Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
De acuerdo al Capítulo II de la CRBV, que trata De los estados de excepción, la
emergencia económica es una especie de estado de excepción que permite al
Gobierno dictar medidas con el mismo valor, rango y fuerza que una Ley. Al
igual que los decretos dictados en una Ley Habilitante, los decretos de
emergencia económica son Decretos-Leyes que pueden sobreponerse a las Leyes
vigentes en materia económica.
El decreto de emergencia económica transfiere
temporalmente al Gobierno el ejercicio de la función legislativa. Una vez
habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han
sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada.
Esto solo puede hacerse por un lapso que no podrá exceder de sesenta días,
aunque pueden ser prorrogables.
La Ley Orgánica de Estados de Excepción precisa las medidas
que pueden ser dictadas:
ü Limitar o
racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad,
tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y
el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción (Art 19).
ü Hacer
erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de
Presupuesto (Art 20).
ü El
Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de requisar los bienes e inmuebles de
propiedad particular que deban ser utilizadas para restablecer la normalidad (Art
24).
Una vez
publicado el Decreto en Gaceta Oficial, éste se somete al control posterior de
la Sala Constitucional y de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, la
AN tiene ocho días para considerar si aprueba o no el Decreto. Si no se pronuncia,
el decreto queda aprobado.
Así
pues, el Decreto de Emergencia Económica que acaba de ser publicado otorga
poderes especiales al Presidente de la República para legislar en materia
económica. Según su contenido, el Ejecutivo Nacional
podrá dictar las medidas que considere convenientes en los siguientes aspectos:
1. Disponer de los recursos provenientes de las
economías presupuestarias del Ejercicio Económico 2015.
2.- Asignar
recursos extraordinarios proyectos previstos o no en la Ley de presupuesto de
la administración pública para ser usados en los sectores de salud, educación y
vivienda.
3.- Diseñan e
implementar medidas especiales para e inmediatas para reducción de evasión
fiscal.
4.- Dispensar de las
modalidades del Régimen de Contrataciones Públicas en determinado sectores a
fin de agilizar las compras del Estado que requieran urgencia.
5.- Disponer de los
trámites y requisitos para la importación nacionalización de mercancía.
6.- Implementar medidas
especiales para el tránsito de mercancías en aeropuertos y puertos del
país.
7.- Dispensar de
los trámites cambiarios establecidos por Cencoex y BCV a órganos del
sector público y privado, a fines de agilizar la importación de bienes o
insumos para el abastecimiento.
8.- Requerir a
empresas del sector público y privado, incrementar niveles de producción y el
abastecimiento de determinados insumos.
9.- Adoptar las
medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a la población de
alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad.
10.- Adoptar las
medidas necesarias para estimular la inversión extranjera.
11.- Desarrollar y
fortalecer el sistema de misiones socialistas.
En el artículo 3 del
Decreto se plantea que el Presidente de la República también podrá dictar
medidas de orden social que considere necesario.
En
resumen, el Decreto reserva al Ejecutivo el derecho de asignar recursos extraordinarios
a proyectos, estén o no previstos en el presupuesto, así como a entes de la
administración pública en los sectores de salud, alimentación y vivienda.
También permite implementar medidas especiales para facilitar el tránsito por
puertos y aeropuertos, obviar normas legales que entorpezcan la agilización
salvo en los casos de salud, seguridad y defensa de la Nación. Por si fuera
poco, el Gobierno podrá requerir a personas naturales y jurídicas los
medios de transporte, acopio y distribución, establecimientos, bienes muebles o
demás insumos necesarios para garantizar el acceso de todos a los productos.
Acostumbrado
a gobernar sin mayores controles por parte del Poder Legislativo, con este
Decreto intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal y entorno
institucional que rige la actividad económica de la Nación. En efecto, con este
Decreto, el Gobierno se plantea evitar las discusiones y aprobaciones de
créditos adicionales que deben realizarse en la AN, la cual ahora está
controlada por la Oposición.
¿Cómo atacar la emergencia económica?
Una y otra vez solemos escuchar que la situación de la economía está
tan grave que no habrá más remedio que aplicar medidas draconianas. Gobernantes,
opositores, analistas y observadores atribuyen al ajuste económico un impacto
antipopular, con un elevado costo político.
Presos de estas creencias limitantes,
el Gobierno cree
que desmontar los controles que hoy lucen totalmente agotados sería
traicionar el legado de Chávez. Así, prolongan la inercia sin llegar a tomar las medidas
que tienen al alcance de la mano para erradicar los problemas de caída de la
producción, escasez, acaparamiento y especulación. Entre estas medidas se
destacan las siguientes:
Medidas
de Política Cambiaria
El dogma económico que rige la interpretación oficial atribuye al
ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste
ya ha
sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno en el mercado que se
calcule con base a las tasas de Cencoex o Sicad. Ni siquiera a la de Simadi,
porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado
por lo que indiquen los desvaríos del dólar paralelo. Para muestra un botón: en
el sector alimentos que es el más favorecido con la asignación de dólares
preferenciales, la inflación de 2014 llegó a 102 %, muy superior al 68 %
registrado por el INPC, lo cual revela la ineficacia del anclaje cambiario como
instrumento de política antiinflacionaria. El BCV acaba de publicar la
inflación anualizada hasta septiembre de 2015 y la misma escaló a 141,5%
La irracionalidad de las tasas Cencoex
y Sicad recaen con toda su fuerza sobre Pdvsa. Obligada a vender el mayor
porcentaje de su ingreso en divisas a las bajas tasas de 6,30 y 12 Bs /$, la
compañía no logra recoger suficientes bolívares para pagar una nómina de más de
140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir
aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el
fisco. Pero basta con unificar el régimen de cambios múltiples a un nivel tal que
los bolívares que PDVSA reciba por la venta de sus divisas le alcancen para
mantener al día sus compromisos. Sincerar la tasa de cambio evitaría que la
compañía tenga que endeudarse con el BCV y así éste no se vería presionado por
el Gobierno a realizar las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo con
las que financia el déficit fiscal.
Medidas
de Política Fiscal
Un acuerdo básico para corregir el
déficit fiscal comienza por reformular y mejorar la calidad
del Presupuesto 2016, el cual fue calculado con base a un precio del petróleo
de 40 $/b, pero el mismo ya se acerca a 25 $/b. Esto pasa por reducir en 100% los
gastos suntuarios en remodelaciones, vehículos, publicidad, viajes, etc.; erradicar
la práctica del Gobierno de Calle que da origen a otro presupuesto paralelo. Se
trata ahora de implantar una rigurosa regla fiscal para que la AN no reciba
ningún Proyecto de Presupuesto ni apruebe créditos adicionales que impliquen un
déficit mayor al 5% del PIB.
El colapso
de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA debido a
la contracción económica obligan a retomar la sana práctica de un solo
presupuesto, adecuando el marco legal que fue creado para hacer uso de las
llamadas reservas excedentarias y precios exorbitantes. En adelante, todo
ingreso superior a los 40 $/b -en lugar de ser gastado a través del Fonden-, debe
ser ahorrado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual solo podrá
ser usado cuando el precio del petróleo caiga por debajo del precio proyectado
en el Presupuesto Anual de la Nación.
Corregir el
déficit fiscal implica erradicar los subsidios ineficientes que no llegan al
consumidor y lo que hacen es estimular el derroche, el contrabando de
extracción y la especulación. Se trata de sustituir los subsidios indirectos a los productos y servicios por subsidios
directos a las familias en condición de pobreza. Esto incluye desde sincerar el
precio de la gasolina hasta la racionalización de las tarifas de servicios
públicos, pasando por la sustitución de los subsidios directos a los alimentos
y medicinas por subsidios directos a los hogares pobres. Solo en gasolina, el
subsidio representa un costo de oportunidad de $ 12 mil millones,
mientras que el contrabando de extracción supera los 3.500 millones. Sincerar las tarifas de servicios públicos (electricidad,
agua y gas) significa corregir al menos 6,5 puntos del déficit fiscal. Reactivar
el cobro de peajes generará recursos propios para repotenciar el sistema vial y ayudará a
corregir el déficit fiscal.
Evitar el
financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las
empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por burocratismo, el
pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impulsar nuevas formas de
propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores
directos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera,
condicionando ésta última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación
del talento humano, asistencia técnica a las Pymes y máxima incorporación de
componentes nacionales en los proyectos de inversión.
La Reforma
Fiscal debe ser completada con el ajuste del IVA y del ISR, racionalización del arancel de aduanas, implantación del impuesto al débito bancario y a las transacciones
financieras, aumento de
la unidad tributaria, timbres fiscales, impuestos a licores y cigarrillos e
impuesto al lujo. Una vez que se reactive la economía y se estabilice su
crecimiento será necesario reactivar el Impuesto a los
Activos Empresariales y aumentar el ISR a las grandes ganancias.
Medidas
de Política Monetaria
La perversa complicidad entre el
déficit fiscal y el desequilibrio monetario generan una voraz inflación que
pulveriza el poder de compra de los salarios. Por eso, la superación de la
emergencia económica no es viable si no se recupera la autonomía del BCV en el manejo
de reservas internacionales y la emisión de dinero. Solo así se podrá erradicar
definitivamente el financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo del
déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Sin lugar a dudas, éste es el
principal factor propagador de la inflación.
Esto permitirá centralizar las
posiciones en divisas y reservas internacionales en BCV y asegurar un manejo
coherente del encaje legal y de las tasas de interés que contribuya a recuperar
la estabilidad y confianza en sistema monetario y financiero.
Unificar el régimen de cambios múltiples permitirá sanear las finanzas
de Pdvsa, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario
del BCV. Al recibir más bolívares por cada dólar, la autoridad monetaria drenará
el exceso de liquidez que presiona al alza los precios, incluyendo la
cotización del dólar paralelo. Y todavía mejor, un solo tipo de cambio
erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los
cazadores de renta, especuladores y corruptos, quienes inventan cualquier
trampa para captar los dólares baratos de Cencoex y Sicad para después
venderlos más caros.
Medidas para el manejo de la deuda Externa
Venezuela tiene margen de maniobra para evitar caer en un default que lleve
al embargo de los activos de Pdvsa y la República. Puede recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 50 % de su
valor nominal; adecuar PetroCaribe a las restricciones
presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 15-20
años; reorientar las importaciones gubernamentales
en favor de la producción nacional; reprogramar el pago del componente en divisas de las obras
contratadas a Brasil, Irán y otros países, cancelándoles el saldo con los bonos
de la deuda externa recomprados con descuento, o sustituyendo los pagos
vencidos con nuevas emisiones de deuda. Otro margen nada despreciable para
liberar divisas se encuentra en la reducción
de gasto militar.
Medidas para evitar
la liquidación de las reservas internacionales
Los profetas del desastre no se cansan
de afirmar que la liberación cambiaria se traducirá en una indetenible fuga de
divisas que liquidará las reservas internacionales, pero resulta ser que es
todo lo contrario. La unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera
productividad y competitividad del aparato productivo más bien activará nuevas
fuentes de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones no petroleras,
repatriación de capitales y el turismo internacional.
Claro está
que la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente.
Las inversiones extranjeras como nueva fuente de divisas no petroleras exigen
un clima de seguridad jurídica y paz laboral y esto pasa por la adecuación del marco legal, particularmente
la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Mercado de Capitales, la Ley del
Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Concesiones y la
Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
En conjunto,
este nuevo marco legal contribuirá a crear un mejor clima para promover inversiones
en la repotenciación
de la infraestructura en parques industriales, la mejora de los servicios de
electricidad, agua, gas, plantas de tratamiento, la gestión de puertos,
aeropuertos y almacenes. Particularmente la reforma de la LOCTI deberá estar
orientada a facilitar la inversión empresarial directa en el fortalecimiento de
capacidades tecnológicas para mejorar sus productos y procesos de cara al
fortalecimiento de la calidad, productividad y competitividad internacional.
La situación luce difícil y se puede
agravar si se mantiene el actual estado de inercia e inacción. No obstante, todavía
hay un importante margen de maniobra. En lugar de un Decreto de Emergencia
Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una
AN ahora en manos de la Oposición, e reto que deben asumir tanto el Poder
Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa
de Estabilización Económica con Bienestar Social. Estas medidas, lejos de
tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien
crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para
estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar
los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar
generan en la población. @victoralvarezr
