jueves, 18 de febrero de 2021
viernes, 12 de febrero de 2021
¿A quién benefician y a quién perjudican las sanciones económicas?
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
¿A quién benefician y a quién perjudican las sanciones económicas?
El
declive de la industria petrolera y la prolongada contracción de la economía
comienzan a partir del año 2014. Las sanciones financieras se aplican en 2017 y
las petroleras en 2019. Son la estocada final a una
economía que ya venía muy mal.
¿A quién afectan
realmente las sanciones? William Brownfield,
exembajador de EEUU en Venezuela, reconoció que las sanciones tendrían “un impacto sobre el pueblo entero, sobre el
ciudadano común y corriente y las comunidades de Venezuela” Y no tuvo
ninguna consideración al agregar que “quizás
sea la mejor solución para acelerar el colapso, aunque produzca un período de
sufrimiento mayor por un período de meses o quizás años”.
Los defensores de las
sanciones argumentan que éstas tienen excepciones en materia de alimentos y
medicinas, pero al impedir la exportación de petróleo del que depende el 96%
del ingreso en divisas de Venezuela, el país se queda sin recursos para importar los alimentos y
medicinas que reciben los sectores más vulnerables.
La escasez de
combustible también está asociada a las dificultades para importar insumos y
repuestos para las refinerías, cuestión que impide el transporte de alimentos y
la movilización de la población.
La
extensión de las sanciones a terceros que se atrevan a tener negocios con
empresas públicas venezolanas implica que sus cuentas y activos en
territorio estadounidense pueden ser bloqueados. Esto inhibe a proveedores de Corpoelec, Hidroven, Pdvsa gas, Cantv y
otras empresas públicas suministrar transformadores, compresores, bombas de agua, repuestos, etc. Por eso, las
sanciones agravan el deterioro de los servicios de electricidad, agua, gas y
telecomunicaciones, todo lo cual empeora aún más las precarias condiciones de
vida de la población.
La banca estadounidense
ha restringido las operaciones con muchos de sus clientes venezolanos, sin
distinguir si son empresas públicas o privadas. Incluso, ONG y organismos
internacionales de ayuda humanitaria han denunciado las dificultades para hacer transferencias a empresas e
instituciones venezolanas.
La
empresa privada está atrapada en el fuego cruzado entre el gobierno y la
oposición. No encuentra alternativa en un gobierno que sigue siendo muy hostil y
la cataloga cómo conspiradora y aliada interna de la coalición internacional
que lo quiere derrocar. Y la oposición que pide el endurecimiento de sanciones perjudica
a los contratistas del gobierno. Este daño en sus negocios no lo reconocen
públicamente las empresas privadas para no ser consideradas una caja de
resonancia de la narrativa oficial que atribuye a sanciones la causa originaria
de la crisis. La polarización las lleva a asumir posiciones políticas que
perjudican sus propios intereses económicos.
Las
sanciones económicas forman parte de una estrategia que tiene como fin forzar
un cambio de gobierno en Venezuela. Sin embargo, luego de tres años de sanciones, ni la explosión social ni
el levantamiento militar que supuestamente derrocarían al gobierno se han
producido. La crisis económica y social
ha empeorado, Maduro sigue en el poder y no se siente amenazado por una
oposición dividida y debilitada que no ha sabido capitalizar electoralmente el
enorme descontento y malestar nacional.
Por el contrario, las
sanciones le han dado al régimen un pretexto perfecto para construir una
narrativa épica de resistencia y evadir
la responsabilidad que tiene la nefasta política de controles, expropiaciones,
sobrevaluación y corrupción en la debacle que ha sufrido la economía nacional.
Las
sanciones económicas tienen que ser levantadas, pero a cambio de la mejora en
las condiciones electorales. Un primer canje puede ser permitir la exportación
de petróleo a EEUU a cambio de una renovación integral del poder electoral para
convocar unas elecciones limpias y creíbles. El 50 % del ingreso petrolero que
se genere sería destinado única y exclusivamente a importar alimentos,
medicinas, vacuna contra el Covid, combustible y repuestos para reactivar la
producción nacional. El otro 50 % sería depositado en un Fondo de Ahorro e
Inversión cuyos rendimientos solo podrán ser utilizados como presupuesto
complementario por el nuevo gobierno que resulte de las próximas elecciones que
se convoquen. ¡Soluciones hay!
El capitalismo de clientes
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Ver video YouTube
“El capitalismo de clientes” https://youtu.be/k3ReLIRB_mo
La necesidad de
sobrevivir a las sanciones económicas obliga al gobierno a ser pragmático y
olvidarse del socialismo estatista que no dio resultados. El Estado ya no puede
sostener empresas públicas en bancarrota que no facturan ni siquiera para pagar
la nómina y solo pueden sostenerse gracias a las transferencias que reciben del
BCV. Éstas son emisiones de dinero sin respaldo que exacerban una voraz
hiperinflación, destruye los presupuestos de hogares, empresas e instituciones,
aumenta el malestar social y genera un costo político-electoral que el gobierno
no quiere pagar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes.
Para mantenerse en el poder, el oficialismo está
repensando el modelo económico basado en el control del Estado sobre la
industria petrolera y otros sectores de la economía. Según el contenido de la
Ley Antibloqueo y del Mensaje Presidencial a la Asamblea Nacional, el gobierno está
dispuesto a dar un viraje a la política nacionalista y estatista, cediendo la
operación de las empresas mixtas a sus socios privados y privatizando buena
parte de las empresas públicas que terminaron quebradas por el burocratismo y la
corrupción.
Al referirse al proceso
de privatización en Rusia, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz
escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se
convirtieron en multimillonarios, pero el país fue incapaz de pagar a los
jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.
El capitalismo de clientes es
un modelo de expoliación en el que solo unos poderosos grupos privilegiados,
conectados con el poder político, logran monopolizar el acceso a los incentivos
de las políticas públicas.
A diferencia de un modelo económico que crea capacidades productivas y
tecnológicas, el capitalismo de clientes no busca estimular las fuerzas
productivas, sino el saqueo de los recursos públicos y el despojo de la
empresa privada. No
destina recursos a construir grandes emporios económicos, no invierte en
capital humano ni en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas e
innovativas. Su interés no es generar prosperidad sino acumular jugosas
ganancias en negocios de alto riesgo.
El capitalismo de clientes surge en un contexto de restricciones
presupuestarias y su modalidad es prestar auxilios financieros de alto costo
para oxigenar a un gobierno asfixiado por el bloqueo y aprovechar así el remate
de activos públicos subvaluados por los estragos de la crisis.
La apertura del mercado interno, el levantamiento de los
contrales de cambio y de precios, la desregulación y liberalización de la
economía, la privatización de empresas públicas y la creciente dolarización transaccional
y financiera significan que las sanciones están generando unos efectos que los
sancionadores no buscaron ni calcularon: un cambio económico sin cambio político está
en marcha en Venezuela.
La Economía venezolana: Balance 2020, Perspectivas 2021
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Video:
La Economía venezolana: Balance 2020, Perspectivas 2021 https://youtu.be/Hcj2jtPFucU
Sin
estadísticas oficiales, cualquier balance o pronóstico sobre el desempeño
pasado y futuro de la economía venezolana es muy incierto. Tratar de hacer un
balance es tirar los dados, proyectar el desempeño futuro es jugar la lotería.
Es tanta la incertidumbre que los datos generados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) reflejan entre sí una gran diferencia. Dadas estas
restricciones, apenas se pueden proyectar algunos escenarios a la luz de las pocas
variables macroeconómicas con datos, tales como la emisión de dinero base,
liquidez monetaria, reservas internacionales, tasa de cambio, inflación y
extracción de petróleo.
Balance 2020
En 2020,
el impacto de los errores de política económica fue agravado por el
endurecimiento de las sanciones económicas y por la pandemia del Covid 19. La apertura comercial para enfrentar la
escasez estimuló toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la
producción agrícola e industrial del país. Comparado con 2019, en 2020 se estima una nueva contracción del PIB de 30%,
para una contracción acumulada de 80% desde 2013. Las empresas cierran el
ejercicio fiscal con pérdidas y esto merma la recaudación de ISLR e IVA.
Después
de haber alcanzado 3 millones 300 mil barriles diarios, la extracción de
petróleo se redujo a menos de 400 mil, arrastrando el ingreso en divisas, las
regalías y demás ingresos de origen petrolero. El gobierno no genera
suficientes ingresos fiscales para cubrir el gasto público y financia a las
empresas públicas a través de emisiones de dinero sin respaldo que realiza el
BCV. Pero sin producción nacional ni reservas internacionales que respalde esta
emisión desordenada de dinero, la moneda nacional pierde valor y por eso los precios
se disparen. En 2020, la hiperinflación se mantuvo por encima de los dos
dígitos, registrando picos de 65 % en los meses de enero y noviembre:
El Observatorio
Venezolano de Finanzas de la AN estima que la inflación de diciembre se ubicó
en 21,2% y la acumulada en 2020 llegó a 3.713 %.
Según la
encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la reducción del 80 % del tamaño de
la economía, el aumento del desempleo y la hiperinflación generaron un empobrecimiento
de la población superior al 80%. En los hogares venezolanos, los ingresos que
se obtienen no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Con
una caída de 30 % del PIB, un aumento de los precios de 3.713 % y 54,4% de la
población económicamente activa sin trabajo, en 2020 Venezuela se llevó la
siniestra triple corona de ser el país con mayor colapso económico, mayor
hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.
Perspectivas 2021
Con el
inicio de la campaña de vacunación contra el Covid se espera la reactivación de
la actividad económica global. En ese contexto, los migrantes venezolanos recuperarán
sus trabajos y reanudarán el envío de remesas a sus familiares y contribuirán a
reanimar el consumo privado que será la principal fuerza motriz de la dinámica económica
interna.
El gobierno ya no cuenta con la
otrora renta petrolera cuyo reparto utilizó como un instrumento de dominación
económica y social, tampoco cuenta con recursos para recuperar la industria
petrolera. Y en una economía largamente contraída, el fisco no recauda
suficiente ISLR e IVA para financiar el gasto público.
Para sobrevivir, el gobierno se
ha visto obligado a levantar los controles y flexibilizar cada vez más las
regulaciones a fin de estimular la inversión privada. La apertura a la
inversión extranjera en los sectores de petróleo, gas y minería, así como la
privatización de empresas públicas deficitarias le servirá al gobierno para
recuperar la recaudación de ISLR e IVA, moderar la emisión de dinero inflacionario
y evitar el costo político que no quiere pagar en un año en el que están
previstas las elecciones de gobernadores y alcaldes.
Para
estimular la inversión extranjera y las exportaciones que generen divisas, el
BCV está emplazado a revisar la política monetaria restrictiva que tiende a
frenar la evolución normal del tipo de cambio, genera una tendencia a la sobrevaluación
y castiga la competitividad de las exportaciones privadas no petroleras. En Venezuela, no resulta fácil producir
para exportar. La mala calidad de los servicios públicos y de la
infraestructura genera un sobrecosto que castiga la competitividad
internacional. Y si a esto se le suma un tipo de cambio sobrevaluado que no permite
cubrir los altos costos de producción internos, se hace inviable producir para
exportar, ni generar las divisas que ya no aporta el petróleo.
En el año 2021, las sanciones comerciales
y financieras acelerarán la apertura del mercado interno, la liberalización
económica y la privatización de empresas públicas. Un cambio económico sin
cambio político se ha puesto en marcha en Venezuela. El capitalismo de clientes
anuncia su llegada y comienza a dar su primeros pasos sobre los escombros que
dejó el fracasado modelo estatista del socialismo del siglo XXI.
lunes, 1 de febrero de 2021
martes, 12 de enero de 2021
Crisis humanitaria, Covid 19 y pulverización del bolívar impulsan la economía no monetaria
Para el sistema tradicional de cuentas nacionales, la
actividad económica formal es aquella que se concreta cuando una mercancía pasa
de una a otras manos a cambio de dinero y esta operación de compra-venta queda
registrada en una máquina fiscal que genera una factura. Pero en Venezuela, la
crisis humanitaria, el aislamiento social que impone la pandemia del Covid 19 y
la pulverización de la moneda nacional han estimulado la producción e
intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades vitales, sin
utilizar el dinero.
Estamos en presencia del desarrollo de una economía no
monetaria, compuesta por una amplia gama de actividades socialmente
cohesionadoras, que no es debidamente registrada por las estadísticas
económicas convencionales. Estas se enfocan en las relaciones
monetario-mercantiles y no miden la riqueza que se crea a través de las
relaciones de cooperación que rigen el trabajo voluntario y solidario de las organizaciones
no lucrativas.
Los protagonistas de este esfuerzo productivo son
emprendedores sociales comprometidos con la atención de sus familias y
comunidades. Producen e intercambian bienes y servicios no para obtener una
ganancia, sino para responder a sus necesidades básicas y esenciales. En la
economía no monetaria, los creadores de la riqueza se relacionan con otros
productores a través del intercambio del fruto de una actividad no lucrativa.
Crean un valor no monetizado que en estos tiempos de crisis humanitaria, Covid
y disolución de la moneda nacional ha sido un soporte clave para atender necesidades
vitales de los sectores más vulnerables de la población.
La economía no monetaria también tiene un establecimiento
productivo en cada hogar. Imaginemos a cuánto ascendería la factura si
tuviéramos que pagar a otros por los desayunos, almuerzos y cenas que se
consumen en cada familia, por la ropa que se lava y plancha, por las noches de
hospedaje y cuidados que recibe un familiar enfermo, por el transporte de los
hijos al colegio. Si contabilizáramos todo esto nos daríamos cuenta de cuánto
aporta la economía no monetaria al PIB. Pero se trata de una economía oculta que
a pesar de generar una inmensa riqueza de bienes y servicios para la vida, no
es incluida en las estadísticas del PIB.
También hay otras formas de economía no monetaria cuyo
impulso está asociado a la expansión de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). Los correos electrónicos hace rato dejaron atrás las cartas
que antes se enviaban por correo postal; las fotos digitales sustituyeron las
fotos impresas en un estudio fotográfico; cada vez se compran menos libros y música
en formato físico y se descargan a través de Internet; los pagos y
transferencias a través de la banca electrónica sustituye el trabajo remunerado
del empleado bancario; y, en la salida de los supermercados se instalan escáner
que suman el precio de los productos que van en el carrito y lo cargan automáticamente
a la tarjeta de crédito que se utilizó al entrar. El teletrabajo y la modalidad
del comercio electrónico han facilitado millares de emprendimientos familiares
y cooperativos.
Superada la pandemia, la economía no monetaria seguirá
creciendo por la inercia preventiva que se mantendrá hasta que la población haya
sido vacunada. El autoservicio será un mecanismo de defensa social que
sustituirá el trabajo remunerado de vendedores y mesoneros en comercios y
restaurantes. Y este será un trabajo gratis que cada uno de nosotros hará para
conformar una nueva economía en la que un importante porcentaje del nuevo valor
creado por nosotros mismos no será remunerado, ni mucho menos contabilizado en las
estadísticas del PIB ni sistemas de cuentas nacionales. Esa es la Economía NO monetaria.
¿Cuál es la siniestra triple corona que
Venezuela se puede ganar?
Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
Según la AN, la inflación de octubre fue de 23,8 %, la interanual entre
octubre de 2019 y 2020 fue de 3.332 %, y la inflación acumulada en lo que va de
año llegó a 1.798,57 %.
El impacto del Covid-19 agrava el colapso económico originado por la inseguridad jurídica y las malas políticas del gobierno. La contracción global afectó la demanda de petróleo y materias primas que Venezuela exporta para generar divisas. Y el bloqueo fue el golpe de gracia a una economía moribunda. Según datos del Banco Mundial, en 2013 el PIB venezolano era de $ 438.384 millones y para 2020 se habrá reducido a $ solo 48.610 millones, para una contracción acumulada de 81,2% en siete años. Esto también golpea los ingresos fiscales de un gobierno que se sigue financiando con emisiones de dinero sin respaldo para poder sostener empresas públicas deficitarias que no facturan ni para pagar la nómina.
A medida que se contrae el tamaño de la economía, la relación deuda/PBI aumenta. Venezuela debe mucho pero cada vez produce menos. No tiene capacidad de pago y por eso los bonos venezolanos se rematan a menos del 20 % de su valor nominal. Nadie en su sano juicio quiere tener deuda venezolana en su portafolio.
A lo largo de 2020 la actividad económica cayó incesantemente mientras que la liquidez monetaria siguió subiendo. Esto significa que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes y esto dispara aún más los precios. Para el momento de hacer este análisis, según la tasa de cambio oficial del BCV, un dólar cuesta 646.322,88 bolívares. La moneda nacional perdió su poder de compra y nadie quiere que le paguen en bolívares.
En su informe Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI estima que el PIB de Venezuela acumulará una nueva caída de 25 % en 2020, la inflación llegará a 6.500% y el desempleo a 54,4%. En 2020 Venezuela puede alcanzar la siniestra triple corona de ser el país con mayor caída del PIB, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.
Este coctel de caída
del PIB, inflación y desempleo ha empobrecido aceleradamente a la población.
Según la encuesta ENCOVI, 79,3 % de las familias venezolanas vive en condición
de pobreza y sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y
esenciales.
La crisis económica
venezolana es la mayor de Latinoamérica en toda su historia y una de las diez
mayores a nivel mundial. Pero por muy espeluznantes que luzcan estas cifras, ninguna
logra expresar con toda su crudeza la terrible tragedia humana que representan más
de cinco millones de venezolanos que han migrado huyendo del desempleo, el
hambre, la persecución política y la inseguridad.
¡Venezuela tiene que cambiar!
jueves, 29 de octubre de 2020
Ley Antibloqueo y el fantasma de la privatización rusa
Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
La Ley Antibloqueo sigue
generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34 “Se
crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de
información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En
el Artículo 35 “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido
calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36 “Se
declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados
con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley que supongan la desaplicación de normas de
rango legal”
Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta Ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos, así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.
jueves, 22 de octubre de 2020
¿Por qué Citgo está a punto de ser rematada?
Víctor Álvarez R.
Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la Juez Katherine Polk citó al ex Procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono PDVSA 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar $ 71 millones de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.
jueves, 8 de octubre de 2020
Ley Antibloqueo: ¿promoción de inversiones o privatización camuflada?
Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
La Ley Antibloqueo tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al gobierno venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar las sanciones y el bloqueo. La polémica no se ha hecho esperar toda vez que se trata de una Ley por encima de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado.
viernes, 2 de octubre de 2020
¿Cuánto más subirá el precio dólar?
Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias
La
política monetaria restrictiva dejó sin liquidez a la banca, restringió el crédito bancario y redujo la demanda
divisas, cuyo precio se frenó en comparación con el resto de los precios.
Así, mientras la mayoría de las mercancías registra aumentos significativos, el
precio del dólar no sube a la misma velocidad y por eso las familias y empresas
tienen que cambiar cada vez más dólares para pagar en bolívares la misma
cantidad de productos. Esta brecha da origen a una sobrevaluación de la tasa de
cambio que genera en la gente la impresión de una inflación en dólares.
En septiembre de 2020, la tasa de cambio superó los 430.000 Bs/$. Agréguele a esta cantidad los ocho ceros que le quitaron a los billetes viejos y le dará una cifra que pocos pueden leer. (43.000.000.000.000 Bs/$). Nuevamente el precio del dólar se ha desquiciado y su impacto sobre la hiperinflación no se hará esperar. Esto se debe a la reciente medida del BCV de liberar 30 billones de bolívares semanales del 90% de las captaciones del público que los bancos están obligados a congelar bajo la figura del encaje legal. Este monto equivale a unos $ 80 millones.
viernes, 25 de septiembre de 2020
¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?
Premio Nacional de Ciencias
En 1998 la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones, $ 23.000 millones eran deuda de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa. En 2008, la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A raíz de la suspensión de los pagos en el año 2017 se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso el monto de la deuda no deja de crecer. Para finales de 2020 se estima en más de $ 140.000 millones. En 20 años la deuda se cuadruplicó y equivale a un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. En 2008 representaba el 53% de los ingresos externos y en 2020 lo que se debe supera en 1.900% los ingresos por exportaciones.
jueves, 17 de septiembre de 2020
La tragedia económica y social de Venezuela
Víctor Álvarez R./Premio Nacional de Ciencias
Venezuela
no solo ha dejado de ser un país rentista sino que está dejando de ser un país
petrolero. La extracción de crudos cayó
de 3 millones de BPD en 2012 a menos de 400 mil BPD en el primer semestre de
2020. La capacidad de refinación está en ruinas y por eso hay escasez de combustibles.
Por si fuera poco, las sanciones económicas han sido el golpe de gracia para un
país exhausto.
Sin
ingreso fiscal petrolero y con una economía contraída la recaudación fiscal se
ha desplomado. Las empresas en quiebra no tienen cómo pagar ISLR y la
informalización de las operaciones de compra venta que no exigen la factura
para evitar el pago del IVA merma aún más los ingresos fiscales. El gobierno no
cuenta con recursos para repotenciar los servicios de agua, energía eléctrica,
gas doméstico y telecomunicaciones. A todas estas, el BCV continúa emitiendo
dinero para financiar empresas públicas deficitarias, atizando así la
hiperinflación que disuelve el ingreso real y empobrece a la población.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI)
el 79 % de los hogares está en condición de pobreza al no poder cubrir el costo
de la canasta alimentaria.
De acuerdo a los cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores CENDA, la Canasta Alimentaria para el grupo familiar de 4 personas en el mes de julio tuvo un costo de Bs. 45.519.252,73, equivalente a $ 183.
Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), el precio de la Canasta Mínima Alimentaria conformada por solo 15 productos se ubicó en julio en 6.906.073,51 bolívares, equivalente a $ 25,86, mientras que el salario mínimo apenas equivale a $ 1,5.
Esto quiere decir que se requieren 17,2 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria.
El acelerado empobrecimiento ha causado una diáspora sin precedentes. Según ACNUR, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados que se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda y la xenofobia.
Esta es
la lamentable tragedia económica y social que sufre el país con las reservas de
petróleo más grandes del mundo.
viernes, 11 de septiembre de 2020
Medidas económicas: necesarias más no suficientes
Víctor Álvarez R.
El gobierno anunció nuevas medidas económicas a fin de aliviar el impacto de
la cuarentena sobre el aparato productivo.
· Las
nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, la patente mercantil ni el Impuesto
Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.
· El IVA en vez de pagarse semanalmente
se hará con una frecuencia quincenal.
· También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para
reactivar las Pymes.
Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.
viernes, 4 de septiembre de 2020
La viabilidad económica de la transición política
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Venezuela
atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere
la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio
político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo cual implica
la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que
no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria,
sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.
Cualquier
gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde
el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves
desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para
aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero
inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los
servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no
sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una
prolongada escasez y voraz hiperinflación.
Como
se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y
un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican. Macri
heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos
tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento, para
corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la
decisión de sincerar las tarifas, pero la clase media urbana, las pymes y los
trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste,
el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que
abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó
las mismas.
En
Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas
de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció
generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital, la
intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para
atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota
que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social
acumulado.
La
lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos
períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del
ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará
restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.
En
este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela,
sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención
nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando
suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.
Quienes
aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista
-plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto
inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los
costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las
debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el
rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de
reformas económicas, la transición política puede ser abortada y los
desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante
hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de
corregirse se verán agravados.
La
viabilidad económica de la transición política.
Ver video YouTube https://youtu.be/SEPaDZPb-sg
martes, 18 de agosto de 2020
Sanciones económicas y despojo del patrimonio de Venezuela
Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Independientemente de quien esté al mando en los próximos años, el gobierno de turno se tendrá que enfrentar al agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta petrolera como mecanismo de control social, económico y político. De allí la pugna entre Maduro y Guaidó por asegurar el control de los fondos de la República que actualmente están bloqueados en el sistema financiero internacional.
El 28 de enero de
2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850 que bloqueó todos los bienes e intereses en propiedad de
PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU. El 5 de agosto del 2019, Trump
emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en
su territorio. CITGO está a punto de ser rematada para satisfacer las demandas
de los tenedores del Bono 2020, de Crystallex y ConocoPhillips. Por si fuera
poco, ni las reservas de oro del BCV que
se encuentra en el Banco de Inglaterra y en el Deutsche Bank pueden ser
utilizadas ni por Maduro ni por Guaidó. El Banco de Inglaterra congeló casi mil millones de euros
de las reservas del BCV
y Deutsche Bank tiene congelados 120 millones de euros por
un contrato de “swap” o permuta de oro. A pesar de que la AN y la
Administración Trump le han otorgado a Guaidó la administración de estos
activos y fondos, al interinato tampoco le ha resultado fácil utilizar los
mismos porque se encuentran bloqueados.
Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela y de la encuestadora Hinterlaces, los
recursos de la República bloqueados en el exterior se estiman en $ 5.470 millones: Esta cifra coincide con los cálculos
del equipo de Guaidó. Vanessa Neumann, su representante ante el Reino Unido,
reveló que hay más de $ 5.000 millones de Venezuela bloqueados en el exterior y
cuyo control le están disputando al Gobierno de Maduro. José Ignacio Hernández,
hasta hace poco Procurador Especial de Guaidó, también reveló que hay
procesos en Europa para tomar el control de esos activos y arrebatarle a Maduro
el manejo del dinero público en el exterior. En Londres hay dos juicios y en
Portugal hay otro proceso por las cuentas del NovoBanco. En España se pelea por
el control de los activos de CVG Internacional que están bloqueados en
CaixaBank, Sabadell y Cajamar.
Aunque el Gobierno del Reino Unido reconoce a
Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el Banco de Inglaterra
solicitó una aclaratoria para definir a quién otorgar el control de los
activos. El fallo del tribunal en este litigio fijará un precedente para que
otros bancos liberen los fondos a favor de la parte que resulte favorecida y
así dar origen a una suerte de jurisprudencia, toda vez que si se ordena al
Banco de Inglaterra entregar los fondos a la Administración de Guaidó, los
demás Bancos Centrales tendrían una referencia para traspasar los fondos
bloqueados al gobierno interino y esto terminaría de quitarle a Maduro el
control de los activos de la República y de los fondos de las empresas
estatales en el exterior. Adicionalmente, una sentencia a favor de Guaidó
allanaría el camino para que el interinato -sin tener que pasar por largos y
onerosos juicios-, también tome el control de los fondos incautados a
funcionarios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro que actualmente
están bloqueados en Andorra, Suiza, Holanda y otros países.
Según cálculos de
la Fundación Petróleo por Venezuela,
un Acuerdo Petrolero Humanitario podría generar un ingreso anual de $ 8
millardos que pudieran utilizarse para atender la crisis humanitaria a través
de un esquema en el que Venezuela recupera su espacio en el mercado petrolero
internacional, siempre y cuando los ingresos sean destinados a atender la
emergencia sanitaria y administrados por la institucionalidad internacional: PNUD,
OMS, OPS y Cruz Roja Internacional. Los recursos se destinarían a comprar
bienes esenciales y su distribución se haría a través de mecanismos
despolitizados que impidan su uso clientelar.
Pero Venezuela es un Estado fallido que no
funciona. Las élites políticas que se disputan el poder son incapaces de
ponerse de acuerdo en un programa básico de interés nacional que evite que la
emergencia sanitaria del Covid-19 desemboque en una catástrofe humanitaria. El
gobierno de Maduro es cada vez más inoperante y la institucionalidad paralela
de comisionados, embajadores y procuradores especiales del interinato de Guaidó
tampoco ha podido resolver ni un solo problema concreto, ni siquiera ha podido
entregar los 100 dólares que prometieron al personal médico y hospitalario que
pone en juego sus vidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Luego de más de un año de explícito respaldo de
Trump y más de 50 gobiernos, Guaidó no ha logrado una sola victoria interna y
su desempeño tiende a ser cada vez más errático. Los fracasos del conato de
golpe de estado del 30 de abril de 2019, su firma estampada en el contrato que
luego desembocó en la fracasada Operación Gedeón, la pérdida del control de la
Asamblea Nacional y su ineficacia a la hora de utilizar los fondos de la
República en el exterior bajo su administración, son eventos que le ha restado
mucha credibilidad. Y no son los adversarios de Guaidó los únicos que piensan
esto. Las revelaciones de Bolton en su libro sobre las dudas de Trump en torno
a las capacidades y aptitudes de Guaidó, luego fueron confirmadas por el propio
Trump en la entrevista que concedió al portal Axios.
Ni Maduro ni Guaidó son una garantía de un manejo
pulcro y transparente de los fondos públicos que Venezuela necesita para
conjurar la amenaza de la pandemia. Gobiernos, compañías transnacionales,
bufetes de abogados y tribunales de otros países contemplan con indolencia esta
tragedia y hasta le sacan provecho. La división de la comunidad internacional
sobre quien gobierna a Venezuela legítimamente no solo se ha utilizado como
excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas ante el FMI. También
ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los activos de la República,
las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas del Estado venezolano en
el exterior. El ardid de no saber cuál es el gobierno que tiene el control de
las instituciones ha dado origen al despojo de los activos de la República que
ni siquiera pueden ser utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza
del coronavirus.
¿Cómo se miden entonces los logros de la presión
internacional sobre un país oprimido y exhausto que sufre una crisis
humanitaria?









