuenta de cuánto aporta la economía no monetaria al PIB. Pero se trata de una economía oculta que a pesar de generar una inmensa riqueza de bienes y servicios para la vida, no es incluida en las estadísticas del PIB.

También hay otras formas de economía no monetaria cuyo impulso está asociado a la expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Los correos electrónicos hace rato dejaron atrás las cartas que antes se enviaban por correo postal; las fotos digitales sustituyeron las fotos impresas en un estudio fotográfico; cada vez se compran menos libros y música en formato físico y se descargan a través de Internet; los pagos y transferencias a través de la banca electrónica sustituye el trabajo remunerado del empleado bancario; y, en la salida de los supermercados se instalan escáner que suman el precio de los productos que van en el carrito y lo cargan automáticamente a la tarjeta de crédito que se utilizó al entrar. El teletrabajo y la modalidad del comercio electrónico han facilitado millares de emprendimientos familiares y cooperativos.

Superada la pandemia, la economía no monetaria seguirá creciendo por la inercia preventiva que se mantendrá hasta que la población haya sido vacunada. El autoservicio será un mecanismo de defensa social que sustituirá el trabajo remunerado de vendedores y mesoneros en comercios y restaurantes. Y este será un trabajo gratis que cada uno de nosotros hará para conformar una nueva economía en la que un importante porcentaje del nuevo valor creado por nosotros mismos no será remunerado, ni mucho menos contabilizado en las estadísticas del PIB ni sistemas de cuentas nacionales. Esa es la Economía NO monetaria.

 

¿Cuál es la siniestra triple corona que Venezuela se puede ganar?

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Según la AN, la inflación de octubre fue de 23,8 %, la interanual entre octubre de 2019 y 2020 fue de 3.332 %, y la inflación acumulada en lo que va de año llegó a 1.798,57 %.

En los países vecinos y principales economías exportadoras la inflación está lejos del 10 % anual. Por eso allá los productos son más baratos que Venezuela. Como el gobierno se empeña en frenar artificialmente el precio del dólar a través de una política monetaria restrictiva que deja sin liquidez a la banca, esto estimula toda clase de importaciones baratas que compiten ventajosamente con la producción nacional. El auge de los bodegones es la ruina para la agricultura y la industria del país.

El impacto del Covid-19 agrava el colapso económico originado por la inseguridad jurídica y las malas políticas del gobierno. La contracción global afectó la demanda de petróleo y materias primas que Venezuela exporta para generar divisas. Y el bloqueo fue el golpe de gracia a una economía moribunda. Según datos del  Banco Mundial, en 2013 el PIB venezolano era de $ 438.384 millones y para 2020 se habrá reducido a $ solo 48.610 millones, para una contracción acumulada de 81,2% en siete años. Esto también golpea los ingresos fiscales de un gobierno que se sigue financiando con emisiones de dinero sin respaldo para poder sostener empresas públicas deficitarias que no facturan ni para pagar la nómina.

A medida que se contrae el tamaño de la economía, la relación deuda/PBI aumenta. Venezuela debe mucho pero cada vez produce menos. No tiene capacidad de pago y por eso los bonos venezolanos se rematan a menos del 20 % de su valor nominal. Nadie en su sano juicio quiere tener deuda venezolana en su portafolio.

A lo largo de 2020 la actividad económica cayó incesantemente mientras que la liquidez monetaria siguió subiendo. Esto significa que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes y esto dispara aún más los precios. Para el momento de hacer este análisis, según la tasa de cambio oficial del BCV, un dólar cuesta 646.322,88 bolívares. La moneda nacional perdió su poder de compra y nadie quiere que le paguen en bolívares.

En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI estima que el PIB de Venezuela acumulará una nueva caída de 25 % en 2020, la inflación llegará a 6.500% y el desempleo a 54,4%. En 2020 Venezuela puede alcanzar la siniestra triple corona de ser el país con mayor caída del PIB, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.

Este coctel de caída del PIB, inflación y desempleo ha empobrecido aceleradamente a la población. Según la encuesta ENCOVI, 79,3 % de las familias venezolanas vive en condición de pobreza y sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y esenciales.

La crisis económica venezolana es la mayor de Latinoamérica en toda su historia y una de las diez mayores a nivel mundial. Pero por muy espeluznantes que luzcan estas cifras, ninguna logra expresar con toda su crudeza la terrible tragedia humana que representan más de cinco millones de venezolanos que han migrado huyendo del desempleo, el hambre, la persecución política y la inseguridad.

¡Venezuela tiene que cambiar!

Ley Antibloqueo y el fantasma de la privatización rusa

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

La Ley Antibloqueo sigue generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34 “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En el Artículo 35 “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36 “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley  que supongan la desaplicación de normas de rango legal”

Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta Ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de  los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.

¿Por qué Citgo está a punto de ser rematada?

 

Víctor Álvarez R.

Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la Juez Katherine Polk citó al ex Procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono PDVSA 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar $ 71 millones de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.

Ley Antibloqueo: ¿promoción de inversiones o privatización camuflada?

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

La Ley Antibloqueo tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al gobierno venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar las sanciones y el bloqueo. La polémica no se ha hecho esperar toda vez que se trata de una Ley por encima de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado.

¿Cuánto más subirá el precio dólar?

 Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

La política monetaria restrictiva dejó sin liquidez a la banca, restringió el crédito bancario y redujo la demanda divisas, cuyo precio se frenó en comparación con el resto de los precios. Así, mientras la mayoría de las mercancías registra aumentos significativos, el precio del dólar no sube a la misma velocidad y por eso las familias y empresas tienen que cambiar cada vez más dólares para pagar en bolívares la misma cantidad de productos. Esta brecha da origen a una sobrevaluación de la tasa de cambio que genera en la gente la impresión de una inflación en dólares.

En septiembre de 2020, la tasa de cambio superó los 430.000 Bs/$. Agréguele a esta cantidad los ocho ceros que le quitaron a los billetes viejos y le dará una cifra que pocos pueden leer. (43.000.000.000.000 Bs/$). Nuevamente el precio del dólar se ha desquiciado y su impacto sobre la hiperinflación no se hará esperar. Esto se debe a la reciente medida del BCV de liberar 30 billones de bolívares semanales del 90% de las captaciones del público que los bancos están obligados a congelar bajo la figura del encaje legal. Este monto equivale a unos $ 80 millones.

¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?

 Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

En 1998 la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones, $ 23.000 millones eran deuda de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa.  En 2008,  la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A raíz de la suspensión de los pagos en el año 2017 se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso el monto de la deuda no deja de crecer. Para finales de 2020 se estima en más de $ 140.000 millones. En 20 años la deuda se cuadruplicó y equivale a un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. En 2008 representaba el 53% de los ingresos externos y en 2020 lo que se debe supera en 1.900% los ingresos por exportaciones.

La tragedia económica y social de Venezuela

Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias

Según el FMI, en 2018 la contracción del PIB en Venezuela fue de -18% y en 2019 de -35%.  Entre 2013-2019 se acumula una caída de 65 %. En 2020, debido a la inactividad económica causada por el Covid19, la economía continuará cayendo en picada. La inflación en 2018 fue de 65.000%, en 2019 se estimó en 200.000% y, según los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, la acumulada hasta agosto de 2020 superó el umbral de 1.000 %.

Esta tragedia económica tiene su explicación. Una larga sobrevaluación del tipo de cambio estimuló toda clase de importaciones que desplazaron y arruinaron la producción nacional, rígidos controles de precios asfixiaron la actividad productiva y comercial, la ruinosa ola de expropiaciones y un ambiente de creciente inseguridad jurídica desestimularon la inversión y así se fue apagando la actividad productiva. La escasez de productos y la emisión desmesurada de dinero para cubrir el déficit de las empresas públicas se combinaron para desquiciar una voraz hiperinflación que volvió sal y agua el ingreso de los hogares.

Venezuela no solo ha dejado de ser un país rentista sino que está dejando de ser un país petrolero. La extracción de crudos  cayó de 3 millones de BPD en 2012 a menos de 400 mil BPD en el primer semestre de 2020. La capacidad de refinación está en ruinas y por eso hay escasez de combustibles. Por si fuera poco, las sanciones económicas han sido el golpe de gracia para un país exhausto.

Sin ingreso fiscal petrolero y con una economía contraída la recaudación fiscal se ha desplomado. Las empresas en quiebra no tienen cómo pagar ISLR y la informalización de las operaciones de compra venta que no exigen la factura para evitar el pago del IVA merma aún más los ingresos fiscales. El gobierno no cuenta con recursos para repotenciar los servicios de agua, energía eléctrica, gas doméstico y telecomunicaciones. A todas estas, el BCV continúa emitiendo dinero para financiar empresas públicas deficitarias, atizando así la hiperinflación que disuelve el ingreso real y empobrece a la población.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) el 79 % de los hogares está en condición de pobreza al no poder cubrir el costo de la canasta alimentaria.

De acuerdo a los cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores CENDA, la Canasta Alimentaria para el grupo familiar de 4 personas en el mes de julio tuvo un costo de Bs. 45.519.252,73, equivalente a $ 183.

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), el precio de la Canasta Mínima Alimentaria conformada por solo 15 productos se ubicó en julio en 6.906.073,51 bolívares, equivalente a $ 25,86, mientras que el salario mínimo apenas equivale a $ 1,5. 

Esto quiere decir que se requieren 17,2 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria.

El acelerado empobrecimiento ha causado una diáspora sin precedentes. Según ACNUR, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados que se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda y la xenofobia.

Esta es la lamentable tragedia económica y social que sufre el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Medidas económicas: necesarias más no suficientes

 Víctor Álvarez R.

 

El gobierno anunció nuevas medidas económicas a fin de aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo.

·    Las nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, la  patente mercantil ni el Impuesto Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.

·       El IVA en vez de pagarse semanalmente se hará con una frecuencia quincenal.

·       También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para reactivar las Pymes.

Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.

La viabilidad económica de la transición política

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

 

Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo cual implica la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.

Cualquier gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.

Como se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la decisión de sincerar las tarifas, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste, el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital, la intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado.

La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

En este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.

Quienes aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas, la transición política puede ser abortada y los desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de corregirse se verán agravados.

La viabilidad económica de la transición política. Ver video YouTube https://youtu.be/SEPaDZPb-sg

Sanciones económicas y despojo del patrimonio de Venezuela

 Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Independientemente de quien esté al mando en los próximos años, el gobierno de turno se tendrá que enfrentar al agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta petrolera como mecanismo de control social, económico y político. De allí la pugna entre Maduro y Guaidó por asegurar el control de los fondos de la República que actualmente están bloqueados en el sistema financiero internacional.

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850 que bloqueó todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU. El 5 de agosto del 2019, Trump emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio. CITGO está a punto de ser rematada para satisfacer las demandas de los tenedores del Bono 2020, de Crystallex y ConocoPhillips. Por si fuera poco, ni  las reservas de oro del BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra y en el Deutsche Bank pueden ser utilizadas ni por Maduro ni por Guaidó. El Banco de Inglaterra congeló casi mil millones de euros de las reservas del BCV y Deutsche Bank tiene congelados 120 millones de euros por un contrato de “swap” o permuta de oro. A pesar de que la AN y la Administración Trump le han otorgado a Guaidó la administración de estos activos y fondos, al interinato tampoco le ha resultado fácil utilizar los mismos porque se encuentran bloqueados.

Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela y de la encuestadora Hinterlaces, los recursos de la República bloqueados en el exterior se estiman en $ 5.470 millones: Esta cifra coincide con los cálculos del equipo de Guaidó. Vanessa Neumann, su representante ante el Reino Unido, reveló que hay más de $ 5.000 millones de Venezuela bloqueados en el exterior y cuyo control le están disputando al Gobierno de Maduro. José Ignacio Hernández, hasta hace poco Procurador Especial de Guaidó, también reveló que hay procesos en Europa para tomar el control de esos activos y arrebatarle a Maduro el manejo del dinero público en el exterior. En Londres hay dos juicios y en Portugal hay otro proceso por las cuentas del NovoBanco. En España se pelea por el control de los activos de CVG Internacional que están bloqueados en CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

Aunque el Gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el Banco de Inglaterra solicitó una aclaratoria para definir a quién otorgar el control de los activos. El fallo del tribunal en este litigio fijará un precedente para que otros bancos liberen los fondos a favor de la parte que resulte favorecida y así dar origen a una suerte de jurisprudencia, toda vez que si se ordena al Banco de Inglaterra entregar los fondos a la Administración de Guaidó, los demás Bancos Centrales tendrían una referencia para traspasar los fondos bloqueados al gobierno interino y esto terminaría de quitarle a Maduro el control de los activos de la República y de los fondos de las empresas estatales en el exterior. Adicionalmente, una sentencia a favor de Guaidó allanaría el camino para que el interinato -sin tener que pasar por largos y onerosos juicios-, también tome el control de los fondos incautados a funcionarios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro que actualmente están bloqueados en Andorra, Suiza, Holanda y otros países.

Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela, un Acuerdo Petrolero Humanitario podría generar un ingreso anual de $ 8 millardos que pudieran utilizarse para atender la crisis humanitaria a través de un esquema en el que Venezuela recupera su espacio en el mercado petrolero internacional, siempre y cuando los ingresos sean destinados a atender la emergencia sanitaria y administrados por la institucionalidad internacional: PNUD, OMS, OPS y Cruz Roja Internacional. Los recursos se destinarían a comprar bienes esenciales y su distribución se haría a través de mecanismos despolitizados que impidan su uso clientelar.

Pero Venezuela es un Estado fallido que no funciona. Las élites políticas que se disputan el poder son incapaces de ponerse de acuerdo en un programa básico de interés nacional que evite que la emergencia sanitaria del Covid-19 desemboque en una catástrofe humanitaria. El gobierno de Maduro es cada vez más inoperante y la institucionalidad paralela de comisionados, embajadores y procuradores especiales del interinato de Guaidó tampoco ha podido resolver ni un solo problema concreto, ni siquiera ha podido entregar los 100 dólares que prometieron al personal médico y hospitalario que pone en juego sus vidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Luego de más de un año de explícito respaldo de Trump y más de 50 gobiernos, Guaidó no ha logrado una sola victoria interna y su desempeño tiende a ser cada vez más errático. Los fracasos del conato de golpe de estado del 30 de abril de 2019, su firma estampada en el contrato que luego desembocó en la fracasada Operación Gedeón, la pérdida del control de la Asamblea Nacional y su ineficacia a la hora de utilizar los fondos de la República en el exterior bajo su administración, son eventos que le ha restado mucha credibilidad. Y no son los adversarios de Guaidó los únicos que piensan esto. Las revelaciones de Bolton en su libro sobre las dudas de Trump en torno a las capacidades y aptitudes de Guaidó, luego fueron confirmadas por el propio Trump en la entrevista que concedió al portal Axios.

Ni Maduro ni Guaidó son una garantía de un manejo pulcro y transparente de los fondos públicos que Venezuela necesita para conjurar la amenaza de la pandemia. Gobiernos, compañías transnacionales, bufetes de abogados y tribunales de otros países contemplan con indolencia esta tragedia y hasta le sacan provecho. La división de la comunidad internacional sobre quien gobierna a Venezuela legítimamente no solo se ha utilizado como excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas ante el FMI. También ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los activos de la República, las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas del Estado venezolano en el exterior. El ardid de no saber cuál es el gobierno que tiene el control de las instituciones ha dado origen al despojo de los activos de la República que ni siquiera pueden ser utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza del coronavirus.

¿Cómo se miden entonces los logros de la presión internacional sobre un país oprimido y exhausto que sufre una crisis humanitaria?