Condiciones electorales: necesarias más no suficientes

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias 

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

En el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un Pacto de Convivencia Pacífica. Les invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, a partir de los siguientes temas:

1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

2) ¿Cuál sería el marco del Pacto de Convivencia Pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no? 

4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?

5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?

6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?

7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?

8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?

10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un *Pacto de Convivencia Pacífica*?

En los comentarios, puedes sugerir a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para conocer su visión sobre lo que debería contener un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando semanalmente. https://www.youtube.com/@pedagogiaeconomicayelectoral/videos

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

 

Por: Víctor Álvarez R.

Proyecto Pedagogía Económica y Electoral 

La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y  permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.

En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

¿En qué consiste el principio del alter ego?

Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica

 

 

Contenido

 Víctor Álvarez R.

1.      Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica

1.1         Reconocimiento y respeto mutuos. 2

1.2         Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación. 3

2.      Conformación de un Gobierno de Coalición. 4

2.1         Concertación del Programa de Reformas Económicas. 4

2.2         Concertación de Programas Compensatorios al impacto social de las medidas de ajuste. 5

3.      Reinstitucionalización de los poderes públicos. 6

3.1         Renovación del CNE con rectores imparciales para asegurar un arbitraje institucional 6

3.2         Renovación del TSJ para evitar maniobras que impugnen resultados electorales. 7

3.3         Renovación de la CGR para impedir inhabilitaciones administrativas. 7

3.4         El papel de la FANB como garante del resultado electoral 7

4.      Garantías políticas. 8

4.1         Rehabilitación de candidatos, liberación de presos políticos, retorno de exiliados. 8

4.2         Amnistía por delitos políticos y garantía de derechos al sector que resulte derrotado. 8

4.3         Justicia transicional para violaciones a DDHH y delitos de lesa humanidad. 9

5.      El papel de la comunidad internacional 9

5.1         Observación internacional de todo el proceso electoral 10

5.2         Levantamiento de sanciones económicas. 11

 

1.       Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica

Si la derrota electoral se convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el gobierno se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, y de mantener las persecuciones y encarcelamientos contra dirigentes de la oposición, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Por lo tanto, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, tanto de la oposición como también de los que están en el gobierno, en caso de que pierdan las elecciones y tengan que entregar el poder.

Cerrar la vía electoral y pacífica abonaría el terreno para salidas violentas e insurreccionales que pueden desembocar en un golpe de estado o en una intervención extranjera que llevaría a pagar un alto costo humano que es necesario evitar. Las heridas y afanes de venganza que quedan son muy difíciles de sanar, tal como lo demuestran los procesos de paz en varios países de América Latina.

Por otra parte, los cambios políticos no garantizan los cambios económicos que el país necesita. El nuevo gobierno recibirá un país empobrecido con graves desequilibrios macroeconómicos y debilidad institucional, lo cual requerirá la aplicación de drásticos correctivos. Estas medidas no suelen ser bien recibidas y generan resistencia. Para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, lo mejor para el interés nacional sería que los factores en pugna acuerden un Pacto de Convivencia Pacífica en torno a un proyecto de unidad nacional.

Para desarrollar de forma más concreta y específica el contenido de un Pacto de Convivencia Pacífica, en las páginas siguientes intentaremos responder a las siguientes preguntas:

Conversaciones con Claudia Nikken sobre la vigencia del pensamiento y obra de su padre, el Dr. Pedro Nikken

 ¡La paz como paradigma de la política!

Víctor Álvarez R.

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Como dijo el poeta, la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida, la muerte no llega con ese viaje sino con el olvido. Este 9 de diciembre se cumplen cuatro años de la sorpresiva partida de Pedro Nikken, un hombre de bien, un hombre de paz, comprometido con las buenas causas de la vida, promotor del reencuentro y la reconciliación. En este especial momento histórico por el que atraviesa Venezuela, queremos rendir un sincero y sentido homenaje a Pedro Nikken y a la vigencia de su pensamiento, obra y legado. 

En 1968 se graduó de abogado en la UCAB, en 1973 terminó una especialización en Derecho Privado en la Universidad de París, en 1977 obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Carabobo y en 2017 recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires.

Fue Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Director de su Escuela de Derecho entre 1975-76 y Decano entre 1978-81. Entre 1980-1989 se desempeñó como como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual llegó presidir entre los años 1983-1985.

Desde 1996 fue Miembro de la Comisión Internacional de Juristas, en 2008 pasó a integrar su Comité Ejecutivo, en 2009 fue electo Vicepresidente y entre 2011-2013 se desempeñó como su Presidente. Y para coronar esta exitosa carrera fue designado como Miembro Honorario Vitalicio.

Sin lugar a dudas, Pedro Nikken fue un brillante jurista venezolano que consagró su vida a la defensa de los derechos humanos y a la creación y fortalecimiento de una institucionalidad nacional e internacional que los protegiera.

Su obra es amplia, rigurosa y hoy está más vigente que nunca: 6 libros publicados de su exclusiva autoría, 3 libros en colaboración con otros autores, y más de 65 artículos en revistas científicas y arbitradas. Entre sus libros se destaca La protección internacional de los derechos humanos: su desarrollo progresivo, publicado en Madrid en 1987.

Para este homenaje, hubiésemos podido recurrir a las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y preguntar sobre el legado de Pedro Nikken para propiciar el reencuentro y la reconciliación de una sociedad dividida, polarizada y en conflicto. Pero preferimos invitar a su hija, Claudia Nikken, quien no dudó en aceptar esta invitación de la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral para rendir un homenaje a su padre. Por este motivo, hoy estaremos conversando con ella sobre la vigencia del pensamiento y legado del Dr. Pedro Nikken.

1)       VENGO A HABLAR SOBRE LA PAZ

(VAR) Estimada Claudia, ante todo muchas gracias por acompañarnos en este sincero y sentido homenaje que queremos rendirle a tu papá, al cumplirse 4 años de su sorpresivo y anticipado viaje.

Pacto de Convivencia Pacífica: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano

 

Análisis del “Procedimiento para Revisar las Inhabilitaciones de la Contraloría”

 

Víctor Álvarez R. 

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

El gobierno  y la oposición finalmente se pusieron de acuerdo en el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las Presidenciales 2024. A través de la red social “X”, la Embajada de Noruega en México informó que: “Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, confirmó la recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”.

El paso que se ha dado es una señal de la voluntad de las partes de seguir trabajando en torno a las condiciones electorales que regirán las Presidenciales de 2024 y las Megaelecciones de 2025, y despeja temporalmente la amenaza de reactivar las sanciones que hizo el gobierno de EEUU, en caso de que no se definiera un proceso y plazos precisos antes del fin de noviembre.

Del 1 al 15 de diciembre de 2023, “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”.

Posteriormente, “La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad y eficiencia recogidos en la Constitución". El Procedimiento dice que “Los interesados asumen el compromiso de acatar, en el marco de la Constitución, la decisión del TSJ que emane de ese recurso”. Huelga decir que en Venezuela se cuestiona la autonomía de los poderes públicos.

“En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ”. Adicionalmente, indica que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

Revista Pedagogía Económica y Electoral N° 9: Pacto de Convivencia: La clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano

 Pacto de Convivencia: La clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano

Pacto de Convivencia: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando político.

El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Sin no cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su derrota electoral se convierta en una tragedia. Por lo tanto, la clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber  invocado una intervención externa a través del TIAR.

Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios pero no suficientes y tienen que ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que contribuya a des-radicalizar el discurso de la polarización y violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral.  A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita  la alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional e internacional favorable a un Pacto de Convivencia Pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego sea difícil de controlar y detener

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo.

Un Pacto de Convivencia Pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Un Pacto de Convivencia Pacífica pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un  período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos de salida -sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel- para que el chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/079dx

¿Cuál es el impacto geopolítico de flexibilizar las sanciones?

Por: Víctor Álvarez R.

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

A raíz del endurecimiento de las sanciones económicas de EEUU, la relación entre Venezuela y Rusia pasó de la esfera comercial a la dimensión energética, militar y geopolítica. Lejos de quedar aislados, los países sancionados por EEUU se juntan y estrechan sus lazos de cooperación y colaboración para contrarrestar el efecto negativo de las sanciones. Esto genera efectos geopolíticos que no fueron calculados por los sancionadores estadounidenses y europeos.

Los vínculos comerciales y militares entre Rusia y Venezuela se acentuaron a raíz del veto impuesto por EEUU a la venta de repuestos para la flota de aviones F-16, y del bloqueo a la venta de lanchas de vigilancia costera por parte de España por incluir dispositivos hechos en EEUU. Al perder estos proveedores, Venezuela buscó sustitutos y compró 24 aviones caza rusos modelo Su-30Mk2 Sukhoi para sustituir a los F-16; también compró 100.000 fusiles Ak-103 Kalashnikov, sistemas antimisiles S-300, 50 helicópteros, tanques de guerra y anunció la instalación de una fábrica de fusiles rusos en Venezuela.

Lo que empezó como una relación comercial para la adquisición de equipo militar, a la larga se transformó en una relación geopolítica. El acercamiento del gobierno ruso a países en la zona de influencia de EEUU se interpreta como la respuesta geopolítica del Kremlin en respuesta al ingreso a la OTAN de países vecinos que tienen frontera con Rusia, lo cual consideran una amenaza. En el marco del conflicto Rusia-Ucrania, el Kremlin le subió el volumen a su desafío a Occidente al no descartar un despliegue militar ruso en Venezuela si aumentan las tensiones con EEUU. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia estableciera una infraestructura militar en Cuba y Venezuela.

Rusia y Venezuela han ejecutado maniobras militares navales a una distancia de 20-50 millas de las costas venezolanas. En la operación combinada Ven-Rus participaron buques rusos junto a fragatas venezolanas. En diciembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Las implicaciones geopolíticas de esta relación comercial-militar se amplían con la creciente presencia rusa en la actividad petrolera y gasífera en Venezuela, que tradicionalmente han tenido como destino los mercados estadounidenses y europeos. Venezuela y Rusia firmaron convenios para la certificación de reservas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) con miras a la explotación de petróleo por parte de empresas rusas como Gazprom, Rosneft y Lukoil que han participado en proyectos de gas y en la exploración y explotación de crudos en la plataforma submarina del Delta del Orinoco y en la FPO. Rusia ha aumentado su participación en la exploración de petróleo en la FPO a través de empresas mixtas como: Boquerón, Petroperijá y Petromonagas.

Guerras en Europa y Medio Oriente renuevan interés de EEUU por Venezuela

EEUU pierde más que Venezuela si la Casa Blanca reactiva las sanciones

 

En la aritmética oficialista EEUU pierde más que Venezuela si la Casa Blanca decide reactivar las sanciones

 

Víctor Álvarez R. 

Con la prolongación de la guerra en Ucrania y el escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, se acentúa la presión al alza en los precios del petróleo, cuestión que ha obligado a EEUU a recalcular las sanciones petroleras contra Venezuela. De cara a las Presidenciales de 2024 en EEUU, la Administración Biden necesita evitar el costo electoral que puede generar el alza en los precios de los combustibles y la energía. Como el petróleo venezolano puede contribuir a este objetivo, la OFAC flexibiliza las sanciones y abre nuevamente el mercado estadounidense a los crudos de Pdvsa.

Pero la Administración Biden no solo se plantea conjurar la amenaza de un shock de precios de los combustibles y la energía en EEUU que pueda poner en peligro su reelección, también se propone reorientar los crudos venezolanos hacia occidente, alejar a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir la influencia rusa en Venezuela, que ya no es solo comercial sino también militar y geopolítica. De hecho, en la licencia de la OFAC Rusia queda por fuera: “Esta licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con entidades de la Federación Rusa”.

Con la flexibilización de las sanciones, Pdvsa recibirá mayores ingresos por la misma cantidad de petróleo y esto alejará al gobierno venezolano de los auxilios comerciales y financieros rusos. Recordemos que los crudos venezolanos se venden con ruinosos descuentos en los mercados asiáticos y, sin sanciones, pueden ser colocados a precios de mercado en EEUU. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios actuales, esto generará $ 4 mil millones adicionales para alimentar el mercado cambiario, estabilizar el dólar,  bajar la inflación e importar bienes y servicios esenciales para reimpulsar la economía en pleno año electoral.

Los acuerdos directos entre EEUU y Venezuela representan un acto de pragmatismo entre dos gobiernos que necesitan entenderse. Pero como la posibilidad real de lograrlo iba más allá del poder de decisión de los negociadores de la oposición -que no tienen atribuciones para decidir sobre sanciones, desbloqueo de fondos, ni acceso a los mercados petroleros internacionales-, la Casa Blanca decidió gestionar directamente con Miraflores el alcance de los acuerdos petroleros.

En un acto de hiperrealismo político, dos gobiernos antagónicos encontraron puntos de interés común y lograron una serie de acuerdos con efectos económicos y geopolíticos que no se pueden poner en peligro por la diatriba política. Para bajarle el volumen al escándalo desatado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender los efectos de la Primaria presidencial, la propia María Corina Machado (MCM) -ahora líder y candidata de la Plataforma Unitaria-, se encargó de silenciar el escándalo al declarar: “el Tribunal puede decir lo que le la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible, de modo que no creo que se ha violado el Acuerdo de Barbados, el régimen está presionando y tensando la liga pero al Acuerdo aún no se ha roto”.

Los acuerdos petroleros están guiados por objetivos de interés común entre Washington y Caracas. Al reabrir el mercado estadounidense al petróleo venezolano, queda alineado el interés de la Casa Blanca de asegurar un suministro estable de petróleo, con el interés de Miraflores de vender ese petróleo sin los ruinosos descuentos que tiene que conceder en los mercados asiáticos. Al menos tres impactos se derivan de este acuerdo: