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lunes, 26 de febrero de 2024
Para superar la crisis hace falta un Gobierno de Coalición
Víctor Álvarez R.
La solución del
conflicto venezolano no puede pretender la capitulación o rendición incondicional del adversario, ni mucho
menos el exterminio del contrario. En caso de un
cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una
AN en contra, el CNE, TSJ, CGR y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que
se mantendrían bajo el control del oficialismo. Con todos ellos el nuevo
presidente está llamado a entenderse. Por lo tanto, para poder gobernar tendrá
que reconocer a su adversario y hacer posible la
cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles
de gobierno.
Venezuela necesita
un acuerdo de gobernabilidad que convierta en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través
de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que
al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los
factores en pugna están llamados a concertar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, el
cual se comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.
Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de coexistencia
y cogobierno entre adversarios que no sólo fueron parte activa de las
negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de
las elecciones. Al interés nacional le
conviene la incorporación de la oposición al actual gobierno; y –en caso de un
cambio en el mando político,- la incorporación al nuevo gobierno de quien pase
a ser la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de
reformas previamente pactado, lo cual facilitará la gobernabilidad poselectoral.
Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán
claves para un Gobierno de Coalición, cuya conformación puede ser estimulada e
incentivada no solo con la flexibilización de las sanciones, sino también
con la rebaja y reestructuración de
la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales
y las inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar
el aparato productivo. Con estos incentivos, un Gobierno de Coalición podrá llevar
a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales necesarias para que el
nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones presidenciales, en vez de heredar
una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada,
un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
Los cambios políticos por si mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.
Principios rectores de un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela
Víctor Álvarez R.
Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación
política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra
dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los Acuerdos Parciales de Barbados, aún a
riesgo de que se reactiven las sanciones.
Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las
condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son
suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en
una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará
al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en
el mando político.
Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la
oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las
elecciones y tener que entregar el poder.
Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos
contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a
través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión
pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:
1)
¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el
que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en
un gran proyecto de reconstrucción nacional?
2)
¿Cuál sería el marco del *Pacto de Convivencia Pacífica* y sus componentes, a
qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías
deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?
3)
¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes
cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser
amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?
4)
¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de
Defensa y el Director de la Policía Nacional?
5) ¿Es
viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno
y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían
los criterios para conformar ese gobierno?
6)
¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las
sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional
y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?
7)
¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e
independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y
la Contraloría General de la República?
8)
¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería
constitucionalizarse?
9)
¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese
proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
10)
¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los
garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un Pacto de
Convivencia Pacífica?
Te
invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo
Fernández, quien estará respondiendo todas y cada una de estas preguntas en el
nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral => https://t1p.de/0zqu6
viernes, 23 de febrero de 2024
No hay que subestimar la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo
Por: Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
Una
oposición dividida, desorganizada, sin un candidato único y unitario, y sin un programa de
gobierno que estimule a votar, es incompetente para salir victoriosa en unas
elecciones competitivas.
La
mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada
uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia
organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los
votos en cada urna frente a la poderosa maquinaria electoral oficialista que
correrá con ventaja al utilizar a su favor los recursos del Estado.
Aunque
se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de
competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que
entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de
movilizar masivamente el descontento nacional, no podrá capitalizar
electoralmente la ventaja comparativa que le otorga el enorme rechazo al
gobierno.
Quienes
tienen la certeza que con la inhabilitación de María Corina Machado (MCM) por el TSJ será
imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni
esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una
candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro
lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de
consenso: es decir, capitalizar
electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando
político por la vía electoral y pacífica.
Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo:
“No nos vamos a parar por María Corina
Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una
decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy
Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue
desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron
a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD
hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el
enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente
inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien
finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de
Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.
Pero ahora resulta que, según MCM[1], Sergio Garrido resultó
ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones en Barinas y por
eso no lo inhabilitó y lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro
inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y
terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a
Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”.
Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD.
Y con esta incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo, hay un
creciente riesgo de que la moraleja de
Barinas sea dejada a un lado si no se consigue pronto un sucesor.
Ante el reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.
miércoles, 21 de febrero de 2024
¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.
En una
reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de
María Corina Machado, Carlos Blanco, le
preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás
Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María
Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha
incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”
Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina
Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el
cumplimiento de los Acuerdos Parciales de
Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las
sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos
para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero
no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le
convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo
se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni
alternabilidad en el mando político.
Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la
oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las
elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se
preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si
eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.
Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo
metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede
perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará
excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados
en Barbados.
Por eso juega duro y tensa la soga, aun
a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar
que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar
cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus
participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las
sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse
obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente
pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.
Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.
viernes, 16 de febrero de 2024
Revista Pedagogía Económica y Electoral N° 10
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Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos
ÍNDICE
Editorial: ¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto venezolano?
Coexistencia Pacífica: Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos
• Si quieres resultados diferentes hay que cambiar la forma de relacionarse
• La mejor manera de salir de un rival es transformarlo en un aliado
• Canje de condiciones electorales por sanciones: necesario para la oposición pero insuficiente para el gobierno
• Con recompensas y sin garantías de no persecución no habrá elecciones competitivas
CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU
• La paz no es solo el fin del conflicto político
• Las víctimas más numerosas del conflicto venezolano son los migrantes
• La prioridad: proteger DDHH
• Verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición
Pacto de Convivencia Pacífica: la clave para realizar unas elecciones competitivas
• Viabilidad económica de la transición política
• Estabilidad y gobernabilidad poselectoral
lunes, 5 de febrero de 2024
¿Cuál es la clave para realizar unas elecciones libres, trasparentes y competitivas en Venezuela?
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Por: Víctor
Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
Director
del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
Un Pacto de
Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y
encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria
por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno
paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una
intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el
exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de
funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento
internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un
Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser
amnistiados.
La alternabilidad democrática será posible si se
garantizan los derechos políticos, no
solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en
caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático
para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible
poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los
militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer
posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército,
ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una
persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que
bajar los costos de salida de los gobernantes
salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De
lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía
electoral y pacífica.
En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma
constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que
resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por
delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas
garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y
enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a
cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones,
juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la
protección de los derechos políticos de los perdedores.
Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y
condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá
elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera
presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se
convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará
todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales
y cárcel.
Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios
para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una
solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que
están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las
elecciones.
Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación
domingo, 4 de febrero de 2024
Para escoger un candidato de consenso hay que despersonalizar la opción política y dejar a un lado el culto a la personalidad
Víctor Álvarez R. /
Premio Nacional de Ciencias
Ante
el creciente reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de
2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya y
sus voceros ahora hablan del mes de mayo. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ,
la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan
corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso,
se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en
mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.
MCM ha dicho sin mí no habrá elecciones e insiste en mantener su candidatura hasta el final. Y sus seguidores dejan
oír su voz: o es MCM o no es nadie. Sin embargo, quienes piensan que con la inhabilitación del TSJ ya
será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni
esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una
candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro
lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de
consenso: es decir, capitalizar
electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando
político por la vía electoral y pacífica.
Esa
nueva candidatura de consenso todavía no existe y hay que construirla. Desde Barinas dejó escuchar su voz el
gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No
nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido
personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en
tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de
Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios
pero lo inhabilitaron a él y a su sucesora para que no pudieran competir y ganar.
La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar
electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato
inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de
otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el
emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de
la Revolución.
Mantener viva la posibilidad de cambio pasa por
convenir lo antes posible un mecanismo para escoger un sucesor, mecanismo en el
cual MCM debe participar activamente. Sin su decidido apoyo a la nueva
candidatura aumenta la probabilidad de que la oposición se divida, se abstenga y
sea derrotada. El reto para la PUD es transformar la indignación que causa la inhabilitación de
MCM en una inspiración para movilizar a un electorado que necesita un sustituto que -al votar por él- sientan que están
votando por ella.
Los partidos de la PUD que reconocieron el triunfo de MCM en la Primaria presidencial han dicho que una cosa es la candidatura unitaria y otra cosa muy distinta es el liderazgo político de la coalición opositora. Esta tensión impidió consolidar una unidad sincera en torno a MCM. Se nota un distanciamiento y falta de comunicación entre la candidata y los líderes de la PUD que la han dejado prácticamente sola. MCM también los subestima y no los convoca porque los 12 aspirantes que le disputaron la candidatura presidencial no sumaron juntos el 8 % de los votos escrutados, y los hechos dicen que le suman muy poco a su propio caudal electoral.
miércoles, 31 de enero de 2024
Reimposición de sanciones deja a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU
Por: Víctor
Álvarez R.
La
Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: “En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de
Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector
minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano
se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus
compromisos”.
La
OFAC emitió la Licencia 43a que modifica la Licencia 43 publicada el 18 de
octubre de 2023 y reimpone las sanciones que prohíben hacer negocios con la empresa
estatal del oro, Minerven. Reimponer las sanciones es justamente lo que quieren
los adversarios geopolíticos de EEUU que son aliados de Maduro, los cuales le
ofrecen no dejarlo solo para preservar el control de los espacios vacíos que dejan
los EEUU y la UE a raíz de las sanciones. Turquía e Irán celebran la
reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la
explotación y comercialización del oro venezolano. Reimponer las sanciones
mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU. Con su
apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM.
La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si en abril se reimponen las sanciones petroleras, se le dará al régimen el argumento perfecto para posponer las elecciones. Maduro ya pasó sus días más difíciles de aislamiento internacional, encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia tiene que ser ofrecer incentivos para mejorar las condiciones electorales a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales. Esta es una estrategia más inteligente y eficaz que apelar nuevamente a la política del garrote que no dio resultados para forzar un cambio en el mando político. Si la habilitación de MCM no se convierte en un punto de honor y la Administración Biden ratifica que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”, entonces será posible mejorar la amplia gama de condiciones electorales incluidas en el Acuerdo de Barbados, tales como:
jueves, 25 de enero de 2024
Condiciones electorales: necesarias más no suficientes
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios
para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota
electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas,
el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones
competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera, entonces, que
los Acuerdos Parciales de Barbados
deben ser complementados con un Acuerdo
de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores
en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el
gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
En el Proyecto Pedagogía Económica
y Electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e
influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un Pacto de Convivencia Pacífica. Les
invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución
electoral y pacífica del conflicto venezolano, a partir de los siguientes
temas:
1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de
gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen
a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?
2) ¿Cuál sería el marco del Pacto
de Convivencia Pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las
partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué
amenazas deben dejar de hacerse?
3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones
de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos
del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos
y quiénes no?
4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el
Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?
5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición
entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral?
¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?
6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU,
las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal
Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la
oposición?
7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización,
autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo
de Justicia y la Contraloría General de la República?
8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal?
¿Debería constitucionalizarse?
9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar
ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes
serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un *Pacto
de Convivencia Pacífica*?
En los comentarios, puedes sugerir a cuáles líderes políticos,
económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para
conocer su visión sobre lo que debería contener un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela. Te invitamos a
suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las
notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando
semanalmente. https://www.youtube.com/@pedagogiaeconomicayelectoral/videos
jueves, 18 de enero de 2024
CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU
Por: Víctor Álvarez R.
Proyecto Pedagogía Económica y Electoral
La Corte Suprema de Estados Unidos negó la
apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la
Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y permite a los acreedores de la República
cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales
como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las
acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de
Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las
Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.
En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de
Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de
Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones
gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las
acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela
surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI)
cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a
Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía
pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios
generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la
indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en
Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal
aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones
de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.
¿En qué consiste el principio del alter ego?
miércoles, 27 de diciembre de 2023
Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica
Contenido
1. Claves para un Pacto de Convivencia Pacífica
1.1 Reconocimiento
y respeto mutuos
1.2 Del
revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación
2. Conformación de un
Gobierno de Coalición
2.1 Concertación
del Programa de Reformas Económicas
2.2 Concertación
de Programas Compensatorios al impacto social de las medidas de ajuste
3. Reinstitucionalización
de los poderes públicos
3.1 Renovación
del CNE con rectores imparciales para asegurar un arbitraje institucional
3.2 Renovación
del TSJ para evitar maniobras que impugnen resultados electorales
3.3 Renovación
de la CGR para impedir inhabilitaciones administrativas
3.4 El
papel de la FANB como garante del resultado electoral
4.1 Rehabilitación
de candidatos, liberación de presos políticos, retorno de exiliados
4.2 Amnistía
por delitos políticos y garantía de derechos al sector que resulte derrotado
4.3 Justicia
transicional para violaciones a DDHH y delitos de lesa humanidad
5. El papel de la
comunidad internacional
5.1 Observación
internacional de todo el proceso electoral
5.2 Levantamiento
de sanciones económicas
1.
Claves para un Pacto de
Convivencia Pacífica
Si la derrota electoral se convierte en una tragedia de
persecuciones, juicios y condenas, el gobierno se aferrará al poder y en
Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando
político. El chavismo no va a
dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en
su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender
los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, de negarse a
inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, y de mantener
las persecuciones y encarcelamientos contra dirigentes de la oposición, a
riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se
convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos
que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así
convertir en mayoría su precario apoyo electoral.
Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios
para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Por lo tanto, los Acuerdos Parciales
de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica
que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, tanto de la
oposición como también de los que están en el gobierno, en caso de que pierdan las
elecciones y tengan que entregar el poder.
Cerrar
la vía electoral y pacífica abonaría el terreno para salidas violentas e
insurreccionales que pueden desembocar en un golpe de estado o en una
intervención extranjera que llevaría a pagar un alto costo humano que es
necesario evitar. Las heridas y afanes de venganza que quedan son muy difíciles
de sanar, tal como lo demuestran los procesos de paz en varios países de
América Latina.
Por otra parte, los cambios políticos no garantizan los
cambios económicos que el país necesita.
El nuevo gobierno
recibirá un país empobrecido con graves desequilibrios macroeconómicos y
debilidad institucional, lo cual requerirá la aplicación de drásticos
correctivos. Estas medidas no suelen ser bien recibidas y generan
resistencia. Para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis
de gobernabilidad, lo mejor para el interés nacional sería que los
factores en pugna acuerden un Pacto de Convivencia Pacífica en torno a un
proyecto de unidad nacional.
Para desarrollar de forma más concreta y específica el contenido de un Pacto de Convivencia Pacífica, en las páginas siguientes intentaremos responder a las siguientes preguntas:
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