Lo que puede aportar EEUU a una solución electroral y pacífica al conflicto político venezolano

 

¿Entregará Maduro el poder en caso de perder las elecciones?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La solución del conflicto político venezolano debe verse como un largo proceso de reconciliación nacional y no como una elección única con un ganador y un perdedor. Los actores en pugna están llamados a reconocer que la solución negociada a la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición.

En este sentido, las iniciativas nacionales o internacionales que busquen contribuir a la solución del conflicto político venezolano deben partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden asumir a priori la derrota de Maduro y, a partir de ese supuesto, decretar una transición política. Esto cerraría el camino hacia un acuerdo político entre el gobierno y la oposición que facilite la alternancia en el poder.

¿Cómo evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD?

Víctor Álvarez R. 

Hay una creciente incertidumbre en torno a la tarjeta de la MUD y la continuidad de la candidatura de Edmundo González Urrutia (EGU). Atiza esta inseguridad la narrativa de funcionarios del oficialismo que insinúan la posibilidad de sacar de la carrera presidencial al candidato de la MUD. Ante la negativa de EGU de firmar el Acuerdo de Reconocimiento de Resultados, el presidente del Consejo Electoral (CNE) declaró: “Si no quieren participar de todas maneras habrá elecciones". Y en una entrevista reciente, Aimé Nogal, rectora principal de CNE, recordó que “el Tribunal Supremo de Justicia tiene una decisión pendiente sobre la tarjeta la Mesa de la Unidad Democrática”. Anular la tarjeta de la MUD dejaría a los electores confundidos o sin la opción de votar por su opción preferida.

María Corina Machado (MCM) ha amenazado a Maduro con perseguirlo, enjuiciarlo y condenarlo a la cárcel. La incertidumbre se mantiene porque EGU lidera las encuestas gracias a que MCM le está buscando los votos y es a ella a quien le deberá el triunfo. Si bien MCM ha moderado su amenazante posición, ni ella, ni EGU, ni la Plataforma Unitaria terminan de ofrecer garantías de no persecución y de supervivencia al chavismo-madurismo después de las elecciones. Por lo tanto, la candidatura de EGU es considerada como un peligro por el oficialismo.

Adicionalmente, mientras se mantengan las recompensas y sanciones personales de EEUU contra Maduro y sus colaboradores, el gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes cree que pueden entregarlo y convertirse en su verdugo. Maduro no quiere verse sufriendo la persecución y encarcelamiento a los que fueron sometidos Rafael Correa y Lula Da Silva. Los dirigentes medios del PSUV tampoco quieren correr la suerte de los miembros de las FARC que se incorporaron a la vida política -luego de firmar los Acuerdos de Paz-, pero terminaron perseguidos y asesinados.

En esas circunstancias, el PSUV tendrá muchas dudas para dejar llegar hasta el final de las presidenciales a la amenaza que está detrás del candidato formal de la Plataforma Unitaria, detrás del cual estará el verdadero poder. Ante ese riesgo, el oficialismo podría recurrir a maniobras de última hora para anular la tarjeta de la MUD y truncar la victoria del candidato opositor.

Solo si se respetan los derechos políticos de los perdedores será posible una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Las garantías de no persecución para Maduro y el chavismo es la clave para evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y se puedan celebrar unos comicios que permitan la alternancia en el poder por la vía electoral y pacífica.

Caminos al reencuentro y la paz

 

Carta abierta a los candidatos a la presidencia de la República

 

Iniciativa ciudadana por la paz y la gobernabilidad poselectoral

 Víctor Álvarez R.

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto político venezolano y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

La Convivencia Pacífica

El ciudadano sencillo y normal quiere vivir en paz y armonía con sus semejantes. La convivencia pacífica es la forma como las personas se relacionan entre sí en un ambiente de respeto, reconocimiento, tolerancia y búsqueda del bien común. Implica rechazar toda forma de violencia, ya sea política, económica, social, psicológica, doméstica, o de género. Las normas de convivencia contribuyen a la coexistencia pacífica entre personas que habitan un mismo espacio y deben compartir mucho tiempo juntas, pero tienen convicciones políticas, creencias religiosas y condiciones económicas y sociales diferentes. Por lo tanto, están llamadas a aceptar y respetar sus diferencias, y a crear un ambiente de no agresión, buen trato y confianza mutua que contribuya a la inclusión e integración social. En Venezuela hay un creciente clamor a favor del reencuentro, la reconciliación y la convivencia pacífica que aleje a Venezuela de los riesgos de una confrontación civil como la que sufrieron por décadas otros pueblos hermanos que pagaron la violencia política con cuantioso daños materiales y la irrecuperable pérdida de vidas humanas. En Venezuela esa tragedia no puede ocurrir, razón por la cual hacemos un llamado a los candidatos a oír e interpretar este sentir nacional de reconocimiento, respeto y convivencia que contribuya a la paz poselectoral.

Campaña electoral propositiva y constructiva

Lo que EEUU puede aportar para una solución electoral y pacífica del largo conflicto político venezolano

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Premio Nacional de Ciencias / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Nicolás Maduro anunció el reinicio de las negociaciones directas con EEUU. Dicen que los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. La oposición interpreta que el oficialismo se está preparando para su derrota en las Presidenciales del 28 de Julio, mientras el gobierno asume que EEUU no descarta que Maduro pueda ganar y por eso retoma las negociaciones directas, a menos de un mes de las elecciones.

La solución pactada de la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición. Las iniciativas nacionales o internacionales que intenten contribuir a la solución del conflicto político venezolano tienen que partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden dar por hecho la derrota a priori de Maduro y, sobre ese supuesto, decretar la transición política. Eso es políticamente incorrecto y cierra las vías para un acuerdo político con el gobierno.

¿Reconocerá EEUU una eventual victoria de Nicolás Maduro?

¿Cuáles son las condiciones a crear para que Maduro entregue el poder si pierde las elecciones?

¿Qué hacer para evitar que se aferre al mando por el temor a que la derrota electoral se convierta en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas?

¿De qué depende recuperar la alternancia en la Presidencia de Venezuela?

La devaluación poselectoral

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La política cambiaria vigente se planteó estabilizar la tasa de cambio, disminuir las expectativas de devaluación y cerrar la brecha con el dólar paralelo. Si bien esos objetivos se lograron, los efectos colaterales no deseados revelan que esa política está agotada y se hace cada vez más insostenible.

Se estima que el tipo de cambio de equilibrio que iguala la oferta y demanda de divisas está en torno a los 100 Bs/$, pero la tasa oficial es de 36,4 Bs/$. Un tipo de cambio anclado, combinado con una inflación mayor, significa que mientras todo lo demás se encarece, el dólar mantiene su precio y comparativamente se vuelve más barato.

Dicho gráficamente, mientras el precio del dólar sube por las escaleras, los demás precios lo hacen por el ascensor. Este rezago o apreciación del tipo de cambio genera serias consecuencias:

ü  Impulsa una demanda artificial de divisas que obliga al BCV a quemar reservas internacionales para sostener la estabilidad cambiaria.

ü  Estimula importaciones sin arancel que compiten ventajosamente con la producción nacional.

ü  Tiene un ruinoso impacto fiscal toda vez que impide al Estado obtener más bolívares por cada petrodólar vendido.

ü  Genera un impacto recesivo al restringir el gasto público y el crédito a la producción y el consumo.

¿En qué consiste el Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la presidencia de la República?

¿En qué consiste la propuesta ciudadana de un Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República?

 Para descargar el PCP pulse aquí

Señores Candidatos: ¿Qué harán con los subsidios inflacionarios y empobrecedores?

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Seguimos teniendo un gobierno rentista pero sin renta. Los subsidios como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias, son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad.

El ejemplo más patético es el susidio a los combustibles que favorece más a los sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso. En lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y destinar el monto adicional que se recaude a subsidiar la modernización y ampliación del transporte público. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado el diésel para ese tipo de transporte.

En Venezuela, los subsidios son la reminiscencia de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. Lo que en esencia es una política populista, suele ser presentada como una defensa de las conquistas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, se pagan con inflación e incrementan la inequidad.

Muchos de los actuales subsidios se pagan con inflación y resultan antipopulares. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados están arrojando. Sin embargo, a pesar de que ya no se cuenta con la abundante renta petrolera que en el pasado permitió financiarlos, muchos subsidios se mantienen y cubren con emisiones de dinero inflacionario.

Señores candidatos: ¿Qué harán con los impuestos inflacionarios y empobrecedores?

 

Víctor Álvarez R. / Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Los impuestos, tasas y contribuciones tienen su razón de ser en la necesidad de dotar al Estado de recursos financieros para poder ofrecer bienes y servicios esenciales para la sociedad que no suelen ser ofrecidos por el mercado. Sin embargo, una presión tributaria desmesurada puede afectar el ritmo de la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso. 

Cuando los gobiernos no tienen fondos suficientes para financiar su gasto, tienden a imponer nuevos impuestos e incrementar la recaudación por encima del crecimiento real de la actividad económica, y esto se revierte contra la generación de riqueza y la distribución progresiva del ingreso. Los sistemas tributarios se desvirtúan cuando se van multiplicando los impuestos, tasas, contribuciones y aranceles para financiar un gasto público desmesurado que, en vez de reflejarse en un mayor bienestar para las familias y empresas, generan inflación, contracción económica y deterioro de las condiciones de vida.

Ante el colapso de la renta petrolera que antes lo pagaba todo, en Venezuela se viene conformando un sistema tributario con muchos impuestos, tasas y contribuciones especiales, cuya presión va en aumento y con una carga muy desigual que perjudica a los contribuyentes formales. Según la Sociedad Venezolana de Derecho Tributario (SVDT), las empresas realizan 200 pagos y contribuciones al año, entre las cuales figuran:

¿Qué enseñan los procesos de paz y transición política en otros países?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

A fin de conocer la experiencia histórica de aquellos países que después de un largo ciclo de violencia política lograron avanzar en el reencuentro, la reconciliación y la paz, y retomaron la senda del crecimiento económico y el bienestar social, en el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral invitaremos a sus embajadores a participar en el Ciclo de Conversaciones: Caminos al Reencuentro y la Paz, para que nos expliquen los acuerdos de paz, la transición política y los procesos de reunificación en sus respectivos países, a la luz de las siguientes preguntas:

1.       ¿Qué aspectos determinaron y desencadenaron los procesos de paz y transición política?

2.       ¿Cómo se definieron los actores con beligerancia y representatividad en el conflicto?

3.       ¿Cuál fue el papel de los militares?

4.       ¿Qué garantías de no persecución se ofrecieron y pactaron los actores en pugna?

5.       ¿Cómo se formalizó y garantizó el cumplimiento de los acuerdos?

6.       ¿Cuáles fueron las reformas constitucionales y legales?

7.       ¿Cómo se definieron las víctimas del conflicto?

8.       ¿Cómo se abordaron los temas de verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria histórica?

9.       ¿Cómo se desarrollaron los procesos y medidas de justicia transicional?

10.   ¿Qué nuevo marco legal e institucional se creó?

11.   ¿Cómo se avanzó en la reinstitucionalización, autonomía y equilibrio de los poderes públicos?

12.   ¿Cómo se canalizó posteriormente la demanda de memoria histórica contra la impunidad?

13.   ¿Qué leyes se derogaron, cuáles nuevas leyes se aprobaron?

14.   ¿Cuáles fueron los acuerdos básicos para contribuir a la gobernabilidad poselectoral?

15.   ¿Cuál fue el aporte de la observación, acompañamiento y mediación internacional?

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

Fondo de Repatriación de Migrantes Venezolanos con ganancias de Citgo

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

El 15 de julio se abrirán los sobres de la subasta de Citgo y se sabrá quien compró la refinería. El activo más importante que tiene Venezuela en el exterior está en tiempo de descuento. ¿Qué hacer? La problemática de los migrantes es un asunto altamente sensible en EEUU y un tema muy álgido en la campaña electoral. Para evitar que se remate Citgo, todos los candidatos a la Presidencia de la República están emplazados a dirigirse al gobierno de EEUU para que decrete una Orden Ejecutiva que proteja Citgo, a cambio de destinar un porcentaje de sus ganancias a la creación de un Fondo para la Repatriación de Migrantes Venezolanos en EEUU. En el marco de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender una licencia que impida actuar en contra de Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de destinar las ganancias de Citgo a la creación de este Fondo que financiaría los siguientes incentivos a los migrantes venezolanos en EEUU que voluntariamente quieran regresar a reconstruir su vida en Venezuela:

ü  Asignación de 500 $/mensual por familia para cubrir costo de canasta alimentaria por seis meses

ü  Créditos en condiciones preferenciales de montos, plazos y garantías para la adquisición de taxis y otros emprendimientos productivos.

ü  Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda y equipamiento del hogar.

ü  Becas para hijos de migrantes en educación primaria, media y superior.

ü  Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.

ü  Exoneración de impuestos sobre la renta por tres años.

¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto político venezolano?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

La naturaleza y costo social del conflicto político venezolano es distinto al de otros países que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de exiliados, perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela, los migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida por la contracción de la economía, la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas son el equivalente a los desplazados por la guerra civil y el conflicto político en esos países.  La mayoría está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia.

Las familias, empresas e instituciones venezolanas están extenuadas de una larga confrontación política y su inevitable impacto económico y social. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de siete millones de venezolanos se han desplazado del territorio nacional debido a la crisis política, económica y social que ha azotado al país. Y, según una encuesta de Delphos, un 25% está dispuesto a abandonar Venezuela si no se resuelve el conflicto político ni mejora la situación económica y social. Por lo tanto, la manera como se desarrolle la campaña electoral y el reconocimiento de los resultados electorales serán las claves para evitar el recrudecimiento del conflicto político y desmontar los planes de migrar.  

La solución del conflicto venezolano también es de interés para los países receptores de esta incesante diáspora que ejercen una presión adicional sobre  sus economías y servicios de asistencia social. No son indiferentes a lo que aquí pueda pasar y se interesan en plantear soluciones que pongan fin a la diáspora y, más bien, estimulen el retorno de los migrantes. Para que sea duradera la paz que se logra con el fin del conflicto político, se requiere también erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión que abonan un clima de malestar y conflictividad social que obliga a migrar. El mejor incentivo para quedarse en Venezuela será aquella solución del conflicto político que abra paso a un ambiente favorable a la inversión productiva, y a la generación de más y mejores oportunidades de trabajo que finalmente se reflejen en un creciente bienestar de los hogares venezolanos. Se trata de lograr una paz integral sustentada en la superación de la violencia política, de la crisis económica que genera pobreza y exclusión, y de la desesperanza que obliga a millares de venezolanos a emigrar por falta de oportunidades.

El ciudadano sencillo y normal quiere vivir en paz y armonía con sus semejantes. La convivencia pacífica es la forma como las personas se relacionan entre sí en un ambiente de respeto, reconocimiento, tolerancia y búsqueda del bien común. Implica rechazar toda forma de violencia, ya sea política, económica, social, psicológica, doméstica, o sexual. Las normas de convivencia contribuyen a la coexistencia pacífica entre personas que habitan un mismo espacio y deben compartir mucho tiempo juntas, pero tienen convicciones políticas, creencias religiosas y condiciones económicas y sociales diferentes. Por lo tanto, están llamadas a aceptar y respetar sus diferencias, y a crear un ambiente de no agresión, buen trato y confianza mutua que contribuya a la inclusión e integración social. En definitiva, se trata de aceptar la dignidad de las personas y respetar sus derechos, sin prejuicios ni discriminaciones de ningún tipo, de reconocer y aceptar que se pueden tener diferentes creencias, ideologías, pensamientos y opiniones sin riesgo de ser agredidos o perseguidos. Este respeto a las diferencias proporciona la confianza y seguridad mutuas que evita conflictos y crea las condiciones básicas para lograr un sostenido desarrollo económico y social.

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una iniciativa ciudadana que expresa el sentir nacional de solucionar el conflicto político venezolano y evitar la reedición de los episodios de violencia que causaron cuantiosos daños materiales y la irreparable pérdida de vidas humanas. Surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano.

Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República

En la solución del conflicto político venezolano ninguno de los actores en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. Independientemente del sector político que gobierne a una Nación, la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica dependerá del balance neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salida. Si para quien ejerce el gobierno la derrota electoral se convierte en una cadena de persecuciones, juicios y condenas, entonces no tendrá incentivos para entregar el poder. A fin de impedir que la  campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

El Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia de la República es una propuesta ciudadana que surge de una amplia consulta a importantes voces de la opinión pública nacional que trabajan activamente por reconstruir la confianza en la institución del voto, recuperar la ruta electoral, rechazar las vías violentas e insurreccionales para tomar el poder, y alcanzar una solución electoral y pacífica del largo conflicto político venezolano. El Pacto propone una serie de acuerdos en tres etapas:

Etapa I. Acuerdos preelectorales: antes del 28 de julio

Etapa II. La gobernabilidad poselectoral: entre el 29 de julio y el 10 de enero

Etapa III. Reencuentro y reconciliación nacional: después del 10 de enero

La solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano necesita que los actores en pugna discutan y firmen un acuerdo de reconocimiento de resultados con garantías de no persecución, y que lo hagan antes de los comicios del 28 de Julio. Invitamos a los candidatos a la Presidencia de la República a darle voz y visibilidad a esta iniciativa ciudadana y hacer suya esta propuesta de un Pacto de Convivencia Pacífica con garantías de no persecución política para todos.

PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Nosotros, los abajo firmantes, candidatos a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, actuando con apego a la Constitución y comprometidos con el pluralismo político, el fortalecimiento de una democracia  inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política;

Rechazando cualquier forma de violencia política y agresión en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones;

Partidarios del levantamiento de las sanciones y comprometidos con la defensa de los activos de la República en el exterior y de los intereses vitales de la Nación;

Defensores de los derechos políticos y garantías electorales para todos;

Con la voluntad y disposición de crear las condiciones y garantías adecuadas para llevar a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución:

ACORDAMOS

UN PACTO DE CONVIVENCIA PACÍFICA

CON GARANTÍAS DE NO PERSECUCIÓN POLÍTICA

 

ETAPA I

ACUERDOS PREELECTORALES: ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE JULIO

Seguridad energética internacional requiere eliminar sanciones petroleras

 

Presidenciales del 28-J: ¿Negociar la salida, la quedada o la coexistencia?

 

Víctor Álvarez R. 

María Corina Machado dijo: “Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder”. Y amenazó a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”. Y no hace mucho, los voceros del interinato sentenciaban que “lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo.”

El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Amenazar al adversario y dejarlo sin salida lo puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. Esa estrategia amenazante generó un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen ser víctimas de una cacería de brujas.

En Venezuela se respira una necesidad de cambio en el mando político.

Emociones en la campaña electoral: entre la incertidumbre y el temor

Víctor Álvarez R. 

El fiscal de la Corte penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant; así como de Yahya Sinwar, líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar, y de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, acusados todos de crímenes lesa humanidad. Recordemos que en marzo de 2023, la CPI también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra varios comandantes militares rusos acusados de crímenes de guerra.

La responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su representación, y también por la omisión e incumplimiento de su deber de investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las investigaciones y dictámenes contra el Estado se deben a que las víctimas no han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.

En este contexto, las órdenes de captura contra los mandatarios de Rusia e Israel demuestran que la CPI no es un tigre de papel, que puede actuar con firmeza y rapidez y todo esto remueve y exacerba la incertidumbre y el temor de los gobernantes y funcionarios que son investigados por la CPI.

La reinstitucionalización del Poder Judicial

Atendiendo al principio de complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales encuentren razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial para que pueda investigar con independencia y autonomía las responsabilidades individuales por violación de derechos humanos y  crímenes de lesa humanidad.

Con este fin, hay que acordar la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los concursos de credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y magistrados que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez años, o cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Estos avances indicarían a la CPI y otros organismos internacionales que los tribunales nacionales ya están en capacidad de desarrollar adecuadamente las investigaciones para que se sepa la verdad, haga justicia, reparen los daños, no se reedite la tragedia y se salve la memoria.

¿Qué desean quienes han estado durante 25 años en la oposición?

Desean lograr la alternabilidad en el poder y presionarán para que la toma de posesión no tenga que esperar del 29-J hasta el 10-E. Pero sin garantías de no persecución esto no será posible y la alternabilidad en el poder tampoco puede ser a cualquier precio. Para no caer en la impunidad mientras se fortalece el Poder Judicial habrá que activar mecanismos de Justicia Transicional con apoyo internacional. En estas instancias se puede determinar qué hechos, en qué casos y quiénes pueden ser susceptibles de medidas especiales de sobreseimiento, indulto, reducción de la condena o fin de la acción penal. En este proceso quedan excluidas las violaciones a DDHH que comprometen la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal internacional individual por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En cualquier caso, el beneficio de las medidas excepcionales estará condicionado al esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y la memoria histórica.

¿A qué temen quienes están en el poder?

En caso de perder las elecciones, quienes ejercen el poder no quieren verse expuestos a una ola de persecuciones juicios y condenas. Para incentivar la alternabilidad en el poder, los costos de salida tienen que ser menores a los costos de permanecer en el mando. Despejar estos miedos comienza por eliminar las recompensas internacionales y sanciones personales en contra de altos funcionarios del gobierno y autoridades de los poderes públicos del Estado venezolano.

Pero también hay miedo en los cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.

Tienen miedo los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga el gobierno. 

¿Cuáles amenazas deberían dejar de hacerse?

El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbollah, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EEUU por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Su principal líder desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso” y con ese fin promueve y respalda las investigaciones en la CPI.

Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Esto los puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. La estrategia amenazante ha generado un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen sr víctimas de una cacería de brujas.

¿Cómo abonar la confianza mutua que facilite la alternancia en el poder?

Sin garantías de no persecución, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder. Hay que evitar que el miedo a ser sometidos a una ola de persecuciones se instale en el gobierno y los empuje a anular la tarjeta de la MUD. Evitar que la incertidumbre en torno a la tarjeta de la MUD y el temor a perderlo perturben la elección presidencial, exige acordar garantías de no persecución política para todos, tanto para quienes pierdan el poder, como para que quienes ganen puedan asumir el mando y gobernar.

Pero el oficialismo no va a tomar la iniciativa de proponer un  pacto de garantías de no persecución porque esto puede interpretarse entre sus seguidores como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Para el chavismo, asumir esa posición de perdedor a priori lo consideraría desmoralizante y desmovilizador. Su gente no iría a votar. Por lo tanto, no lo van a proponer.

Es el candidato opositor con mayor opción de ganar quien está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de no persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.