viernes, 1 de abril de 2016

¿La visita de Obama a Cuba pondrá fin al bloqueo económico?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Cuba para reconstruir las relaciones con la Isla, después de casi sesenta años de Revolución. Esta vez, los cubanos no molestaron al presidente de la potencia más poderosa del mundo con consignas de “Cuba si, yanquis no”. Obama no fue tratado como el enemigo imperial que tradicionalmente se ha encarnado en la figura del mandatario estadounidense. Con esta visita, EE. UU. está dejando de ser para el régimen cubano el peligroso enemigo del Norte para convertirse de ahora en adelante en un país vecino con el que se puede coexistir.  

¿El fin del bloqueo?

La política de apertura y distensión de Obama hacia Cuba tiene en EE.UU. poderosos enemigos internos, particularmente en la fracción republicana en el Congreso, quienes cuestionan lo que consideran una grave debilidad y entrega del Presidente de los EE.UU. Es previsible que a raíz de su reciente visita a Cuba, la oposición republicana se radicalizará con el fin de lograr notables compensaciones a cambio del levantamiento formal del embargo a Cuba por el que Obama públicamente se pronunció en su discurso en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Recordemos que el reinicio de las relaciones diplomáticas no significa el fin automático del bloqueo contra Cuba -el cual es un mandato de las leyes Torricelli y Helms-Burton, las cuales solo pueden ser derogadas por el Congreso. Para allanar el levantamiento del embargo comercial, Obama quiere lograr el apoyo de los republicanos que controlan la mayoría parlamentaria a cambio de sanciones más severas contra Venezuela. Por eso ratifica y prolonga la vigencia del Decreto que declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria”; y en adelante, Washington no desaprovechará ningún pretexto para aplicar las sanciones que esta declaración permite. Sobre todo, si por esa vía logra el apoyo parlamentario que necesita para derogar las leyes que soportan el bloqueo económico a Cuba.

¿Por qué Cuba moderniza su modelo económico?

A medida que se desmonte el Bloqueo, el gobierno cubano no podrá justificar los errores de las políticas internas. Por esta razón, Cuba acelera la modernización de su modelo económico. El parlamento cubano aprobó un nuevo marco legal para la inversión extranjera y los ministros del gobierno han desplegado una intensa actividad por países de Europa y Asia para promover las nuevas oportunidades de inversión. Esto también ha influido en el interés que tienen las transnacionales estadounidenses de no terminar desplazadas por las inversiones europeas o asiáticas. De allí su interés de normalizar las relaciones diplomáticas y propiciar un mayor flujo de inversiones para aprovechar las oportunidades que la isla ofrece en la extracción de níquel, energía, infraestructura y turismo.

Con el petróleo a un precio por debajo del estimado en el Presupuesto 2016, Venezuela parece condenada a sufrir el agravamiento de los problemas de escasez que viene arrastrando desde el año 2013. Para evitar un creciente malestar social que desemboque en una nueva derrota en las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016, el gobierno está emplazado a adecuar los acuerdos de cooperación energética a las nuevas restricciones presupuestarias.

De hecho, Cuba está recibiendo mucho menos de los 100 mil barriles diarios de petróleo que hasta hace poco disfrutó y esto tendría un impacto semejante al que sufrió la isla en 1991, cuando colapsó el bloque socialista y dejó de recibir el 100% del petróleo que le enviaba la URSS. Sin energía el descalabro de la economía cubana fue inevitable y engendró una severa crisis social que se expresó en el éxodo de miles de cubanos en pequeñas balsas artesanales que con frecuencia naufragaban en las aguas del Mar Caribe.

Una crisis semejante es la que ahora el gobierno de Raúl Castro quiere evitar. Con la revisión de los convenios de cooperación energética Cuba está recibiendo un menor volumen de petróleo y esto se ha reflejado en una reducción de los médicos y técnicos cubanos.

La gira de Obama y la integración latinoamericana

A EE.UU. le ha preocupado sobremanera la influencia y liderazgo que Venezuela ha ejercido en la integración latinoamericana. Ahora que los precios del petróleo se han desplomado, Washington saca cuentas y tiene la certeza de que Venezuela no podrá mantener al mismo nivel los convenios de cooperación energética y poco a poco irá recortando el suministro y adecuando las condiciones de pago a las actuales restricciones presupuestarias. Así, el gobierno de los EE.UU. se propone aprovechar la debacle de los precios del petróleo para neutralizar la "petro-diplomacia bolivariana" y su gran influencia en los países que forman parte de PetroCaribe, el Alba, Unasur y la Celac.

Aparte de lo enviado a Cuba, Venezuela llegó a entregar más de 100.000 barriles diarios a los países de Petrocaribe. De esa factura, 40 % se paga en bienes y servicios y el 60% se financia a 15-20 años a 2% de interés. Esa política de cooperación tan generosa fue imperceptible para la población venezolana mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos. Pero ahora que los precios del petróleo han colapsado y el ingreso petrolero se ha reducido a un 25 %, el país ya no puede soportar el sacrificio que representa recibir como parte de pago mercancías que se pueden producir internamente y posponer a 20 años el cobro de las divisas que necesita para cubrir el componente importado, pagar la deuda externa y las indemnizaciones pendientes por las expropiaciones realizadas.

EE.UU. ofreció el año pasado a los países de Centroamérica y Caricom compensar las dificultades de PetroCaribe con un programa de cooperación energética, lo cual repercute en la influencia del Gobierno venezolano. Y como sabemos, sin importar las consecuencias que pueda tener sobre la unidad interna de Petrocaribe, Guyana autorizó la exploración de un bloque marítimo cuya zona superior está en aguas territoriales venezolanas. Y la ambivalente y acomodaticia posición de Caricom revela cual será la posición final de este bloque en la tensa relación de Venezuela con Guyana.  @victoralvarezr

Con la visita de Obama a Cuba murió lo que quedaba de socialismo del siglo XX

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Cuba para reconstruir las relaciones con la Isla, después de casi sesenta años de Revolución. En su discurso en el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, Obama se pronunció en contra del embargo comercial a Cuba.

Obama no fue recibido en el aeropuerto por el Jefe de Estado. Raúl Castro envió a su Canciller. Tampoco los cubanos molestaron al inusual visitante con consignas de “Cuba si, yanquis no”. Esta vez, el Presidente de la principal potencia del mundo no fue tratado como el enemigo imperial que tradicionalmente se ha encarnado en la figura del mandatario estadounidense. Con esta visita, EE. UU. está dejando de ser para el régimen cubano el peligroso enemigo del Norte para convertirse de ahora en adelante en un país vecino con el que se puede coexistir.   

Se acabó lo que quedaba de socialismo del siglo XX

A los largo de más de medio siglo, la cruda realidad que afecta al pueblo cubano ha sido atribuida al bloqueo económico imperialista. Tanto así que el día de la llegada de Obama, el diario oficial Granma tituló en primera página: “El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo”. Sin dejar de reconocer el terrible impacto que ha tenido el embargo comercial sobre la economía cubana y la calidad de vida de sus ciudadanos, el bloqueo también ha servido para justificar el anacronismo de un modelo económico basado en el absolutismo de la propiedad estatal que conculcó por décadas el derecho al emprendimiento individual por considerarlo el germen de la restauración capitalista. Esto inhibió el desarrollo de las fuerzas productivas, burocratizó la fuerza de trabajo y desembocó en una de las principales causas de la crónica escasez que ha azotado al pueblo cubano.

Con el objetivo de actualizar su modelo económico y captar un creciente flujo de inversiones extranjeras para impulsar su precaria economía, Cuba promulgó la Ley de Inversión Extranjera N° 118. Esta ley constituye un paso muy importante en la actualización de su modelo económico y responde a la urgente necesidad de recibir capitales que le permitan enfrentar los problemas de escasez y racionamiento que durante más de medio siglo han castigado a su población.

Con esa Ley, Cuba cambia de paradigma y decide otorgar ventajas sin precedentes al capital privado. Reconoce la importancia de la inversión extranjera asociada a la transferencia tecnológica y la asistencia técnica a las empresas nacionales para diversificar la actividad económica local. Además del turismo, se espera que estas inversiones contribuyan a mejorar los servicios públicos, la infraestructura y la producción agrícola, minera e industrial.

La posibilidad real de tener acceso a las fuentes de financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y mercados que Cuba necesita está estrechamente vinculada a la credibilidad de los incentivos y condiciones que sea capaz de ofrecer y cumplir. De allí su determinación de mejorar el clima de inversiones a través de atractivos incentivos fiscales, paz laboral y un ambiente en el que coexista armónicamente la propiedad estatal, privada y mixta.

Los principios rectores de la actualización del modelo económico cubano deslindan campos para que los mecanismos del mercado puedan operar. Estos conceptos deberán regir las relaciones entre el Consejo de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). En tal sentido se plantea:

·         Separar las funciones estatales de las empresariales y aumentar las atribuciones de la empresa en el uso eficiente de los recursos.

·         Los OACE solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones que únicamente realizan funciones de carácter empresarial.

·         Las Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar a las OSDE, con el fin de exigir eficiencia y cumplimiento de la legislación.

·         Preparación de todos los dirigentes que llevan a la práctica la reorganización institucional para evitar errores por incompetencia e impericia.

·         Crear condiciones para la unificación monetaria y cambiaria a fin de restablecer el valor del peso cubano, sus funciones como dinero y la medición correcta de los resultados económicos.

·         Perfeccionamiento del sistema de salarios, pensiones y otros ingresos para garantizar que cada cual reciba un salario acorde con su trabajo.

·         Gradualidad en el proceso para evitar improvisaciones y contramarchas.

El canje de Cuba por Venezuela

Obama pasará a la historia como el Presidente de los EE.UU. que reinició las relaciones diplomáticas con Cuba e impulso el fin del bloqueo económico. Pero también trascenderá como el mandatario estadounidense que declaró a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual. ¿Por qué Obama toma esta decisión después de reconocer que el empeño por aislar a Cuba durante más de 50 años, lejos de doblegar la Revolución, estimuló la solidaridad con el pueblo cubano y la condena de los EE.UU. en la ONU? ¿Acaso subyace en esta decisión la preocupación de Washington por la influencia que Venezuela pueda seguir  ejerciendo en la integración latinoamericana, justo ahora cuando los precios del petróleo se han desplomado y el país atraviesa por la peor crisis económica de su historia reciente?

Lo cierto es que con el actual ingreso petrolero que no alcanza para cubrir las importaciones esenciales y a la vez mantener al día los pagos de la deuda externa, el Palacio de Miraflores tendrá limitaciones para mantener al mismo nivel los convenios de cooperación energética. Y en tal contexto de restricciones financieras, la Casa Blanca despliega su nueva diplomacia con Cuba y aspira barrer con la petrodiplomacia bolivariana y erradicar la influencia que Venezuela ha tenido sobre los países que forman parte de PetroCaribe, Alba, Unasur y Celac. La derrota del Kichnerismo en Argentina, de Evo Morales en Bolivia y la crisis política que amenaza la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia de Brasil, representan viento a favor para la aspiración de la potencia estadounidense de recuperar su debilitada influencia en América Latina.

Como  el reinicio de las relaciones diplomáticas no significa el fin automático del bloqueo contra Cuba, el cual es un mandato de las leyes Torricelli y Helms-Burton que solo pueden ser derogadas por el Congreso, Obama quiere despejar las complicadas negociaciones con los republicanos que controlan la mayoría parlamentaria para levantar las sanciones contra Cuba, a cambio de sanciones más severas contra Venezuela. Por eso, ratifica y prolonga la vigencia del Decreto que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Los casos de corrupción que han escandalizado la opinión pública nacional e internacional vienen como anillo al dedo para presentar al Estado venezolano como un Estado forajido, con instituciones incapaces y corrompidas, cuya impunidad convierte al país en tierra de nadie, en territorio sin ley. Las sanciones impuestas serán presentadas por los medios internacionales no como castigo a unos funcionarios aislados, sino como evidencia de la descomposición que sufren las instituciones que ellos representan. De no ser por este propósito, no habría sido necesario catalogar a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los EE.UU.

Esta acción puede entorpecer la solución democrática de las tensiones internas. El Gobierno venezolano ha caído en la jugada al prorrogar el Decreto de Emergencia Económica que había sido rechazado por la Asamblea Nacional y que en sus primeros 60 días de vigencia no rindió ningún efecto. Y ante el temor de tener que digerir una derrota mucho más aplastante que la sufrida por el oficialismo en las parlamentarias del 6 de Diciembre, crecen los rumores de la suspensión de las elecciones de gobernadores previstas para finales de este año 2016. Así, la suspensión de las elecciones regionales sería aprovechada para desatar una campaña de desprestigio que aísle internacionalmente al Gobierno de Nicolás Maduro, toda vez que a todas luces sería una arbitrariedad que conculcaría los derechos democráticos de los venezolanos a elegir sus propios gobernantes, una vez que el período de estos se ha vencido.

Por el bien de la Nación, el gobierno no puede caer en la tentación de suspender las elecciones. En lugar de atizar un conflicto de poderes con la Asamblea Nacional, el Gobierno debería promover el diálogo político y convocar a la Asamblea Nacional para impulsar un Gobierno de Complementación y Unidad que impulse un Programa Básico de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa Mínima para reactivar la inversión productiva. Estas serían los pasos claves para impedir que a la crisis económica se le añada una crisis política que desemboque en una grave crisis de gobernabilidad. @victoralvarezr

 

jueves, 17 de marzo de 2016

El extractivismo empobrecedor


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El extractivismo es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a exportar tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente. Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales al mejor precio posible. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando colapsan los precios del petróleo, minerales y materias primas, toda vez que para obtener el mismo nivel de ingreso en divisas hay que intensificar la explotación de los yacimientos, lo cual acelera su agotamiento.  

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja.

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social.

Arco Minero: neo-extractivismo empobrecedor

El Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco. Así, el neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista.

En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al no ahorrar nada y acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez.

El impacto ambiental del extractivismo minero

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.

En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.  @victoralvarezr 

La explotación del oro: Maduro desanda el camino de Chávez


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Cuando las transnacionales comenzaron a operar en Venezuela, el régimen legal para la extracción del oro aseguraba los derechos del inversionista a explotar las concesiones durante décadas. Este marco legal aplicable a la explotación y ventas de oro estaban recogidos en la Ley de Minas y la Resolución BCV N.° 96-12-06, del Banco Central de Venezuela (BCV), en la Ley del BCV, del 17 de octubre de 2002, el Decreto 1.234 del 6 de marzo de 2001 y el Instructivo del BCV sobre los Regímenes de Operaciones con Oro, del 30 de enero de 1997.  De conformidad con este régimen, los productores de oro podían vender libremente el oro en el mercado local a compradores particulares y a precios convenidos libremente. Pero las exportaciones de oro estaban sujetas a la autorización del BCV, el cual exigía como requisito presentar la prueba de que la empresa minera había vendido por lo menos el 15% de su producción trimestral en el mercado local.

En noviembre de 2008, el Gobierno de Venezuela anunció la nacionalización de Las Cristinas, uno de los mayores yacimientos auríferos del mundo, cuya operación había sido dada en concesión a la canadiense Crystallex, iniciando así el proceso que más tarde culminaría con la nacionalización total del oro. En abril de 2009 el gobierno adoptó la Resolución N° 09-04-03, con la cual exigía que todos los productores de oro de Venezuela vendieran el 70% de su producción trimestral en el mercado local, ofreciendo el 60% al BCV a un precio calculado con base en la tasa de cambio oficial. Esta resolución permitía exportar el 30% restante con previa autorización del BCV. El oro al que se negara la autorización de exportación debía venderse al BCV al Tipo de Cambio Oficial. Como resultado de esta modificación, Venezuela limitó las exportaciones de oro.

En junio de 2009, Venezuela adoptó dos resoluciones adicionales para establecer exenciones preferentes para empresas auríferas en las que Venezuela tuviera una participación de por lo menos 50%. Así,  las empresas de oro estatales solamente debían ofrecer al BCV el 25% de su producción. El 75% restante podía venderse libremente a precios de mercado.

El Convenio Cambiario N° 12 impuso la obligación de vender al BCV todas las divisas producto de operaciones de exportación de oro, al Tipo de Cambio Oficial, eliminando así el 10% del producto de las exportaciones que la Resolución del BCV de Abril de 2009 había permitido mantener en sus cuentas extranjeras. Esta medida no afectó a las empresas del Estado venezolano, las cuales si podían conservar en cuentas bancarias del exterior las divisas provenientes de sus ventas de exportación y utilizar el producto para efectuar pagos directos sin límite en moneda extranjera.


El 16 de septiembre de 2011, Venezuela dictó el Decreto N° 8.413 a través del cual se aprobó un nuevo marco regulatorio para la minería y los yacimientos de oro en Venezuela y “reservó al Estado” las actividades de exploración y explotación de oro. Todos los activos y las operaciones asociados a la minería y la explotación del oro en Venezuela fueron declarados de “utilidad pública e interés social”.

El decreto estableció el control estatal de la propiedad de todas las empresas productoras de oro y sus derechos mineros. A partir de septiembre de 2011, todas las actividades primarias, conexas y auxiliares (es decir, la exploración, la producción, el almacenamiento, la posesión y el transporte, ventas y comercialización nacional o internacional) en relación con la minería de oro solamente podían ser realizadas:

ü  Por el Estado o empresas de propiedad total del Estado o sus filiales.

ü  Por empresas mixtas en las que el Estado tuviera una participación mínima de 55% y ejerciera el control de la sociedad.

Todo el oro debía venderse al Gobierno quién reivindicó así la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos y asumió el control sobre la comercialización del oro venezolano. Los proyectos y las inversiones a través de concesiones, autorizaciones para la práctica de pequeña minería o contratos otorgados con anterioridad al dictado del Decreto de Nacionalización, se transferirían a Empresas Mixtas. El Decreto de Nacionalización incluyó negociaciones entre las empresas titulares de derechos mineros y el Gobierno, con miras a facilitar la migración al nuevo régimen de Empresas Mixtas. La falta de acuerdo para la migración con arreglo al nuevo régimen dentro del período de negociaciones daría lugar a la extinción de pleno derecho de las concesiones y los contratos mineros relativos a las Actividades Reservadas, y la República asumiría el control de los activos y las operaciones en cuestión una vez finalizado el plazo de negociación. De no llegar a ningún acuerdo, el Decreto contemplaba el pago del valor en libro de las inversiones en concepto de indemnización y los titulares de derechos mineros debían cooperar para el traspaso pacífico y ordenado de todas las operaciones, las instalaciones, los documentos y los activos. La falta de cooperación daría lugar a la aplicación de sanciones administrativas y penales.

El Decreto de Nacionalización estableció lo siguiente:

ü  Las Empresas Mixtas podían constituirse únicamente con aprobación de la Asamblea Nacional, y el Ministerio de Minas sería responsable de determinar las condiciones por las que se regiría la realización de las Actividades Reservadas por parte de las Empresas Mixtas (artículo 6).

ü  El Ejecutivo Nacional quedaba facultado para transferir a las Empresas Mixtas el derecho a ejercer todas o parte de las Actividades Reservadas, así como a transferir la propiedad u otros derechos sobre “bienes del dominio privado” de la República requeridos para el ejercicio eficiente de dichas actividades. El Ejecutivo Nacional quedaba facultado para revocar esos derechos toda vez que las empresas incumplieran las obligaciones impuestas en el Decreto de Nacionalización o que así conviniera al interés nacional (artículo 9).

ü  El Ministerio de Minas asignaría las áreas correspondientes a cada Empresa Mixta por el plazo de 20 años, prorrogables por no más de dos períodos de 10 años. Las prórrogas debían solicitarse con tres años de anticipación al vencimiento del plazo (artículo 8).

El período de negociaciones venció el 14 de marzo de 2012 sin que las concesionarias y el Gobierno hubieran llegado a un acuerdo. En consecuencia, todos los Derechos Mineros se extinguieron de pleno derecho el 15 de marzo de 2012, razón por la cual el Estado venezolano quedó facultado a tomar posesión de las propiedades y el control de las operaciones que hasta entonces habían pertenecido a las concesionarias.

El 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Petróleo y Minería dictó la Resolución N.° 177, a través de la cual transfería a PDVSA el área minera recién creada en el Estado Bolívar. De conformidad con esa Resolución, PDVSA (a través de la Corporación Minera de Venezuela que quedó adscrita a PDVSA Industrial) en adelante se encargará de las actividades mineras en el área, por el plazo de veinte años, con posibilidad de sucesivas prórrogas.

Maduro desanda el camino de Chávez

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón. Estas decisiones fueron la bandera de su discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en diferentes foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes.

A raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra la suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez,  Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez

Con ese fin, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. Maduro dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.

Los cálculos más optimistas estiman en 7.000 toneladas las reservas de oro que al precio actual representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares. Ante la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras. @victoralvarezr

La minería como alternativa no petrolera: más extractivismo


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.

En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.

Tras "un pleito y un conflicto que teníamos ahora somos socios para el ganar, ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares", dijo Maduro en un giro del discurso anticapitalista y antiimperialista que caracterizó a los principales líderes del Gobierno mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Después de la ola de expropiaciones que alejó de Venezuela a los inversionistas extranjeros, el Ministro de Petróleo y Minería señaló que el acuerdo con Gold Reserve "demuestra al país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver las discrepancias que se hayan sucedido y no solo eso, sino que hemos convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa porque hemos firmado también aquí el acuerdo de inversión por 5.000 millones de dólares".

La convocatoria a explotar el Arco Minero representa un cambio en el discurso oficial. Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al no ahorrar nada y acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez.

El impacto ambiental del extractivismo minero

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.

En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.

¿Extractivismo o pobreza?

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a vender en el mercado internacional tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente. Se trata de un modelo que anula otras opciones, tales como el turismo, las fuentes alternas de energía o la agroecología, debido a los daños ambientales y sociales que ocasiona la actividad extractiva.

Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales al mejor precio posible. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando aumentan los precios del petróleo y minerales, toda vez que el mayor ingreso en divisas fortalece la capacidad de importación, postergando la diversificación del aparato productivo.

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja. El  neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista.

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social. @victoralvarezr 

El Arco Minero: mas de lo mismo


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera. Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.

En un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que -al precio actual de 1.100 dólares la onza-, representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.

De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.

Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero la convocatoria a explotar el Arco Minero representa un bandazo en el discurso oficial.

Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia, como no se ahorró nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica sino que gastó toda la renta a través del Fonden, ahora Nicolás Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y reactivar el extractivismo minero, convencido de que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez. Pero Maduro dio instrucciones tajantes para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las transnacionales y empresas locales que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero.

 

La alternativa no petrolera: más de lo mismo

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación de recursos naturales. Lleva a la dependencia de los países ricos en materias primas pero pobres en tecnología, los cuales se limitan a exportar tales recursos, en lugar de transformarlos industrialmente.

La crisis estalla cuando los precios del petróleo se desploman, cae el ingreso en divisas y la producción nacional resulta insuficiente para atender un nivel de consumo que se han expandido debido a la inyección doméstica de la renta internacional. Presionados por la urgencia de resolver los problemas sociales y de escasez, la cultura extractivista-rentista mantiene la inercia de exportar el mayor volumen de recursos naturales a cualquier precio. Este círculo vicioso se empeora justamente cuando se desploman los precios del petróleo y se recrudece el extractivismo minero para compensar el derrumbe de la renta. En efecto, para compensar el colapso de los precios del petróleo el gobierno busca ahora otras fuentes de ingreso rentístico a través de la reactivación del Arco Minero, justo cuando los precios del petróleo y los minerales están a la baja.

El  neo-extractivismo empobrecedor se expresa en el empeño del gobierno por aumentar la explotación de recursos naturales, con el argumento de que así se pueden generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba el gobierno por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis, a la larga representan pan “para hoy y hambre para mañana”, toda vez que se trata de un uso anticipado de la renta que corresponde a las generaciones futuras.   

Hay que romper con el falso dilema de “extractivismo o pobreza”. Para enfrentar con éxito la severa crisis económica que azota al país se impone superar el modelo extractivista basado en la explotación intensiva de la naturaleza. Esto solo conduce al agotamiento de los yacimientos y reservas. Incluso los recursos renovables se terminan explotando a un ritmo superior a su tasa de reposición y, desde la Leyenda del Dorado, después de cinco siglos de extractivismo solo ha quedado depredación ambiental y exclusión social.

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera. @victoralvarezr 

Cuando el oro se tiñe de sangre


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La masacre de 28 mineros en Tumeremo no es la primera que ocurre en Venezuela. La búsqueda del oro comienza con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Tras la codicia del oro, millares de indígenas que se resistieron a la dominación y el saqueo fueron masacrados y los pueblos originarios terminaron diezmados. Después de más de cinco siglos del extractivismo minero, la muerte sigue tiñendo de sangre la extracción de oro y los asesinatos de indígenas, campesinos y mineros se repiten con frecuencia.

Cuando se planteó la nacionalización del oro en el año 2010, Chávez anunció: “Vamos aprobar una Ley Habilitante para tomar la zona del oro y ahí cuento con ustedes porque eso sigue ahí con anarquía, mafias y eso es una gran riqueza, oro, piedras preciosas, la bauxita, el hierro. Vamos a convertir eso en reservas internacionales porque el oro sigue incrementado su valor” [1].

Para entonces el dólar perdía valor mientras que los precios internacionales del oro aumentaban constantemente y representaban la mejor opción para proteger la capacidad de compra de las reservas. Por eso, el gobierno anunció la monetización del oro para  asignarle un valor que permitiera compensar la caída de las reservas internacionales debido al descalabro de los precios del petróleo. Luego de varios años, las mafias siguen imponiendo su anarquía y siembran de terror y muerte los territorios indígenas, sin que las toneladas de oro extraídas se hayan monetizado para levantar las reservas internacionales. Por el contrario, actualmente se encuentran en el nivel más bajo en los años de Revolución bolivariana.


El interés del gobierno bolivariano en torno a la explotación del oro cambia según sea el comportamiento de los precios del petróleo. Cada vez que se desploma la renta petrolera con la que el gobierno se financia, se retoma la explotación del oro y otros minerales como la alternativa no petrolera para compensar la caída del ingreso petróleo y revertir la caída de las reservas internacionales. Justamente, esto fue lo que hizo el fallecido presidente Chávez cuando decidió la nacionalización de la industria del oro mediante una nueva ley que impulsó con el objetivo de incorporar la producción aurífera a las reservas internacionales.

Nada se ha avanzado desde entonces. En el año 2009, el gobierno estableció la venta obligatoria de oro al BCV como parte de una estrategia para acrecentar las reservas de divisas del Estado: “… es más seguro para las arcas nacionales contar con el respaldo del oro que del dólar o del euro, en momentos de la actual crisis financiera internacional”[2]

Con este fin, el gobierno sustituyó el marco legal liberal con unas nuevas reglas que obligaban a las concesionarias del oro a vender prácticamente la totalidad de la producción al Estado, a un precio determinado con base en la tasa de cambio oficial, restringiendo el acceso a las divisas, así como su transferencia al exterior. Finalmente, en 2011 el gobierno nacionalizó la industria del oro.

El Arco Minero y la resistencia de los pueblos

En la actualidad la explotación aurífera del país se da principalmente en el estado Bolívar, siendo las poblaciones más representativas de esta actividad: El Callao, Guaniamo, El Dorado, Guasipati, Tumeremo, Las Claritas-Km 88, La Paragua y Santa Elena de Uairén. La explotación aurífera primaria en el Estado Bolívar  puede darse por:

1) Yacimientos epigenéticos: conformado por regiones mineralizadas en las que el oro se encuentra en vetas mineralizados en la edad precámbrica.

2) Yacimientos singenéticos: el oro está en los aluviones que explota la minería ilegal con el uso de hidrobombas y mercurio con un alto impacto ambiental.

De acuerdo a la Ley de minas vigente, la minería puede practicarse en el país bajo las siguientes modalidades:

ü  Directamente por el ejecutivo Nacional

ü  A través de concesiones de exploración y subsiguiente explotación

ü  Pequeña minería y minería tradicional

Desde que se anunció la explotación del Arco Minero en el año 2012, los pueblos indígenas han exigido la demarcación de sus territorios para prohibir allí el modelo minero-extractivista y así poder reestablecer relaciones armoniosas entre el hombre y la naturaleza.

Diferentes organizaciones, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas, han expresado su preocupación por el proyecto Arco Minero del Orinoco y han planteado que el gobierno debe abrir una mesa de diálogo para revisar de manera conjunta los proyectos y evitar nuevas intrusiones en los territorios indígenas.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas cuestionan el modelo minero extractivista que rompe totalmente con sus patrones culturales de vivir armoniosamente con la naturaleza y denuncian los grandes daños ambientales que implica el recrudecimiento del extractivismo minero en sus territorios ancestrales.

 

Maduro desanda el camino de Chávez

El fallecido Presidente Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Estas decisiones fueron bandera de su discurso ambientalista que desplegó en diferentes foros internacionales y dejó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Pero a raíz del colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas. Y no podía ser otra su suerte. Al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y no haber ahorrado nada para encarar los tiempos de escasez,  Maduro se ha visto obligado a decretar la emergencia económica y su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen los proyectos extractivistas que habían sido suspendidos por Chávez

Con ese fin, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco y en un reciente encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, ofreció facilidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial.

Ante la urgencia de sobrevivir, Maduro desanda el camino recorrido por Chávez y reactiva el extractivismo minero con el argumento de que así se podrán generar los ingresos necesarios para financiar la inversión social y productiva. Si bien es cierto que los anticipos que reciba por las concesiones mineras significan una máscara de oxígeno para sortear la crisis que lo agobia, en esencia se trata de una huida hacia adelante y no representa una verdadera alternativa al modelo extractivista-rentista. Por el contrario, por esta vía se estará comprometiendo la renta que debería corresponder a las generaciones futuras. Será “pan para hoy y hambre para mañana”.

Para concluir, si bien con la nacionalización del oro se reivindicó frente a las transnacionales mineras la soberanía nacional sobre los yacimientos auríferos, la falta de vigilancia y control convirtió las áreas mineras en tierra de nadie, cuestión que incrementó vertiginosamente la actividad ilegal, con el brutal impacto ambiental que se expresa en miles de hectáreas de reserva forestal que fueron arrasadas y acuíferos contaminados. Y lamentablemente, los trágicos sucesos de Tumeremo nuevamente vuelven la mirada sobre la depredación y masacres que siguen ocurriendo en la Amazonía venezolana, tal como comenzó hace cinco siglos con la irrupción de la conquista y la colonización. @victoralvarezr

 



[1] http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/300354/chavez-anuncia-una-nueva-ley-habilitante-vamos-a-nacionalizar-el-oro/
 
[2] Viceministro de Minas: “70% de la producción de oro será para el mercado interno”, publicado en El Universal, del 5 de mayo de 2009.