Víctor Álvarez R.
Director de Pedagogía Económica y Política
Tras el terremoto del 24 de junio, crece la
presencia militar de EEUU en Venezuela. Más de 2.000 efectivos estadounidenses desembarcaron en el país con el argumento
de brindar asistencia humanitaria y apoyar las tareas de reconstrucción. La
Orden Ejecutiva 14373 y las licencias de la OFAC fueron los primeros pasos para
la implantación de un entramado de control que tiene como fin incorporar a
Venezuela en la estrategia de seguridad energética y geopolítica de EEUU. Ahora,
la Administración Trump aprovecha la catástrofe para ampliar su presencia e
influencia en Venezuela.
La
intervención de EEUU en los asuntos internos ha sido aceptada sin mayor
resistencia interna. Un país cansado por largos años de contracción económica, desempleo,
alza del dólar, inflación, deterioro de los servicios de electricidad, agua,
gas, telecomunicaciones, salud y educación, se rinde ante una tutela externa que
promete mejorar las condiciones de vida de los empobrecidos hogares venezolanos.
Esta promesa
de reconstrucción encuentra un nuevo caldo de cultivo en la brutal catástrofe causada
por el terremoto. Ante las limitaciones de las instituciones del país que
fueron desbordadas por la magnitud de la tragedia, el clamor nacional pide
ayuda internacional. Y en nombre de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción
nacional, el debate político no repara ni cuestiona la creciente intervención externa
en los asuntos nacionales.
Por este
camino, Venezuela no podrá recuperar la soberanía perdida que la dirigencia
política no se atreve a defender por temor a la reacción que pueda tener la
Administración Trump. Saben que -con la captura y extracción de Nicolás Maduro-,
Trump mostró su mano dura y dejó claro lo que es capaz de hacer en Venezuela,
si alguien se le opone.
MCM: La aguafiestas de Donald Trump
Trump
dice que -a
pesar del terremoto- los venezolanos están felices y bailan en las calles por
el futuro promisor que ahora tienen por delante. Afirma que con el dinero
obtenido por las ventas de petróleo venezolano ha pagado varias veces la guerra
contra Irán y presenta el control sobre el país que tiene las reservas de
petróleo más grandes del mundo como un gran éxito de su política exterior. Elogia
el gobierno interino de Delcy Rodríguez y dice que se está entendiendo muy bien
con Venezuela.
A
contrapelo, María Corina Machado (MCM), afirma que el país está de mal en peor, en manos de un gobierno incapaz
de sacar al país de la crisis, ahora agravada por la devastación del terremoto.
La principal líder de la oposición dejó de reclamar el reconocimiento de las
Presidenciales de 2024 para anunciar que será candidata presidencial. En
Washington le han asegurado que dejará de estar inhabilitada y podrá postularse
en las próximas elecciones, pero que no puede retar a Trump y regresar a
Venezuela sin autorización.
A los
activistas de MCM los relacionan con las protestas frente a la Embajada de EEUU
en Caracas y con las críticas al Encargado de Negocios, John Barrett, por su
cooperación con el gobierno interino. Y desde Washington le advierten
que no puede regresar a Venezuela a calentar la calle para reclamar
que se convoquen las elecciones presidenciales, antes de que concluya la segunda
fase de recuperación económica. Pero ella
insiste en regresar y se
ha convertido en la aguafiestas de la narrativa de Trump sobre Venezuela.
La
oposición tutelada
Si Trump le
retira la protección, MCM terminará acusada de ser una líder egoísta que exige
elecciones para lograr su ambición personal de ser presidenta, sin considerar
que la prioridad es reconstruir la Venezuela destruida por el terremoto y
recuperar la economía para que los migrantes ilegales que tanto preocupan a
Trump puedan retornar a Venezuela.
Esta amenaza la
deja fuera de juego. De hecho, MCM no es tomada en cuenta ni siquiera para
preparar las condiciones de la transición política, tal como quedó demostrado
con la tarea asignada por EEUU a Dinorah Figuera, presidenta de la AN 2015,
quien visitó Venezuela -su país- no por decisión propia, sino invitada por el
Departamento de Estado de EEUU, con la misión de negociar con el oficialismo las
condiciones para la tercera fase de la transición política.
Este es el crudo
reflejo de la realidad política nacional, en la que no solo el gobierno está
tutelado, también la oposición está tutelada.
En Venezuela no habrá elecciones
Por lo tanto, no hay que generar falsas
expectativas. En Venezuela no habrá elecciones en el 2027 y puede que en el
2028 tampoco. Se convocarán una vez que se termine el difícil trabajo del
ajuste económico y se declare concluida la segunda fase de reconstrucción y recuperación
económica, la
cual puede durar más de dos años.
A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y
un costo
político-electoral que nadie quiere pagar. Si las presidenciales se convocan antes de hacer “el
trabajo sucio” del ajuste económico, el nuevo gobierno recibirá una
economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad
descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo
minado y Venezuela será un país difícil de gobernar. El chavismo en la
oposición, con la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría
suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas que
quedaron pendientes.
Por eso, al referirse a la tercera fase de
transición democrática, Marco Rubio declaró que
“no quiere esperar demasiado para una transición, pero tampoco quiere actuar
con tanta rapidez que todo pueda desmoronarse". Hasta María Elvira
Salazar y los congresistas republicanos que tanto presionaron para convocar las
elecciones acataron la línea de Trump y Rubio para que las presidenciales se
pospongan, incluso hasta el 2028.
Recordemos también lo que dijo Marco
Rubio cuando fue interpelado en el Senado para determinar si Trump había
sobrepasado los límites de la soberanía venezolana. Dijo Rubio: “Quien crea
que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este
filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento
histórico”.
Esta “administración
estratégica” se lleva a cabo a través de la Orden Ejecutiva 14373, las
licencias de la OFAC y la creciente presencia militar de EEUU, todo lo cual se
puede prolongar aún después que Venezuela elija un nuevo gobierno. Incluso,
bajo una Administración Demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos
de EEUU le convendrá mantenerlas vigentes, tal como lo hizo Biden con la Orden
Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del primer mandato de
Trump.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la
arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las
inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las
elecciones presidenciales?
¿Quién puede asegurar que la tutela de
EEUU sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria
de los demócratas en las Presidenciales de 2028?
La prioridad
de los actores políticos interesados en restaurar la democracia venezolana
queda subordinada al interés de Trump y las transnacionales estadounidenses que
ven a Venezuela como un manantial de oportunidades para hacer negocios e
inversiones en petróleo, gas, oro, diamantes, coltán, otros minerales estratégicos.
Ahora se suma la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, cuyos
contratos serán pagados con los ingresos petroleros venezolanos depositados en
las cuentas custodiadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.
La transición
política estable y duradera es un asunto de viabilidad económica, no de
legitimidad democrática. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica
de la transición política. Lo que está en marcha no es una transición
democrática, sino la normalización de un país tutelado bajo lo que Marco Rubio
llama la “administración estratégica”. En la Venezuela tutelada se impone un cambio
económico sin cambio político, es la normalización sin transición.
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