Programa de Ajuste Económico con viabilidad política y social

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Varias son las iniciativas en marcha que elaboran planes de ajuste económico desde distintas perspectivas e intereses. Felipe Pérez Martí, ex Ministro de Planificación de Hugo Chávez, desde hace tres años promueve un intenso debate en el foro por internet “¿Qué hacer”, un espacio abierto para construir acuerdos básicos entre  economistas, políticos, profesionales y líderes sociales, De este foro ha surgido tanto un diagnóstico de los problemas más importantes de la economía y sociedad venezolanas, así como una propuesta con medidas concretas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y reactivar el aparato productivo
http://que-hacer.org.ve/wiki/Qu%C3%A9_Hacer,_Versi%C3%B3n_6._Resumen_Ejecutivo

La Comisión de Finanzas de la AN realizó una serie de consultas para elaborar un cuerpo básico de propuestas a ser presentadas al gobierno y al país para superar la crisis, promover el crecimiento económico sostenido, bajar la inflación y mejorar la inclusión social. Este proceso de consultas fue coordinado por una Subcomisión dirigida por el diputado José Guerra quien sistematizó las diez propuestas más importantes para detener el deterioro, superar la crisis económica y evitar un mayor impacto social. Es un documento que sigue abierto a nuevas contribuciones https://www.lapatilla.com/site/?s=10+propuestas+para+superar+la+crisis

El Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, y el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, entregaron al gobierno venezolano un documento con un diagnóstico y conjunto de recomendaciones para reactivar la economía y superar los problemas de escasez de alimentos, medicinas, etc. que agobian a la sociedad venezolana. En una rueda de prensa el expresidente Fernández adelantó algunas recomendaciones, entre ellas: la unificación cambiaria, un mecanismo de subsidios directos a los hogares pobres y un plan de abastecimiento de alimentos y medicinas para todos. 

No podemos insertar el link del documento porque el gobierno aún no lo ha publicado. Lo único que se sabe del mismo es lo que adelantó el expresidente Fernández y la defensa que ha hecho el economista Francisco Rodríguez, ex Economista Jefe del Bank of America,  quien coordinó el trabajo técnico del documento de Unasur. Rodríguez ha sugerido al gobierno hacer público el documento y promover un debate abierto en torno a la búsqueda de las mejores soluciones para superar la crisis: “Si el gobierno venezolano efectivamente decide seguir las recomendaciones de Unasur, un debate público y transparente sobre ellas abriría un espacio para que economistas de diversas tendencias puedan plasmar sus observaciones, críticas y recomendaciones, fortaleciendo así la calidad de la política económica que surja de ese debate. Así es como debe funcionar la transparencia en la conducción de los asuntos públicos y es lo que uno esperaría del gobierno de un movimiento que coloca al concepto de democracia participativa en un lugar central de su discurso político”.

La propuesta de Unasur ha atizado el debate entre los diferentes grupos de economistas que formulan sus propuestas para superar la crisis. El primero en reaccionar fue Ricardo Hausmann, quien actualmente dirige un grupo de expertos en Harvard que trabaja en un plan económico para un gobierno de transición. Aun cuando todavía no se conoce el documento de Unasur, Hausmann cuestionó la propuesta diciendo que “lo anunciado dista mucho de ser un programa coherente y creíble. Hay temas que no se abordan y que son centrales para enfrentar la crisis”, y menciona la programación fiscal, la estrategia de financiamiento externo y la interdependencia entre la liberación cambiaria y el control de precios, asuntos claves en el marco de un programa de estabilización macroeconómica.

El economista Miguel Ángel Santos, quien forma parte del Grupo de Harvard liderado por Ricardo Hausmann, ha circulado un documento que lleva como título “Bases para el diseño de un programa de reconstrucción nacional”. Este diagnóstico sirve de base para la elaboración del programa de ajuste que actualmente elaboran y el cual consideran que debería ser implementado por un gobierno de transición.  

Los economistas Orlando Ochoa y Francisco Rodríguez colaboran con el gobernador Henri Falcón sobre las medidas económicas que debería adoptar un Gobierno de Unidad Nacional y recientemente lo acompañaron en la presentación pública que hizo en el Consejo de las Américas.

Y quien suscribe ha venido trabajando en una Agenda Económica para un Gobierno de Consenso …http://dialogo-consenso-sustentabilidad.weebly.com/1/post/2016/06/premio-nacional-de-ciencias-por-victor-alvarez-r.html …, a la luz de un enfoque de economía política que tome en cuenta las relaciones de poder y no se limite a aplicar el menú de medidas que recomiendan los libros de texto para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Racionalidad económica, sagacidad política y sensibilidad social son las claves para identificar las medidas que tendrá que tomar un nuevo gobierno para enderezar el rumbo de la economía sin agravar el malestar social. Es la única manera de evitar que se cometan ingenuidades o torpezas que terminen restaurando el (des) orden anterior. Por lo tanto, la viabilidad de un  programa de estabilización económica con viabilidad política y social -además de la pertinencia, relevancia, secuencia y velocidad de las medidas- también tiene que tomar en cuenta:   

ü  Diálogo permanente con la resistencia activa del chavismo que se opondrá al desmontaje de los controles y políticas emblemáticas del Legado de Chávez.

ü  Comunicación y construcción del respaldo político para adoptar las medidas que permitan corregir los desequilibrios macroeconómicos y sectoriales.

ü  Fortalecer las instituciones con venezolan@s notables que pongan freno a la disputa entre grupos de poder por colonizar y controlar los poderes públicos.

ü  Compromiso social para evitar que el costo del ajuste lo paguen los sectores más vulnerables de la población.

ü  Manejo inteligente de las restricciones presupuestarias para financiar los programas e incentivos compensatorios.

ü  Activar mecanismos para administrar la próxima crisis de abundancia en función de aislar el impacto negativo de los auges de la renta petrolera sobre la economía y sociedad venezolanas. @victoralvarezr

¿Cuáles son las medidas clave para reactivar la economía?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Uno de las patologías más dañinas del último auge rentístico fue la prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio. El dólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones, expropiaciones y estatizaciones que barrieron con el aparato productivo interno. La descapitalización y desindustrialización desembocaron en un severo proceso de reprimarización de la economía que la hizo muy vulnerable del comportamiento errático de los precios del petróleo.

Además de la urgente estabilización macroeconómica se requiere una profunda reforma estructural para diversificar la economía. Esto implica armonizar la política macroeconómica con las políticas agrícola, industrial, comercial y tecnológica. Para construir el apoyo social y político a las medidas necesarias para estabilizar la economía, lo primero que hay que aplicar es un Programa de Emergencia enfocado en asegurar el abastecimiento suficiente y oportuno de alimentos y medicinas en el corto plazo. Una vez estabilizada la economía, toca aplicar las medidas para reconstruir el aparato productivo y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas. Este es un proceso que lleva tiempo y solo es posible a través de un plan bien pensado, con medidas pertinentes, aplicadas en la secuencia lógica y al ritmo adecuado. No se trata de un programa de shock donde todas las medidas se aplican de golpe y porrazo.

El Programa de Estabilización Económica debe reestablecer el funcionamiento de los mecanismos del mercado en la formación de los precios. Los rígidos controles no impidieron que Venezuela sufra la inflación más alta del mundo. El control de cambios tampoco evitó la fuga de capitales, la caída de las reservas internacionales ni la pulverización del bolívar. Las expropiaciones aceleraron la caída de la producción y agravaron la escasez.

Estos desincentivos se expresan en la contracción del PIB y la caída de la recaudación fiscal. El financiamiento monetario del déficit fiscal ha desquiciado el comportamiento de los precios. Pero al unificar el régimen cambiario y sincerar el precio de la gasolina se corrigen 2/3 del déficit fiscal. Si se reactiva el cobro de peajes, se racionaliza el arancel de aduanas y se ajustan las tarifas de servicios públicos, el déficit fiscal se reduce a niveles manejables.

Para compensar el impacto de estas medidas sobre los ingresos, los ineficientes subsidios a los productos y al productor deben ser sustituidos por subsidios directos en dinero a los hogares pobres y así puedan adquirir los bienes y servicios a precios que a su vez permitan recuperar los costos y asegurar una ganancia razonable. Esto coadyuvará a levantar el control de cambios, liberar los precios y ejecutar una política de promoción de inversiones y estímulo a la competencia para generar una abundante oferta que compita en calidad y precios.

Como la formación de precios se hace con base en el dólar paralelo, la unificación cambiaria no tendrá mayor impacto inflacionario y la desaceleración de los precios se logrará al reactivar la producción y mantener bajo control el déficit fiscal. Abatir la inflación implica coordinar la política macroeconómica con las políticas sectoriales para reactivar la agricultura e industria, cerrar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo. Esto pasa por reestablecer la autonomía del BCV en la emisión de dinero y en el manejo de las reservas internacionales.

La política monetaria y financiera se debe manejar con prudencia y sensatez. Si se liberan las tasas de interés antes de que la inflación haya sido abatida, como las tasas de interés persiguen la inflación, los altos costos financieros harían inviable la reactivación agrícola e industrial.  Por si fuera poco, debido a la pesada carga de la deuda pública interna, liberar las tasas de interés sentenciaría la inviabilidad fiscal del Programa de Ajuste. Por lo tanto, en la secuencia lógica primero habría que corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario y abatir la inflación para que luego sea viable la liberalización de los mercados financieros.

La actividad económica responde a incentivos, no al hostigamiento que sufre a través de rígidos controles, multas y penas de cárcel. Las empresas invierten siempre y cuando puedan vender a un precio que les permita recuperar los costos de producción y obtener una ganancia razonable. Al sustituir la política de controles, multas y penalizaciones que ahorcan al productor por una nueva política de incentivos basada en el respeto a los derechos de propiedad, la devolución de las empresas expropiadas y la liberalización de los mercados, se enviará una señal clave para estimular un creciente flujo de inversión nacional y extranjera que ayude a reactivar la producción.

Una vez más quedó claro que los períodos de bonanza petrolera que desatan la arrogancia de los gobernantes de turno no son eternos y no pueden sostener de manera indefinida a los gobiernos interventores y controladores que originan. Con el colapso de los precios del petróleo al intervencionismo estatal le toca  hacerse a un lado para poder crear un ambiente que estimule la inversión, reactivar la producción y superar los problemas de escasez e inflación que atormentan a la población. La Reforma Estructural de la economía pasa, entonces, por transformar al Estado empresario en un Estado promotor. Las empresas que no puedan mantener sus operaciones sin los créditos adicionales del gobierno deben ser reconvertidas para fortalecer sus capacidades productivas y tecnológicas. Con este fin hay que incentivar la inversión privada a través de un nuevo marco legal e institucional que garantice los derechos de propiedad y la imparcialidad de la justicia, promueva la competencia, impida el abuso de las posiciones de dominio, las prácticas desleales de comercio, el dumping y los subsidios.

Finalmente, la reforma laboral también tendrá que esperar a la reactivación y reconversión de la economía. De lo contrario, la conflictividad sindical abortará el ajuste económico y la reforma estructural. Solo con un aparato productivo en crecimiento se generarán nuevas y mejores oportunidades de empleo en el sector privado. La generación de empleo productivo ayudará a desburocratizar la población económicamente activa y a aliviar sin traumas la nómina de las empresas públicas. Así, éstas podrán iniciar un proceso de desestatización y privatización con participación accionaria de los trabajadores y de nuevos inversionistas. @victoralvarezr

Víctor Álvarez: Difícilmente un modelo de estatización resolverá problema económico   

Entrevista en el programa Vladimir a la 1  con:  Víctor Álvarez y José Guerra 15.08.16

Entrevista en el programa Con Todo y Penzini 27.07.16

Entrevista en el programa Criterios con Germán Ferrer 26.07.16

¿Cuál fue el error de Pérez Abad?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Insinuar que las empresas expropiadas podían ser devueltas o privatizadas le costó el cargo a Miguel Pérez Abad. El ex Vicepresidente de Economía provocó la reacción del ala dogmática al afirmar que “el Gobierno venezolano no descarta la devolución de empresas que fueron expropiadas o de algunas que están ocupadas temporalmente”. Desde Panamá -donde firmó el contrato de compra de alimentos- Pérez Abad dijo que: “En los seis meses del Consejo Nacional de Economía Productiva, casos de industrias expropiadas, algunas paralizadas o en bajo rendimiento, han sido identificadas y hemos logrado avanzar con el sector privado para reanimar esas industrias. En otras empresas que no son estratégicas, no son medulares y tienen poca importancia, puede haber un plan de devolución y entrega dependiendo del caso”.

El primero en escarmentar con la destitución de Pérez Abad fue Eulogio del Pino. El 26 de julio el Ministro de Petróleo planteó en la Asamblea de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) que: “Debemos ir a un nuevo modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de errores: creo que lo que se hizo en el Lago de Maracaibo tuvo muchos errores, debemos reconocerlo y hemos ido a un esquema en el cual a todos aquellos empresarios, que aún quieran continuar, vamos a devolverle sus actividades”. Pero la reacción del ala dogmática del PSUV fue tan tajante que el Presidente de Pdvsa de inmediato reculó y ante la presencia de Diosdado Cabello y Elías Jaua en un acto en Falcón desdijo su discurso ante la CPV: “Han tomado unas declaraciones en un medio escuálido, las han armado y han tratado de hacer ver que ahora estamos tratando de privatizar la industria. ¿Cómo es posible que lleguen a esos extremos? Es parte de la estrategia de división y de generar dudas entre nuestros trabajadores petroleros, que han sido reivindicados por esta revolución como nunca antes”.

La reacción del ala dogmática no se hizo esperar. El primero en contestar fue Elías Jaua, quien cuestionó a Eulogio del Pino porque sus propuestas de devolver o privatizar las empresas públicas se alejan de las directrices del gobierno: “¿Será que olvida que hay un Plan de la Patria aprobado por el voto popular y hecho Ley de la República? ¡Viva Chávez!”, escribió en la red social twitter.

Rafael Ramírez, ex Presidente de Pdvsa y actual embajador ante la ONU, quién se sintió aludido por la autocrítica de Eulogio del Pino, también le salió al paso y escribió: “La política petrolera de Chávez es correcta. La nacionalización le devolvió el petróleo al pueblo. ¡Es su legado!”.

Con su mazo dando, Diosdado Cabello fulminó las pretensiones reformistas de Pérez Abad y Eulogio del Pino: “Nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la Revolución ha tomado por estar conspirando”.

El veredicto final lo dio el Presidente Maduro, quien ratificó que se mantiene la política de control del Estado sobre las industrias nacionalizadas: “Que nadie se confunda, el camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni la oligarquía, el camino es más socialismo, más revolución”.

El dogma de la propiedad estatal

El intento por impulsar en Venezuela el nuevo socialismo del siglo XXI reeditó los mismos errores que se cometieron en el socialismo del siglo XX. La excesiva extensión de la propiedad estatal sobre los medios de producción terminó siendo un caldo de cultivo para el fermento y reproducción de poderosas élites burocráticas y corruptas que secuestran la propiedad pública y la administran en su propio beneficio. Al imponer la propiedad estatal total y absoluta sobre las empresas expropiadas, la Revolución Bolivariana fracasó en su promesa de promover nuevas formas de propiedad social en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada, quienes no se sienten copropietarios sociales de unas empresas que son 100 % propiedad estatal.

Si evaluamos el desempeño de las empresas expropiadas a la luz de los indicadores de escasez de cemento, acero, cabillas, aluminio, atún, harina de maíz, lácteos, café, botellas, envases plásticos, agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y la gama de productos y servicios, obviamente que la mayoría de estas empresas no pasa la prueba. Por el contrario, sus crecientes pérdidas representan una pesada carga para un presupuesto nacional cada vez más deficitario debido al colapso los ingresos fiscales.

Adicionalmente, si evaluamos su desempeño a la luz de las nuevas relaciones sociales de producción que estas empresas estaban llamadas a instaurar para empoderar a los trabajadores sobre los procesos de producción, distribución y comercialización, entonces el balance es mucho peor. Esas empresas terminaros secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción que desplazaron a los trabajadores y les arrebataron su conducción. El control obrero y la autogestión no fracasaron porque los trabajadores nunca dirigieron  esas empresas. Por lo tanto, no se les puede responsabilizar de su fracaso.

Causas de la bancarrota de las empresas estatizadas

Las erradas políticas económicas y una pésima gerencia empresarial se combinaron para hacer fracasar a esas empresas. Los severos controles de precios las obligan a vender por debajo del costo de producción, y esto no les permite generar ingresos ni siquiera para pagar la nómina. Por eso dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA, el gobierno no les puede transferir más recursos.

La sobrevaluación de la tasa de cambio propició toda clase de importaciones baratas que arruinaron la producción nacional. El propio gobierno las quebró al obligadas a vender a los canales de comercialización estatales al mismo precio de los productos que importa con un dólar sobrevaluado y subsidiado.

La otra causa de la bancarrota es la pésima gerencia. Su dirección se entregó a gente sin formación ni experiencia. Al convertirse en un botín para la corrupción, terminaron saqueadas en la voraz pugna entre los grupos de poder que se disputan su control. Y mientras sean un instrumento del populismo clientelar, sus nóminas se mantendrán sobresaturadas. Así, el desaguadero de la corrupción y los excesivos costos sentencian su inviabilidad económica y financiera.

Se confundió estatización con socialización

Al confundirse estatización con socialización, la propiedad de las empresas expropiadas no pasó a manos de los trabajadores ni de las comunidades. Al imponerse la propiedad estatal, estas empresas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Los trabajadores fueron desplazados por esas camarillas y mafias y por eso no se sintieron copropietarios sociales ni dolientes de esas empresas.

Aparte de las empresas que estaban productivas en manos privadas y con la estatización terminaron quebradas, otras expropiaciones fueron un negocio redondo que indujeron los dueños de esas industrias en complicidad con funcionarios del gobierno. Muchas empresas estaban cerradas porque no pudieron competir con las importaciones baratas que inundaron al país gracias al dólar subsidiado que otorgó el propio gobierno. Pero en torno a esas empresas obsoletas, verdadera chatarra tecnológica, se construyó un falso discurso revolucionario que levantaba las banderas de su rescate y recuperación para generar empleo y ponerlas a producir. Con esa farsa, se declararon de utilidad pública, se expropiaron, sus antiguos dueños cobraron jugosas indemnizaciones y de paso se desprendieron de un muerto que les ocasionaba grandes costos.

¿Desestatizar o privatizar?

El error de Pérez Abad y del Pino fue proponer la devolución o privatización de las empresas expropiadas, en lugar de impulsar su desestatización a través de la democratización de la propiedad. Si hubiesen promovido nuevas formas de propiedad social que empoderaran a los trabajadores y comunidades organizadas -dejando claro que las ganancias que correspondan a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores o Comunas en lugar de ser repartidos como dividendos individuales serían la fuente de financiamiento de proyectos de interés común-, seguramente su suerte habría sido otra y hoy tendrían la ovación y el respaldo del pueblo, aunque se echasen de enemigos a los burócratas y corruptos que ya no podrían seguir saqueando la expresas expropiadas.

No se trata de privatizar sino de desestatizar a través de nuevas formas de propiedad social. La desestatización aliviará las presiones y exigencias en cada contratación colectiva, ya que las justas reivindicaciones y demandas comunitarias serían financiadas con la inversión social de los dividendos que corresponden a los Consejos de Trabajadores y Comunas. De esta forma, los trabajadores –en lugar de resistirse a la desestatización y reeditar el clima de conflictividad laboral que se repite en las empresas estatales y privadas-, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero en las empresas donde sí se sienten verdaderos copropietarios sociales.

Por su parte, los inversionistas privados también saldrían beneficiados con esta nueva cultura de responsabilidad laboral y despertarían interés en otros inversionistas quienes estarían dispuestos a arriesgar sus recursos en empresas en las que los trabajadores saben que de la paz laboral y del esfuerzo productivo dependerá no solo el pago de sus salarios, sino también los dividendos que se destinarán a financiar sus programas de interés laboral y social. @victoralvarezr

La destitución de Pérez Abad y las que vienen

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Las propuestas de unificación cambiaria, flexibilización del control de precios y devolución de las empresas expropiadas le costaron el cargo a Miguel Pérez Abad, toda vez que fueron consideradas como una traición al legado de Chávez. Al ex Vicepresidente de Economía ya le habían recortado la rienda con la designación de Vladimir Padrino López al frente de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, a cuyo mando quedaron subordinados los demás ministros del área económica.

Al afirmar que “debemos tener listo el sistema de flotación implantado totalmente en los próximos 60 días”, el ex Vicepresidente de Economía comenzó a cavar su fosa. Con esta medida erradicaría el incentivo perverso que ha permitido a los cazadores de renta, especuladores y corruptos amasar escandalosas fortunas al capturar los dólares baratos para después venderlos más caros. Su inclinación por dejar que el juego de la oferta y la demanda fijara la cotización del dólar fue desvirtuado como una desviación neoliberal y una concesión a los que sacaron divisas a la tasa preferencial de 2,15, 4,30, 6,30 y 10 Bs/$ y ahora quieren vendarlas a una mayor tasa. Ni siquiera lo salvó su argumento de unificar las tasas Dipro y Dicom para destinar las ganancias cambiarias a financiar las tarjetas de alimentación a 2,5 millones de familias y así sustituir sin traumas los ineficientes subsidios indirectos al productor por subsidios directos a las familias pobres.

Reformistas vs dogmáticos

Las tensiones en el oficialismo se acentuaron a raíz de los anuncios hechos por el ala reformista. Por un lado, Pérez Abad provocó la reacción del ala dogmática al afirmar que “el gobierno venezolano no descarta la devolución de empresas que fueron expropiadas o de algunas que están ocupadas temporalmente”. Desde Panamá -donde se encontraba para la firma del contrato de compra de alimentos- Pérez Abad dijo que: “En los seis meses del Consejo Nacional de Economía Productiva, casos de industrias expropiadas, algunas paralizadas o en bajo rendimiento, han sido identificadas y hemos logrado avanzar con el sector privado para reanimar esas industrias. En otras empresas que no son estratégicas, no son medulares y tienen poca importancia, puede haber un plan de devolución y entrega dependiendo del caso”.

Por otro lado, el ministro de Petróleo y Presidente de Pdvsa consideró un error las expropiaciones en 2009 de las empresas de servicios conexos que operaban las embarcaciones para el transporte de los empleados, gabarras y grúas en el Lago de Maracaibo y adelantó que Pdvsa está dispuesta a devolver las empresas a sus antiguos dueños o nuevos inversionistas. En la XXXVIII Asamblea de la Cámara Petrolera planteó que: “Debemos ir a un nuevo modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de errores. Creo que lo que se hizo en el lago de Maracaibo tuvo muchos errores, debemos reconocerlo y hemos ido a un esquema en el cual a todos aquellos empresarios, que aún quieran continuar, vamos a devolverle sus actividades”.

Estas posiciones fueron el detonante de las reacciones del ala dogmática. El primero en contestar fue Elías Jaua, quien a través de su cuenta en Twitter cuestionó a del Pino porque sus propuestas de privatizar las empresas públicas se alejan de las directrices del Plan de la Patria, legado sagrado del fallecido presidente Hugo Chávez. Por su parte, Nicolás Maduro dejó claro que se mantenía la política de control del Estado sobre las industrias nacionalizadas: “Que nadie se confunda, el camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni la oligarquía, el camino es más socialismo, más revolución”. Mientras que Diosdado Cabello afirmó que “Nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la Revolución ha tomado por estar conspirando”.

Las destituciones que vienen

Nicolás Maduro tiene al alcance de la mano medidas de alto impacto para enderezar el rumbo de la economía, aliviar el malestar social y evitar el costo político de su inacción, pero ha preferido dejarse guiar por asesores externos que no comprenden la naturaleza de la crisis venezolana y ha designado ministros que prolongan las ineficaces políticas que desmantelaron el aparato productivo y constituyen la principal causa del desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación que han puesto al país con las reservas de petróleo más grandes del mundo a las puertas de una crisis humanitaria.

Las tensiones en el gobierno se recrudecieron con el aumento de las tarifas de telecomunicaciones. Luego de haber autorizado la Vicepresidencia Económica el ajuste, intempestivamente el presidente Maduro suspendió la medida. En la antesala del Referendo Revocatorio, los detractores de Pérez Abad intrigaron sobre el costo de una medida que no estaba siendo debidamente calculado por la falta de olfato político del Vicepresidente de Economía. El propio Pérez Abad reconoció que “Las decisiones sobre las telecomunicaciones y el régimen laboral muestran que el potencial de retroceso de cualquier medida tendente hacia una mayor flexibilidad de precios sigue siendo enorme”.

Maduro juró defender el Legado de Chávez preservando incólumes todas y cada una de las decisiones heredadas del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así fue disecando una a una sus políticas: los controles de cambio y de precios quedaron petrificados, el dólar barato fosilizado, la gasolina sigue siendo regalada, las empresas expropiadas están quebradas, el Fonden es un cascarón vacío. La defenestración de Pérez Abad es una victoria de la tendencia dogmática que considera la eliminación de los controles y expropiaciones como una traición al legado de Chávez. Su sustitución por Carlos Faría como nuevo Ministro de Industria y Comercio, lejos de ser un indicio de rectificación de los errores cometidos, es una señal de que la política económica seguirá por el camino equivocado. Miguel Pérez Abad junto a Rodolfo Medina, Ministro de Finanzas, y Eulogio del Pino, Ministro de Petróleo, conformaron la tendencia reformista que bregó por corregir las desviaciones y errores de la política económica. Ahora Medina y del Pino se quedan solos con una espada de Damocles que pende sobre sus cabezas. Una nueva declaración en contra del Legado de Chávez y también serán defenestrados. @victoralvarezr

¿Re-privatizar o desestatizar?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El 22 de junio el presidente  Nicolás Maduro oficializó la creación del Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, el cual se encargará de las políticas para las empresas expropiadas y nacionalizadas. Si evaluamos su desempeño a la luz de la escasez de cemento, acero, cabillas, aluminio, atún, harina de maíz, lácteos, café, botellas, envases plásticos, agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y la amplia gama de productos y servicios que deberían encontrarse en el mercado, obviamente que la mayoría de estas empresas no pasa la prueba. Y si lo hacemos a la luz de las nuevas relaciones sociales de producción que estaban llamadas a instaurar para empoderar a los trabajadores sobre el control de los procesos de producción, entonces el balance es mucho peor.

Al confundirse estatización con socialización, la propiedad de esas empresas expropiadas no pasó a manos de los trabajadores ni de las comunidades, y por eso terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Los trabajadores fueron desplazados por esas camarillas burocráticas y nunca se sintieron verdaderos copropietarios sociales ni dolientes de esas empresas.

Las erradas políticas económicas también influyeron en su fracaso. Los severos controles de precios las obligan a vender por debajo del costo de producción, y esto no les permite generar ingresos ni siquiera para pagar la nómina. Dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA, el gobierno no les puede transferir más recursos. La sobrevaluación de la tasa de cambio propició toda clase de importaciones que arruinaron la producción nacional.

La otra causa de la bancarrota es la pésima gerencia. Su dirección se entregó a gente sin formación ni experiencia. Al convertirse en un botín para la corrupción, terminaron saqueadas por los grupos en pugna que se disputan su control. Y mientras sean un instrumento del populismo clientelar, sus nóminas se mantendrán sobresaturadas y los excesivos costos sentencian su inviabilidad económica y financiera.   

La alternativa es desestatizar esas empresas a través de la democratización de la propiedad y la promoción de la inversión privada nacional y extranjera. Se trata de promover la participación de los trabajadores e inversionistas, dejando claro que los dividendos que correspondan a la participación del Consejo de Trabajadores, en lugar de ser repartidos como dividendos individuales, serán la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa.

La desestatización aliviará las exigencias en cada contratación colectiva, ya que esas reivindicaciones quedarían cubiertas con la inversión de los dividendos en proyectos de interés común. De esta forma, los trabajadores –en lugar de reeditar el clima de conflictividad laboral que se repite en las empresas estatales y privadas-, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero en las empresas donde ahora son copropietarios.

Los inversionistas y accionistas privados también saldrán beneficiados con esta nueva cultura corporativa de responsabilidad laboral, y podría despertar un mayor interés en otros inversionistas, quienes estarían dispuestos a invertir sus recursos en empresas en las que los trabajadores saben que de la paz laboral y de su esfuerzo productivo dependerá no solo el pago de sus salarios, sino los dividendos que se destinarán a financiar sus programas de interés laboral y social. @victoralvarezr

El CLAPchaqueo

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

A través de los CLAP se pretendió distribuir casa por casa los productos de la canasta alimentaria. Según el INE, en Venezuela hay 30 millones de habitantes que conforman 7 millones de familias. Para estimar la cobertura de los CLAP convengamos que cada familia tiene en promedio 4,3 miembros (30.000.000/7.000.000). Una persona consume en promedio 1 kilo de alimento diario, para un total de 30 kilos/mes. Si multiplicamos esta cantidad por 4,3 miembros, resulta que cada familia requiere aproximadamente 130 kilos/mes. Las bolsas CLAP contienen 10 kilos de comida y la promesa es que lleguen con una frecuencia quincenal. Si esta meta se logra, cada familia recibiría 20 kilos/mes, lo que representa un déficit de 110 kilos/mes. Hasta ahora, la bolsa de alimentos ha sido recibida por el 20 % de las familias, equivalente a 6 millones de personas.

Distribuir bolsas de comida casa por casa y a todos los hogares venezolanos requiere una colosal capacidad logística que ninguna empresa privada ha sido capaz de desarrollar en décadas. Mucho menos lo puede lograr en cuestión de semanas un Estado burocrático e ineficiente, sin personal calificado ni entrenado, sin organización ni métodos, sin infraestructura ni redes de almacenamiento y transporte, sin los mecanismos de control que mantengan a raya a la corrupción. El burocratismo estatal y la débil organización comunal no garantizan la cobertura de 7 millones de hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Ni siquiera la descomunal inversión que a lo largo de más de una década se hizo en la redes de Mercal, Pdval y Bicentenario, ni con la expropiación e intervención de cadenas de alimentos como Cada, Éxito y Día a Día, se logró cubrir el 40% de la población.

Cuando no se había olvidado el escándalo de Pudreval y aún están frescas las imágenes de los gerentes de los Abastos Bicentenario presos, las denuncias en torno a la corrupción en los CLAP no se hicieron esperar. Las bolsas de comida son vendidas por los buhoneros por el triple de su valor y hasta en Colombia se consiguen. Con frecuencia, los distribuidores aplican un “tumbao" y entregan la bolsa incompleta para luego revender los productos que le sacan. Las bolsas no contienen todos los alimentos para una dieta balanceada e incluyen productos que las familias no quieren.

Los CLAP fueron muy mal recibidos por vastos sectores de la población. En la práctica, el control del reparto de alimentos opera como un instrumento de dominación, ya que para tener acceso a la bolsa de comida hay que registrarse en unas listas de la Unión Nacional de Mujeres, UBCH, Frente Francisco de Miranda y Consejos Comunales, lo cual provoca la exclusión de quienes no quieren participar de esas fórmulas de control.

Hasta ahora, ningún intento gubernamental por sustituir los canales de distribución y comercialización del mercado ha servido para garantizar una creciente y amplia cobertura en la distribución de alimentos. La gran mayoría de los hogares canaliza su acceso a los alimentos a través de las redes tradicionales de distribución y comercialización conformada por mercados municipales, bodegas, abastos y supermercados cuyos anaqueles están cada vez más vacíos por la falta de producción y proveedores.

Por todo esto, los CLAP son ahora sustituidos por la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Murieron al nacer. No pudieron resolver la escasez, el acaparamiento, ni la especulación porque el problema no es de distribución sino de producción. Y mientras no se sustituya la política de contingencia basada en operativos de fiscalización, control, multas y penas de cárcel por una verdadera política de reactivación económica y promoción de inversiones, las descomunales colas para conseguir alimentos y medicinas seguirán atormentando a la población.  @victoralvarezr

Misión Abastecimiento Soberano y muerte de los CLAP

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

A solo unas semanas de haber lanzado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó la Gran Misión de  Abastecimiento Soberano y Seguro. El ministro para la Defensa, (G/J) Vladimir Padrino López -a cuyo mando quedan los demás ministros de la producción- será el encargado de activar esta misión cívico-militar.

La designación del Ministro de Defensa para dirigir esta nueva Misión revela que la política económica sigue siendo de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de fiscalización, control, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales. Al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que castigan la producción y desquician los precios–, el Gobierno ataca el problema como si de un delito se tratara, cuando la escasez y la inflación tienen su raíz en un clima adverso a la inversión productiva y en las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que no han sido corregidas.

La escasez era guerra avisada, la inevitable consecuencia de una larga sobrevaluación de la tasa de cambio que estimuló toda clase de importaciones baratas que barrieron con el aparato productivo nacional. Solo faltaba que colapsaran los precios del petróleo para que quedara al descubierto el deplorable estado de una agricultura e industria, ahogadas por importaciones, expropiaciones y rígidos controles que desalentaron la inversión. La construcción del nuevo modelo productivo soberano resultó ser pura retórica y las empresas estatizadas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.  

Voluntarismo e improvisación

Una de las principales críticas que se le hace al Gobierno en el manejo de la crisis alimentaria es el alto grado de voluntarismo e improvisación. Su errático manejo se debe a la improvisación en el diseño de las políticas, planes y programas. Es la consecuencia inevitable de la debilidad institucional, el reflejo de la baja calificación técnica de los titulares de los cargos públicos que carecen de formación y experiencia como planificadores y decisores.

En su afán de derrotar la llamada guerra económica, el Gobierno lanzó una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que la escasez, el acaparamiento, la especulación y el contrabando son la consecuencia inevitable de los incentivos perversos que ofrece el régimen de cambios múltiples, los ineficientes subsidios y los rígidos controles de precios.

La intervención gubernamental degeneró en mecanismos de control y racionamiento que no han resuelto el problema. Ni el control de precios, ni los captahuellas, ni la compra por cédula, ni la prohibición a los buhoneros de vender alimentos subsidiados, ni las guías para transporte, ni el cierre de la frontera, pudieron evitar el contrabando de extracción y la creciente escasez de alimentos.

La muerte prematura de los CLAP

En este errático accionar, la más reciente improvisación la constituyen los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Distribuir bolsas de comida casa por casa y a todos los hogares venezolanos requiere una colosal capacidad logística que ninguna empresa privada ha sido capaz de desarrollar en décadas. Mucho menos lo puede lograr en cuestión de semanas un Estado burocrático e ineficiente, sin personal calificado ni entrenado, sin organización ni métodos, sin infraestructura ni redes de almacenamiento y transporte, sin los mecanismos de control que mantengan a raya a la corrupción.

A través de los CLAP se pretendió distribuir casa por casa los productos de la canasta alimentaria. Según el INE, en Venezuela hay 30 millones de habitantes que conforman 7 millones de familias. Para estimar la cobertura de los CLAP convengamos que cada familia tiene en promedio 4,3 miembros (30.000.000/7.000.000). Una persona consume en promedio 1 kilo de alimento diario, para un total de 30 kilos/mes. Si multiplicamos esta cantidad por 4,3 miembros, resulta que cada familia requiere aproximadamente 130 kilos/mes. Las bolsas CLAP contienen 10 kilos de comida y la promesa es que lleguen a los hogares con una frecuencia quincenal. Si esta meta se logra, cada familia recibiría 20 kilos/mes, lo que representa un déficit de 110 kilos/mes. Estos sencillos cálculos revelan que los CLAP apenas cubren el 15 % de las necesidades mensuales de alimentos de una familia promedio. Hasta ahora, la bolsa de alimentos ha sido recibida por el 20 % de las familias, equivalente a 6 millones de personas. 24 millones de venezolanos solo han visto por fotos la bolsa de comida. Los CLAP terminaron siendo otro desacierto gubernamental para abordar la grave crisis de escasez de alimentos y por eso ahora son discretamente sepultados con la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.

El burocratismo estatal y la débil organización comunal no garantizan la cobertura de 7 millones de hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Ni siquiera la descomunal inversión que a lo largo de más de una década se hizo en la redes de Mercal, Pdval y Bicentenario, ni con la expropiación e intervención de cadenas de alimentos como Cada, Éxito y Día a Día, se logró cubrir el 40% de la población. Hasta ahora, ningún intento gubernamental por sustituir los canales de distribución y comercialización del mercado ha servido para garantizar una creciente y amplia cobertura en la distribución de alimentos. La gran mayoría de los hogares canaliza su acceso a los alimentos a través de las redes tradicionales de distribución y comercialización conformada por mercados municipales, bodegas, abastos y supermercados que hoy están diezmadas por el cerco de la Sundde y por la falta de proveedores.

La corrupción

Cuando no se había olvidado aún el caso de Pudreval y están frescas las imágenes de los gerentes de los Abastos Bicentenario presos, los escándalos en torno a la corrupción en los CLAP no se hicieron esperar. Las bolsas de comida son vendidas por los buhoneros por el triple de su valor y ya hasta en Colombia se consiguen. Con frecuencia, los distribuidores aplican un “tumbao" y entregan la bolsa incompleta para luego revender los productos que le sacan. Huelga decir que las bolsas no contienen todos los productos para una dieta balanceada e incluyen productos que las familias no quieren.

Los CLAP fueron muy mal recibidos por vastos sectores de la población. En la práctica, las acciones gubernamentales para controlar el reparto de alimentos y medicinas operan como un instrumento de dominación y control, ya que para tener acceso a la bolsa de comida hay que registrarse en unas listas de la Unión Nacional de Mujeres, UBCH, Frente Francisco de Miranda y Consejos Comunales, y este registro desemboca en un mecanismo de exclusión social de quienes no quieren participar de esas fórmulas de control gubernamental.

Por todo esto, los CLAP son ahora sustituidos por la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Murieron al nacer. No pudieron resolver la escasez, el acaparamiento, ni la especulación porque el problema no es de distribución sino de producción. Y mientras no se sustituya la política de contingencia por una verdadera política de reactivación económica y promoción de inversiones, las descomunales colas para conseguir alimentos y medicinas seguirán atormentando a la población.

Venezuela a las puertas de una conmoción social

Los mecanismos para racionar el acceso a los alimentos y medicinas no contribuyen a alejar al país de la crisis humanitaria y de una conmoción social. Así lo comprueba el incremento de las protestas, saqueos a supermercados y asalto de camiones que transportan alimentos a lo largo y ancho del país. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en mayo se documentaron 52 saqueos y 36 intentos de saqueo, y continúan los actos violentos en contra de locales comerciales, abastos, supermercados y transportes.

El OVCS realiza un seguimiento de la conflictividad a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. También utiliza fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales. Con base en la observación directa no participante sobre los fenómenos estudiados, registró en mayo de 2016 al menos 641 protestas en todo el país, equivalente a 21 diarias, 37 % más que en mayo de 2015 cuando el número de protestas llegó a 469. El acumulado hasta mayo alcanza 2.779 protestas populares, masivas, espontáneas, y protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad. La gente protesta en rechazo a la escasez de alimentos (172 protestas = 27 %); por vivienda digna con servicios básicos (144 protestas = 22 %); en defensa de sus derechos laborales (112 protestas = 18 %); mayor seguridad ciudadana, derecho a la justicia (86 protestas = 13 %); y, derecho a la educación (56 protestas = 9 %).Las 172 protestas registradas en rechazo a la escasez de alimentos representan 320% más con respecto a mayo 2015, cuando se realizaron 41 protestas. Estas aumentan mes a mes y son protagonizadas principalmente por vecinos.

Mientras las élites políticas apuestan a exterminarse y no se ponen de acuerdo en un programa mínimo de medidas económicas para reactivar la producción y aliviar los graves problemas de escasez, el malestar social crece y pone al país a las puertas de una conmoción social. @victoralvarezr

¿Convergerán Dicom y el paralelo?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

En cuatro meses el tipo de cambio Dicom se ha devaluado 210%, al pasar de  206 Bs/$ hasta 642. Pero después de este ascenso continuo, en los últimos días el tipo de cambio Dicom reflejó varios altibajos atribuidos a un intento del Gobierno por desacelerar su impetuosa alza y morigerar la inflación.  

Según los datos del BCV, en junio Simadi/Dicom liquidó un promedio de 7,6 millones $/día, lo que representa un aumento de 95% en comparación con mayo. Pero a pesar de este aumento, el porcentaje de divisas liquidadas a través de este mecanismo apenas llega a 10 %, mientras que el 90 % se sigue liquidando por el sistema administrado Dipro con lo ruinoso que resulta para Pdvsa en particular, y el fisco en general.

¿Por qué se soltó el Dicom?

En una economía que se ha contraído durante dos años consecutivos, la recaudación de ISR e IVA inevitablemente se ve afectada. Muchas empresas  registran pérdidas y no aportan al fisco. Por otra parte, la necesidad de estirar los ingresos debido a la voracidad inflacionaria, induce a la informalización de la economía, fenómeno que se expresa en un creciente número de operaciones de compra-venta que se hacen sin factura para evitar el pago del IVA. Todo esto afecta la recaudación y deprime el ingreso fiscal en términos reales.

El margen de maniobra para tapar el hueco fiscal se reduce y la única opción que le está quedando al Gobierno es vender más cara la menguada renta petrolera. Así, la venta de un creciente porcentajes de petrodólares a la tasa Simadi/Dicom deviene como un alivio a las precarias finanzas de Pdvsa y la unificación cambiaria surge como el salvavidas para evitar el naufragio fiscal del gobierno.

Dipro insostenible para Pdvsa

Ante el estancamiento de los precios del petróleo, la irracionalidad de la tasa Dipro destroza las finanzas de Pdvsa. Si los precios del petróleo logran estabilizarse en torno a los 40 $/b, pero la compañía petrolera es obligada a vender más del 90% de su ingreso en divisas a la tasa de 10 Bs/$, eso quiere decir que por cada barril de petróleo de 159 litros, Pdvsa apenas obtiene 400 Bs/b. Es decir, solo 2,5 Bs por litro de petróleo, menos de lo que cuesta un caramelo. Por eso, al convertir el 90 % de su ingreso en divisas a la tasa Dipro de 10 Bs/$, los bolívares que recibe no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Y, justamente, eso es lo que lleva a Pdvsa a endeudarse con el BCV.

Unificar el régimen de cambios múltiples en torno a la tasa Dicom (que al momento de escribir este artículo había alcanzado los 642 Bs/$) generaría suficientes bolívares para que Pdvsa pueda pagar la nómina y honrar todas sus deudas y compromisos. Esto eliminaría la presión que se ejerce sobre el BCV, el cual es obligado a realizar desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financia el déficit de Pdvsa y otros entes públicos, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.

Al recoger más bolívares de los que ya circulan por cada petrodólar vendido a una tasa de cambio mayor, el impacto antiinflacionario sería más eficaz. Más que obstinarse en su intento fallido y vano de pulverizar el paralelo acercándolo a la tasa Dipro, a Pdvsa y el Gobierno le convienen cada vez más unificar el régimen de cambios a un nivel lo más cercano posible al dólar paralelo. 

¿Por qué no se termina de tomar la medida?

Una de las razones por las cuales el gobierno teme unificar el régimen de cambios múltiples es por el impacto inflacionario que le atribuye a esta medida. Pero según el Cendas, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en junio en Bs. 277.432,88, un aumento de 22,5% en comparación con mayo de 2016 y 766,3% entre junio de 2015 y junio de 2016. Esta tasa de inflación intermensual superior a 20 % evidencia que la contención de la inflación que se le atribuye a Dipro no funciona.

El derrumbe de los precios del petróleo agravó la escasez de divisas y determinó que muchas importaciones previstas a la tasa Dipro migraran a la tasa Dicom y dólar paralelo. Ante la certeza de que tarde o temprano esta migración a una tasa de cambio mayor se concretaría para el resto de los rubros, como en efecto ocurrió, el precio de los productos importados a tasa preferencial tendieron a calcularse con base en el dólar paralelo, anulando así el efecto antiinflacionario que se buscaba con la tasa de cambio protegida.  

Las creencias limitantes que marcan la interpretación oficial atribuyen al ajuste cambiario un impacto inflacionario que ya se ha producido y prácticamente no hay precio alguno que se calcule con base en la tasa Dipro, porque el proceso de formación de precios es gobernado por lo que indique el paralelo.

Incentivos a la corrupción

La enorme diferencia entre las tasas Dipro y Dicom no deja de crecer y actualmente es de 64 veces. Esto degenera en un perverso estímulo a la especulación cambiaria  y la corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que la brecha con el paralelo supera las 100 veces. Unificar el régimen de cambios en una sola tasa de cambio aliviará las finanzas de Pdvsa, corregirá estas graves distorsiones y permitirá calcular el PVP con base en una sola tasa de cambio considerablemente menor. Esto se traduciría en una desaceleración del ritmo inflacionario e, incluso, del nivel de precios que han alcanzado muchos productos.

Lejos de atizar la inflación, la unificación cambiaria erradicaría el delito de recibir dólares preferenciales Dipro para después fijar el PVP con base en el dólar más caro de Dicom o el paralelo. También eliminaría los incentivos a los especuladores que desfalcan al país a través de empresas de maletín que no importan los productos para los cuales se le asignan los dólares preferenciales. Así se le daría un duro golpe a los corruptos que manejan las redes de bachaqueros y del contrabando de extracción de los productos subsidiados que se importan con la tasa Dipro. @victoralvarezr