viernes, 12 de abril de 2019

Razones por las cuales es conveniente promover la inversión privada en la industria petrolera


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Más allá de la retórica nacionalista y estatista de la Revolución Bolivariana, la misma que declaró su carácter antiimperialista y socialista, en Venezuela la extracción de petróleo es realizada cada vez más por la inversión privada.
De no haber sido por las empresas mixtas, la extracción total de petróleo se habría desplomado aún más. La producción propia de Pdvsa ha caído más que la producción total y ahora extrae menos de un tercio del nivel que logró en 1999. Semejante caída ha sido parcialmente compensada por la producción de las empresas mixtas que aportan la mitad de la menguada extracción de petróleo.
Con la reforma de 2006 se forzó la conversión a empresas mixtas de los convenios operativos y asociaciones estratégicas y se estableció que Pdvsa debía tener mayoría accionaria. Eran los años del boom de los precios y del auge rentístico en los que Pdvsa no necesitaba de la inversión privada para acometer los grandes proyectos de inversión. Pero ahora la situación es radicalmente distinta. Ni Pdvsa ni el Estado cuentan con recursos para recuperar la extracción de petróleo.
Los graves problemas de la industria petrolera no pueden ser resueltos con un maquillaje de las políticas vigentes. La recuperación estructural de Pdvsa requiere un cambio sustantivo de la estrategia estatista que entregó la industria al  burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.
La preservación de un tipo de cambio libre y flotante que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional, y no solo el de la actividad petrolera, es una condición básica para corregir y erradicar las graves distorsiones que han perjudicado a Pdvsa y la industria petrolera en general.
La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Casi dos tercios de la extracción actual son de crudos pesados y extra-pesados. Pero el régimen fiscal no toma en cuenta las diferencias entre los yacimientos. Explotar el petróleo extrapesado de la FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. Para compensar los mayores costos e inversiones hay que ofrecer incentivos fiscales como bajar la regalía o los impuestos a través de un régimen fiscal progresivo en el que la participación del Estado mejore a la par que mejora la rentabilidad de los proyectos. Así, la regalía, que es la remuneración que recibe el Estado por su condición de propietario de los recursos del subsuelo -pero que el inversionista la registra como un costo-, en vez de ser un porcentaje fijo se podrá ajustar según las condiciones concretas de cada yacimiento y de las circunstancias por las que atraviese el mercado petrolero internacional.
La deuda financiera externa de Pdvsa creció de 3 mil millones de dólares en 2005 a 44 mil millones de dólares en 2015. La empresa está en default con sus bonos. A finales de febrero, el atraso en el pago de la deuda era de 2.333 millones de dólares. La deuda con socios y proveedores se disparó a más de 17 mil millones de dólares. Estos retrasos vienen del año 2012, cuando se registraron reclamos de contratistas y proveedores, entre ellos Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y decenas de proveedores nacionales. La reestructuración de la deuda financiera y comercial de Pdvsa es un proceso imprescindible para la reinserción de la compañía en los mercados financieros internacionales.
Tomando en cuenta el desplome del ingreso en divisas Pdvsa, así como las severas restricciones fiscales del Estado, es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento y esto pasa por incentivar la inversión privada nacional y extranjera.
La Dimensión macroeconómica de la recuperación petrolera
Recuperar la industria petrolera requiere corregir las distorsiones y desequilibrios macroeconómicos que han conformado un ambiente muy adverso y hostil para las operaciones de Pdvsa, sus empresas filiales y las empresas mixtas. Esto implica: 
ü  Corregir las distorsiones cambiarias que obliga a rematar las petrodivisas a una baja tasa de cambio que le impide a Pdvsa obtener los bolívares necesarios para cubrir sus gastos domésticos y la condena a sufrir un crónico déficit operacional.
ü  Corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero que propagan la hiperinflación.
ü  Sincerar los precios para que reflejen los costos de producción, remuneren la inversión y generen los excedentes para financiar nuevas inversiones.
ü  Reestructurar la deuda externa para aliviar los costos financieros y reinsertar a Pdvsa en los mercados financieros internacionales.
ü  Flexibilizar el régimen fiscal petrolero al nivel de las condiciones internacionales para poder competir en la atracción de la inversión privada nacional y extranjera.
Dimensión mesoeconómica: cambios institucionales para atraer inversiones
La Constitución permite la inversión privada en la exploración y explotación de los yacimientos de gas y de petróleo. Lo que no permite es la privatización de los yacimientos que serán siempre propiedad del Estado, así como Pdvsa será siempre una empresa 100% pública. Para estimular la inversión privada nacional y extranjera es necesario crear consensos para adecuar el marco legal y el entorno institucional que rige y regula la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Reformar Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos: la ley vigente permite a las empresas privadas una participación de 100% en toda la cadena de valor, desde su producción hasta la comercialización, pero existen condiciones que limitan la operatividad, toda vez que obligan a la empresa  que obtenga la licencia a regirse por los precios arbitrariamente fijados por PDVSA. En las licencias de la plataforma deltana y costa afuera, la ley obliga a destinar esa producción al mercado nacional, pero para estimular inversiones hay que destinar un porcentaje a la exportación.

Reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos: El fallecido presidente Chávez aceptó el 100% de la inversión privada para la explotación del gas. ¿Cuál es la diferencia entre un yacimiento de gas y uno de petróleo? ¿Por qué la inversión privada no puede llegar a 100% en proyectos para la extracción, refinación y comercialización de crudos y derivados? Según los artículos 302 y 303 de la Constitución, los yacimientos pertenecen al Estado y Pdvsa es una empresa 100 % estatal. Si se deja claro que los yacimientos nunca dejarán de ser propiedad de la Nación y que Pdvsa seguirá siendo una empresa 100% del Estado, es posible flexibilizar la participación de la inversión privada. Una cosa es privatizar los yacimientos y otra muy distinta abrir la extracción e industrialización de los hidrocarburos a la inversión privada. Se tendría que modificar esta ley que obliga al Estado a mantener una participación mayor del 50% en las empresas mixtas.
Reformar la Ley de Actividades conexas: en 2009 se reformó esta ley para dejar en manos del Estado las actividades conexas en el sector de Hidrocarburos. Fue cuando se estatizaron las empresas contratistas del lago de Maracaibo. Esta medida no dio resultado, fue un estruendoso fracaso y los resultados están a la vista. Por lo tanto, esa ley tiene que ser reformada o derogada, al igual que el decreto presidencial 1.648 que reservó al Estado el control  de los derivados de los hidrocarburos y estableció un monopolio estatal que degeneró en caldo de cultivo para la corrupción. Igual tratamiento debe recibir la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos de 2008, que  estatizó la distribución y el transporte de combustibles en el mercado interno.
En las empresas mixtas puede haber una mayor participación del socio privado para estimular nuevas inversiones bajo la fiscalización del Ministerio, tal como lo establece la Ley de Hidrocarburos Gaseosos que permite que el socio privado en la empresa mixta tenga una participación mayoritaria en la cadena productiva, desde la extracción del hidrocarburo hasta su comercialización, pasando por su refinación.
Entorno institucional
El Ministerio de Petróleo y Pdvsa fueron politizados y terminaron siendo fuentes de empleo clientelar y brazo ejecutor de las tareas encomendadas por el partido de gobierno. El Ministerio de Petróleo no tiene capacidad técnica para regular el sector de hidrocarburos. Es Pdvsa la que supervisa a las empresas mixtas y a los socios extranjeros, siendo a la vez regulador y regulado. En el nuevo marco institucional debe haber una clara separación entre el Ministerio y Pdvsa. La compañía debe reenfocarse en sus negocios medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización y concentrar su limitada capacidad de inversión en áreas de bajo riesgo y altas ganancias, donde los socios operativos no sean necesarios y los contratistas de servicios puedan proveer la tecnología y la asistencia requerida.
El fortalecimiento institucional es clave para optimizar el aprovechamiento del gran potencial de recursos petrolíferos y gasíferos que posee Venezuela. Una propuesta que está rodando es la de crear una Agencia reguladora autónoma, especializada en petróleo y gas, tal como lo han hecho Brasil, Colombia y México. En este esquema, el Ministerio de Petróleo diseña la política petrolera, el presidente de Pdvsa dirige las inversiones y negocios de la compañía, y la Agencia reguladora implementa la política y fiscaliza a toda la industria.
Dimensión microeconómica de la recuperación petrolera
Venezuela debe plantearse una política de industrialización de los hidrocarburos para agregar valor a sus crudos convencionales, pesados y reservas de gas natural.
Industrialización del gas: Venezuela figura como el octavo país con mayores reservas probadas de gas y el segundo en el hemisferio con 201 trillones de pies cúbicos. La producción record de 7.926 millones de pies cúbicos diarios se alcanzó en 2016, lo que colocó al país entre los 15 grandes productores del mundo. Pero en 2018 se redujo a 6.000 millones de pies cúbicos. La producción petrolera ha caído en torno a 1 millón de barriles por día, pero la quema de gas asociado ha subido a 2.000 millones de pies cúbicos diarios, debido a que no se está reinyectando en los yacimientos, ni se ha avanzado en los proyectos para recuperarlo. Las licencias de gas, tanto las de tierra firme como costa afuera, contribuyen actualmente con una producción de 800 millones de pies cúbicos diarios; y se podrían agregar 400 millones de pies cúbicos día adicionales para un total de 1.200 millones de pies cúbico diarios que se pueden industrializar a través de la inversión extranjera.
Sustituir subsidios a combustibles por subsidios directos a los hogares: Venezuela tiene los precios de la gasolina y energía más bajos del mundo, cuestión que estimula el desperdicio, la mala distribución del ingreso y el contrabando. Los precios de productos refinados del petróleo, el gas natural y la electricidad en el mercado interno deben ser ajustados para que reflejen su costo de oportunidad. Para compensar el impacto en el presupuesto de los hogares, un porcentaje de los recursos generados por el aumento de la gasolina y la eliminación gradual de los subsidios indirectos deben ser destinados a financiar las transferencias directas a los hogares.
Transferencia de tecnología: Venezuela tiene abundantes reservas de crudos convencionales pero la mayoría está en áreas en declinación que requieren complejas técnicas de recuperación. La producción en los campos más rentables ha venido colapsando debido a la falta de inversión y la incompetencia operacional. El crudo extra pesado no puede ser comercializado sin antes mejorarlo en refinerías especializadas o mezclándolo con crudos ligeros o productos refinados. Pdvsa se verá limitada en los mercados financieros internacionales por varios años y esta es una razón para asociarse con empresas privadas que aporten capital, transfieran tecnología y contribuyan a la formación de su factor humano.
Máxima incorporación de contenido nacional: para lograr un impacto expansivo sobre la industria nacional, las empresas inversionistas privadas de capital nacional y extranjero deben incorporar el máximo contenido de valor agregado nacional en los proyectos de inversión, incluyendo la contratación de trabajadores,  profesionales y técnicos venezolanos. Esta tiene que ser una condición básica que deberán cumplir las empresas en los procesos de licitación. Esto permitirá desarrollar proveedores nacionales cada vez más competitivos en calidad  y precios que luego podrán exportar bienes y servicios petroleros a los mercados internacionales.
Estos son apenas algunos de los arreglos  políticos, económicos y jurídicos que será necesario construir en un país arruinado por el burocratismo y la corrupción, en el que hoy más que nunca se requieren cuantiosas inversiones privadas, nacionales y extranjeras, para reconstruir no solo la industria petrolera, sino también los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones e infraestructura de puertos, aeropuertos, autopistas y ferrovías que un fisco quebrado ya no podrá asumir, tal como ocurrió en los años demenciales del rentismo cuando el petróleo lo pagaba todo . @victoralvarez



jueves, 4 de abril de 2019

La diplomacia es lenta y la diáspora no espera


Por: Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La diplomacia internacional ha sido muy lenta en la resolución del caso venezolano. Ante la urgencia de la crisis humanitaria que azota a Venezuela, la parsimonia que caracteriza las mediaciones de los organismos y grupos internacionales es viento a favor del régimen, toda vez que le permite ganar tiempo y prolongarse en el poder.
La OEA ha sido la instancia internacional donde se ha considerado con más frecuencia e intensidad la crisis venezolana. Pero las alternativas planteadas tienen en contra la dificultad estructural para adoptar decisiones rápidas y eficaces.
Estados Unidos busca un procedimiento expedito para sacar a Maduro, pero ni siquiera las  amenazas del uso de la fuerza al dejar abiertas “todas las opciones” o los intereses electorales de Trump han acelerado la definición de la crisis venezolana. De cara a su aspiración para la reelección presidencial, el caso venezolano le puede generar a Trump efectos contraproducentes. Si a pesar del alto perfil que ha jugado no logra separar a Nicolás Maduro del poder, el costo político le puede resultar muy alto.
Para salirse de la jugada con el menor costo posible, Trump seguramente proyectará la responsabilidad a la actitud vacilante del Secretario General de la ONU, a falta de decisión de la Unión Europea o a la ineficacia de la OEA, del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto que, con su falta de consenso, abortaron la solución de fuerza que Trump incluyó al hablar de “todas sus opciones”.
El ámbito de actuación de Organización de las Naciones Unidas (ONU) son los conflictos internacionales. Este Foro no tiene un claro mandato para intervenir en la solución de controversias nacionales, tal asunto no está directamente contemplado en la Carta de la Organización. Por eso, el Secretario General, Antonio Guterres, se muestra reacio a asumir un papel activo como mediador en la crisis venezolana. Guterres siente que esa no es su función, aunque no deja de manifestar su disposición de ofrecer sus buenos oficios para superar la crisis venezolana.
La mediación del Secretario General de la ONU está llamada a facilitar acuerdos políticos entre el Oficialismo y la Oposición que abran paso a unas elecciones libres para que la ciudadanía finalmente decida quien quiere que lo gobierne. El cambio político tiene que ser resultado de un acuerdo entre las fuerzas en conflicto. Logrado el acuerdo político, los órganos internacionales pueden acompañar la transición y, sobre todo, asistir la organización y observación de las elecciones.
Tomando en cuenta las divisiones en el seno de la comunidad internacional con respecto a la crisis venezolana, luce difícil lograr un pronunciamiento consensuado de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto solo sería posible si, a raíz de la crisis nacional de Venezuela, se genera un conflicto internacional que atente contra la paz y la seguridad de los Estados miembros. Solo en este caso estaría planteada la intervención del Consejo de Seguridad.
El accionar de la OEA debe estar orientado por la Carta de la Organización y por la Carta Democrática Interamericana. Pero entre los Estados miembros de la OEA se pueden identificar al menos cinco tipos de motivaciones que impiden una acción más efectiva para superar la crisis venezolana:
ü  La de Estados Unidos que responde a sus intereses en Venezuela y a los intereses electorales de Trump.
ü  Países afectados socialmente por la ola migratoria y políticamente enfrentados al gobierno venezolano.
ü  Los países del ALBA que comparten el modelo venezolano y apelan al principio de la no intervención. 
ü  Los pequeños estados del Caribe que también defienden la no intervención porque se sienten débiles. 
ü  México y Uruguay que asumen posiciones independientes y neutrales para poder ser reconocidos como mediadores por ambas partes.
Aunque el Secretario General, Luís Almagro, ha asumido una posición de abierta confrontación con el régimen venezolano, su beligerancia ha sido cuestionada por los países del Caricom, Bolivia, Nicaragua y otros gobiernos que no comparten la posición que ha asumido el Secretario General de la OEA en favor de uno de los polos del conflicto venezolano.
Alineado con los sectores más radicales de la oposición venezolana, Almagro continúa desplegando una intensa actividad para lograr el cese de la usurpación. Pero hasta ahora, lo que se ha evidenciado es que la Secretaría General no tiene fuerza suficiente para lograr resultados concretos, como tampoco la tienen otros órganos de la OEA relacionados con derechos humanos.
En la UE se impone el principio de respaldo a la democracia y de repudio al régimen de Maduro. Pero también la política exterior de la Unión Europea hacia América Latina que se diferencia de la política abiertamente injerencista de la Administración Trump. Las intervenciones de Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton, Elliot Abrams, Marco Rubio y Mario Díaz Balart plantean que el único diálogo que se debe realizar en Venezuela es para determinar cómo será la salida de Maduro del poder.
La UE prefiere una solución política que evite una espiral de violencia civil y la desestabilización de la región, con sus consecuencias sobre la geopolítica mundial. Influye en la UE la necesidad de proteger la integridad física y los intereses económicos de las colonias europeas en Venezuela, en especial las de España, Italia y Portugal que son las más numerosas.   
En la UE no ha sido fácil concertar a todos sus miembros para endurecer las sanciones económicas y financieras. Hasta ahora ha aplicado sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro, pero es muy cauta a la hora de arreciar las sanciones, sobre todo si tienen un impacto negativo sobre la población.
Al igual que la ONU y la OEA, la UE también ha demostrado ser una organización poco ágil para poder generar los consensos y medidas urgentes que requiere la superación de la crisis venezolana.
Ante la parálisis institucional e ineficacia de la OEA para lograr una solución a la crisis venezolana, se conformó el Grupo de Lima  con el fin de provocar un cambio político en Venezuela. La actuación de este Grupo de Lima en gran medida es motivado por la nueva orientación política de América Latina en la que han perdido espacio e influencia los gobiernos de izquierda y revolucionarios.
Sin embargo, sus acciones se agotan en los pronunciamientos diplomáticos, carece de fuerza para aplicar sanciones contundentes y, en su última declaración, dejó claro que no participará en una operación militar internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Fue concebido por la UE aunque también está integrado por países latinoamericanos. Tiene como objetivo lograr una posición común entre interlocutores internacionales con capacidad de influir en el diseño de una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Este Grupo tiene poco margen de maniobra toda vez que el régimen de Maduro utiliza el diálogo para someter al escarnio público a los líderes de la Oposición que participan en las conversaciones con el Gobierno. Sin embargo, por su bajo perfil  puede aportar a una solución a que conjure la amenaza de una intervención militar.
El Grupo de Contacto se estableció un plazo de 90 días y si en este lapso no logra resultados concretos, entonces se disuelve. En este lapso se propone contribuir a crear condiciones para que los ciudadanos venezolanos determinen su futuro a través de elecciones libres, sometidas a verificación internacional.
Ningún foro tiene capacidad real para poner solucionar la crisis
A la luz de los hechos concretos, ni la ONU, ni la OEA, ni la UE, ni el Grupo Lima, ni el Grupo de Contacto han demostrado contar con la capacidad para lograr una solución política y electoral a la crisis venezolana.  Incluso, la resolución que se sometió en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ingresar la ayuda humanitaria y convocar elecciones libres fue vetada por Rusia y China.
Ante el poder de veto que ejercen las grandes potencias, la actuación de los foros y mecanismos internacionales son muy poco efectivos. Mientras tanto, la escasez,  la hiperinflación, el colapso generalizado de todos los servicios públicos y la inseguridad azotan cada vez más a los hogares, empresas e instituciones y recrudecen la diáspora de millares de venezolanos que ya no pueden seguir esperando por las gestiones de la diplomacia internacional.

#ENTREVISTA La transición debe ser sin Maduro y sin Guaidó

“No se puede apostar por escalar el conflicto y agravar la crisis de gobernabilidad sin correr el riesgo de caer en cruentos enfrentamientos que lleven al país al borde de una guerra civil”
José Gregorio Yépez entrevista a Víctor Álvarez en Contrapunto  
https://contrapunto.com/nacional/victor-alvarez-la-transicion-debe-ser-sin-maduro-y-sin-guaido/
Víctor Álvarez es partidario de conseguir una alternativa a la polarización que se presenta en la vida política del país.
El economista, investigador, Premio Nacional de Ciencias y profesor universitario plantea un “gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó”.
—¿En medio de la polarización hay quienes apoyarían ese gobierno de transición?
—Estoy seguro de que los sectores democráticos del oficialismo y la oposición, así como la comunidad internacional, verían con buenos ojos la conformación de un gobierno de coalición en función de que se creen las condiciones y se reactive la economía, se reinstitucionalicen los poderes públicos y que tengan la estatura para llamar a unas elecciones limpias y transparentes.
—¿Y quién presidiría ese eventual gobierno?
—Ni Maduro ni Guaidó. Pero tampoco puede ser encabezado por los responsables de la crisis que sufre Venezuela. Eso es políticamente y psicológicamente inviable y aplica igualmente al oficialismo como a la oposición. Tampoco para la comunidad internacional que ha manifestado su respaldo a uno u otro de los factores en pugna.
—Pero la polarización pareciera impedir que ese planteamiento sea viable.
—La solución a la crisis venezolana no puede basarse en el exterminio del contrario, a lo que inevitablemente conduce el desconocimiento entre los actores políticos. Un gobierno de coalición tendría la capacidad de moderar el tono de la diatriba política con la finalidad de crear un ambiente favorable al entendimiento nacional. Esto ayudaría a generar una creciente confianza entre las partes, podría bajar las tensiones y así avanzar hacia la creación de las condiciones adecuadas para el reencuentro y la reconciliación nacional. El problema para retomar el diálogo y avanzar se deriva tanto del extremismo opositor como del radicalismo del gobierno. Los “todo o nada” no están solo en la oposición: También abundan en el oficialismo.
Álvarez, quien en un momento fue parte del tren ministerial del presidente Hugo Chávez, reitera que cada uno de los factores en pugna tiene elementos perturbadores “que no están dispuestos a reconocerle al contrario ni a dar las garantías básicas para destrancar el juego”. Esto pone en riesgo la posibilidad real de lograr un acuerdo “que evite una salida violenta”, asegura.
“No se puede apostar por escalar el conflicto y agravar la crisis de gobernabilidad sin correr el riesgo de caer en cruentos enfrentamientos que lleven al país al borde de una guerra civil”, advierte Víctor Álvarez.
—El discurso de revancha tranca el juego de lado y lado.
—A toda costa hay que evitar una cacería de brujas que termine desatando una espiral de violencia y enguerrille al país. La solución pasa por el reconocimiento de ambas fuerzas como actores políticos que controlan importantes espacios de la vida política nacional. Incluso el chavismo, con lo menguado que está, controla 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país, así como los consejos legislativos regionales y concejos municipales.
—¿No hay un discurso del lado opositor hacia el chavismo de base?
—Soy de los que piensa que, en vez de empujar al chavismo duro a la resistencia armada, es preferible lograr su desarme y participación en un gobierno de coalición, reconociendo sus derechos políticos y su espacio en la vida política nacional.
—Desde la oposición radical le preguntarán… ¿Qué se logra con eso?
—Se consigue que la fuerza política y social que es el chavismo, en vez sabotear la transición, apoye un gobierno de coalición que tendría como misión aplicar las reformas económicas, restituir las funciones de la AN, garantizar la seguridad jurídica y respeto por los derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral y convocar elecciones limpias.
—El costo político es un tema para quien asuma el gobierno.

—La idea es que el gobierno de transición, que no tendrá aspiración de perpetuarse, pueda entregar, a quien resulte ganador, una economía saneada. Así no tendrá que aplicar drásticas medidas que generen malestar social y desilusión y que provoquen un acelerado deterioro e, incluso, la rápida caída del nuevo gobierno.

miércoles, 20 de febrero de 2019

Carta Abierta a la Unión Europea y Cruz Roja Internacional: por una solución política y pacífica a la crisis venezolana


Por:Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Estimados embajadores de la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional: como ustedes habrán podido observar, en Venezuela las élites políticas apuestan a exterminarse, al todo o nada. Extremistas de ambos lados esperan la gran batalla final en la que aspiran vencer e imponer a su adversario una rendición humillante e incondicional. Con su obstinada actitud, pueden desencadenar una ola de violencia con su espiral de odio y afán de venganza que luego resulta muy difícil sofocar.
De la emergencia humanitaria a la catástrofe humanitaria
El 23 de febrero es una fecha crítica. El Gobierno de Nicolás Maduro no acepta la ayuda humanitaria y ha dado órdenes para no dejarla pasar. Su ingreso puede tener efectos totalmente contraproducentes. ¿Cómo reaccionará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando la operación entre a territorio venezolano? ¿Reprimirán o apoyarán? ¿Se mantendrán leales a Maduro o cerrarán filas con Guaidó? ¿Fijarán posición como una sola Fuerza o se producirán escisiones en sus diferentes componentes? ¿Respaldará el pueblo la operación?
En las fronteras con Colombia y Brasil se conforma un ejército paralelo integrado por mercenarios, paramilitares y desertores de la FANB, el cual tendría la misión de emplazar a los soldados a dejar  pasar la caravana. ¿Y si la FANB se niega? ¿Qué ocurrirá? ¿Si finalmente los militares se voltean esto garantiza un país pacificado? En Venezuela hay centenares de colectivos armados y grupos paramilitares, además de las facciones del ELN y disidentes de las FARC que operan en territorio nacional. ¿Cómo responderán los colectivos armados? ¿Se convertirán en una fuerza subversiva capaz de desestabilizar al nuevo Gobierno?
La ayuda humanitaria no puede ser un pretexto para forzar una confrontación con la FANB. Si la operación pisa suelo venezolano sin estar previamente convenida con el Gobierno de Maduro, su ingreso sería un acto muy temerario, una provocación extrema al régimen. Si la FANB reprime su ingreso, esta acción serviría para justificar ante la opinión pública internacional una posterior invasión militar.
Pero ésta invasión puede no ser tan quirúrgica como se ha dicho. Los excesos que se cometan llevarían al país a una situación cada vez más violenta, al extremo de desembocar en una guerra civil que nos lleve de la emergencia humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria. La migración por razones económicas sería ampliamente superada por la diáspora de venezolanos que huirían masivamente del horror de la violencia y de la guerra.
Tensar el conflicto interno con una operación de ayuda humanitaria significa un temerario reto para un Gobierno acorralado que no va a reaccionar con inteligencia y lucidez y puede reprimir salvajemente como ya ha demostrado que puede hacerlo.  Mientras la única opción que se le ofrezca a Maduro sea que escoja el país donde se quiere exiliar o la cárcel de Guantánamo donde pagará condena perpetua, optará por mantenerse al borde de guerra. Ante esa alternativa, preferirá la narrativa de una invasión extranjera que lo convierta en “mártir de una agresión imperialista”. Si a Maduro y al alto mando militar no se le ofrece una salida aceptable y viable, una cruenta confrontación puede estallar.
Pero esto no significa impunidad. La transición pacífica implica coexistencia entre lo viejo y lo nuevo y esto pasa por hacer unas concesiones temporales a la élite gobernante para que se abra a un Gobierno de Coalición en el que no serán perseguidos. Una vez reinstitucionalizados los poderes públicos, entre ellos el TSJ y todo el Poder Judicial, la justicia será activada para que ningún delito quede impune. Esta espera siempre será menos traumática para la sociedad que el costo en vidas humanas, heridos, desaparecidos, desplazados y refugiados que suelen dejan como saldo los escenarios de violencia prolongada y guerra.
Estimados embajadores de la Unión Europea y Cruz Roja Internacional, hay que insistir en una solución política para que el país quede pacificado y pueda recuperar rápidamente su gobernabilidad. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de las élites políticas que apuestan a exterminarse desemboque en una guerra civil que ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.
La alternativa de un Gobierno de Coalición
La solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela no es “quítate tú para ponerme yo”, sino la coexistencia pacífica y la cohabitación en un mismo Gobierno de las fuerzas ahora en pugna. En ese Gobierno de Coalición no podrían estar Maduro ni su camarilla, ni tampoco sería un chavista quien lo presida. Eso es políticamente y psicológicamente inviable porque la mayoría del país no quiere a Maduro y no aceptaría su presencia en un Gobierno de Coalición. Además, el país no está dividido en dos partes iguales. De ser el 60% en la correlación de fuerzas, el chavismo duro ha quedado reducido a no más de 25%, pero buena parte de éste está armado. Por lo tanto, no puede ser subestimado como actor político y, más bien, hay que desarmarlo y pacificarlo. Para evitar la cacería de brujas que enguerrille al país y desate una espiral de violencia, es necesario el reconocimiento del chavismo como fuerza política, toda vez que todavía controla gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales, concejos  municipales y mantiene fuerte influencia en la fuerza armada. Por lo tanto, antes de perseguirlo y empujarlo de una vez a la oposición o a la resistencia armada, es preferible lograr su respaldo y neutralizarlo en la fase de transición. Esto es posible si se reconoce su presencia como actor político, se le garantizan sus derechos políticos y se le reconoce su espacio en la vida política nacional. Así, la fuerza política y social chavista, en vez de oponerse y sabotear desde un primer momento al nuevo Gobierno, formaría parte de la transición y apoyaría la gestión de un Gobierno de Coalición, cuya misión en el período de transición será aplicar las reformas económicas y reinstitucionalizar el país para poder convocar unas elecciones generales limpias y transparentes, de tal forma que quien resulte electo reciba una economía saneada, poderes públicos depurados y un país pacificado que se pueda gobernar.
Si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. En vez de endurecer las sanciones económicas y financieras que terminan repercutiendo sobre la población, la mediación internacional puede ofrecer incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición que sería apoyado por la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional. El intercambio de incentivos económicos y financieros por compromisos para sanear la economía y democratizar al país será mucho más eficaz que endurecer las sanciones. Los incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición deben incluir el levantamiento de las sanciones financieras internacionales, inversiones extranjeras, refinanciamiento de la deuda externa, financiamiento fresco internacional y asistencia humanitaria.
La Unión Europea y la Cruz Roja Internacional pueden hacer una oferta creíble al Oficialismo y la Oposición, siempre y cuando estos incentivos sean a cambio de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a aplicar las reformas económicas necesarias, restituir las funciones de la Asamblea Nacional, aprobar el marco legal  que garantice seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes, con observación internacional de todo el proceso electoral, convocatoria de elecciones parlamentarias en el 2020 y elecciones presidenciales en diciembre de 2021, así como garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones.
Cumplido este proceso, quien resulte electo recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar. La reconciliación nacional es clave para la paz. Sin paz no hay gobernabilidad. @victoralvarezr

lunes, 4 de febrero de 2019

Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición


Por: Víctor Álvarez R.
 Premio Nacional de Ciencias
El nuevo gobierno que resulte electo en unas presidenciales derivadas de un  eventual acuerdo político entre Gobierno y Oposición, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela.
Para empezar, tendría que levantar los controles de cambio y de precios, cuyo impacto inicial sería un aumento en los precios represados. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual no sería bien recibido en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción, y reactivar el cobro de peajes para repotenciar la infraestructura vial.
Será necesario también iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica  una considerable reducción de las abultadas nóminas.
El nuevo gobierno tendría que acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones y responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa.  
Por si fuera poco, ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos, insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato productivo.
El costo social y político de las medidas económicas
Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar.
A la mayoría de estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN.  Nadie quiere arrancar su gestión enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.
Por lo tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.
Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición
Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social impone superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros  rápidamente habrá perdido su credibilidad. Pero con una producción de petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo.
El cálculo político indica que sería mejor convocar las nuevas presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar. Para evitar esta tragedia es necesario abrirle paso a un Gobierno de Coalición que se dediquen a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales que permitan convocar nuevas presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba un país que se pueda gobernar.
El clamor nacional vería con buenos ojos un Gobierno de Coalición conformado por sectores democráticos y moderados del Oficialismo y la Oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de colaboracionistas con el Gobierno o de haber entregado la Revolución. Este acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:
1.    Concertación previa del Programa de Reformas Económicas
2.    Concertación previa de la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
3.    Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
4.    Refinanciamiento de la deuda externa
5.    Nuevo financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso
6.    Inversiones extranjeras para reactivar la economía
7.    Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
8.    Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
9.    Renovación del Consejo Nacional Electoral como un árbitro imparcial
10. Observación internacional de todo el proceso electoral
11. Liberación de los presos políticos
12. Garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones

viernes, 27 de julio de 2018

Lo que le espera al nuevo gobierno

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, el ingreso fiscal de origen petrolero y las petrodivisas han sido el sustento de la gobernabilidad en Venezuela. Independientemente de quien gobierne al país en los próximos años, tendrá que enfrentar el derrumbe de la tarima en la que se puso en escena la falsa prosperidad de la economía rentista. El petróleo será una cuestión política mientras sea fuente de financiamiento para sustentar a los gobernantes de turno. Estos apelarán a la expansión del extractivismo petrolero y su gestión será tan estable o inviable como lo determine el comportamiento errático de los precios del petróleo.
Cada vez que se desploma la renta petrolera se genera no solo una crisis económica, sino también una crisis social que puede desembocar en una crisis política o de ingobernabilidad. El uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera deforma las instituciones de la República que terminan subordinadas al Poder Ejecutivo. La economía y la sociedad también son mediatizadas por el uso de la renta como un instrumento de dominación. Pero cuando colapsan los precios del petróleo se reduce la capacidad del Petro-Gobierno que ya no puede mantener su control a través del reparto clientelar de la renta.
Las sanciones de Trump
Las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos al limitar severamente las operaciones financieras de Pdvsa, exacerban esta crisis económica y social para que sean el detonante de una crisis política y de ingobernabilidad. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump impone una severa limitación para superar la precaria situación financiera de Pdvsa, toda vez que ésta solo podrá realizar en efectivos las operaciones de compra-venta de crudo en EE.UU. Esto cierra la bombona de oxígeno que representa el financiamiento a corto plazo y cancela los préstamos que se pueden gestionar, ofreciendo como garantía un porcentaje accionario de las empresas mixtas de la FPO. En estas condiciones, las operaciones financieras de la compañía son cada vez más difíciles. El déficit en el flujo de caja es tan grande que depende de los auxilios financieros que le otorga el BCV a través de emisiones de dinero sin respaldo que propagan la hiperinflación y empobrecen a la población.
Pdvsa no puede ya con el peso de una enorme deuda financiera y comercial, a la que se le suman los pagos pendientes por indemnizaciones. El fallo a favor de Conoco en su reclamo por $ 2 millardos fue ejecutado con el embargo de los tanques en El Caribe, cuestión que puede generar un efecto dominó sobre otros litigios contra Pdvsa. Al no tener recursos financieros, Pdvsa está imposibilitada de incrementar su producción.
La extracción de petróleo cae en picada
De más de 3 millones de barriles diarios (mbd) que se extraían al principio de los años 2.000, el último reporte de la OPEP indica que la producción venezolana bajó a 1,392 mbd en mayo, lo cual impide aprovechar la recuperación de los precios que han ascendido a  sus valores más altos desde 2014.
Actualmente, las divisiones de Occidente y Oriente produce alrededor de 300.000 bd, menos de la mitad del nivel registrado en 2015. Mientras que la división de Orinoco extrae 800.000 b/d, 500.000 menos que los 1,3 millones de bd de hace 3 años. Según datos de Baker Hughes, en mayo solo hubo 28 taladros activos, equivalente a un tercio de los que había en 2014. Si continúa esta tendencia, la producción petrolera puede por debajo del millón de barriles diarios.
Con un nivel de producción similar al registrado en 2014, Venezuela hubiese exportado más de $ 56 millardos en 2018. Con la baja de la producción la cifra estará por debajo de $ 24 millardos y representa pérdidas por $ 32 millardos
OPEP vaticina un aumento de la oferta
En los próximos años se proyecta un incremento en la demanda, mientras que la oferta se enfrenta al declive de los yacimientos convencionales y a las crecientes necesidades de inversión para explotar los crudos pesados, los petróleos de esquisto y las arenas bituminosas.
La OPEP prevé que en 2018 la demanda puede superar la barrera de los 100 mbd. En el IT 2018 se demandaron 97,61 mbd, en el IIT 98,07 millones, en el IIT prevé 99,42 y en el IVT estima 100,42 mbd. Esto es causado en gran medida por las  economías emergentes de la India  y China, cuyo consumo se incrementará en 4,66% y 3,4 %, respectivamente. Sus competidores bombearán 66,10 mbd, un 3,09% más que en 2017, mientras que la OPEP prevé colocar 32,7 mbd, casi 1% por debajo de los niveles de 2017. De hecho, la producción conjunta de los 14 miembros de la OPEP alcanzó mayo 31,869 mbd, por debajo del tope de 32,5 pactado a finales de 2016 para reducir el exceso de crudo y defender los precios. Por eso se ha planteado aumentar su producción y mantener su cuota de mercado.
Reactivación de pozos 
El agotamiento de las reservas de crudos ligeros y medios en los yacimientos tradicionales, aunado a la prioridad que se le dio a las inversiones en la FPO, derivó  que la mayoría de crudos extraídos en Venezuela sean pesados y extra-pesados. Durante el auge de los precios del petróleo se impuso la idea de que estos se mantendrían altos para poder cubrir los elevados costos de los nuevos petróleos de esquisto y las arenas bituminosas. Esto animó la fijación de ambiciosas metas de extracción petrolera en torno a 6 millones de barriles diarios para 2021, de los cuales 4 millones provendrían de los crudos pesados de la FPO.
Los crudos pesados son más difíciles de extraer y requieren un complejo proceso de mejoramiento que los hace menos competitivos en términos de calidad y precios. La inviabilidad actual de la FPO se sustenta en la dependencia del enorme nivel de inversión (más de $ 250 millardos) de los altibajos de los precios del petróleo. Actualmente, las inversiones en la FPO están estancadas debido a las distorsiones cambiarias que obligan a los socios de Pdvsa a convertir sus aportes a la tasa Dicom que no rinde para cubrir los costos domésticos en un país con una inflación que superó el 100 % mensual, a lo cual se suma la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y el incremento de los costos en la extracción y mejoramiento de este tipo de crudos.   
A todas estas Pdvsa está buscando socios para expandir la producción de crudos convencionales a través de contratos de servicios. Actualmente hay más de 23.000 pozos inactivos en las divisiones Occidente y Oriente y con su recuperación se plantea pagar deudas retrasadas a través de contratos en los que abonará hasta 100% de lo extraído. Pero si los socios reciben toda la producción de los pozos reactivados, esto dejaría a Pdvsa sin los crudos livianos y medios que necesita para mezclar y comercializar los crudos pesados de la FPO

lunes, 11 de junio de 2018

Si sigue cayendo la producción Venezuela dejará de ser un país OPEP



Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Pdvsa se sigue cayendo a pedazos debido a la pésima gerencia, la ruinosa corrupción y la falta de inversión. En los dos últimos años la extracción de crudo se desplomó en 900.000 bdp, para caer a solo 1.410.000 bdp, según el reporte de la OPEP. Por esta razón, Pdvsa notificó a ocho clientes internacionales que no podrá cumplir con sus compromisos de suministro total de crudo durante el mes de junio. 

lunes, 4 de junio de 2018

La economía pos-electoral

El nuevo gobierno que conforme el presidente Nicolás Maduro tendrá que encarar la contracción del aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos que se expresan en un aumento de la escasez e hiperinflación que azota a los hogares y empresas venezolanas. Otro dolor de cabeza es el colapso de la producción de petróleo debido a la falta de inversión, la corrupción dentro de Pdvsa y la fuga masiva de talentos. En 2018 Venezuela puede dejar de ser un exportador de petróleo y lo poco que produzca será para pagar a China y para cubrir las necesidades del consumo interno.