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jueves, 16 de julio de 2026

En Venezuela la oposición también está tutelada

 

Víctor Álvarez R.

Director de Pedagogía Económica y Política

Tras el terremoto del 24 de junio, crece la presencia militar de EEUU en Venezuela. Más de 2.000 efectivos estadounidenses desembarcaron en el país con el argumento de brindar asistencia humanitaria y apoyar las tareas de reconstrucción. La Orden Ejecutiva 14373 y las licencias de la OFAC fueron los primeros pasos para la implantación de un entramado de control que tiene como fin incorporar a Venezuela en la estrategia de seguridad energética y geopolítica de EEUU. Ahora, la Administración Trump aprovecha la catástrofe para ampliar su presencia e influencia en Venezuela.

La intervención de EEUU en los asuntos internos ha sido aceptada sin mayor resistencia interna. Un país cansado por largos años de contracción económica, desempleo, alza del dólar, inflación, deterioro de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, salud y educación, se rinde ante una tutela externa que promete mejorar las condiciones de vida de los empobrecidos hogares venezolanos.

Esta promesa de reconstrucción encuentra un nuevo caldo de cultivo en la brutal catástrofe causada por el terremoto. Ante las limitaciones de las instituciones del país que fueron desbordadas por la magnitud de la tragedia, el clamor nacional pide ayuda internacional. Y en nombre de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción nacional, el debate político no repara ni cuestiona la creciente intervención externa en los asuntos nacionales.

Por este camino, Venezuela no podrá recuperar la soberanía perdida que la dirigencia política no se atreve a defender por temor a la reacción que pueda tener la Administración Trump. Saben que -con la captura y extracción de Nicolás Maduro-, Trump mostró su mano dura y dejó claro lo que es capaz de hacer en Venezuela, si alguien se le opone. 

MCM: La aguafiestas de Donald Trump

jueves, 4 de junio de 2026

Carta Abierta al Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-EEUU: De la Cuenta Tutelada al Fondo Soberano

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

Diputado Antonio Ecarri y demás miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria entre Venezuela y EEUU, la iniciativa de la que ustedes forman parte surge en un contexto en que el territorio del país fue atacado por fuerzas militares externas y la soberanía nacional sobre los recursos naturales ha sido vulnerada. Con la Orden Ejecutiva 14373 y las nuevas licencias de la OFAC, EEUU asumió la vigilancia y control de la producción y venta del petróleo venezolano. La Administración Trump reconoce que el ingreso petrolero es propiedad de Venezuela, pero lo mantiene bajo custodia en una cuenta del Tesoro de EEUU denominada Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Fund). Hasta los pagos por la compra de combustible que hagan las aerolíneas y navieras internacionales en aeropuertos y puertos venezolanos deberán realizarse directamente en las cuentas custodiadas por el Departamento del Tesoro.

EEUU justifica esta custodia con el argumento de proteger el ingreso petrolero del latrocinio de los corruptos, así como de los acreedores que intentan cobrar indemnizaciones pendientes al Estado venezolano. Ciertamente, el escándalo de corrupción de Pdvsa-Crypto en el que altos funcionarios del gobierno expoliaron más de 20 mil millones de dólares, así como la decisión de un tribunal de EEUU de rematar Citgo para pagar cuentas pendientes a los acreedores, dejan al descubierto la vulnerabilidad y riesgos que se ciernen sobre la principal fuente de ingresos del país.

Pero esta no es razón para normalizar la vigilancia y tutela que la Administración Trump ha impuesto sobre Venezuela. La OE 14373 y las licencias OFAC no son señales de levantamiento de sanciones, sino la implantación de una arquitectura de control sobre la exploración, extracción, exportación y refinación del petróleo y gas venezolanos. Quien quiera invertir en Venezuela necesita una licencia de la OFAC y esto dificulta la entrada de inversiones europeas y asiáticas que se necesitan para aumentar la producción de petróleo en el país que cuenta con las reservas más grandes del mundo.

La Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC imponen mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección que operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU. Este entramado de control se puede prolongar aún después que en Venezuela se elija un nuevo gobierno. Incluso, bajo una Administración Demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos de EEUU le convendría mantenerlas vigentes, tal como lo hizo la Administración Biden con la Orden Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del primer mandato de Trump.

Recordemos lo que dijo el Secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue interpelado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana. Dijo Rubio: “Quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico”.

¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales? ¿Quién puede asegurar que la tutela de EEUU sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas en las Presidenciales de 2028?

No hay mal que por bien no venga