SICAD II: ¿Devaluación o revaluación?

Víctor Álvarez R.

Una de las peores distorsiones en la economía venezolana la generó el violento ascenso del dólar paralelo, cuya cotización se impuso arbitrariamente como la base para calcular la mayoría de los precios, incluso de los productos importados a la tasa de cambio oficial. Con el argumento de reponer los inventarios al nuevo precio que surgiría de una supuesta devaluación que nunca llegó a concretarse, se generalizó una práctica a todas luces especulativa por quienes recibían el dólar barato de Cadivi, pero calculaban el PVP como si estuvieran comprando la divisa cara del mercado paralelo, amasando así escandalosas ganancias.

Como instrumento de política antiinflacionaria, el gobierno ha utilizado el anclaje cambiario para abaratar las importaciones. Esto dio resultado mientras hubo abundancia de dólares, pero hizo crisis a raíz de la merma de divisas derivada del estancamiento de la producción petrolera, de la estabilización de los precios del crudo y del menor pago en efectivo que se recibe debido al canje de petróleo por productos de otros países. Así, surgen los problemas de liquidez de divisas del BCV, quien no termina de sortear sus dificultades para fondear oportunamente, antes a Cadivi y ahora a Cencoex. Estos retrasos trasladaron la demanda insatisfecha al mercado paralelo, cuya cotización comenzó a subir y fue atizada, además, por factores interesados en desestabilizar y crear una crisis de gobernabilidad.

Tras el fallido propósito de pulverizar el paralelo, se activaron las subastas del Sicad I, las cuales no pudieron generar una oferta complementaria, toda vez que se mantuvo la penalización a la libre transacción de divisas. Es a partir de la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios que se activa un nuevo mercado en el que se permite la libre compra-venta de divisas entre privados, cuya tasa de cambio se apreciará o depreciará según la oferta y la demanda del día. Si tomamos en cuenta que el paralelo llegó a superar los 90 Bs/$ y que la tasa de cambio implícita que surge de dividir la Liquidez Monetaria entre la Reservas Internaciones (LM/RI) supera los 60 Bs/$, notamos entonces que los resultados están a la vista: en el primer día del Sicad II, el mercado paralelo cayó 40 Bs. y el cambio en la subasta fue 51.86 Bs/$, con una tendencia que irá hacia la baja que al momento de escribir estas páginas ya iba por 49 Bs/$ y puede bajar aún más a medida que aumente la oferta de divisas derivada de la inversión extranjera, las exportaciones privadas, la repatriación de capitales y los turistas internacionales.

El impacto de esta medida también se refleja en Sicad I, cuya tasa casi llegó a 12 Bs/$ y ahora se aproxima a los 10 Bs/$. De mantenerse esta tendencia se estarían abatiendo las presiones inflacionarias y especulativas desatadas por el uso del paralelo como marcador en el cálculo de los precios. La oferta privada en Sicad II aliviará las presiones sobre Cencoex, que mantendrá el  6.30 Bs/$ para subsidiar importaciones por un monto de $ 31 millardos, mientras que los 11 millardos de Sicad I serían liquidados a una tasa cada vez menor. El desplome del paralelo, la estabilidad del 6.30 y la tendencia decreciente en Sicad I y Sicad II pueden inaugurar una tendencia a la revaluación y apreciación del bolívar con un impacto positivo en la desaceleración de la inflación, siempre y cuando se tomen las medidas complementarias para corregir el déficit fiscal y prohibir las millardarias emisiones de dinero sin respaldo que se hacen para financiarlo. @victoralvarezr

Propuesta 3 a la CEP: democratizar el capital e impulsar nuevas formas de propiedad social

Por:Víctor Álvarez R.

En Venezuela, el 70% del PIB lo aporta el sector privado y, por tanto, los problemas de desabastecimiento y escasez están estrechamente vinculados a la forma como el factor capital percibe el clima de inversión en el país. El sector empresarial suele atribuir a las expropiaciones, inseguridad jurídica, conflictividad laboral y al cambio en las reglas del juego, las causas más importantes que desalientan y alejan la inversión. En momentos en los cuales pareciera que los sectores público y privado empiezan a ponerse de acuerdo para superar los obstáculos que se oponen a la inversión productiva, vale la pena preguntarse: ¿cuáles deben ser los temas claves para construir los grandes acuerdos que permitan impulsar el desarrollo económico y social de la Nación?

A la hora de realizar nuevas inversiones, el capital privado siempre estará más interesado en los niveles de ganancia y rentabilidad. Pero al momento de conceder incentivos a la inversión, el gobierno pondrá el énfasis en el impacto de estos en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. ¿Se trata de objetivos antagónicos o complementarios? ¿Es posible plantearse un objetivo adicional que pueda convertirse en un punto de consenso entre ambas partes? Veamos.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

El precario desempeño de la inmensa mayoría de las empresas estatizadas obliga a repensar la expropiación total y absoluta como vía para socializar la propiedad de los medios de producción y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Pero no cabe en nuestro mapa mental la idea de la democratización de la propiedad para que en una misma empresa puedan convivir los modos capitalistas y socialistas de producción y distribución. Solo rompiendo dogmas de lado y lado, pudiéramos abrirle espacio a una solución en la que coexistan ambas lógicas y se haga innecesario expropiar para demostrar que se está avanzando en la transición hacia el socialismo venezolano.

Con este fin, en la Comisión Económica para la Paz pudiera analizarse la propuesta de ofrecer al sector privado un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc. a cambio de su compromiso con la democratización de la propiedad. Así, las empresas privadas que quieran tener acceso a estos generosos incentivos públicos, deberían ofrecer en venta al Consejo de Trabajadores un porcentaje (10-20%) del capital de la empresa.

La Bolsa Pública de Valores

La democratización del capital se puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional. La Bolsa Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.

Así por ejemplo, como contrapartida al financiamiento blando que la empresa recibiría de la banca pública, aquella emitiría por un valor equivalente, el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y grado de bienestar.

Con el porcentaje de ganancias que corresponda a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores –incluyendo el rendimiento que se obtenga de sus colocaciones e inversiones-, bien pudieran financiarse las micromisiones sociales en cada empresa. Así, estos recursos sería destinados a sostener el Mercal para los trabajadores de la empresa, la Misión Salud Adentro para toda su nómina, la Misión Vivienda para quienes aún no tengan casa o apartamento propio, la Misión Ribas para los que deseen terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus estudios universitarios, etc., etc.

Ganar-ganar

De esta forma, la empresa privada comenzaría a participar de manera activa y protagónica en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y retribuiría al país los recursos públicos que recibe para hacer más rentable su actividad económica privada. A su vez, los trabajadores estarían cada vez más interesados en contribuir al logro del mejor desempeño económico y financiero de la empresa, toda vez que –al convertirse en copropietarios sociales a través del Consejo de Trabajadores- asegurarían que un porcentaje creciente del plusvalor del que antes se apropiaba totalmente su empleador, en adelante será la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los trabajadores de la empresa. @victoralvarezr

¿De quién es la violencia?

POR: VICTOR ALVAREZ R.

No es casual el paralelo que se ha pretendido establecer entre la violencia desatada en Ucrania, que terminó con el derrocamiento del gobierno de Yanukovich, y la ola de terror que tiene por objetivo tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Las noticias que transmiten CNN y la red de medios agrupados en la SIP dejan la impresión que en Venezuela los estudiantes están siendo salvajemente reprimidos y que hay que lanzar un SOS urgente (intervención militar) para evitar la masacre de un pueblo. Al calor de esta nueva arremetida surgen diferencias en los métodos de lucha que dividen a la oposición.

Por un lado está la nueva estrategia de Capriles, quien luego de liderar los hechos violentos de abril de 2013 para desconocer la victoria de Maduro, ahora defiende la salida electoral y opta por acumular fuerzas para enfrentar al chavismo en las presidenciales de 2019. Capriles sabe que cometió un grave error al poner en duda la transparencia del poder electoral. Por su obstinación de cantar fraude convirtió en derrota el resultado electoral sin precedentes que lo consolidó como candidato de la oposición, y desmovilizó a sus seguidores en las pasadas elecciones municipales, facilitando en muchos casos el triunfo de los candidatos chavistas.

Por el otro lado está  Leopoldo López, promotor de la reciente ola de violencia que ha trastornado la vida de la gente en 18 municipios de los 335 que tiene el país. En esos lugares donde la oposición ganó las elecciones, los alcaldes han facilitado la alteración del orden público al no remover las barricadas que impiden el libre tránsito a lo largo del día y donde cada noche se monta la escena para quemar cauchos y lanzar consignas en contra del gobierno, y así facilitar a CNN y la SIP las imágenes que de inmediato difunden a todo el mundo, en su empeño de crear una matriz de opinión que respalde la intervención extranjera y derroque al gobierno constitucional.

Con su consigna de “Maduro vete ya”, López optó por un golpe de Estado y se desmarcó de la vía electoral que retomó Capriles. Desde la cárcel se ha convertido en el “mártir” que alienta la ola de violencia que sacude a ese reducido número de municipios, donde las protestas, lejos de ser masivas y pacíficas, son protagonizadas por pequeños grupos violentos que alteran la vida cotidiana y son cada vez más cuestionados, incluso por la base opositora que quiere recuperar la tranquilidad en su vecindad. Para aislar a los factores más violentos y reducirlos a pequeños focos que se vayan extinguiendo, el gobierno debería reconocer a Capriles como el líder de la oposición que ha optado por la vía constitucional y éste tendría que atender los reiterados llamados al diálogo que le ha formulado el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela no está al borde de una guerra civil ni la población está sometida a una brutal represión. La zozobra la mantienen los grupos violentos de derecha, ejecutores de una estrategia enfocada ahora a atizar la confrontación con los colectivos duros del chavismo, buscando aumentar el número de muertos hasta alcanzar una cifra crítica que pueda ser presentada al mundo como prueba irrefutable de la supuesta masacre que sufre el pueblo a manos del gobierno, y sobre esa base justificar la intervención militar

Propuesta 2 a la CEP: reactivar mercado laboral privado para generar empleo productivo

Por: Víctor Álvarez R.

En el artículo anterior planteamos que -si de verdad se quiere priorizar la producción nacional e impulsar el tránsito de una economía rentística e importadora hacia un nuevo modelo productivo exportador-, resulta urgente y necesario un debate honesto sobre cuál debe ser el tipo de cambio que refleje la verdadera productividad del aparato productivo nacional, sin que el tratamiento de este asunto se tergiverse como la pretensión de aplicar una nueva devaluación que hará más pobres a los venezolanos.

En esta entrega presentaré una nueva propuesta para contribuir a lograr la paz laboral y propiciar un clima que ayude a recuperar el ritmo de la producción. Solo así se podrá ganar la batalla al desabastecimiento y la escasez. Sidor es un ejemplo patético de la tensión laboral que se impone superar para evitar interrupciones de la producción que, en el caso de la siderúrgica, causan la escasez de cabillas y acero que perjudica la fabricación de viviendas y la buena marcha de la industria nacional. En 2013 apenas se produjeron 1,4 millones de toneladas de acero, en comparación con los 4,3 millones que se alcanzaron en 2007, cuando Sidor tenía totalmente abastecido el mercado nacional. 

Inamovilidad laboral

Las disposiciones de la Ley del Trabajo y de los decretos de inamovilidad laboral tienen que ser de estricto cumplimiento por parte de la empresa. Esto no quiere decir que no se pueden flexibilizar los mecanismos para  mantener el nivel de empleo neto. Con este fin, trabajadores, empresarios y gobierno están llamados a evolucionar de la inamovilidad absoluta hacia un esquema de estabilidad numérica que -al flexibilizarse y permitir las sustituciones que estén plenamente justificadas- ayude no solo a mantener el mismo número de trabajadores en la empresa, sino incluso a aumentar la nómina.

Ausentismo laboral

Para derrotar la caída de la producción que genera desabastecimiento y escasez es necesario fortalecer la moral de trabajo y la disciplina laboral. Las ausencias imprevistas no se pueden sustituir y afectan la buena marcha de la producción. En condiciones de un creciente ausentismo es imposible aumentar la productividad. De allí la necesidad de lograr una unidad de criterios entre trabajadores, empresarios y gobierno sobre las  causas de este problema y convenir las medidas necesarias para superarlo.

Sin menoscabo de las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, es equilibrado reconocer que la sumatoria de los reposos cortos por mes, más los reposos largos configuran un cuadro que perjudican la productividad del trabajo e inevitablemente repercute sobre la producción. Un paso de avance sería sincerar los reposos constantes y continuos a través de la declaración de incapacidad por parte del IVSS. En relación con los trabajadores en condición de vigilancia ocupacional, los cuales reciben la misma remuneración que los trabajadores activos, esta carga las pymes no la pueden sostener y debería ser asumida por la seguridad social.

 Garantizar seguridad en el trabajo

Los Delegados de Prevención tienen la delicada responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. De allí la importancia de los programas de INPSASEL para fortalecer la formación sobre sus deberes y responsabilidades, y evitar así transgresiones de la empresa o interpretaciones equivocadas por parte de los delegados que lleven a interrumpir la producción por razones de seguridad laboral, lo cual no hace más que agravar los problemas de desabastecimiento y escasez.

Contrato a tiempo determinado

Según el INE, la tasa de desocupación subió en enero a 9,5%. En un momento en que la desaceleración de la actividad económica pudiera llevar este indicador a más de 10%, urge retomar todas las estrategias posibles para recuperar el nivel de empleo productivo. Con este fin, hay que sincerar la figura del contrato a tiempo determinado, al cual las empresas han renunciado debido a la práctica de reclamar el reenganche y el pago de salarios caídos, una vez que finaliza el tiempo de contratación. Por esta vía, en lugar  de favorecer la generación de nuevos puestos de trabajo, por el contrario se frenará la creación de más empelo y esta práctica se revertirá en contra de los trabajadores.

Ni tan calvo ni con dos pelucas

Ni explotación del trabajador ni anarquía sindical. Si se actúa de buena fe para erradicar las causas que están generando caídas de la producción, desabastecimiento y escasez, hay que atacar todas las acciones de sabotaje de quienes siguen apostando a empeorar el malestar social para generar una crisis de gobernabilidad que termine con el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro.

Lo de Sidor no es un caso aislado. Mientras la gerencia trata de reactivar la producción, el anarcosindicalismo paraliza las actividades argumentando retrasos en el pago de compromisos contractuales, sabiendo que la falta de recursos se debe precisamente a la caída en los ingresos que toda empresa sufre cada vez que es paralizada de manera arbitraria. Eso que pasa en Sidor ya ocurrió antes en Alcasa y se repite una y otra vez en no pocas empresas expropiadas y en muchas empresas privadas. En el caso de las empresas públicas, los conflictos laborales suele resolverse con un crédito adicional, más no ocurre así en las empresas privadas, donde la conflictividad laboral las podría llevar a la quiebra, con la consiguiente destrucción de miles de puestos de trabajo. 

Propuesta 1 a Comisión Económica para la Paz: acordar tasa de cambio que exprese verdadera productividad nacional

Por: Víctor Álvarez R.

El venezolano de a pie está afectado por graves problemas de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción y reventa de productos de primera necesidad. Desde la visión oficial, esos problemas son la expresión de una guerra económica que busca generar un creciente malestar, con el fin de lograr que el pueblo identifique al gobierno como el culpable de la situación. Por su parte, el sector empresarial atribuye los problemas de caída de la producción, desabastecimiento y escasez a los desaciertos de la política económica y a una creciente hostilidad contra la empresa privada que desestimula la inversión y actividad productivas. Es cierto que las políticas equivocadas y la corrupción causan graves ineficiencias que contribuyen al desgaste político del gobierno. Pero también es cierto que poderosos grupos de poder que han aprovechado los incentivos fiscales, cambiarios y financieros para enriquecerse, hoy conspiran contra el gobierno para desestabilizarlo y derrocarlo.

Comisión Económica para la Paz

Gran expectativa existe en torno al aporte que pueda hacer la Comisión Económica para la Paz, en función de construir los acuerdos básicos que permitan reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación. Para lograr esto, tanto el gobierno como el sector empresarial deben encarar el debate con franqueza y ser capaces de reconocer los desaciertos de la política económica y las maniobras en las esferas de la producción y comercialización que se han cometido para desestabilizar. Esto pasa por identificar y erradicar las fallas del Estado que generan perversos incentivos a la corrupción privada. Cuánto de guerra económica y cuándo de políticas públicas que deben ser rectificadas, esperamos sea el gran hallazgo de esta Comisión. A la luz de ese diagnóstico compartido será posible echar las bases de un acuerdo nacional para transformar esta economía rentista e importadora que luce cada vez más agotada, en un nuevo modelo productivo que garantice la seguridad alimentaria y la soberanía productiva de Venezuela.

Sincerar el debate en materia cambiaria

El único punto que se aborda en las reuniones donde se discute la materia cambiaria tiene que ver con la liquidación rápida de las divisas preferenciales y el reconocimiento y pronto pago de la deuda pendiente. Hasta ahora, la política cambiaria se ha basado en anclar el precio oficial de la divisa durante varios años. Pero si de verdad se quiere priorizar la producción nacional, lo hecho en Venezuela, e impulsar el tránsito de una economía rentística e importadora hacia un nuevo modelo productivo exportador, hace falta incorporar al debate cuál debe ser el tipo de cambio que refleje la verdadera productividad del aparato productivo nacional, sin que el tratamiento de este asunto se tergiverse como el intento soterrado de una nueva devaluación que hará más pobres a todos los venezolanos. No se puede seguir manipulando a la opinión pública cada vez que se intenta corregir la sobrevaluación y sincerar la tasa de cambio oficial. Es hora de encarar con franqueza y valentía el problema para evitar que se siga prolongando una nefasta sobrevaluación de la tasa de cambio oficial que solo genera graves distorsiones en el funcionamiento de la economía y sociedad venezolanas.

El anclaje cambiario se traduce en un subsidio a las importaciones que se traen con un dólar oficial cada vez más barato. Así, los productores se transforman en importadores y la creciente tendencia a cómpralo todo afuera desplaza cada vez más a la producción nacional. Esta es una de las consecuencias más graves del anclaje, toda vez que se traduce en un perverso círculo vicioso: importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Esta trampa a la que nos lleva el anclaje cambiario sentencia que el mejor negocio en Venezuela siga siendo importar, en lugar de producir para sustituir importaciones o exportar. Acordar y defender ante la opinión pública una tasa de cambio real evitará que el aparato productivo siga siendo destruido por el deslave de importaciones que se hacen con un dólar subsidiado. Eso sí es lo que genera caída de la producción, desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación, que son los flagelos que están empobreciendo a la Nación.

Eliminar los incentivos a la corrupción

Mientras el dólar oficial se mantiene fijo, el paralelo ha llegado a costar diez veces más. Ante semejante incentivo, empresarios, instituciones y ciudadanos de a pie se lanzan tras la captura del dólar preferencial. Las denuncias formuladas por Jorge Giordani, Edmee Betancourt y Ricardo Sanguino no pueden ser consideradas como parte de la guerra económica. Ellos reconocieron que el control de cambios no impidió que más de $ 20 mil millones fueran desfalcados a la Nación. Pero mientras el Sicad duplique la tasa Cencoex,  o el paralelo la multiplique por diez, se mantendrá un incentivo a la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, el contrabando de extracción, la reventa del cupo electrónico, los “raspatarjetas”, etc.

En los archivos de Cadivi están los datos de los que recibieron los dólares preferenciales. Y el Seniat tiene la información de las mercancías que esas empresas ingresaron por las aduanas. Es hora de decirle al país la verdad y publicar la lista de responsables y cómplices que desfalcaron a la Nación. @victoralvarezr

¿Qué esperamos de la Comisión Económica para la Paz (CEP)?

Por: Víctor Álvarez R.

En una nueva señal de amplitud, el presidente Nicolás Maduro atendió la propuesta formulada por Lorenzo Mendoza de crear una Comisión de la Verdad Económica, cuya tarea será revelar las causas reales que explican la actual situación de escasez, inflación, acaparamiento y especulación. Cuánto de guerra económica y cuándo de políticas públicas que deben ser rectificadas, esperamos sea el gran hallazgo de esta Comisión. A la luz de ese diagnóstico compartido será posible echar las bases de un necesario acuerdo nacional para transformar esta economía rentista e importadora que ya no da para más, en un nuevo modelo productivo que garantice la soberanía productiva de Venezuela.

En la construcción del socialismo bolivariano, la empresa privada está llamada a ser parte de la solución. El fracaso del socialismo del siglo XX dejó claro que la contradicción entre estado vs. mercado no es un asunto que puede resolverse de una vez y para siempre. La idea de una ausencia total de regulación estatal es una con­cepción tan absurda como la de concebir una sociedad donde la iniciativa privada no tenga cabida. Delimitar los espacios para la intervención estatal y la iniciativa privada son asuntos clave que los sectores público y privado deben convenir en esta Comisión.

Ni absolutismo estatal ni supremacía del mercado. A través de diferentes incentivos y regulaciones, el Estado actúa como rector de la actividad económica, pero no puede sustituir al mercado como un mecanismo para canalizar la producción y comercialización. No es hora de asumir posiciones extremas, sino de reconocer el papel de ambos para impulsar una actividad económica que responda a las prioridades nacionales.

El venezolano de a pie está afectado por graves problemas de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción y reventa de productos de primera necesidad. Estas no son fallas del mercado sino delitos económicos que deben ser castigados con multas y penas proporcionales a su gravedad. Pero si vamos a buscar la verdad económica es necesario reconocer que, además de los delitos económicos, también hay que atacar las fallas del estado que generan incentivos perversos a la corrupción.

El control de cambios no impidió que más de $ 20 mil millones fueran desfalcados a la Nación. Semejante corrupción cambiaria tiene un fuerte incentivo en el subsidio a la tasa oficial. Mientras el Sicad duplique la tasa Cencoex,  o el paralelo la multiplique por diez, se mantendrá un incentivo a la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, el contrabando de extracción, la reventa del cupo electrónico, los “raspatarjetas”, etc. 

Si en la Comisión de la Verdad prevalece el sincero interés de priorizar la producción nacional, gobierno y sector privado deberán acordar un precio del dólar que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, sin que esta decisión sea luego cuestionada como una devaluación que empobrece a la Nación. Esta nueva tasa de cambio evitará que el aparato productivo nacional siga siendo destruido por el deslave de importaciones que se hacen con un dólar subsidiado. Eso sí es lo que genera escasez y especulación y empobrece a la Nación.

¿Inflación o especulación?

Por: Víctor Álvarez R.

No hay que confundir inflación con especulación. La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de los precios, causada por un aumento en los componentes del costo de producción o por una expansión de la demanda, debido al aumento del consumo privado o del gasto del gobierno. Mientras que la especulación es una práctica ilegal y focalizada, que se concreta en la venta por encima del precio controlado, o en fraudes cometidos con el fin de obtener ganancias exorbitantes.

Cuando se producen aumentos de salarios, incremento en el valor de las materias primas, alza en las tasas de interés o en los fletes de transporte, hay una presión inflacionaria toda vez que este incremento en los costos termina trasladándose a los precios. Pero cuando una empresa que recibe dólares preferenciales crea empresas en el país o en el exterior para simular que son sus proveedoras, y a través de esa triangulación importa con sobreprecio, no ingresa al país el equivalente al monto de dólares que recibió, y fija el precio con base en el dólar paralelo para obtener ganancias exorbitantes, está cometiendo un delito de especulación y fraude a la Nación.

En el 2013 se observaron graves desajustes en la economía, tales como: creciente brecha entre la tasa de cambio oficial y la extraoficial, productos importados con dólar preferencial que se vendían a un precio calculado con el dólar paralelo, caída de la producción, desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación, todo lo cual llevó a un alza inusitada de los precios de 56,2%, la cual pudo haber sido aún mayor. De hecho, en el marco del operativo a finales de 2013, el gobierno de calle inspeccionó una gran muestra de establecimientos, comprobando escandalosas ganancias y obligando a una reducción de los precios que se tradujo en una significativa desaceleración del INPC: octubre 5,1%, noviembre 4,8% y diciembre 2,2%. La proyección de octubre habría llevado la variación de precios a 6% y más en los meses subsiguientes, pero las medidas de inspección permitieron revertir esta tendencia. Estos resultados reforzaron la convicción y necesidad de intensificar la fiscalización y control, razón por la cual se dictó la Ley de Precios Justos y se creó la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE), como un nuevo intento del gobierno para enfrentar la inflación, la especulación y proteger el poder adquisitivo de los salarios.

La SUNDEE puede enfrentar la especulación y demás delitos tipificados en la ley, pero para derrotar la inflación se requiere estimular la inversión productiva y generar una abundante oferta de bienes y servicios que ayuden a satisfacer las crecientes necesidades de la población. La estrategia anti-inflacionaria implica corregir el déficit fiscal, evitar la emisión de dinero sin respaldo y fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Solo así se podrán superar los desequilibrios macroeconómicos que causan y propagan la inflación, desestimulan la producción nacional y generan desabastecimiento y escasez, caldo de cultivo perfecto para que proliferen las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. @victoralvarezr

¿Qué hacer con la gasolina?

Por: Víctor Álvarez R.

En Venezuela, más de uno piensa que el aumento de la gasolina puede terminar siendo el detonante de fuertes protestas populares, semejantes a las del Caracazo en 1989, sin considerar que aquellos conflictos estallaron como respuesta al paquetazo neoliberal que afectó severamente a los trabajadores y agravó los flagelos de la pobreza y la exclusión social. Ahora la situación es diferente, la Revolución Bolivariana ha llevado a los sectores populares el beneficio de la inversión social de la renta petrolera, por lo que un aumento en el precio del combustible -lejos de convertirse en el detonante de conflictos sociales-, sería un acto de justicia redistributiva.

En efecto, el subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen, cuando en realidad lleva a una distribución regresiva del ingreso. Al destinar cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva porque los que más tienen no necesitan que se les subsidie nada. Por eso, el subsidio a la gasolina se está percibiendo como una medida antipopular que origina una creciente indignación en los sectores más conscientes del pueblo venezolano, quienes cada vez tienen más claro que el irrisorio precio del combustible beneficia sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que los que no tienen carro se ven obligados a desplazarse en autobús o metro y, por lo tanto, en nada se benefician de una gasolina irracionalmente barata.  

Por los supuestos impactos que se le atribuyen al aumento de la gasolina, esta decisión debería ser sometida a referendo consultivo popular, tal como lo plantea el artículo 71 de la CRBV. Si se deja claro que un porcentaje de la recaudación por el aumento se destinará a la modernización y ampliación de la flota de transporte público en todo el país, y que el precio de los pasajes no se incrementará, la ciudadanía respaldará masivamente la decisión de sincerar el precio de la gasolina, toda vez que se trata de reorientar hacia la inversión social un subsidio regresivo que favorece sobre todo a los que más tienen, mientras que los más pobres se ven obligados a usar un transporte público todavía muy deficiente.

Para facilitar la viabilidad de esta decisión, previamente se podrían transferir las bombas de gasolina a las Comunas, para que luego éstas destinen el incremento del combustible a crear empresas de transporte público y ampliar el número de unidades, imprimiendo un poderoso impulso a la nueva economía comunal, bajo el control de los trabajadores directos y de las comunidades organizadas. La administración directa del aumento del combustible asegurará una fuente permanente de recursos financieros para sostener otras formas de autogobierno y estimular una creciente participación en las asambleas de ciudadanos, fortaleciendo la autogestión en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos que contribuyan a  mejorar la calidad de vida en la Comuna. Asimismo, propiciará una mayor corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones del Estado en el proceso de formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión comunal.  @victoralvarezr

Good bye, Cadivi

Por: Víctor Álvarez R.

En su Mensaje Presidencial a la Asamblea Nacional, el Presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de eliminar Cadivi, cuyas funciones serán absorbidas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. Con esta medida se propone erradicar el cadivismo como una práctica dedicada a capturar la mayor cantidad de divisas a la tasa oficial, para luego revenderlas lo más caro que se pueda en el mercado ilegal.

Venezuela es un país rentista que ha vivido una larga promesa de desarrollo y bienestar según sea el destino que se le dé a la renta petrolera, donde empresarios, trabajadores y consumidores pugnan por capturar la mayor tajada de la misma y así lograr un ingreso superior al que en rigor les corresponde por su propio esfuerzo productivo. Tan distintos han sido los mecanismos diseñados por el Estado para distribuir la renta petrolera, como distintas han sido las estrategias y maniobras de los agentes económicos y actores sociales para captarla.

En una alocución anterior, Maduro había planteado:  "Tenemos que lograr que esa renta petrolera sea capturada para el desarrollo de la economía y no para el enriquecimiento de grupos particulares que quieren controlar el poder político, sea por la vía del disfraz rojo o por la vía de la burguesía parasitaria amarilla". Por su parte, el ministro Giordani reconoció que "cuando se crea un sistema de administración de divisas, el otro polo, la gente que quiere burlarlo, nace automáticamente. Puedes perseguirlos, pero siempre le buscan la vuelta: la sobrefacturación, los containers llenos de piedra, trucos para lograr su meta: comprar barato y vender caro".

El cadivismo tiene su causa principal en el anclaje cambiario que se traduce en un subsidio al dólar, si se compara con el precio del dólar paralelo. Mientras el tipo de cambio se mantenga fijo en un contexto inflacionario, y la cotización en el mercado paralelo multiplique la tasa de cambio oficial, esta creciente brecha seguirá estimulando la insaciabilidad de un dólar subsidiado. En su afán por obtener y revender los dólares de Cadivi, los especuladores incurren en las más asombrosas formas de ilícitos cambiarios. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, la reventa del cupo electrónico de divisas, los “raspatarjetas” son expresión de los perversos mecanismos que se ponen en marcha para captar el mayor porcentaje de renta.

En la aberración del paralelo, los especuladores encuentran el caldo de cultivo perfecto para amasar grandes ganancias, al disparar su precio muy por encima de la tasa oficial. Este enorme diferencial es causa de una de las más perniciosas patologías inherentes a la lógica parasitaria e inmoral del capitalismo rentístico, la cual se expresa en los fraudes que se cometen en contra del interés nacional. Por eso, con la decisión tomada por el Presidente Maduro de reformar la Ley de Ilícitos Cambiarios y eliminar Cadivi, se le está abriendo paso a una nueva política cambiaria dinámica y flexible, toda vez que congelar el precio oficial de la divisa para luego aplicar maxidevaluaciones, lo que hace es atizar la inflación y deteriorar el salario real de los trabajadores. @victoralvarezr

Honrar la Vida

Por: Víctor Álvarez R.

En estos tiempos en los que las relaciones personales parecieran cada vez más gobernadas por el interés económico y el cálculo político, se hace necesario reivindicar la importancia de la amistad auténtica, fraguada al calor de la virtud y los valores. Con frecuencia, los colegas de trabajo, los conocidos del vecindario, los correligionarios o compañeros de causa se consideran amigos. Pero basta con un cambio de empleo, una mudanza, abandonar el templo o criticar la causa que comparten para que ese vínculo se debilite y desaparezca. Son relaciones pasajeras, sin lazos sólidos y muy vulnerables al menor cambio en las circunstancias. Basta con que el “amigo” pierda el cargo para que sea inmediatamente desplazado por su sustituto.   

El amiguismo, el compadrazgo y el tráfico de influencias es práctica común en esas relaciones utilitarias, cuyo interés es cultivar contactos y palancas para conseguir un empleo, un cupo en la universidad, un crédito, una fecha para un bautizo, un pasaporte o una cama en un hospital. Son “amigos” del gerente general, de la presidenta del condominio, del párroco de la iglesia, del gobernador o del ministro. Nunca son “amigos” de la persona sino del cargo y se aprovechan de esos vínculos en beneficio propio o para hacer “favores” a terceros que luego cobran.

La amistad auténtica es un sentimiento desinteresado y sincero. Se alimenta de la consideración y respeto mutuo, de la lealtad y la solidaridad en un marco de principios y valores compartidos. Es profundamente ética y justa y nunca pretende aprovecharse de nada. Contar con buenos amigos es vital para satisfacer las necesidades intelectuales, emocionales y espirituales de nuestro desarrollo humano integral. Los verdaderos amigos saben que una amistad desinteresada y sincera está fundada en la virtud y es un hermoso tributo a la grandeza humana.

Por eso mis mejores amigos los he cultivado en el campo del pensamiento crítico, leal y comprometido con la construcción de una nueva sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Comparto con ellos la convicción de que pensar críticamente es honrar la vida, es asumir una posición valiente que no siempre es bien comprendida. En la construcción del socialismo venezolano, por muy diferentes que sean nuestras ideas, su esencia democrática pasa por reconocer que la libertad la necesitan sobre todo los que piensan de otra manera, para que así se pueda opinar con sinceridad y sin temor. No es una señal de debilidad del proceso revolucionario sino su principal fortaleza.

Para construir una sociedad de seres humanos libres, el pensamiento crítico tiene que ser un derecho de todos y no un privilegio exclusivo de quienes están en el poder. Al comenzar el 2014 hago votos por el reconocimiento de la crítica leal y comprometida con el avance de la construcción socialista en Venezuela y asumo como mía la letra de esa hermosa canción de Eladia Blázquez que dice: “Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia, sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir: honrar la vida.” @victoralvarezr

La contrarrevolución del dólar paralelo

Por: Víctor Álvarez R.

Si alguien tenía alguna duda sobre la guerra económica desatada por los factores de poder que intentan desestabilizar la Revolución Bolivariana, la reciente ola especulativa debe haberlas despejado. De qué otra forma se puede explicar que el gobierno otorgue dólares a una tasa preferencial de 6.30 para subsidiar las importaciones y ofrecer productos a precios solidarios, pero luego quienes reciben la divisa barata de Cadivi/Cencoex hagan trampa, fijando el precio de venta como si hubiesen comprado el dólar al precio caro del mercado paralelo.

Cuando cae la renta petrolera o se retrasa temporalmente la liquidación de divisas, suele activarse un mercado paralelo hacia el cual se desplaza la demanda insatisfecha que está dispuesta a pagar un precio mayor por la divisa. Lo inadmisible es que el dólar paralelo termina convirtiéndose en la tasa de cambio que se aplica para el cálculo del precio de venta al público, incluso de los productos que se importan a la tasa de cambio oficial. Esta práctica especulativa, termina anulando el efecto antiinflacionario de la política cambiaria, a la vez que asegura escandalosas ganancias para aquellos importadores que reciben la divisa a la tasa preferencial, pero defraudan a la Nación y especulan en contra del consumidor.

Esta es la razón de la reciente ola especulativa, la cual se exacerba justamente en los meses en que se liquidan las utilidades o se pagan los aguinaldos. Esta inyección de recursos confiere una adicional capacidad de compra a la gran masa laboral, tras cuya captura se lanzan los sectores económicos que manipulan los precios, convirtiendo la inflación y la especulación en los mecanismos a través de los cuales se apoderan de las remuneraciones de los trabajadores que viven de un ingreso fijo y logran así una redistribución del ingreso a su favor.

En la aberración del dólar paralelo, los especuladores cambiarios encuentran el caldo de cultivo perfecto para amasar grandes ganancias, al disparar el tipo de cambio muy por encima de la tasa oficial. Este enorme diferencial es causa de una de las más perniciosas patologías inherentes a la lógica parasitaria e inmoral del capitalismo rentístico, la cual se expresa en los ilícitos cambiarios y fraudes que se cometen en contra del interés nacional. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, el acaparamiento y la especulación son la expresión concreta de la guerra económica con la que se pretende desestabilizar al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. 

Estas arremetidas constituyen un nuevo ataque de los enemigos de la Revolución Bolivariana en su empeño por generar un creciente malestar que lleve a la gente a responsabilizar al gobierno de la situación. Por eso, las medidas tomadas por el presidente Maduro estremecen y sacan de la inacción a muchas instituciones públicas que desde hace rato estaban obligadas a ejercer un riguroso control para que este asalto no ocurriera y, sin embargo, no estaban haciendo todo lo que debían. Con estas medidas el pueblo humilde y la clase media recupera la confianza en el Gobierno Bolivariano y las instituciones del Estado venezolano. @victoralvarezr

Falsas creencias en la Revolución

Por: Víctor Álvarez R.

Según datos del BCV, al cierre de 2012, $290.000 millones de origen venezolano estaban depositados en el exterior: 160.000 del sector privado y 130.000 del sector público.  Estas cifras revelan que, tanto en el capitalismo rentista como en el neo-rentismo socialista, una buena parte del plusvalor internacional que Venezuela capta bajo la forma de renta petrolera, retorna al exterior no solo a través de cuantiosas importaciones, sino también por la vía de una permanente fuga de capitales.

Estas patologías del modelo de acumulación extractivista-rentista se han exacerbado a raíz del creciente ingreso que comenzó a percibir el país, gracias al aumento del precio del petróleo y de un mayor cobro de regalías. La abundancia de petrodólares ha prolongado la vida de un modelo económico basado en la importación rápida y fácil, postergando así el complejo pero seguro esfuerzo por impulsar a gran escala la actividad productiva. Si esto es así cuando solo se extraen 3 millones de barriles diarios, imaginemos como será cuando se incremente el extractivismo petrolero hasta 6 millones en 2019. Solo un decidido esfuerzo por reducir el extractivismo e impulsar simultáneamente la industrialización de los hidrocarburos, minerales y demás materias primas, impedirá que la renta petrolera retorne a las grandes potencias a través del  pago por los productos derivados que luego nos venden; o, que se fugue a través de la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, raspatarjetas y demás fraudes e ilícitos cambiarios que han sido denunciados por altos funcionarios del Estado.

El déficit de ingresos fiscales que obliga a financiar con deuda un monto importante del presupuesto nacional, es otra manifestación del cuestionado modelo extractivista-rentista. Los auges de la renta se traducen en un abundante ingreso fiscal que tiende a relajar la presión tributaria a las ganancias capitalistas. Así, en la Venezuela  revolucionaria y socialista, la contribución de la empresa privada al fisco es considerablemente menor que en otros países cuyos gobiernos neoliberales consienten al capital nacional y extranjero, concediéndoles toda clase de incentivos fiscales. Pero aquí, además de la baja presión fiscal, también se benefician de la venta de dólares baratos a través de Cadivi/Cencoex y el Sicad, lo cual representa para la Nación un sacrificio fiscal que se hace cada vez más difícil sostener.

Por si fuera poco, al cubrirse un monto importante del presupuesto y créditos adicionales con renta y no con impuestos, los actores económicos y sociales en lugar se exigir transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos, lo que hacen es pugnar por una mayor tajada de esa renta. Así, desde el cadivismo hasta los perniciosos subsidios a la gasolina, pasando por las gratuidades indebidas en el uso de un sistema vial sin peajes y de la adjudicación de viviendas que ni siquiera se pagan con trabajo comunitario, se pone en evidencia la exacerbada mentalidad rentista que considera esas distorsiones como una conquista popular, cuando en realidad se trata de prácticas populistas y clientelares que en nada contribuyen a la conciencia revolucionaria ni a la corresponsabilidad social. @victoralvarezr

La ninfomanía del dólar

Por: Víctor Álvarez R.

La ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial -que suministraba antes Cadivi y ahora Cencoex- para realizar las importaciones esenciales que necesita el país, pero que ha devenido en una demanda insaciable de divisas a la tasa oficial, para luego revenderlas lo más caro que se pueda a través de las más asombrosas modalidades de ilícitos cambiarios.

La política cambiaria se ha basado en anclar el precio oficial de la divisa durante varios años. Mientras el dólar preferncial se mantiene fijo, la cotización del paralelo ha llegado a sextuplicar la tasa de cambio oficial. Ante semejante incentivo, empresarios, instituciones y ciudadanos de a pie se lanzan tras la captura de un cupo de Cadivi/Cencoex. La autorización para abrir cuentas en dólares y la emisión de bonos de la deuda que se pagan en bolívares, pero que al vencerse se cobran en dólares, ha contribuido a la cultura de la dolarización y a exacerbar el cadivismo, al extremo que -según datos del BCV-, los activos privados de origen venezolano en el exterior ascendieron a $ 160.000 millones al cierre de 2012.

Estos incentivos, aunado a la rigidez de la política cambiaria, recrudecen la demanda de dólares que se depositan en la banca internacional, a la espera de las cuantiosas ganancias que se amasan con cada devaluación. A pesar de las urgentes necesidades de divisas que tiene el país, no hay incentivos para la repatriación de los miles de millones de dólares de origen venezolano que se mantienen en el exterior. Y así, todo el peso de atender las importaciones imprescindibles para el buen funcionamiento de la economía, recae sobre las reservas internacionales que se suministran a través de Cadivi/Cencoex.

Mientras la tasa oficial se mantenga fija y la brecha con el paralelo crezca cada vez más, se exacerbará la insaciabilidad de un dólar subsidiado. Por eso, la posibilidad real de superar el cadivismo y profundizar la transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador requiere una profunda revisión y rectificación de la política cambiaria. Anclar la tasa oficial para luego aplicar maxidevaluaciones de 100% y 46,5% solo favorece a quienes tienen miles de millones de dólares depositados en el exterior. Las maxidevaluaciones atizan la inflación que devora la capacidad adquisitiva de los trabajadores que viven de un ingreso fijo; y, al dejar anclado nuevamente el tipo de cambio en un contexto inflacionario, tampoco se contribuye a fortalecer la competitividad cambiara de las exportaciones, ni a mejorar el déficit fiscal.

La crítica al cadivismo, (así también se le llamó a la ninfomanía del dólar), como expresión de la cultura rentista tiene que abrirle paso a una nueva política cambiaria dinámica y flexible, que cierre la brecha con el mercado paralelo y logre la estabilidad de la tasa de cambio. Es así como se podrá alcanzar un precio del dólar que exprese la verdadera productividad de la economía, estimule la repatriación de capitales, la sustitución de importaciones y la diversificación de las exportaciones no petroleras, de tal forma que la única fuente de divisas no sea la pública, sino que surja una oferta privada que alivie las presiones que antes cayeron sobre Cadivi y actualmente recaen sobre Cencoex.  @victoralvarezr

El ADN del rentismo

Por: Víctor Álvarez R.

El genoma económico del capitalismo rentístico es portador de potenciales patologías que es necesario comprender para evitar su desarrollo. Solo así se estará en condiciones de elaborar una adecuada teoría que permita mantener bajo control su comportamiento tan particular.

El capitalismo rentístico tiene su fundamento en la valorización de la naturaleza por el mercado mundial. En el caso del petróleo, el Estado –al ser el propietario de las riquezas del subsuelo-, recibe una renta cuyo contenido económico es la captación de un plusvalor internacional, el cual distribuye luego en favor de los factores económicos y sociales internos.

La primera alteración en el ADN de una economía rentista la encontramos en un ingreso en divisas que no es fruto del esfuerzo productivo. Este súbito ingreso confiere una capacidad de compra superior a la que pudiera resultar de la distribución del ingreso generado por los factores productivos internos. La inyección de la renta internacional a la circulación nacional origina una demanda que no puede ser abastecida por el precario aparato productivo local. Y entre producir e importar, se suelen apelar al expediente fácil de comprarle al resto del mundo lo que con esfuerzo y constancia debería comenzar a producirse nacionalmente.

En la secuencia del ADN del rentismo aparece de inmediato otra alteración. Debido a la presión inflacionaria que ejerce el desequilibrio entre la pujante demanda y la rigidez de la oferta, se recurre al anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. Al congelar el precio oficial de la divisa se abaratan las importaciones que se hacen con ese dólar subsidiado, pero esto termina siendo “pan para hoy y hambre para mañana” debido a que el dólar barato estimula toda clase de importaciones que frenan y desplazan la producción nacional. La situación hace crisis cuando se retrasa la liquidación oportuna de divisas y se activa de inmediato un mercado paralelo hacia el cual se desplaza la demanda insatisfecha.

En la aberración genética del paralelo, los especuladores cambiarios encuentran el caldo de cultivo perfecto para amasar grandes ganancias, al disparar el tipo de cambio muy por encima de la tasa oficial. Este enorme diferencial es causa de una de las más perniciosas patologías inherentes a la lógica parasitaria e inmoral del capitalismo rentístico, la cual se expresa en los ilícitos cambiarios y fraudes que se cometen en contra del interés nacional. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, la reventa del cupo electrónico, los raspatarjetas son la expresión al mayor y al detal de las taras que puede desarrollar una economía rentista.

Al no comprender el ADN que explica el comportamiento patológico de una economía rentista, se suelen aplicar remedios que resultan ser peor que la enfermedad. Si se quieren resultados diferentes ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente. Se impone una profunda revisión y rectificación de la política cambiaria para superar la economía de puertos y reimpulsar la construcción de un nuevo modelo productivo sustentado en la agricultura y la industria que aseguren el logro de la soberanía alimentaria y productiva.    

El impacto económico de la Ley de Precios Justos

Por: Víctor Álvarez R.

Generalmente, el control de precios se aplica a los productos de consumo final, pero no sobre los precios de la fuerza de trabajo, materias primas,  maquinarias, etc. que se requieren para producirlos. Si los componentes del costo aumentan de manera incesante, pero los precios se dejan congelados, llega un momento en que los costos superan el precio regulado y así ni siquiera las empresas de la economía solidaria podrían producir. Cuando la rigidez de los controles genera pérdidas, se desestimula la producción y reaparecen los problemas de escasez, caldo de cultivo perfecto para que surjan las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. De allí la importancia de revisar periódicamente la estructura de costos y mantener actualizados los criterios con los cuales se fijan los precios. Si esto se tiene claro por parte de los administradores de la ley, y se actúa de manera consciente, flexible y oportuna, no tiene por qué castigarse la producción, ni causar escasez, acaparamiento o especulación. 

Impacto en la eficiencia

No todos los productores tienen el mismo costo, unos son muy competitivos y otros muy ineficientes. Estos últimos argumentarán que es injusto fijar el precio con base en los costos de los productores más competitivos. Pero si el PVP se fija con base en los altos costos de las empresas ineficientes, entonces se castigará al consumidor y se facilitará la obtención de ganancias extraordinarias a los productores que tienen menores costos.

Para favorecer al consumidor, la Ley establece que los precios se fijarán con base en los costos de los productores más eficientes. Pero en lugar de penalizar a los rezagados, más bien se les debe ayudar a mejorar su productividad, calidad y competitividad a través de incentivos de política agrícola, industrial y tecnológica, evitando así que quiebren o sean cerrados. En Venezuela es muy baja la densidad empresarial, predominan los monopolios y oligopolios, por eso se tiende a cartelizar y aumentar los precios de forma desmesurada. El aumento de la producción nacional requiere una política que estimule la creación de miles de empresas de la economía solidaria, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, que compitan con las empresas capitalistas y las obliguen a bajar sus precios.

Impacto sobre la especulación

No hay que confundir inflación con especulación. La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de los precios, debido a un aumento en los costos o por una expansión de la demanda derivada del aumento del consumo privado o del gasto del gobierno. Mientras que la especulación es una práctica ilegal que se concreta en la venta por encima del precio controlado, o en fraudes cometidos con el fin de obtener ganancias exorbitantes. Cuando ocurren aumentos de salarios, en el valor de las materias primas, maquinarias, etc., el incremento en los costos termina trasladándose a los precios. Pero cuando una empresa que recibe dólares preferenciales crea empresas de maletín, simula que son sus proveedoras, a través de ellas importa con sobreprecio, deja afuera el monto de dólares preferenciales equivalente a las mercancías que no ingresó y fija el PVP con base en el dólar paralelo para obtener escandalosas ganancias, allí se está cometiendo un delito de especulación y fraude a la Nación.

A la luz de esta diferencia, queda claro que la Ley de Precios Justos puede ser más útil para enfrentar la especulación que para abatir la inflación. Si la Sundee fiscaliza las empresas que reciben dólares del Cencoex o Sicad, habrá más transparencia en los verdaderos costos, se sabrá lo que se importa con dólar preferencial y, por lo tanto, no se puede vender como si se importara al dólar Sicad o paralelo. Pero la estrategia antiinflacionaria implica estimular la producción, corregir el déficit fiscal, prohibir la emisión de dinero sin respaldo y fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Aumentar la oferta nacional de bienes y eliminar las presiones de demanda que surgen del financiamiento monetario del déficit fiscal, son condiciones elementales para derrotar la inflación.

El impacto sobre las Pymes

Una de las debilidades de las pymes se expresa en el crónico retraso de su contabilidad, información exigida por la Sundee en cada fiscalización. Este rezago que pudiera ser considerado solo como un ilícito administrativo, si no se reglamenta debidamente y se deja a la discrecionalidad del funcionario, puede dar origen a sanciones penales. En el caso del acaparamiento, para evitar cálculos arbitrarios que conduzcan a multas y penas injustas, se debe aprobar una providencia que deje claro cuál es el nivel de inventario razonable, de acuerdo a las particularidades de cada eslabón de la cadena. De allí la importancia de ofrecer programas de asistencia técnica a las pymes y de establecer normas transparentes que eviten decisiones sin sustento.

El impacto de esta Ley dependerá de la eficiencia con la que se aplique. Si se administra bien tendremos muy satisfechos a la mayoría de los consumidores que viven de un ingreso fijo, los cuales encontrarán en el mercado una abundante oferta de bienes y servicios de buena calidad y precios solidarios. A su vez, los empresarios tendrán asegurado a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización un margen razonable de ganancias y podrán seguir operando en un mercado con un creciente poder de compra. @victoralvarezr