Conversaciones con Francisco Rodríguez sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Manuel Rosales a MCM: ¡No me apoyes por favor!

 

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Electoral

En una entrevista en CNN, Corina Yoris dijo que “Ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada” para competir en las Presidenciales de 2024.

El CNE concluyó el lapso para recibir las postulaciones pero todavía queda pendiente la aceptación de las mismas. Incluso, en caso de ser admitidas, cabe la posibilidad de que en el período de impugnaciones, alguna candidatura sea cuestionada y finalmente quede excluida. Por lo tanto, cualquier apoyo apresurado de MCM a uno de los candidatos inscritos puede desembocar en una torpeza táctica o en una especie de beso de Judas, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.

Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial, y todo aquel que en las encuestas aparezca como un potencial ganador, también corre el riesgo de ser inhabilitado. Quizás esta vez todas las encuestas deberían equivocarse.

Una oposición dividida y desorganizada es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas. La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada mesa electoral. Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de organizar y movilizar masivamente el descontento nacional, a la docena de candidatos opositores inscritos le resultará muy difícil capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que representa el enorme rechazo al gobierno.

La oposición radical cataloga al gobierno de Maduro como una dictadura. Sin embargo, espera que ese régimen autoritario les conceda condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. La maniobra para impedir que MCM compitiera en las Presidenciales de 2024 estaba cantada desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) autorizó la inscripción de precandidatos inhabilitados.

Conversaciones con Antonio Ecarri sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

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El mito de la unidad en la oposición: no habrá candidato único y unitario

 

Víctor Álvarez R.

María Corina Machado, Benjamín Rausseo, Manuel Rosales, Eduardo Fernández, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, Francisco Rodríguez, Manuel Isidro Molina, Javier Bertucci, Leocenis García, Daniel Ceballos, Elsa Castillo, José Brito, Juan Carlos Alvarado y Seir Contreras son nombres que suenan en la carrera presidencial. ¿Cuáles alianzas pueden esperarse entre esta amplia gama de aspirantes? ¿Quién puede retirar su candidatura para apoyar otra?

La Plataforma Unitaria Democrática, heredera de las glorias electorales de la MUD, se sigue considerando la oposición mayoritaria con base en los resultados de las Parlamentarias de 2015. No se midieron en las Parlamentarias de 2020 y en las Megaelecciones de 2021 el emergente sector de la Alianza Democrática-Fuerza Vecinal obtuvo una votación equivalente. Pero la PUD -que cuenta con el reconocimiento y apoyo de EEU-, se arroga la condición de auténtica oposición y mira con desprecio al otro sector. Los consideran alacranes, traidores, colaboracionistas y vendidos al gobierno.

Con tantos insultos y descalificaciones es difícil imaginar un candidato único y unitario. Estos sectores vilipendiados y despreciados prefieren seguir siendo oposición en otro gobierno de Maduro, que ser el socio maltratado y excluido en un eventual gobierno liderado por la PUD. Y la PUD prefiere seguir siendo la oposición con apoyo internacional, que someterse a un gobierno de una oposición a la que considera falsa, colaboracionista y vendida al régimen.

Las contradicciones antagónicas y los arraigados odios entre las diferentes oposiciones impiden postular un candidato único y unitario. Lo más probable es que cada una compita con su respectivo candidato. Prefieren presentarse divididos y salir derrotados que ver ganando la elección presidencial a su competidor por el liderazgo de la oposición. Inhabilitada MCM, más que la firme determinación de derrotar electoralmente al candidato oficialista, pareciera que con la proliferación de candidatos lo que está planteado es una disputa por la conducción política de la oposición para imponer sus candidatos en las Megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales previstas para 2025. Será, entonces, en las Presidenciales de 2024 cuando se cuenten los votos y se defina cuál es la oposición mayoritaria.

Los héroes de la retirada

 

Víctor Álvarez R. 

El CNE informó que MCM tiene una prohibición para ejercer cargos públicos y no podrá inscribir su candidatura presidencial. En vez de insistir en que solo con ella habrá elecciones libres, que si no es ella no es nadie, a MCM le corresponde ahora demostrar su liderazgo y convocar a votar masivamente por una candidatura de consenso que pueda ganar, cobrar y gobernar. Pero si convierte su nombre en un punto de honor, corre el riesgo de cargar con la responsabilidad histórica de haber cerrado el paso a una candidatura única y unitaria capaz de capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde las elecciones Presidenciales de 2013 se puede apreciar cómo ha venido mermando el caudal de votos del chavismo. Sin embargo, en cada elección, la recurrente división y abstención de la oposición ha convertido en mayoría a la minoría oficialista. Y en las Presidenciales de 2024 esta historia puede volver a repetirse.

Las condiciones electorales son muy desventajosas pero no anulan las favorables condiciones políticas derivadas de un 75% de rechazo a la gestión de gobierno. Para capitalizar electoralmente este enorme descontento se requiere un candidato único y unitario. Esto exige grandeza histórica, priorizar el interés nacional y ser capaz de renunciar a las nobles aspiraciones personales que -al confundir deseos con realidades- se degradan en ambiciones particulares y degeneran en una codicia personal que termina dividiendo a la oposición y llamando a la abstención, tal como ocurrió en las Presidenciales de 2018 cuando el candidato oficialista estaba prácticamente derrotado debido al enorme rechazo popular, pero terminó imponiéndose por la división y abstención de la oposición. Todos los precandidatos de la oposición que dividen al país descontento -en lugar de estarse frotando las manos por la inhabilitación de MCM-, deberían retirarse de la carrera presidencial y dejar que desde ese silencio se escuche el grito que le pondrá nombre y apellido al escogido como candidato único y unitario del malestar nacional.

MCM: ¿Candidata o líder?

 

Víctor Álvarez R. 

Sin lugar a dudas, este es el mejor momento en la carrera política de María Corina Machado (MCM). Fue electa la candidata presidencial de un importante sector de la oposición, más no el único. Tiene pendiente consolidar su liderazgo que es cuestionado por otros sectores de la oposición venezolana a quienes MCM tampoco reconoce. Ella no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que ha sido víctima, pero eso no le da razón ni derecho para afirmar que sí la candidata no es ella, cualquier otro candidato es de Maduro.

Desde Barinas, el gobernador Sergio Garrido, dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación-, le fue desconocido su triunfo, el CNE repitió los comicios pero lo inhabilitaron a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. En protesta, la PUD hubiese podido llamar a la abstención. Sin embargo, para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, Sergio Garrido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Pero según MCM, en Barinas Sergio Garrido resultó ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones y por eso lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”. Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD.

Presidenciales 2024: las fechas están echadas

Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

El CNE anunció la fecha de las elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Se esperaba que el 5 de marzo -fecha en la que sus seguidores conmemoran los 11 años de la muerte de Chávez-, se anunciara el 28 de julio -fecha en la que celebrarán el nacimiento de Chávez-, como el día de los comicios presidenciales. Será una campaña electoral de mucho manejo emocional.

Las diferentes oposiciones se quejan de que el gobierno sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben hacer para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar.

Las fechas están echadas y comienza una carrera contra el tiempo. La inscripción de candidatos será del 21 al 25 de marzo, el registro electoral para nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril, el corte del Registro Electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril, la campaña electoral será del 4 al 25 de julio, y los comicios presidenciales el 28 de julio. 

A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado (MCM) insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de MCM, al ver que finalmente no se pudo inscribir en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25% en las encuestas.

Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

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Conversaciones con Antonio Ecarri sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Para superar la crisis hace falta un Gobierno de Coalición

 

Víctor Álvarez R. 

La solución del conflicto venezolano no puede pretender la capitulación o rendición incondicional del adversario, ni mucho menos el exterminio del contrario. En caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una AN en contra, el CNE, TSJ, CGR y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrían bajo el control del oficialismo. Con todos ellos el nuevo presidente está llamado a entenderse. Por lo tanto, para poder gobernar tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.

Venezuela necesita un acuerdo de gobernabilidad que convierta en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los factores en pugna están llamados a concertar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, el cual se comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.

Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de coexistencia y cogobierno entre adversarios que no sólo fueron parte activa de las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de las elecciones. Al interés nacional le conviene la incorporación de la oposición al actual gobierno; y –en caso de un cambio en el mando político,- la incorporación al nuevo gobierno de quien pase a ser la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas previamente pactado, lo cual facilitará la gobernabilidad poselectoral.

Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán claves para un Gobierno de Coalición, cuya conformación puede ser estimulada e incentivada no solo con la flexibilización de las sanciones, sino también con la rebaja y reestructuración de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. Con estos incentivos, un Gobierno de Coalición podrá llevar a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales necesarias para que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones presidenciales, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.  

Los cambios políticos por si mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Familias completan huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.

Principios rectores de un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Víctor Álvarez R. 

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los Acuerdos Parciales de Barbados, aún a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

2) ¿Cuál sería el marco del *Pacto de Convivencia Pacífica* y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no? 

4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?

5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?

6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?

7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?

8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?

10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un Pacto de Convivencia Pacífica?

Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien estará respondiendo todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral => https://t1p.de/0zqu6

 

No hay que subestimar la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo

 

Por: Víctor Álvarez R. / Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Una oposición dividida, desorganizada, sin un candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que estimule a votar, es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas.

La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada urna frente a la poderosa maquinaria electoral oficialista que correrá con ventaja al utilizar a su favor los recursos del Estado.

Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de movilizar masivamente el descontento nacional, no podrá capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que le otorga el enorme rechazo al gobierno.

Quienes tienen la certeza que con la inhabilitación de María Corina Machado (MCM) por el TSJ será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y también a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Pero ahora resulta que, según MCM[1], Sergio Garrido resultó ser el candidato que Maduro quería que ganara las elecciones en Barinas y por eso no lo inhabilitó y lo dejó competir. Dijo MCM: “Ya lo vivimos aquí, mucha gente habla del caso Barinas donde Maduro inhabilitó al candidato que había ganado, después a otro y después a otro, y terminó quedando un candidato, un gobernador, que hoy es absolutamente afín a Maduro, sigue la narrativa del régimen, promueve sus ideas y planteamientos”. Por ese camino, MCM se terminará peleando y alejando de sus aliados de la PUD. Y con esta incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo, hay un creciente riesgo de que la moraleja de Barinas sea dejada a un lado si no se consigue pronto un sucesor.

Ante el reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?

 

Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/kdy2b.

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco,  le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas[1].”

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun  a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EEUU y la UE no consideren esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que -con sanciones y amenazas-, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

Conversaciones con Eduardo Fernández sobre un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela

 

Revista Pedagogía Económica y Electoral N° 10

Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos 

ÍNDICE

Editorial: ¿Cuáles son las principales víctimas del conflicto venezolano?

Coexistencia Pacífica: Venezuela y EEUU necesitan verse como aliados y no como enemigos

• Si quieres resultados diferentes hay que cambiar la forma de relacionarse

• La mejor manera de salir de un rival es transformarlo en un aliado

• Canje de condiciones electorales por sanciones: necesario para la oposición pero insuficiente para el gobierno

• Con recompensas y sin garantías de no persecución no habrá elecciones competitivas

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

• La paz no es solo el fin del conflicto político

• Las víctimas más numerosas del conflicto venezolano son los migrantes

• La prioridad: proteger DDHH

• Verdad, justicia, reparación de daños y garantías de no repetición

Pacto de Convivencia Pacífica: la clave para realizar unas elecciones competitivas

• Viabilidad económica de la transición política

• Estabilidad y gobernabilidad poselectoral

¿Cuál es la clave para realizar unas elecciones libres, trasparentes y competitivas en Venezuela?

 

Por: Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

Un Pacto de Convivencia Pacífica tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos. Se trata de poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un Pacto de Convivencia Pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

La alternabilidad democrática será posible si se garantizan los derechos políticos, no solo de la oposición, sino también de los que tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones. En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de seguir al mando del Ejército, ser designado como senador vitalicio e inmunidad parlamentaria y evitar una persecución contra los militares. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

En Venezuela, estas garantías pueden requerir una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. No negociar estas garantías llevará a aferrarse al mando al oficialismo que teme ser perseguido y enjuiciado. Por mucho que se le critique, sancione y aísle, el chavismo no va a cambiar la seguridad del poder para quedar expuesto a una ola de persecuciones, juicios y condenas. La alternabilidad en el mando político pasa por la protección de los derechos políticos de los perdedores.

Si su derrota electoral se convierte en una tragedia de juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. El régimen no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Si perder el poder se convierte en un calvario, a través de los poderes públicos que controla hará todo lo posible para sacar de la contienda electoral a quien lo amenace con tribunales y cárcel.

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Para avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de la oposición, pero también de los que están en el gobierno y tengan que entregar el poder en caso de perder las elecciones.

Del revanchismo y la persecución a la complementación y cooperación

Para escoger un candidato de consenso hay que despersonalizar la opción política y dejar a un lado el culto a la personalidad

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Ante el creciente reclamo por no tener una fecha clara para las presidenciales de 2024, el oficialismo reaccionó con el llamado a Elecciones Ya y sus voceros ahora hablan del mes de mayo. Una vez inhabilitada MCM por el TSJ, la nueva jugada del gobierno es apostar a que -en un lapso tan corto-, los partidos de la PUD no logren escoger una candidatura de consenso, se dividan y decidan abstenerse. Solo así el gobierno podrá convertir en mayoría el decadente apoyo que registra en las encuestas.

MCM ha dicho sin mí no habrá elecciones e insiste en mantener su candidatura hasta el final. Y sus seguidores dejan oír su voz: o es MCM o no es nadie. Sin embargo, quienes piensan que con la inhabilitación del TSJ ya será imposible inscribir su candidatura en el CNE, plantean que la PUD no debe seguir perdiendo tiempo ni esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que el país descontento sí puede lograr en torno a una candidatura de consenso: es decir, capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Esa nueva candidatura de consenso todavía no existe y hay que construirla. Desde Barinas dejó escuchar su voz el gobernador Sergio Garrido, quien dijo: “No nos vamos a parar por María Corina Machado, escogeremos otro candidato”. Garrido personifica el éxito de una decisión pragmática y oportuna que se tomó en tiempo real cuando Freddy Superlano -el candidato de la PUD a la gobernación de Barinas-, le fue desconocido su triunfo, convocaron nuevamente los comicios pero lo inhabilitaron a él y a su sucesora para que no pudieran competir y ganar. La PUD hubiese podido llamar a la abstención, pero para capitalizar electoralmente el enorme rechazo al candidato oficialista, el candidato inconstitucionalmente inhabilitado se hizo a un lado y apoyó a un candidato de otro partido, quien finalmente se alzó con la victoria de la oposición en el emblemático estado de Barinas, la tierra donde nació Hugo Chávez, el líder de la Revolución.

Mantener viva la posibilidad de cambio pasa por convenir lo antes posible un mecanismo para escoger un sucesor, mecanismo en el cual MCM debe participar activamente. Sin su decidido apoyo a la nueva candidatura aumenta la probabilidad de que la oposición se divida, se abstenga y sea derrotada. El reto para la PUD es transformar la indignación que causa la inhabilitación de MCM en una inspiración para movilizar a un electorado que necesita un sustituto que -al votar por él- sientan que están votando por ella.

Los partidos de la PUD que reconocieron el triunfo de MCM en la Primaria presidencial han dicho que una cosa es la candidatura unitaria y otra cosa muy distinta es el liderazgo político de la coalición opositora. Esta tensión impidió consolidar una unidad sincera en torno a MCM. Se nota un distanciamiento y falta de comunicación entre la candidata y los líderes de la PUD que la han dejado prácticamente sola. MCM también los subestima y no los convoca porque los 12 aspirantes que le disputaron la candidatura presidencial no sumaron juntos el 8 % de los votos escrutados, y los hechos dicen que le suman muy poco a su propio caudal electoral.

Reimposición de sanciones deja a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU

Por: Víctor Álvarez R. 

La Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: “En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”.

La OFAC emitió la Licencia 43a que modifica la Licencia 43 publicada el 18 de octubre de 2023 y reimpone las sanciones que prohíben hacer negocios con la empresa estatal del oro, Minerven. Reimponer las sanciones es justamente lo que quieren los adversarios geopolíticos de EEUU que son aliados de Maduro, los cuales le ofrecen no dejarlo solo para preservar el control de los espacios vacíos que dejan los EEUU y la UE a raíz de las sanciones. Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del oro venezolano. Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM.

La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si en abril se reimponen las sanciones petroleras, se le dará al régimen el argumento perfecto para posponer las elecciones. Maduro ya pasó sus días más difíciles de aislamiento internacional, encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia tiene que ser ofrecer incentivos para mejorar las condiciones electorales a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales. Esta es una estrategia más inteligente y eficaz que apelar nuevamente a la política del garrote que no dio resultados para forzar un cambio en el mando político. Si la habilitación de MCM no se convierte en un punto de honor y la Administración Biden ratifica que  “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”, entonces será posible mejorar la amplia gama de condiciones electorales incluidas en el Acuerdo de Barbados, tales como:

Condiciones electorales: necesarias más no suficientes

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias 

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

En el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un Pacto de Convivencia Pacífica. Les invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, a partir de los siguientes temas:

1) ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?

2) ¿Cuál sería el marco del Pacto de Convivencia Pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?

3) ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no? 

4) ¿Cómo se designaría en ese Pacto el alto mando de la FANB, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional?

5) ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de Coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad post-electoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?

6) ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EEUU, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la Justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?

7) ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?

8) ¿Quiénes negocian y firman el Pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?

9) ¿Cuál es el papel de EEUU y la Comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?

10) ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un *Pacto de Convivencia Pacífica*?

En los comentarios, puedes sugerir a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para conocer su visión sobre lo que debería contener un Pacto de Convivencia Pacífica para Venezuela. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando semanalmente. https://www.youtube.com/@pedagogiaeconomicayelectoral/videos

CITGO puede pagar repatriación de 50 mil migrantes venezolanos en EEUU

 

Por: Víctor Álvarez R.

Proyecto Pedagogía Económica y Electoral 

La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y  permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.

En marzo de 2023, el juez Leonard Stark de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera. El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

¿En qué consiste el principio del alter ego?