miércoles, 20 de febrero de 2019

Carta Abierta a la Unión Europea y Cruz Roja Internacional: por una solución política y pacífica a la crisis venezolana


Por:Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Estimados embajadores de la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional: como ustedes habrán podido observar, en Venezuela las élites políticas apuestan a exterminarse, al todo o nada. Extremistas de ambos lados esperan la gran batalla final en la que aspiran vencer e imponer a su adversario una rendición humillante e incondicional. Con su obstinada actitud, pueden desencadenar una ola de violencia con su espiral de odio y afán de venganza que luego resulta muy difícil sofocar.
De la emergencia humanitaria a la catástrofe humanitaria
El 23 de febrero es una fecha crítica. El Gobierno de Nicolás Maduro no acepta la ayuda humanitaria y ha dado órdenes para no dejarla pasar. Su ingreso puede tener efectos totalmente contraproducentes. ¿Cómo reaccionará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando la operación entre a territorio venezolano? ¿Reprimirán o apoyarán? ¿Se mantendrán leales a Maduro o cerrarán filas con Guaidó? ¿Fijarán posición como una sola Fuerza o se producirán escisiones en sus diferentes componentes? ¿Respaldará el pueblo la operación?
En las fronteras con Colombia y Brasil se conforma un ejército paralelo integrado por mercenarios, paramilitares y desertores de la FANB, el cual tendría la misión de emplazar a los soldados a dejar  pasar la caravana. ¿Y si la FANB se niega? ¿Qué ocurrirá? ¿Si finalmente los militares se voltean esto garantiza un país pacificado? En Venezuela hay centenares de colectivos armados y grupos paramilitares, además de las facciones del ELN y disidentes de las FARC que operan en territorio nacional. ¿Cómo responderán los colectivos armados? ¿Se convertirán en una fuerza subversiva capaz de desestabilizar al nuevo Gobierno?
La ayuda humanitaria no puede ser un pretexto para forzar una confrontación con la FANB. Si la operación pisa suelo venezolano sin estar previamente convenida con el Gobierno de Maduro, su ingreso sería un acto muy temerario, una provocación extrema al régimen. Si la FANB reprime su ingreso, esta acción serviría para justificar ante la opinión pública internacional una posterior invasión militar.
Pero ésta invasión puede no ser tan quirúrgica como se ha dicho. Los excesos que se cometan llevarían al país a una situación cada vez más violenta, al extremo de desembocar en una guerra civil que nos lleve de la emergencia humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria. La migración por razones económicas sería ampliamente superada por la diáspora de venezolanos que huirían masivamente del horror de la violencia y de la guerra.
Tensar el conflicto interno con una operación de ayuda humanitaria significa un temerario reto para un Gobierno acorralado que no va a reaccionar con inteligencia y lucidez y puede reprimir salvajemente como ya ha demostrado que puede hacerlo.  Mientras la única opción que se le ofrezca a Maduro sea que escoja el país donde se quiere exiliar o la cárcel de Guantánamo donde pagará condena perpetua, optará por mantenerse al borde de guerra. Ante esa alternativa, preferirá la narrativa de una invasión extranjera que lo convierta en “mártir de una agresión imperialista”. Si a Maduro y al alto mando militar no se le ofrece una salida aceptable y viable, una cruenta confrontación puede estallar.
Pero esto no significa impunidad. La transición pacífica implica coexistencia entre lo viejo y lo nuevo y esto pasa por hacer unas concesiones temporales a la élite gobernante para que se abra a un Gobierno de Coalición en el que no serán perseguidos. Una vez reinstitucionalizados los poderes públicos, entre ellos el TSJ y todo el Poder Judicial, la justicia será activada para que ningún delito quede impune. Esta espera siempre será menos traumática para la sociedad que el costo en vidas humanas, heridos, desaparecidos, desplazados y refugiados que suelen dejan como saldo los escenarios de violencia prolongada y guerra.
Estimados embajadores de la Unión Europea y Cruz Roja Internacional, hay que insistir en una solución política para que el país quede pacificado y pueda recuperar rápidamente su gobernabilidad. La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de las élites políticas que apuestan a exterminarse desemboque en una guerra civil que ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.
La alternativa de un Gobierno de Coalición
La solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela no es “quítate tú para ponerme yo”, sino la coexistencia pacífica y la cohabitación en un mismo Gobierno de las fuerzas ahora en pugna. En ese Gobierno de Coalición no podrían estar Maduro ni su camarilla, ni tampoco sería un chavista quien lo presida. Eso es políticamente y psicológicamente inviable porque la mayoría del país no quiere a Maduro y no aceptaría su presencia en un Gobierno de Coalición. Además, el país no está dividido en dos partes iguales. De ser el 60% en la correlación de fuerzas, el chavismo duro ha quedado reducido a no más de 25%, pero buena parte de éste está armado. Por lo tanto, no puede ser subestimado como actor político y, más bien, hay que desarmarlo y pacificarlo. Para evitar la cacería de brujas que enguerrille al país y desate una espiral de violencia, es necesario el reconocimiento del chavismo como fuerza política, toda vez que todavía controla gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales, concejos  municipales y mantiene fuerte influencia en la fuerza armada. Por lo tanto, antes de perseguirlo y empujarlo de una vez a la oposición o a la resistencia armada, es preferible lograr su respaldo y neutralizarlo en la fase de transición. Esto es posible si se reconoce su presencia como actor político, se le garantizan sus derechos políticos y se le reconoce su espacio en la vida política nacional. Así, la fuerza política y social chavista, en vez de oponerse y sabotear desde un primer momento al nuevo Gobierno, formaría parte de la transición y apoyaría la gestión de un Gobierno de Coalición, cuya misión en el período de transición será aplicar las reformas económicas y reinstitucionalizar el país para poder convocar unas elecciones generales limpias y transparentes, de tal forma que quien resulte electo reciba una economía saneada, poderes públicos depurados y un país pacificado que se pueda gobernar.
Si queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. En vez de endurecer las sanciones económicas y financieras que terminan repercutiendo sobre la población, la mediación internacional puede ofrecer incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición que sería apoyado por la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional. El intercambio de incentivos económicos y financieros por compromisos para sanear la economía y democratizar al país será mucho más eficaz que endurecer las sanciones. Los incentivos para la conformación de un Gobierno de Coalición deben incluir el levantamiento de las sanciones financieras internacionales, inversiones extranjeras, refinanciamiento de la deuda externa, financiamiento fresco internacional y asistencia humanitaria.
La Unión Europea y la Cruz Roja Internacional pueden hacer una oferta creíble al Oficialismo y la Oposición, siempre y cuando estos incentivos sean a cambio de conformar un Gobierno de Coalición que se dedique a aplicar las reformas económicas necesarias, restituir las funciones de la Asamblea Nacional, aprobar el marco legal  que garantice seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes, con observación internacional de todo el proceso electoral, convocatoria de elecciones parlamentarias en el 2020 y elecciones presidenciales en diciembre de 2021, así como garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones.
Cumplido este proceso, quien resulte electo recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar. La reconciliación nacional es clave para la paz. Sin paz no hay gobernabilidad. @victoralvarezr

lunes, 4 de febrero de 2019

Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición


Por: Víctor Álvarez R.
 Premio Nacional de Ciencias
El nuevo gobierno que resulte electo en unas presidenciales derivadas de un  eventual acuerdo político entre Gobierno y Oposición, tendría que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación que azota a Venezuela.
Para empezar, tendría que levantar los controles de cambio y de precios, cuyo impacto inicial sería un aumento en los precios represados. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, la nueva administración tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, lo cual no sería bien recibido en los hogares que han visto como el ingreso familiar se vuelve sal y agua por la voraz hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina para eliminar el incentivo al contrabando de extracción, y reactivar el cobro de peajes para repotenciar la infraestructura vial.
Será necesario también iniciar un profundo proceso de reestructuración de toda la administración pública para fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y desestatizar empresas públicas que terminaron quebradas por la corrupción. Todo esto implica  una considerable reducción de las abultadas nóminas.
El nuevo gobierno tendría que acometer con urgencia la reconstrucción de Pdvsa. Esto pasa por deslastrarla del enorme peso que significa cargar con misiones y responsabilidades que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una nómina de más de 144 mil trabajadores que se resistirán a perder su empleo si no se les ofrece una alternativa que les permita poner comida en la mesa de su casa.  
Por si fuera poco, ese nuevo gobierno tendría que iniciar un duro y no siempre rápido proceso de renegociación de la deuda externa. Los términos de esa negociación son cruciales para liberar fondos y reabrir las fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas, repuestos, insumos, maquinarias y equipos que requiere la reactivación del aparato productivo.
El costo social y político de las medidas económicas
Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar los controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas, teléfono y peajes, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son muertos que ningún nuevo gobierno quisiera cargar.
A la mayoría de estas medidas se les atribuye un impacto social y un nuevo gobierno tendría que aplicarlas justo antes de las elecciones parlamentarias previstas para diciembre del 2020, con el riesgo de no lograr la mayoría en la AN.  Nadie quiere arrancar su gestión enfrentándose a sindicatos, consejos comunales, partidos políticos y acreedores internacionales que vendrán a cobrar lo que se les debe.
Por lo tanto, un cambio político no es garantía de cambio económico. El nuevo gobierno estaría entre la espada y la pared. Si aplica las medidas de ajuste económico generaría un impacto social y pagaría el costo político en las parlamentarias de 2020. Y si no las aplica, se prolongarían los problemas de escasez e hiperinflación, defraudando las expectativas de cambio.
Transición pacífica pasa por un Gobierno de Coalición
Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social impone superar los graves problemas de escasez, hiperinflación e inseguridad que condenan al país a sufrir una crisis humanitaria sin precedentes. Familias completan huyen del hambre en una diáspora que no tiene parangón. La desesperación nacional le exigirá a un nuevo gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente y su consejo de ministros  rápidamente habrá perdido su credibilidad. Pero con una producción de petróleo de apenas un millón de barriles diarios, un aparato productivo postrado luego de cinco años de severa contracción, con la carga de una pesada deuda externa y sin financiamiento internacional, es poco probable superar la crisis en tan poco tiempo.
El cálculo político indica que sería mejor convocar las nuevas presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde al nuevo gobierno. Pero una población cansada de tanto esperar puede explotar. Para evitar esta tragedia es necesario abrirle paso a un Gobierno de Coalición que se dediquen a sanear la economía y asegurar las condiciones electorales que permitan convocar nuevas presidenciales en 2021, de tal forma que quien resulte ganador reciba un país que se pueda gobernar.
El clamor nacional vería con buenos ojos un Gobierno de Coalición conformado por sectores democráticos y moderados del Oficialismo y la Oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de colaboracionistas con el Gobierno o de haber entregado la Revolución. Este acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:
1.    Concertación previa del Programa de Reformas Económicas
2.    Concertación previa de la Agenda Legislativa para Reactivar la Producción
3.    Levantamiento de las sanciones financieras internacionales
4.    Refinanciamiento de la deuda externa
5.    Nuevo financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso
6.    Inversiones extranjeras para reactivar la economía
7.    Restitución de las funciones de la Asamblea Nacional
8.    Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021
9.    Renovación del Consejo Nacional Electoral como un árbitro imparcial
10. Observación internacional de todo el proceso electoral
11. Liberación de los presos políticos
12. Garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones

viernes, 27 de julio de 2018

Lo que le espera al nuevo gobierno

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, el ingreso fiscal de origen petrolero y las petrodivisas han sido el sustento de la gobernabilidad en Venezuela. Independientemente de quien gobierne al país en los próximos años, tendrá que enfrentar el derrumbe de la tarima en la que se puso en escena la falsa prosperidad de la economía rentista. El petróleo será una cuestión política mientras sea fuente de financiamiento para sustentar a los gobernantes de turno. Estos apelarán a la expansión del extractivismo petrolero y su gestión será tan estable o inviable como lo determine el comportamiento errático de los precios del petróleo.
Cada vez que se desploma la renta petrolera se genera no solo una crisis económica, sino también una crisis social que puede desembocar en una crisis política o de ingobernabilidad. El uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera deforma las instituciones de la República que terminan subordinadas al Poder Ejecutivo. La economía y la sociedad también son mediatizadas por el uso de la renta como un instrumento de dominación. Pero cuando colapsan los precios del petróleo se reduce la capacidad del Petro-Gobierno que ya no puede mantener su control a través del reparto clientelar de la renta.
Las sanciones de Trump
Las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos al limitar severamente las operaciones financieras de Pdvsa, exacerban esta crisis económica y social para que sean el detonante de una crisis política y de ingobernabilidad. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump impone una severa limitación para superar la precaria situación financiera de Pdvsa, toda vez que ésta solo podrá realizar en efectivos las operaciones de compra-venta de crudo en EE.UU. Esto cierra la bombona de oxígeno que representa el financiamiento a corto plazo y cancela los préstamos que se pueden gestionar, ofreciendo como garantía un porcentaje accionario de las empresas mixtas de la FPO. En estas condiciones, las operaciones financieras de la compañía son cada vez más difíciles. El déficit en el flujo de caja es tan grande que depende de los auxilios financieros que le otorga el BCV a través de emisiones de dinero sin respaldo que propagan la hiperinflación y empobrecen a la población.
Pdvsa no puede ya con el peso de una enorme deuda financiera y comercial, a la que se le suman los pagos pendientes por indemnizaciones. El fallo a favor de Conoco en su reclamo por $ 2 millardos fue ejecutado con el embargo de los tanques en El Caribe, cuestión que puede generar un efecto dominó sobre otros litigios contra Pdvsa. Al no tener recursos financieros, Pdvsa está imposibilitada de incrementar su producción.
La extracción de petróleo cae en picada
De más de 3 millones de barriles diarios (mbd) que se extraían al principio de los años 2.000, el último reporte de la OPEP indica que la producción venezolana bajó a 1,392 mbd en mayo, lo cual impide aprovechar la recuperación de los precios que han ascendido a  sus valores más altos desde 2014.
Actualmente, las divisiones de Occidente y Oriente produce alrededor de 300.000 bd, menos de la mitad del nivel registrado en 2015. Mientras que la división de Orinoco extrae 800.000 b/d, 500.000 menos que los 1,3 millones de bd de hace 3 años. Según datos de Baker Hughes, en mayo solo hubo 28 taladros activos, equivalente a un tercio de los que había en 2014. Si continúa esta tendencia, la producción petrolera puede por debajo del millón de barriles diarios.
Con un nivel de producción similar al registrado en 2014, Venezuela hubiese exportado más de $ 56 millardos en 2018. Con la baja de la producción la cifra estará por debajo de $ 24 millardos y representa pérdidas por $ 32 millardos
OPEP vaticina un aumento de la oferta
En los próximos años se proyecta un incremento en la demanda, mientras que la oferta se enfrenta al declive de los yacimientos convencionales y a las crecientes necesidades de inversión para explotar los crudos pesados, los petróleos de esquisto y las arenas bituminosas.
La OPEP prevé que en 2018 la demanda puede superar la barrera de los 100 mbd. En el IT 2018 se demandaron 97,61 mbd, en el IIT 98,07 millones, en el IIT prevé 99,42 y en el IVT estima 100,42 mbd. Esto es causado en gran medida por las  economías emergentes de la India  y China, cuyo consumo se incrementará en 4,66% y 3,4 %, respectivamente. Sus competidores bombearán 66,10 mbd, un 3,09% más que en 2017, mientras que la OPEP prevé colocar 32,7 mbd, casi 1% por debajo de los niveles de 2017. De hecho, la producción conjunta de los 14 miembros de la OPEP alcanzó mayo 31,869 mbd, por debajo del tope de 32,5 pactado a finales de 2016 para reducir el exceso de crudo y defender los precios. Por eso se ha planteado aumentar su producción y mantener su cuota de mercado.
Reactivación de pozos 
El agotamiento de las reservas de crudos ligeros y medios en los yacimientos tradicionales, aunado a la prioridad que se le dio a las inversiones en la FPO, derivó  que la mayoría de crudos extraídos en Venezuela sean pesados y extra-pesados. Durante el auge de los precios del petróleo se impuso la idea de que estos se mantendrían altos para poder cubrir los elevados costos de los nuevos petróleos de esquisto y las arenas bituminosas. Esto animó la fijación de ambiciosas metas de extracción petrolera en torno a 6 millones de barriles diarios para 2021, de los cuales 4 millones provendrían de los crudos pesados de la FPO.
Los crudos pesados son más difíciles de extraer y requieren un complejo proceso de mejoramiento que los hace menos competitivos en términos de calidad y precios. La inviabilidad actual de la FPO se sustenta en la dependencia del enorme nivel de inversión (más de $ 250 millardos) de los altibajos de los precios del petróleo. Actualmente, las inversiones en la FPO están estancadas debido a las distorsiones cambiarias que obligan a los socios de Pdvsa a convertir sus aportes a la tasa Dicom que no rinde para cubrir los costos domésticos en un país con una inflación que superó el 100 % mensual, a lo cual se suma la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y el incremento de los costos en la extracción y mejoramiento de este tipo de crudos.   
A todas estas Pdvsa está buscando socios para expandir la producción de crudos convencionales a través de contratos de servicios. Actualmente hay más de 23.000 pozos inactivos en las divisiones Occidente y Oriente y con su recuperación se plantea pagar deudas retrasadas a través de contratos en los que abonará hasta 100% de lo extraído. Pero si los socios reciben toda la producción de los pozos reactivados, esto dejaría a Pdvsa sin los crudos livianos y medios que necesita para mezclar y comercializar los crudos pesados de la FPO

lunes, 11 de junio de 2018

Si sigue cayendo la producción Venezuela dejará de ser un país OPEP



Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Pdvsa se sigue cayendo a pedazos debido a la pésima gerencia, la ruinosa corrupción y la falta de inversión. En los dos últimos años la extracción de crudo se desplomó en 900.000 bdp, para caer a solo 1.410.000 bdp, según el reporte de la OPEP. Por esta razón, Pdvsa notificó a ocho clientes internacionales que no podrá cumplir con sus compromisos de suministro total de crudo durante el mes de junio. 

lunes, 4 de junio de 2018

La economía pos-electoral

El nuevo gobierno que conforme el presidente Nicolás Maduro tendrá que encarar la contracción del aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos que se expresan en un aumento de la escasez e hiperinflación que azota a los hogares y empresas venezolanas. Otro dolor de cabeza es el colapso de la producción de petróleo debido a la falta de inversión, la corrupción dentro de Pdvsa y la fuga masiva de talentos. En 2018 Venezuela puede dejar de ser un exportador de petróleo y lo poco que produzca será para pagar a China y para cubrir las necesidades del consumo interno.

lunes, 16 de abril de 2018

De la economía rentista a las industrias del conocimiento

Actualmente, las industrias más dinámicas, con mayor participación en el comercio internacional y en las que se generan los empleos mejor remunerados, no son las basadas en materias primas naturales o en el consumo de energía, sino las que se basan en la materia prima más importante de esta época: la materia gris.
De la ventaja comparativa asociada a la explotación de los recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas sustentadas en la capacidad para producir, circular y utilizar conocimientos. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron el petróleo y la energía para la actividad económica mundial, es semejante al que ahora tienen la información, el conoci­miento y los medios teleinformáticos para difundirlos. 

Tarjeta solidaria: ¿más de lo mismo o un mal necesario?

El equipo asesor de Henri Falcón adelantó que -de ganar las elecciones presidenciales- su gobierno entregará tarjetas en dólares. “Nosotros vamos a traer una tarjeta solidaria a la que tendrán acceso todos los venezolanos, sin ninguna distinción política, a través de la cual cada adulto recibirá 25 dólares y cada niño 10 dólares”. Así lo anunció Francisco Rodríguez, coordinador del Programa Económico de Henri Falcón.
Como se recordará, no es la primera vez que un candidato presidencial ofrece tarjetas de ayuda económica como parte de su promesa electoral. En 2006, Manuel Rosales ofreció la Tarjeta Mi Negra y el Gobierno de Nicolás Maduro ha implantado el  Carnet de la Patria, a través del cual reparte bonos y ejerce un creciente control político y social sobre su clientela electoral.

viernes, 6 de abril de 2018

Ventajas y desventajas de la dolarización

El economista Francisco Rodríguez, coordinador del programa económico del candidato Henri Falcón, ha planteado la dolarización de la economía venezolana. Vamos a evaluar la conveniencia y viabilidad de esta medida, explicando las ventajas y desventajas de la misma.

El Petro es una forma de vender petróleo a mitad de su valor

En una reciente entrevista con José Vicente Rangel, Luis Britto García encendió las alarmas al señalar que el Petro es una forma de vender petróleo a la mitad de su valor. Ciertamente, con el argumento de estimular su compra temprana, la voz oficial de la Superintendencia de Criptomonedas había informado que el descuento podría llegar hasta el 60%. Por eso, un porcentaje de la emisión se adjudicó en la preventa de manera directa, a partir de una escala de descuentos cuyo mínimo es de 10%, tal como se lee en el Libro Blanco del Petro.

jueves, 14 de septiembre de 2017

¿Cuáles serían las consecuencias de las sanciones contra el gobierno?

El presidente de EE.UU. amenazó conque: "Si el régimen de Maduro impone la Asamblea Constituyente, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas (…) y no se quedará mirando cómo Venezuela se desmorona". Si se instala la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ésta comienza por disolver la Asamblea Nacional (AN) e intervenir la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de Donald Trump seguramente cumplirá su amenaza y escalará las sanciones en contra de altos funcionarios del Estado venezolano, de la economía nacional y del sistema financiero público. Estas sanciones las aplicará gradualmente, comenzará con castigos individuales, luego prohibirá las transacciones comerciales y financieras y, finalmente, suspenderá la compra de petróleo venezolano.
De hecho, un día después que el gobierno de Maduro celebró la elección de la cuestionada ANC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) designó (léase sancionó) al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, argumentó que "Las elecciones ilegítimas confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano".
Días antes, trece altos funcionarios venezolanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. En esa ocasión se trató de miembros actuales o ex funcionarios del gobierno, los cuales fueron clasificados en tres categorías:
·         Por debilitar la democracia y los derechos humanos: Tibisay Lucena, Elías Jaua, Tarek William Saab e Iris Varela.
·         Responsables de violencia y represión: Néstor Reverol, Carlos Pérez Ampueda, Sergio José Rivero, Jesús Suarez Chourio y Franklin García Duque.
·         Por corrupción: Rocco Albisinni, Alejandro Fleming, Simón Zerpa y Carlos Malpica Flores
Ya en mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había congelado los activos en territorio estadounidense de ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al acusarlos de ser responsables de una serie de sentencias que usurparon la autoridad de la AN, razón por la cual se le prohibió a los ciudadanos estadounidenses participar en cualquier negocio o transacción financiera con ellos.
En consecuencia, todos los activos ubicados en la jurisdicción de los EE.UU. pertenecientes a los funcionarios sancionados quedan congelados y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos. Vale saber que cada vez que la OFAC ejecuta estas sanciones, la lista de personas sancionadas es distribuida a todos los bancos e instituciones financieras que tienen operaciones en Estados Unidos, y si se descubre que éstas mantienen algún tipo de relación con las personas o activos designados podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en EE.UU.  
Consecuencias de las sanciones
Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela. El comercio bilateral totalizó $ 22.9 millardos en 2016. EE.UU. exportó a Venezuela $ 11.2 millardos e importó $ 11.7 millardos. Las ventas de EE.UU se concentraron en combustibles ($1.7 millardos), maquinarias ($ 868 millones), químicos ($ 312 millones) y maquinaria eléctrica ($ 289 millones). Las importaciones de alimentos desde EE.UU. giran en torno a los $ 750 millones e incluyen  maíz ($ 394 millones), soya ($132 millones), trigo ($ 98 millones), arroz ($ 84 millones) y aceite de soya ($ 41 millones). En 2016, las inversiones directas de EE.UU. en Venezuela fueron de $ 9.1 millardos, 20% menos en comparación con 2014. Las inversiones de Venezuela en EE.UU. totalizaron $ 4.2 millardos, concentradas en Pdvsa.
Estas sanciones se traducen en limitaciones a firmas estadounidenses como Chevron, Halliburton, Weatherford, etc. a la hora de hacer negocios con PDVSA, cuestión que afectará la extracción de crudos y la recuperación de la compañía. La sanción puede incluir la prohibición para vender gasolina y los diluyentes que Pdvsa necesita para mejorar los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Pdvsa compra a proveedores de EE.UU. 200.000 barriles por día de diluyentes para mezclarlos y mejorar el crudo pesado venezolano.
También el gobierno de Trump podría prohibir las exportaciones de crudo venezolano a los EE.UU. que están entre 700-800 mil bpd, equivalente al 49% de los barriles que generan liquidez. EE.UU. es prácticamente el único cliente que le paga en efectivo a Pdvsa, por lo que esta sanción provocaría que Venezuela deje de recibir el 75% de sus petrodólares. En tales circunstancias, es previsible que se agrave la escasez de divisas y se desquicie aún más el dólar paralelo.
EE.UU. tiene planificado reducir sus reservas estratégicas de 680 millones de barriles a 500 millones, por lo que la suspensión de las compras a Pdvsa le permitiría reducir 125 millones de barriles. Si EE.UU. deja de comprar la cuota petrolera venezolana, no hay cliente en el mercado internacional que pueda absorber inmediatamente esa cantidad de crudo. Conseguir un nuevo mercado para el petróleo pesado es muy difícil,  toda vez que se trata de crudos con alto nivel sulfúrico que solo procesan refinerías especiales. La suspensión de la compra de petróleo sería un golpe de gracia en el flujo de caja de Pdvsa que colapsaría sus operaciones logísticas, comerciales y financieras.
Al perder el 75% de su caja, la empresa no podría honrar sus pagos de deuda externa, sobre todo en octubre/noviembre cuando tiene vencimientos de capital. El 49,9% de Citgo está comprometido por la deuda con Rosfnet y esta garantía  sería ejecutada. El otro 51 % es la garantía que se ofreció a los acreedores que participaron en el canje del bono 2017 por el bono 2020.
Incluso, el flujo de caja quedaría en peligro, toda vez que los acreedores tratarán de bloquear el despacho de petróleo y exigirlo como pago de su deuda. Si Pdvsa cae en default, los acreedores embargarían los tanqueros de Pdvsa, las cuentas de la compañía en el sistema financiero internacional y las facturas por cobrar a los compradores del petróleo venezolano.

Al gobierno se le agota el margen de maniobra
Con esta presión, el gobierno de los EE.UU. y la comunidad internacional buscarán que la ANC se auto-disuelva para llamar a un Gobierno de Transición. Las sanciones agravarán la crisis humanitaria y acelerarán el deterioro de la precaria base de apoyo social que le queda al gobierno. Aun cuando las sanciones económicas y comerciales sean utilizadas como una excusa del gobierno para atizar su retórica antiimperialista y acusar de traidores a la patria a quienes no se cuadren con Maduro en su enfrentamiento con Trump, lo cierto es que la escasez de alimentos y medicinas viene de mucho antes.
Si la ANC se instala y comienza a sesionar, la Oposición mantendrá las protestas en la calle, la dirigencia será desbordada por la insurrección popular, el caos y la anarquía cundirán por todo el territorio nacional y esto desembocará en un golpe militar. Pero si el gobierno se sienta a negociar, tendrá que acordar la coexistencia de la ANC con la AN, liberar los presos políticos, activar el canal humanitario y anunciar un cronograma electoral.
En este escenario, la MUD se divide toda vez que AD, PJ, UNT y AP deciden participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Estallan escándalos que revelan el financiamiento ilegal a dirigentes de la Oposición y se filtra información sobre los contratos y dádivas que han recibido del Gobierno. Para silenciar el escándalo, los factores de la Oposición involucrados colaboran con el Gobierno, cuestión que acentúa el resquebrajamiento interno de la MUD. El Gobierno de Nicolás Maduro aprovecha la división y, aunque en las elecciones regionales la correlación de fuerzas cambia a favor de la Oposición, el oficialismo evita ser barrido y logra preservar buena parte de las gobernaciones y alcaldías como plataforma para su sobrevivencia y reconstrucción.
Sin lugar a dudas, las sanciones comerciales provocarían una caída en la extracción y exportación de petróleo, cuestión que afectaría las exportaciones venezolanas, colapsaría el ingreso en divisas y llevaría a Pdvsa a caer en un default de su deuda externa. Sin una renegociación pactada de la deuda externa, Venezuela caerá en un default desordenado y caótico. La economía venezolana se hundirá en una recesión mucho más profunda y se desataría una escalada inflacionaria que empobrecería aún más a la población.
La superación de la crisis política solo será posible si se aíslan los factores extremistas del Oficialismo y la Oposición que apuestan a exterminar a su rival. El reencuentro y la reconciliación nacional solo será posible si los factores en pugna deciden cooperar y complementarse para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social. Una vez estabilizado el país, se convocarían elecciones generales para que el nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.

¿Por qué se desquicia el dólar paralelo?

El dólar paralelo se calcula con base en los bolívares que hay que entregar por la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar en Cúcuta. El alza del paralelo se debe a un explosivo coctel que mezcla la escasez de alimentos y medicinas, el desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria, las pésimas expectativas sobre la inflación y el reciente éxodo de venezolanos que cruzan la frontera con bolívares y se apresuran a cambiarlos por pesos para comprar lo necesario para sobrevivir. Esta combinación pulveriza el valor del bolívar, razón por la cual cada vez se necesita una mayor cantidad de la moneda nacional para comprar los pesos que luego se cambian por un dólar en Cúcuta.  
Las subastas del Dicom no han servido para frenar el paralelo. Las bandas se fijan arbitrariamente por debajo del precio que iguala la oferta y la demanda y esto estimula una mayor demanda que, al quedar insatisfecha, sube el precio del paralelo. Al asignar el mayor porcentaje del menguado ingreso petrolero a la tasa Dipro, en lugar de venderlo todo a la tasa Dicom, quedan muy pocas divisas para alimentar las subastas. Así, la demanda sobrepasa a la oferta y tiende a elevar el precio de equilibrio. Y al rezagarse la tasa Dicom en comparación con el paralelo, las subastas no terminan de incentivar la oferta privada, la cual se siente más atraída por el precio que paga el manipulado y poco transparente mercado paralelo.
La coexistencia de varios precios de la divisa estimula la especulación cambiaria. Mientras coexistan Dipro, Dicom y el paralelo, se mantendrán los incentivos perversos para la especulación cambiaria. Al no unificar el régimen de cambios múltiples, el Dicom no será un régimen de subasta clásico, con creciente oferta del sector privado, sino una limitada venta de petrodivisas con un tipo de cambio que no se podrá mantener y tenderá a depreciarse de manera continua.
La tasa paralela no es una cotización real porque no expresa la productividad y competitividad de la economía. Su desquicie es la consecuencia inevitable del abandono de la política cambiaria y monetaria. EL BCV no ha utilizado la tasa interés para drenar el exceso de circulante que se dirige a la compra de dólares. El mal manejo del encaje legal y de las tasas de interés que el BCV fija a los bancos, también ha contribuido al comportamiento errático del paralelo. El desbordamiento de los agregados monetarios atiza las bruscas oscilaciones del paralelo. La base monetaria ha aumentado entre julio 2016 y julio 2017 de 5 billones a 22 billones de bolívares, fundamentalmente para financiar el déficit de Pdvsa y el Gobierno.
De hecho, en los días previos a la elección de la ANC, Pdvsa pagó con bolívares deudas en dólares que tenía con contratistas y proveedores. Para proteger su poder de compra, estos corrieron al mercado paralelo a convertir semejante masa de bolívares en divisas. Por supuesto, la tasa de cambio no oficial estalló y trepó hasta 18.982,93 Bs/$, para caer en los días siguientes en torno a los 10.000 Bs/$ y volver a subir hasta los 16.256 Bs/$ a los que se cotiza al momento de escribir este artículo. Estas bruscas oscilaciones revelan claramente la naturaleza especulativa del dólar paralelo. Quienes vendieron cara la restringida ofertada de divisas, luego tumban el precio para comprar barato lo que luego vuelven a vender caro.
Son muy pocos los agentes económicos que ofertan divisas en el paralelo, mientras sigue siendo desmesurada la cantidad de bolívares que se le inyecta a la economía. Así, en cuestión de días los especuladores cambiarios acumulan millardarias ganancias al precio de desquiciar la formación de precios y la dinámica de los mercados. El desequilibrio entre oferta y demanda de dólares dispara el paralelo a niveles tales que ningún comerciante está en capacidad de ajustar los precios a la velocidad con la que se mueve el dólar paralelo, que es la tasa de cambio a la que reponen los inventarios y calculan los precios de venta. Y si lo hiciera, los precios serían tan exorbitantes que liquidaría su mercado y se quedaría sin clientela, que es justamente lo que viene ocurriendo.
Esta volatilidad del dólar paralelo se prolongará mientras no se despeje la incertidumbre económica, política y social. La emisión de dinero creció más de 300 %, mientras que el PIB continúa en una prolongada contracción. Y mucha plata detrás de pocos bienes agrava la inflación, razón por la cual las personas y empresas corren a protegerse en el dólar paralelo. Las tensiones políticas se agudizan, las presiones internacionales a raíz de la elección de la ANC se multiplican y hasta comienzan a sonar amenazas de intervención extranjera, incluyendo la militar. El empobrecimiento generalizado y la posibilidad de un estallido social contribuyen a este ambiente de incertidumbre que atiza la migración de miles de venezolanos que venden en sus casas, vehículos y demás activos en dólares, y quien los compra tiene que comprarlos en el mercado paralelo, lo cual representa una permanente presión al alza del precio no oficial de la divisa.
Por si fuera poco, la amenaza de un embargo a las compras de petróleo, la escasez de divisas y el riesgo de caer en un default, crean incertidumbre y temor en las empresas y agentes económicos que necesitan divisas para operar. Al acercarse los pagos de la deuda, las subastas del Dicom tienen los días contados. Las posibilidades de adquirir divisas a un tercio de lo que cobra el paralelo, sencillamente desaparecerán. El gobierno priorizará los pagos de la deuda externa y recortará la oferta de petrodólares en las subastas. Es previsible, entonces, que estas subastas apenas duren un par de meses más, y esta demanda se trasladará nuevamente al mercado no oficial, presionando así nuevas alzas del dólar paralelo

Venezuela necesita un Gobierno de Coalición

La amenaza de Washington de suspender la compra de 700 mil barriles diarios de petróleo y la cercanía de los próximos pagos de la deuda externa se conjugan para presionar al gobierno a replantear el diálogo político con miras a suspender o disolver la ANC y así poder conjurar el inminente colapso que se le avecina. La pérdida del mercado estadounidense aceleraría la implosión del gobierno al no contar con los $ 5 millardos que necesita para pagar los vencimientos de deuda externa previstos para el último trimestre del año. Si esto sucede, los acreedores demandarían a Pdvsa cuyos tanqueros y cuentas en el exterior serían embargados, cuestión que afectaría las operaciones de la compañía y haría más difícil la obtención de financiamiento externo, incluso en países como China, Rusia e Irán.
¿Qué pasa si Maduro suspende la ANC?
La ANC no le dará a Nicolás Maduro ningún poder adicional al que ya tiene como Presidente de la República. Todo lo contrario. Al ser un supra poder, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la ANC, la cual no solo terminará de desalojar a la AN del Hemiciclo, sino que también destituirá a la FGR, terminará de encarcelar a los magistrados del TSJ recientemente electos, así como a los dirigentes de la Oposición que han liderado las protestas. Y hasta el propio Nicolás Maduro quedaría desplazado por la todopoderosa ANC, toda vez que quien la presida será, de hecho, el nuevo Presidente de la República.
Ante la amenaza de una ANC dominada por su archirrival interno, que aún no se repone de no haber sido el escogido como sucesor del Comandante Supremo, Maduro puede en el último minuto suspender la elección de los constituyentes. Su esperanza de vida como Presidente de la República es mayor si cancela la ANC con el argumento de lograr el reencuentro, la reconciliación y la paz nacional. Si bien ello se traduciría en una clara derrota política frente a sus adversarios de la Oposición, abortaría la intriga interna de quienes pretenden desplazarlo del poder a través del control de la ANC.
El sectarismo y el fanatismo
Lo peor para un país es estar liderado por una dirigencia política fanática, incapaz de darse cuenta del destino trágico al que están llevando a Venezuela, por culpa de su ceguera y tozudez. El sectarismo y el fanatismo han enfermado a buena parte de la dirigencia política del país que sufre de graves distorsiones cognitivas y los convierten en personas delirantes, incapaces de reflexionar para deponer actitudes intransigentes, que impiden que el país encuentre solución a la crisis.
Tal es la gravedad de la distorsión cognitiva que proponen una constituyente democrática pero la convocan sin consultar a la soberanía popular a través del voto universal, libre, directo y secreto. Presentan la ANC como un mecanismo para el diálogo y la paz, pero sentencian que meterán en prisión a los líderes de la oposición, la Fiscal de la República y los nuevos magistrados electos por la AN. Convocan una constituyente para la paz y simultáneamente lanzan la amenaza de defender con las armas lo que no logren con los votos. Aseguran que con la ANC derrotarán la guerra económica para reactivar la producción de alimentos, pero amenazan que no entregarán la bolsa Clap a los que no voten el 30 de julio. Reprimen brutalmente las protestas sin reparar en el inconmensurable costo de vidas humanas y daños materiales, que es lo que final y tardíamente lleva a los pueblos a tomar consciencia de que por mucho tiempo estuvieron siguiendo a sectarios y fanáticos, y no a verdaderos líderes.
Para aferrarse al poder, el oficialismo operó como una secta articulada capaz de colonizar los espacios de poder e instituciones que eventualmente pudiera perder. Así fue como creó una alcaldía paralela cuando perdió la Alcaldía Mayor, creó gobernaciones paralelas cada vez que perdía una elección, y vació de funciones a la AN a la cual ahora pretende terminar de lapidar con la convocatoria a una ANC fraudulenta.
Para someter los poderes públicos a la arbitrariedad de sus designios, el gobierno, colonizó el CNE, el TSJ, la CGR y la DP con ex diputados, ex ministros, ex gobernadores y fichas del PSUV, sin ninguna trayectoria de independencia e imparcialidad. Ubicó en esas instituciones públicas a operadores de la secta, capaces de guardar obediencia absoluta a la voluntad del jefe, donde cualquier crítica es considerada como un acto de indisciplina, insubordinación y traición.
Así, la secta  fue degenerando en una especie de mafia a la que se puede entrar, pero de la que no se puede salir. Quien lo hace es considerado un traidor que suele ser perseguido, calumniado y hasta encarcelado. Por eso, la secta termina conformada por fanáticos con los cuales no se puede dialogar, negociar ni mucho menos llegar a acuerdos.
Definitivamente, el fanatismo es una enfermedad cuyas consecuencias no las sufre quien la padece, sino la sociedad entera que paga el alto costo de la crisis política, económica y social. El fanatismo político se expresa en un pensamiento rígido que no es capaz de recapacitar, a pesar de que la realidad le diga todo lo contrario de lo que afirma y profesa. Fanfarronean con una épica de hazañas y heroicidades, hablan de estar dispuestos a hacer los más grandes sacrificios por la patria y el pueblo, pero llevan una vida ostentosa, muy alejada del padecer y sufrir de las grandes mayorías. Por eso, los fanáticos no tienen autoridad moral y no pueden ser líderes de ningún proceso de cambio y transformación.
Un Gobierno de Coalición
Para detener la degeneración dictatorial del régimen hay que comprender y aprovechar las divisiones internas del oficialismo. Las fuerzas democráticas van mucho más allá de la MUD e incluyen a los factores del chavismo crítico y a los despolarizados. El bloqueo estadounidense al petróleo venezolano y la inminencia de una intervención militar, le permitiría al Gobierno recuperar el apoyo del chavismo crítico. Si la nomenklatura oficialista cierra filas con la cúpula de la FANB, recuperar la dinámica electoral y democrática en Venezuela llevará mucho más tiempo. Por lo tanto, de cara a propiciar un clima de entendimiento nacional que abra paso a nuevas alianzas, no se trata simplemente de dividir al adversario sino de saber unirse con estos factores que también defienden la Constitución de 1999.
El Gobierno solo cederá espacios de poder si un sector importante dentro del chavismo y FANB plantea con firmeza la necesidad de un Gobierno de Coalición para evitar que se agrave la espiral de violencia, con su estela de odio y venganza que luego será muy difícil de contener. Este cruento escenario ahogaría en sangre al país. Evitar este desenlace exige que el Oficialismo y la Oposición se abran a la posibilidad de formar un Gobierno de Coalición para salvar la paz.
Las sanciones de Washington a funcionarios del gobierno venezolano y el consiguiente riesgo de extradición atemorizan a la nomenklatura oficialista. Ésta solo cederá espacios de poder si se les garantiza que no se desate una cacería de brujas en su contra. Se miran en el espejo de Nicolás Ceausesco y de Muamar Gadafi y les aterra pensar que puedan ser víctimas de los linchamientos criminales que suelen cometer quienes se toman la justicia por su propia mano.
De allí que el planteamiento de un Gobierno de Coalición vendrá acompañado de la exigencia de garantías mínimas por parte de los actuales gobernantes. No es fácil esta concesión, sobre todo cuando sobre las principales figuras del régimen pesan acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, lavado de dinero, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Pero mientras se recupera la autonomía de los poderes públicos y se fortalece el marco legal e institucional del país, esta tregua será necesaria para detener la espiral de violencia y alejar al país de la amenaza de una guerra civil.
Para el gobierno ya no hay más tiempo, se agotó su margen de maniobra. Esto abre vías para la construcción de un acuerdo básico entre los moderados del PSUV y de la MUD, sobre todo cuando ninguna de estas fuerzas cuenta con el liderazgo para controlar la protesta social que se ha desbordado y no responde ya a los lineamientos de la dirigencia política. Un llamado unilateral a enfriar la calle está asociado a un alto riesgo político que no quieren pagar nuevamente quienes ya fueron burlados en la primera convocatoria del diálogo.
El llamado a un Gobierno de Coalición permitirá crear una amplia coalición entre factores moderados del oficialismo, la oposición, el chavismo crítico y los despolarizados para que lideren juntos el reencuentro y la reconciliación nacional. Con este propósito, los moderados han venido dialogando sin hacer mucho ruido ni desatar férreas resistencias en los extremistas que consideran el diálogo como una traición. Pero solo el cumplimiento del gobierno con la agenda que quedó pendiente podrá darle credibilidad a una nueva etapa del proceso de diálogo.
Un pacto de gobernabilidad para la reconciliación nacional requiere grandeza humana, elevación espiritual y capacidad de perdón. Para que el país se reencuentre y reconcilie, los interlocutores de ambos lados tienen que ser otros muy distintos a los que se odian y no pueden verse ni en pintura. Un esfuerzo semejante, llamado a conjurar la amenaza de una guerra civil, no puede ser liderado por tramposos y resentidos, gobernados por el odio y afán de venganza. Esta es la clave para impulsar un Gobierno de Coalición en el que las fuerzas en pugna, en lugar de apostar a exterminarse, más bien se complementen para superar la crisis política, reactivar la economía y desactivar la bomba de tiempo social, de tal forma que un nuevo gobierno electo en las urnas reciba un país gobernable.