lunes, 13 de junio de 2016

Su error fue no corregir los errores del Legado

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El chavismo descontento considera que los errores de Maduro están pulverizando el Legado de Chávez, mientras que el pensamiento crítico leal y comprometido con la Revolución cuestiona que su inacción a la hora de corregir los errores -que también forman parte del Legado-, es la que está sepultando la esperanza de construir la nueva sociedad. 

Cuando murió Chávez, Maduro quiso embalsamar su cadáver para mantener al alcance del pueblo la presencia del Comandante Supremo. Por presiones familiares no prosperó la intención de embalsamar sus restos morales y se optó por su siembra en el Cuartel de la Montaña. Pero Maduro juró defender su Legado como una reliquia sagrada, preservando incólumes todas y cada una de las decisiones tomadas por el líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así fue disecando una a una las políticas heredadas: los controles de cambio y de precios quedaron petrificados, el dólar barato fosilizado, rancia y ruinosa la gasolina regalada, las empresas estatizadas están quebradas y embalsamadas, el Fonden es apenas un cascarón vacío.

Pero el voluntarismo empedernido no permite entender que las circunstancias cambiaron, que los altos precios del petróleo colapsaron, que ya no es posible financiar la ilusión de prosperidad. Sin embargo, promete que aunque los precios del petróleo leguen a cero están garantizadas las misiones sociales, las viviendas prestadas, las bolsas de comida. Sin comprender la urgencia de ajustarse a las restricciones presupuestarias, prolonga los errores de la política económica que no se notaban tanto en los tiempos de abundancia.

El neo-rentismo socialista, como espejismo de progreso y prosperidad, funcionó a la perfección mientras los precios del petróleo estuvieron altos y proveyeron la renta necesaria para financiar la inversión social. Pero al no transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo, el derrumbe de la renta petrolera reveló la inviabilidad de un estilo de gobierno acostumbrado a gastar todo el ingreso y a no ahorrar nada. Con la contracción del PIB por segundo año consecutivo ha caído la recaudación de ISR, y para estirar sus menguados ingresos cada vez son más las personas naturales y jurídicas que no piden la factura para ahorrarse el pago del IVA. Todo esto merma la recaudación fiscal que el gobierno requiere para cumplir sus promesas de campaña. La agonía de la abundancia solo se prolonga gracias a la sumisión del BCV que puso a la orden del gobierno la máquina de hacer billetes, sin reparar en el voraz impacto inflacionario que tiene el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo.

El Legado confundió estatizar con socializar y le dejó una bomba de tiempo al sucesor. Las empresas expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Así, ni los trabajadores ni la comunidad se sintieron verdaderos copropietarios sociales ni dolientes de las empresas secuestradas. Al destruir la economía capitalista sin haber creado simultáneamente una eficaz economía socialista, la fosilización del Legado empujó al país por el atajo perfecto que lo condujo al desabastecimiento. Y ahora que no hay petrodólares para importar ni producción nacional para compensar, la escasez, el acaparamiento y la especulación se agravan, cada vez son más largas las colas que la gente tiene que padecer y esto pulveriza la base de apoyo social.  

El discurso oficial atribuye esta tragedia a la guerra económica y teje una narrativa en la que confronta dos modelos antagónicos. Por un lado, la economía buena y solidaria, subsidiada por el Gobierno, con redes públicas de comercialización de alimentos, medicinas, electrodomésticos, automóviles, etc. donde el PVP que mide el BCV para calcular la inflación siempre está por debajo de los costos, pero donde estos bienes nunca se consiguen, a menos que se pague a los gorgojos y bachaqueros mayores un sobreprecio o comisión. Tan así es, que el propio Gobierno con frecuencia anuncia el desmantelamiento de mafias de funcionarios corruptos que desvían hacia las redes de contrabando y especulación los productos subsidiados que no llegan al pueblo. Al otro lado de esta narrativa está la maléfica economía capitalista, son los malos de la película que solo tienen afán de lucro, ambición de ganancias desmedidas, y en la que meten en un solo saco a empresarios, emprendedores, contrabandistas, acaparadores y especuladores que se enfrentan en desiguales condiciones a los operativos gubernamentales y a los tropeles de fiscalización que hacen del río revuelto ganancia de pescadores.

Así, el escogido para salvaguardar las conquistas sociales de la Revolución, al disecar la política económica heredada de Chávez y no adecuar a tiempo los asfixiantes controles de cambio y de precios que no sirvieron para evitar la fuga de capitales ni la inflación, terminó siendo el principal responsable de la actual debacle económica, social y política que ya tuvo su primer termómetro en las elecciones parlamentarias del 6-D. Y de prolongarse la inacción, esa derrota se reeditará en mayor proporción en cualquier nueva medición electoral, incluyendo el Referendo Revocatorio.

La lealtad al dogma del Legado de Chávez sumió a Maduro en la inercia y lo inhabilitó para corregir a tiempo los errores de la política económica heredada. El Legado embalsamado de Chávez acelera el deterioro de la economía y de las condiciones de vida de la población, generando un creciente malestar social. Si Maduro no reacciona y no termina de dar un golpe de timón para reinventar la política económica, pasará a la historia no como el que dilapidó el Legado de Chávez, sino como el que no supo identificar y cancelar a tiempo los pasivos ocultos en ese Legado, cuyo peso fue creciendo hasta finalmente provocar la implosión de su gobierno. @victoralvarezr

BCV vs Leyes de la Economía

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La economía tiene sus leyes y hay que comprenderlas y respetarlas. De lo contrario, se pueden generar graves desequilibrios que erosionan la calidad de vida de la población. Una de esas leyes postula el equilibrio que se debe preservar entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios. Quiere decir que la cantidad de dinero en la economía debe ser equivalente a la cantidad de productos o servicios que se pueden comprar con ese dinero.

Este equilibrio entre la Oferta y la Demanda es la clave para la estabilidad de los precios. Pero en Venezuela, solo entre 2014/2015, el incremento de la liquidez monetaria superó el 100%, mientras que el PIB se contrajo en 5,7%. Por lo tanto, al poner a correr más dinero detrás de unos productos cada vez más escasos, el resultado inevitable fue el recrudecimiento de la inflación que llegó a 180,9 al cierre de 2015.

Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada

El Artículo 320 de la CRBV establece que: “(…) En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

Sin embargo, en 2009, la AN reformó la Ley para autorizar al BCV a adquirir papeles de deuda emitidos por PDVSA, cuestión que estaba prohibida, debido al comprobado impacto inflacionario que tienen las emisiones de dinero sin respaldo para financiar el déficit de las empresas públicas y del gobierno.

Al no evaluar ni comprender el impacto que tuvo esta decisión en el auge inflacionario que ha pulverizado la capacidad adquisitiva de la población, el 30/12/2015 se reformó nuevamente la Ley del BCV con el fin de que el Gobierno pueda seguir utilizando al instituto emisor como fuente de financiamiento de sus crecientes gastos.

Dice el artículo 318 de la CRBV que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor interno y externo de la moneda.” Pero resulta que con la reforma de su Ley, “el BCV podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado o entidades públicas y privada (…), en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma unánime por los miembros del Directorio”.

Adicionalmente, el Artículo 319 de la CRBV plantea que:El BCV se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley.”

Así como en el examen de sangre hay que comprender que significan los valores del colesterol, triglicéridos, transaminasas, etc. para detectar a tiempo problemas de salud, en el examen de la economía deben conocerse las estadísticas sobre el comportamiento del PIB, índices de escasez, inflación, exportaciones, importaciones, deuda externa, y sobre esta base adoptar a tiempo las medidas que sean necesarias para mantener sana la economía. Pero con la reforma de la Ley del BCV en diciembre de 2015, se legalizó la opacidad de las estadísticas económicas, como si ocultar las cifras de inflación o caída del PIB sirviera para aliviar los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que azotan a la población.

En momentos en los cuales se necesita oportunidad y transparencia en la generación de información estadística que permita corregir a tiempo las desviaciones y errores en el curso de la economía, el Directorio del BCV queda autorizado para clasificar información como secreta o confidencial, lo cual no hace más que agravar la opacidad del Sistema de Cuentas Nacionales. Si bien el Artículo 42 preserva el derecho de la AN para tener acceso a la información calificada como secreta, el presidente del BCV “valorará la remisión de tales informaciones o documentos, o su sustitución por un informe que recoja los aspectos de interés para el órgano solicitante cuando la naturaleza o el carácter de la información comprometa la seguridad o el funcionamiento del BCV”.

Lo anticonstitucional fue modificar la anterior Ley para permitir que el Presidente del BCV sea nombrado por el Presidente de la República, sin considerar el parecer de la Asamblea Nacional. Lo anticonstitucional fue someter al Presidente del BCV a “ejercer las facultades  que le hayan sido delegadas por los miembros del directorio”, ahora designados todos por el Gobierno, según lo establecen los artículos 10 y 16 de la Ley aprobada entre gallos y medianoche, el 30 de diciembre de 2015. Lo anticonstitucional fue cambiar los artículos 26 y 27, para que ni siquiera la remoción de miembros del Directorio pudiera pasar por la AN.

No por tener una chequera se puede dirigir un banco

Para evitar decisiones a contrapelo de las leyes económicas, la Ley original del BCV estableció que sólo profesionales de las áreas económica, financiera y bancaria podían formar parte del Directorio del BCV. Pero con la modificación del Artículo 18, otros profesionales podrán formar parte del directorio.

Si alguna reforma ha sido anticonstitucional por haber facilitado la subordinación y control del BCV fue precisamente la aprobada el 30 de diciembre de 2015. Allí quedó claro que los cambios a la Ley se hicieron con el propósito de asegurar una mayor subordinación del BCV a las directrices del Gobierno. Y al no comprender las leyes que rigen el funcionamiento de la economía, la subordinación del BCV a las demandas de dinero de Pdvsa y del Gobierno provoca graves desequilibrios monetarios que desquician la inflación y empobrecen cada vez más a la Nación. @victoralvarezr

Voces críticas en el Gobierno

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, es una de las pocas voces autocríticas en el gobierno. En una reciente entrevista por Globovisión reconoció que el Ejecutivo nacional ha aplicado medidas que han fracasado y mencionó los controles a la economía.  Reconoció Faría que:

"La posición nuestra era la simplificación de la política cambiaria y eso es lo que hemos hecho, hemos ido de una política cambiaria muy diversificada,  inviable, y apuntamos hacia allá, tiene que ser progresivo, (…) poco a poco vamos a ir apuntando hacia la unificación cambiaria". 

Una de las razones por las cuales el gobierno teme unificar el régimen de cambios múltiples es por el supuesto impacto inflacionario que le atribuye a esta medida. Con la tasa protegida de 10 Bs/$ (Dipro), el gobierno se obstina en mantener el anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. Sin embargo, según los propios datos que acaba de publicar el BCV, el INPC en 2015 registró 180,9%, mientras que el precio de los alimentos -que siempre ha sido el sector más favorecido con la asignación de dólares preferenciales-, registró un incremento de 305%. A pesar del supuesto impacto antiinflacionario del anclaje cambiario, en 2015 el precio de los alimentos subió 25 % mensual.

Faría también reconoció que hay un "gran número de empresas que están en manos del Estado que no funcionan bien" y aceptó que en las políticas de control de precios "se han cometido varios errores". Sin embargo, insistió en responsabilizar a Dolar Today de la inflación, cuando en realidad ésta es provocada por la combinación de una creciente escasez debido al colapso de la producción nacional y las importaciones, así como el impacto sobre los precios de las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que ha hecho el BCV para financiar el déficit de Pdvsa y las empresas públicas.

Atribuir los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación a la guerra económica y a Dolar Today es parte de las creencias limitantes que no le permiten al gobierno comprender la altísima cuota de responsabilidad que tienen las desviaciones y errores de su propia política económica. En lugar de poner en marcha una eficaz política para la reactivación agrícola e industrial y erradicar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal para derrotar la inflación, el gobierno expone inútilmente su credibilidad responsabilizando a Dólar Today.

Diagnóstico equivocado: políticas erradas

La principal causa de los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, contrabando e inflación está en los desequilibrios macroeconómicos, la falta de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas, la inseguridad jurídica y la conflictividad laboral que paraliza la actividad productiva y acentúa la escasez. Al no corregir estas desviaciones y errores de la política económica, el propio gobierno crea las condiciones para que se multipliquen los negocios fraudulentos. En su cruzada contra la guerra económica, el gobierno lanzó una ofensiva de contingencia, plagada de controles, operativos, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales.

Son los autogoles del gobierno los que facilitan nuevos ataques de los especuladores y corruptos. Esto comprueba el agotamiento de los controles de cambio y de precios como instrumentos de política antiinflacionaria y anulan el impacto social del enorme sacrificio fiscal que implica mantener una tasa oficial tan baja, así como cuantiosos subsidios que no han servido para mantener a raya la inflación.

El sistema dual prolongará los incentivos perversos a la especulación cambiaria, que tenderá a fijar los precios con base en el dólar paralelo, anulando así el efecto antiinflacionario que inútilmente se busca con el Dipro. Esto solo beneficia a los especuladores y corruptos que resultan favorecidos con la asignación de la divisa a la tasa preferencial y defraudan a la Nación al sobrefacturar y fijar los precios con base en la tasa Dicom o el dólar paralelo.

El control de precios también contribuye a agravar el problema. Al congelar el PVP del producto final pero dejar liberados los precios de las materias primas, insumos, maquinarias, fuerza de trabajo, etc., los crecientes costos superan los precios controlados y, al provocar pérdidas, se desestimula la producción. Por si fuera poco, los millardarios subsidios a productos de la canasta básica alteran aún más los precios relativos, lo cual empeora el círculo vicioso del contrabando de extracción, escasez, acaparamiento, especulación, corrupción y dolarización con base en la cotización del paralelo.

Estos problemas pudieran comenzar a desaparecer si se unifica el agotado régimen de cambios múltiples, se sincera el precio de la gasolina, se erradica el financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, se flexibilizan los rígidos controles de precios que desalientan la producción, se substituyen los subsidios indirectos a bienes y servicios por subsidios directos a los hogares pobres, y se reorienta en favor de reactivar la producción nacional los miles de millones de dólares que actualmente se destinan a financiar las importaciones gubernamentales y el gasto militar. @victoralvarezr

 

De la emergencia económica a la estabilización económica

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias 

En lugar de un Decreto de Emergencia Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, el reto que deben asumir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social. El Gobierno tiene al alcance de la mano un conjunto de medidas que lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. 

A través del Decreto de Emergencia Económica, el Gobierno aspira a una modalidad de Ley Habilitante que es poco probable que una AN en manos de la Oposición le apruebe. Según la CRBV y la Ley de Estados de Excepción, la emergencia económica es como una forma de estado de excepción que transfiere temporalmente al Gobierno el ejercicio de la función legislativa y le permite Gobierno dictar medidas con el mismo rango que una Ley, las cuales pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada. Veamos:

El Estado de Excepción

La Ley Orgánica de Estados de Excepción precisa las medidas que pueden ser dictadas en el marco de los decretos de emergencia económica:

ü  Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y centros de producción (Art 19).

ü  Permite erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto (Art 20).

ü  El Gobierno puede requisar los bienes e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizadas para restablecer la normalidad (Art 24).

Así pues, el Decreto de Emergencia Económica que acaba de ser publicado otorga poderes especiales al Presidente de la República para legislar en materia económica. Según su contenido, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes en los siguientes aspectos:

 1. Disponer de los saldos presupuestarios del Ejercicio Económico 2015.

 2.- Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de presupuesto para ser usados en los sectores de salud, educación y vivienda.  

3.- Implementar medidas especiales e inmediatas para reducir la  evasión fiscal. 

4.- Dispensar de las modalidades del Régimen de Contrataciones Públicas en determinado sectores a fin de agilizar las compras del Estado que requieran urgencia. 

5.- Disponer de los trámites y requisitos para la importación nacionalización de mercancía.  

6.- Implementar medidas especiales para el tránsito de mercancías en aeropuertos y puertos del país. 

7.-  Dispensar de los trámites cambiarios establecidos  por Cencoex y BCV a órganos del sector público y privado, a fines de agilizar la importación de bienes o insumos para el abastecimiento. 

8.-  Requerir a empresas del sector público y privado, incrementar niveles de producción y el abastecimiento de determinados insumos. 

9.- Adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a la población de alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad. 

10.- Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera.

11.-  Desarrollar y fortalecer el sistema de misiones socialistas. 

Dicho claramente, el Decreto reserva al Ejecutivo el derecho de asignar recursos extraordinarios a proyectos, estén o no previstos en el presupuesto, así como a entes de la administración pública en salud, alimentación y vivienda. También permite medidas especiales para obviar normas legales y controles que rigen las compras y contrataciones gubernamentales. Por si fuera poco,  el Gobierno podrá requerir a personas naturales y jurídicas los medios de transporte, acopio y distribución, establecimientos y bienes muebles que necesite para sus operativos de distribución de alimentos, medicinas y otros bienes. De concretarse, esta requisa causaría pavor y sentenciaría al fracaso la misión del nuevo Ministerio de Promoción de Inversiones.  

Acostumbrado a gobernar sin mayores controles por parte del Poder Legislativo, con este Decreto el Ejecutivo intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal que rige la actividad económica y evitar el análisis de créditos adicionales y contratos que deben ser aprobados por la AN, la cual ahora está controlada por la Oposición.

La concentración de poder no fue buena y la falta de control fue peor. Si algo quedó claro es la necesidad de poner límites al poder, cualquiera que éste sea, para que cada uno pueda trabajar con autonomía, al margen de decisiones personalistas y autoritarias. La amenaza de una crisis de gobernabilidad solo podrá conjurarse con el reconocimiento y respeto mutuos, con la creación de espacios de diálogo y negociación, de alianzas ganar-ganar entre los poderes.

Atizar un conflicto de poderes que paralice al Gobierno mientras la Oposición pavimenta el camino al referendo revocatorio, hundirá aún más al país en la inercia e inacción. Apostar a una batalla final es provocar un estallido social de consecuencias impredecibles. Lo que está en juego no es la estabilidad de un gobierno sino la viabilidad de una Nación. @victoralvarezr

viernes, 27 de mayo de 2016

¿Quién le tiene miedo al Referendo Revocatorio?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El Referendo Revocatorio (RR) es la vía constitucional para resolver pacíficamente una crisis de gobernabilidad. El Gobierno debe hacer una lectura correcta de la válvula de escape que se activó en las filas de la Oposición con la recolección del 1% de las firmas. Pero el desahogo que significó esa jornada se malogra con las tajantes afirmaciones de importantes voceros del oficialismo que, sin esperar el pronunciamiento del CNE, se apresuran a sentenciar que este año no habrá RR. El Gobierno debería celebrar que la Oposición optó por la vía democrática para conquistar el poder, en lugar de obstaculizar el RR con el argumento de que se está fraguando un golpe constitucional.

Con el RR no se está armando ningún golpe constitucional. La revocatoria de los funcionarios de elección popular fue una propuesta de la Revolución Bolivariana, planteada por el propio Hugo Chávez, quien fue el primero en someterse a un RR y dejar en manos del soberano la decisión de revocar o ratificar su mandato. Y lo hizo con las encuestas en su contra y a sabiendas de que se estaba jugando la suerte de la Revolución Bolivariana. A diferencia del ejemplo que Chávez dio, Nicolás Maduro ha dicho que “el referéndum revocatorio es una opción, no una obligación”. No, el RR es un derecho político consagrado en la CRBV que el CNE está obligado a canalizar con base en el marco legal que lo rige. 

Si el pueblo revoca el mandato antes de los cuatro años, el CNE tendrá que convocar elecciones en los próximos 30 días para elegir un nuevo presidente. Pero si éste se realiza después de los 4 años, en lugar de realizar elecciones, será el Vicepresidente designado por Nicolás Maduro quien complete el período constitucional. En este contexto, vale subrayar que una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas y cronogramas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a través del voto.   

El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos, evalúe si está satisfecha con el Gobierno y, sobre esa base, decida soberanamente si lo ratifica o lo revoca. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la actual crisis de gobernabilidad económica, social y política.

El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar todos los  pasos del proceso, se obstinan en retrasarlo. Al convalidar maniobras para adelantar o demorar el RR, el CNE pondría en duda la neutralidad, diligencia y pulcritud con la que condujo esta consulta popular.

El temor a perder el RR se conjura a través de un conjunto de eficaces políticas y estrategias para erradicar la escasez, el acaparamiento, la especulación, la inflación, la inseguridad, la crisis eléctrica, el racionamiento de agua y así revertir el creciente descontento popular. Buscar pestañas en la sopa para hacer creer que la Oposición no recogió las firmas y demorar los siguientes pasos puede exacerbar la indignación de la gente y transformarla en crecientes manifestaciones de agresividad y violencia que pueden llevar al país a una crisis de gobernabilidad. Al obstaculizar el proceso se le tiende la alfombra a los violentos de lado y lado que deliran con una gran confrontación final para definir quién es quién. @victoralvarezr

El Referendo Revocatorio es la vía constitucional

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El Referendo Revocatorio (RR) es la vía constitucional que tiene la ciudadanía para resolver pacíficamente una crisis de gobernabilidad. Si bien el proceso para activar el RR opera como una válvula de escape para transformar el creciente descontento en una esperanza de solución constitucional y democrática, obstaculizarlo puede exacerbar la indignación de la gente y transformarla en crecientes manifestaciones de agresividad y violencia que pueden llevar al país al borde de una conmoción social y de una crisis de gobernabilidad de peores proporciones a la que ya estamos sufriendo.

El Gobierno debe hacer una lectura correcta de las firmas recogidas por la MUD, toda vez que la cifra sobrepasa desmesuradamente el 1% del padrón electoral de 19.572.144 votantes, equivalente a 195.721 firmas. Ponerse a buscar pestañas en la sopa para hacer creer que la Oposición no recogió las firmas requeridas revela cuál va a ser su reacción cuando se conozcan los resultados del RR. Por eso, la catarsis que significó la recolección de las firmas se tensa nuevamente con la actitud ambigua de un CNE que no le habla claro al país.

Hay que garantizar que el RR no será entorpecido por las triquiñuelas de quienes se aferran al poder. El CNE debe garantizar el derecho al voto a la luz de lo establecido en los artículos 63, 64 y 293 de la CRBV, y 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que sea el clamor nacional el que decida si quiere que Nicolás Maduro siga en la presidencia, o prefiere ir a elecciones para designar un nuevo mandatario. El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar todos y cada uno de los  pasos del proceso, se obstinan en atravesar revisiones distintas a las estrictamente establecidas en las leyes, mucho menos si éstas validaciones pretenden ser ejecutadas por un personal ajeno al CNE. Al convalidar maniobras para adelantar o retrasar el RR y violentar los lapsos rigurosamente establecidos, el CNE pondría en duda la neutralidad, diligencia y pulcritud con la que condujo esta consulta popular.

El oficialismo quiere desalentar a los partidarios del RR argumentando que no dan los lapsos para realizarlo este año. Pero al obstaculizar el proceso le tiende la alfombra a los violentos que deliran con una gran confrontación final para definir quién es quién. Si Nicolás Maduro quiere concluir en paz su período presidencial, en lugar de ponerle trabas al RR, lo que tiene que hacer es poner en marcha un conjunto de eficaces políticas y estrategias para erradicar la escasez, el acaparamiento, la especulación, la inflación, la inseguridad, la crisis eléctrica y el racionamiento de agua y así revertir el creciente descontento popular. Pero Maduro se empeña en atribuir esta problemática única y exclusivamente a la guerra económica, sin reconocer la cuota de responsabilidad que tienen las desviaciones y errores de su política económica.

Nicolás Maduro está preso de una parálisis paradigmática que le impide tomar las medidas eficaces para frenar el acelerado deterioro de la situación económica, social y política que afecta al país. Y su inercia es agravada por una nomenklatura enquistada en el poder que ha hundido al Gobierno en un fango de incapacidades, conflictos de intereses y complicidades. Si se prolonga la inacción y estos terribles flagelos se siguen agravando, el Gobierno seguirá perdiendo el apoyo del pueblo, incluyendo las bases que se declaran de izquierda, socialistas y revolucionarias, quienes consideran que Maduro dilapidó el enorme capital político que Chávez le legó y terminó dando al traste con la esperanza que una vez la Revolución Bolivariana representó.

Ciertamente, el Gobierno luce desbordado por la grave crisis económica y cada vez más desacreditado por frecuentes casos de corrupción. Estos escándalos involucran a altos cargos que, al ser personal de confianza, deberían ser los garantes de la transparencia y pulcritud de la gestión gubernamental. Sin embargo, muchos funcionarios han sido descubiertos in fraganti en delitos de corrupción. Y otros que no han sido apresados, desertaron para entregarse como testigos protegidos y han revelado pruebas que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, cuestión que ha contribuido a desmoralizar las bases de apoyo social que sufren los estragos de la crisis económica. Sobre todo porque la gente de a pie se siente víctima de las privaciones y sufrimientos que el Gobierno atribuye a los programas de ajuste económico del FMI, pero sin que haya aplicado ningún recetario de medidas para poner fin al deterioro económico. Por el contrario, a pesar de las penurias que la atormentan, la única certeza que tiene la gente es que cada mes, cada semana, cada día, la situación se pone peor.

La creciente angustia abona la falsa expectativa de que basta con revocar a Maduro para que al día siguiente el país amanezca mejor. Pero llevará tiempo reconstruir el aparato productivo nacional en medio del colapso de los precios del petróleo, los fuertes pagos de la deuda externa y las indemnizaciones por expropiaciones que el país debe encarar si quiere recuperar la confianza y tener acceso al financiamiento internacional que necesita para reactivar la economía y superar los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida.

En lugar de embarcar al país en el desgaste de un RR, Gobierno y Oposición pudieron haber concertado una agenda de interés nacional para complementar las capacidades y recursos de los poderes ejecutivo y legislativo en función de sacar al país de la crisis. Pero la mayoría opositora en la AN prefirió lanzar un grito de guerra al Gobierno, sentenciando que en seis meses le pondría fin a su mandato. Y el Gobierno, en lugar de dar un paso táctico llamando a un Gobierno de Coalición para evitar la activación del RR, se acuarteló en una rabiosa y torpe defensa que le ha impedido rectificar y reinventarse para prolongar su esperanza de vida. Nicolás Maduro todavía tiene tiempo para convocar un Gobierno de Coalición, ya no tanto para corresponsabilizar a la Oposición en el manejo de la crisis, sino más bien para compartir con ella el mérito de haber evitado el estallido de una conmoción social y de una crisis de gobernabilidad. Pero para eso se necesita que al Gobierno y la Oposición los guíen la fortaleza de la humildad y la grandeza que solo la sabiduría otorga. ¿La tendrán?  @victoralvarezr

Para el Gobierno el Referendo Revocatorio si se hace es malo, pero si no se hace es peor

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad económica que se expresa en los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, inflación, crisis eléctrica y racionamiento de agua que azotan a la población. La política oficial plagada de controles se ha convertido en caldo de cultivo para la proliferación de prácticas discrecionales y arbitrarias del burocratismo corrupto que gana cada vez más espacios en el andamiaje institucional del Estado. El Gobierno luce cada vez más desacreditado por los frecuentes casos de corrupción que involucran a altos cargos. Estos, al ser personal de confianza, debieron ser garantes de la transparencia y pulcritud de la gestión gubernamental. Sin embargo, muchos han sido descubiertos in fraganti en delitos de corrupción. Y quienes no han sido apresados, han desertado para entregarse como testigos protegidos y revelar pruebas que involucran a importantes dirigentes y funcionarios del Gobierno.

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad social que se expresa en el creciente empobrecimiento de la población. Cada vez hay más dificultades para tener acceso a los alimentos, medicinas y demás bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de una familia. La crisis hospitalaria, el colapso de los servicios de electricidad, agua y gas, la inseguridad y criminalidad atizan el descontento y malestar que se expresa en la intensificación de las protestas y saqueos a lo largo y ancho del territorio nacional, y ponen al país a las puertas de una conmoción social.

En Venezuela hay una crisis de gobernabilidad política que se expresa en el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el cual el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado partido a favor del primero, declarando como inconstitucionales las leyes que aprueba la AN. Por eso, el nuevo parlamento no ha sido capaz de ponerle límites al Gobierno y, por el contrario, luce apabullado y arrollado por el contubernio entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El gran acuerdo que el electorado esperaba entre ambos poderes luego de las parlamentarias del 6-D no se logró debido a que desde su instalación el 5 de enero, la AN parece más preocupada por interrumpir el mandato de Nicolás Maduro que por impulsar una Agenda Legislativa Económica para salir de la crisis. La nueva directiva de la AN -en lugar de hacer un llamado a la complementación de ambos poderes en un marco de corresponsabilidad política-, optó por lanzar un grito de guerra y comenzar la cuenta regresiva de 6 meses que le pondría fin a la presidencia de Nicolás Maduro. La euforia amenazante de la Oposición y la torpeza defensiva del Gobierno se han combinado para desatar esta crisis de gobernabilidad política.

La ciudadanía habló duro el 6-D y provocó un cambio en la correlación de fuerzas con la esperanza de lograr decisiones concertadas entre los poderes ejecutivo y legislativo. El país se pronunció por un acuerdo para superar los problemas de desabastecimiento, alto costo de la vida e inseguridad. A raíz de los resultados de las elecciones parlamentarios se observó una mejoría en los índices emocionales positivos de la gente, tales como la esperanza y el optimismo. Pero como ni el Gobierno ni la Oposición han sabido interpretar el clamor nacional, los electores se sienten defraudados. Sus expectativas de cambio han sido defraudadas y por eso los indicadores emocionales nuevamente se han deteriorado al incrementarse la preocupación, el malestar, la frustración, el pesimismo y la desesperanza.

La dirigencia política no logra ponerse en sintonía con las demandas de los ciudadanos. El Gobierno, en lugar de tomar los correctivos necesarios para asegurar una eficiente gestión económica que ayude a superar el desabastecimiento y alto costo de la vida, le atribuye esta problemática a la guerra económica. Por eso los estudios de Hinterlaces concluyen que Maduro ha caído en una trampa cognitiva “viviendo una fantasiosa épica revolucionaria”. Por su parte, la Oposición apuesta a la inacción del Gobierno para acelerar el deterioro económico, agravar el malestar social y potenciar su aspiración política de derrotar a Maduro en el Referendo Revocatorio.

A todas estas, el Gobierno está atrapado en un círculo vicioso. El quid de la cuestión radica en los lapsos que la nomenklatura aferrada al poder quiere demorar para ampliar su esperanza de vida, aun cuando el mandato de Nicolás Maduro sea finalmente revocado. Si el Referendo Revocatorio se realiza después de los cuatro años, esa nomenklatura se mantendrá en el poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro. Y quienes todavía no se reponen por no haber sido los escogidos para reemplazar al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle toda la responsabilidad de su derrota y de execrarlo como líder del chavismo.

En lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una nomenklatura burocratizada y corrupta que de todas formas lo terminará acusando de haber dilapidado el enorme capital político que Chávez le legó, Nicolás Maduro pudiera pasar dignamente a la historia de Venezuela como un mandatario que al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela, prefirió hacerse a un lado y renunciar para que el pueblo al que tanto ama y en el que tanto confía sea quien resuelva de manera constitucional, democrática y pacífica la crisis que azota a la Nación. Incluso, en el escenario de una renuncia, ante las dificultades que tendría la Oposición para escoger un candidato de consenso para las presidenciales que se realizarían en 30 días, el oficialismo, aún diezmado, potenciaría la opción de triunfo de su candidato al enfrentar a una Oposición dividida que dispersaría sus votos en dos o más candidaturas. 

Pero si el oficialismo decide medirse antes en las elecciones de gobernadores para retrasar el Referendo, las encuestas revelan que perdería la mayoría de las gobernaciones. Por lo tanto, si el Revocatorio se realiza después de los comicios regionales, la paliza que recibiría el oficialismo sería de tal magnitud que le quitaría respaldo y legitimidad al Vicepresidente para que concluya el período presidencial. Esto agravaría aún más la crisis de gobernabilidad y finalmente obligaría al presidente encargado a renunciar para convocar elecciones presidenciales y dejar que sea la ciudadanía la que escoja un nuevo mandatario. Para el oficialismo, el Referendo Revocatorio si se hace es malo, pero si no se hace es peor. @victoralvarezr

La (des) militarización del Gobierno

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Luego de la derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones del 6-D, el presidente Maduro anunció que los militares en el gobierno regresarían a puestos de mando y a filas activas en cada componente y que sólo permanecerían los estrictamente necesarios para cargos claves. Pero en la restructuración que se hizo del gabinete se mantuvo una importante presencia de militares en los ministerios más importantes a la luz de los presupuestos y áreas que manejan: defensa, interior y justicia, alimentación; vivienda y electricidad.

El objetivo de desmilitarizar al gobierno no fue logrado por el presidente, lo cual sugiere cuál es el verdadero poder que gobierna al gobierno. Los militares que ostentan cargos públicos no regresaron a los cuarteles y no solo mantienen bajo su control ministerios clave, sino que además aumentaron su radio de influencia y acción con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). ¿Concesiones de Maduro para  contar con el apoyo que necesita o estrategia militar para ampliar su control del gobierno?

Lo cierto es que se mantiene una fuerte presencia militar en un gobierno en el que  la lógica civil ha ido perdiendo espacios de acción. Los civiles que fueron ministros de Chávez o que actualmente son viceministros y subalternos de ministros militares, saben muy bien que su estilo de gestión no es deliberante, no debaten, su cultura es la de dictar órdenes que deben ser acatadas y cumplidas sin reparo. La lógica militar basada en la subordinación y la obediencia inhibe la generación de alternativas e impide comparar los pro y contra de cada una con el fin de encontrar las mejores soluciones a una problemática que se agrava ante el permanente ensayo y error de medidas improvisadas. La presencia de militares en cargos públicos desplaza la cultura civil, tanto así que el gobierno y la militancia se organizan en estados mayores, órganos superiores, comandos, patrullas, batallones, figuras inherentes a la cultura militar en la que se ordena y obedece.

Choque de poderes: viento a favor del protagonismo militar

En América Latina, crisis de gobernabilidad como la que actualmente sacude a Venezuela suelen desembocar en golpes de estado que entronizan a los militares en el poder, quienes a través del monopolio de la fuerza aplacan los conflictos que las élites políticas no fueron capaces de resolver.

En efecto, el choque de poderes entre el Ejecutivo Nacional -que con el apoyo del TSJ anula las leyes que aprueba la AN-, y ésta -que a su vez rechaza los decretos que dicta el gobierno-, ofrece en bandeja de plata la excusa perfecta para que los militares irrumpan y terminen de dominar la escena con el pretexto de poner orden. En medio del caos generado por la incapacidad del gobierno y la oposición para concertar una agenda mínima que permita sacar al país de la crisis en la que se hunde cada vez más, los militares emergen como los salvadores de la patria, los únicos capaces de poner mano dura para rescatar a la Nación anarquizada por la ambición de las élites políticas que se obstinan en tomar el poder y gobernar, así sea sobre las ruinas del país.

Viento a favor para este desenlace es el discurso de la unión cívico-militar sembrado en el imaginario popular, el cual facilitaría el apoyo ingenuo de una población que, ante tanto desorden, opta por una fuerte disciplina militar para superar el caos, sin reparar en la enorme importancia del conocimiento experto que se requiere para superar los graves problemas que la atormentan y azotan.

La procesión va por dentro

Al igual que en los demás sectores de la sociedad, al interior de la FANB hay una creciente preocupación por el recrudecimiento de la crisis económica, social y política que también repercute sobre sus hogares. La institución no quiere que sobre su conciencia e imagen se cargue la responsabilidad de reprimir el creciente descontento social que se expresa en la multiplicación de protestas, saqueos y actos violentos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Cada vez son más las voces de oficiales retirados que asumen una postura crítica a la forma como se está conduciendo el gobierno. Los casos más recientes son los de Florencio Porras, Miguel Rodríguez Torres y Clíver Alcalá Cordones que se desempeñaron como gobernador, ministro y jefe de región. Incluso, entre gobernadores y alcaldes de origen militar hay mucha preocupación porque el acelerado deterioro de las condiciones de vida hará muy difícil ganar una sola gobernación o alcaldía en las próximas elecciones regionales y municipales. Por eso, muchos ven con simpatía el Referendo Revocatorio (RR) e incluso la renuncia de Maduro como un mal necesario para salvar al chavismo en las regiones.

Pero al cerrar las soluciones previstas en la CRBV resulta prácticamente imposible resolver por la vía electoral esta crisis de gobernabilidad, toda vez que la nomenklatura aferrada al poder niega la institución del RR y, sin cuidar las formas ni mucho menos respetar el pronunciamiento oficial del CNE, se apresura a sentenciar tajantemente que este año no habrá referendo. Como se sabe, si el RR  se realiza después de los 4 años, en lugar de convocar elecciones presidenciales para elegir un nuevo mandatario, será el Vicepresidente designado por Nicolás Maduro quien se encargue de la Presidencia para culminar el período constitucional. Así, la nomenklatura burocrática se mantendría en el poder al precio de haber sometido al escarnio de la historia a Nicolás Maduro.

En efecto, quienes todavía no se reponen de no haber sido los escogidos para reemplazar al Comandante Supremo, se encargarán de endosarle a Maduro toda la responsabilidad de su derrota y de execrarlo como líder del chavismo. Por eso, en lugar de inmolarse para mantener atornillada al poder a una nomenklatura que de todas formas lo terminará acusando de haber dilapidado el enorme capital político que Chávez le legó, Nicolás Maduro pudiera pasar dignamente a la historia de Venezuela como un mandatario que -al ver la amenaza de caotización y violencia que se cierne sobre Venezuela-, prefirió renunciar para que sea la ciudadanía la que resuelva de manera constitucional, democrática y pacífica la crisis que castiga a la Nación. Y si no, la incapacidad de las élites políticas para superar la crisis de gobernabilidad de todas formas creará las condiciones para un mayor protagonismo militar. @victoralvarezr

Me sobra mucho mes al final del sueldo

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El Gobierno decretó que a partir del 1° de mayo el salario mínimo será de Bs. 15.051 y el bono de alimentación de Bs. 18.585. Así, el ingreso mínimo mensual llega a Bs. 33.636. Según el último estudio del CENDAS, la canasta alimentaria subió en marzo a Bs. 142.853, por lo que se requieren más de cuatro salarios mínimos para comprarla. El bono de alimentación es una compensación que no es considerada como salario y, por lo tanto, no es tomada en cuenta a la hora de calcular prestaciones, utilidades ni vacaciones. El bono al ser mayor que el salario revela cuánto se ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores que viven de un ingreso fijo.

Si bien es cierto que los dos aumentos decretados este año suman 105%, el quid está en que con una inflación de 15 % mensual, un Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado en el primer cuatrimestre de 70 % y una inflación en alimentos que ya supera en 200% en lo que va de 2016, este aumento pronto se volverá sal y agua.  Recordemos que según el INPC, la inflación acumulada durante 2015 alcanzó el 180,9% y solo en alimentos los precios se incrementaron 315%, triplicando la inflación de 102,2% registrada en 2014. Por sexto año consecutivo, la inflación en alimentos fue superior a la inflación anual promedio. Y la frecuencia de tiempo a la cual se duplican los precios es cada vez más corta e indica que cada vez estamos más cerca de un voraz proceso hiperinflacionario. 

Gobierno no entiende naturaleza de inflación venezolana

Para compensar el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, el Gobierno anunció el aumento número 12 en los 3 años que van del actual período presidencial. Pero un aumento de los ingresos nominales que no esté respaldado con su correspondiente aumento en la productividad y la producción, pronto se traduce en una mayor inflación que anula el aumento. Una vez más, este ajuste salarial no está asociado a incrementos en la productividad del trabajo y se realiza en una economía que sufre crecientes índices de escasez debido a que el aparato productivo no termina de reactivarse en un contexto de inseguridad jurídica, amenazas de expropiación, rígidos controles y conflictividad laboral.

El Gobierno ha fracasado en su intento de controlar el incremento sostenido y vertiginoso de los precios porque no entiende la naturaleza de la inflación venezolana. Con un déficit fiscal de más de 20 % del PIB y su financiamiento a través de emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, Venezuela se encuentra en la antesala de la hiperinflación, un fenómeno que fue entendido y superado en todo del mundo, pero aquí amenaza con empobrecer aún más a los hogares.

A su vez, el estancamiento de los precios del petróleo sentencia que las importaciones serán cada vez menores, lo cual agravará la escasez de alimentos y medicinas. La caída de la producción nacional combinada con menores importaciones se traduce en mayor escasez y grandes presiones en la formación bárbara de precios. En una economía con alta inflación de costos y de demanda, y una creciente escasez estructural, este nuevo aumento salarial incrementará la liquidez monetaria sin el correspondiente aumento de la cantidad de bienes y servicios que se pudieran comprar. Y esto presionará aún más los precios.

La tragedia es que si bien este nuevo aumento se queda corto frente a la inflación, a su vez generará más inflación porque no está respaldado con un incremento real de la productividad. Por si fuera poco, se pagará con más emisiones de dinero inorgánico, toda vez que el Gobierno tendrá que tramitar un crédito adicional cuya inyección a la circulación doméstica no encontrará el debido respaldo en una mayor oferta o producción. En consecuencia, la presión de demanda adicional que significa más dinero en una economía con menos mercancías que comprar, desembocará en una inflación mayor al incremento del salario mínimo y del bono de alimentación. Así, la tragedia de los salarios se repite, ya que cada aumento resulta insuficiente pero por la forma como se decreta y paga agrava la inflación que los pulveriza y devora.

Una vez más, este nuevo aumento salarial “será pan para hoy y hambre para mañana”, porque la consiguiente inflación lo volverá sal y agua. Pura ilusión monetaria porque las familias que viven de un ingreso fijo nominalmente ganarán más bolívares, pero realmente podrán comprar menos bienes y así buena parte de sus necesidades básicas quedará insatisfecha.

El espejismo del mayor salario mínimo

En América del Sur, los países con mayor salario mínimo son Argentina $ 489, Uruguay $ 368 y Ecuador $ 354. Mientras los más bajos los tienen Perú $ 265 y Bolivia, con $ 237. ¿A cuánto equivale el salario mínimo de Venezuela en dólares? En un régimen de cambios múltiples como el que prevalece en Venezuela, esto dependerá de la tasa de cambio a la que se calcule.  Sumando salario y bono, el ingreso nominal de los trabajadores llega a Bs. 33.636,17. Si se convierte a la nueva tasa “protegida” de 10 Bs/$, el salario mínimo llega a $ 3.363,61, el más alto de América latina. Pero si se calcula a la tasa Simadi o Dicom -que al momento de redactar este artículo estaba en 390 Bs/$-, el ingreso mínimo se reduce a $ 86 mensual. Y si el cálculo se hace con base en el dólar paralelo que rige la formación de precios en Venezuela, el ingreso nominal cae a $ 30, equivalente a un dólar diario. Si se quita el bono de alimentación y se convierte en dólares solo el monto del salario mínimo de Bs.15.05117, este queda pulverizado en solo $ 13,60 mensuales.

¿Cuál de estos cálculos retrata con más fidelidad la realidad de los hogares venezolanos si se tiene en cuenta que cada vez son más los precios que se calculan con base en el dólar Simadi y en el paralelo? Más allá de los debates sobre las metodologías para calcular el salario mínimo y la canasta alimentaria, lo cierto es que el salario real cada mes rinde menos y no alcanza para pagar todas las cuentas. En la carrera de los salarios contra la inflación, siempre salen perdiendo los salarios. A las familias que viven de un ingreso fijo les sobra mucho mes cuando se les acaba el sueldo y por eso sería mejor que no les suban más el sueldo pero que paren la inflación.  @victoralvarezr

martes, 24 de mayo de 2016

Con todo y Penzini: En Venezuela están dadas las condiciones para una hiperinflación. 02.05.16