jueves, 3 de septiembre de 2015

Cinco medidas para frenar el dólar paralelo

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Recientemente observamos como con el solo anuncio de una reunión entre el BCV y la banca pública y privada, el dólar paralelo cayó 30%. Cuando se ofrece información oportuna y veraz, la incertidumbre es sustituida por una expectativa positiva, mientras que la opacidad solo sirve a quien monopoliza el interés de los agentes económicos que no tienen otra fuente de información a dónde acudir. Sin embargo, el silencio oficial sobre los indicadores básicos del desempeño económico propicia la ola de rumores sobre la dolarización de la economía y facilita los ataques al bolívar. La carencia de información genera incertidumbre, caldo de cultivo perfecto para los especuladores. Y la inseguridad que esto desencadena tiene su reflejo en el trastorno del mercado cambiario.

¿Cuál es el precio justo del dólar?

La tasa de cambio es una relación entre dos monedas. Un fundamento técnico que exprese una relación más realista entre el bolívar y el dólar sería la tasa de cambio implícita (TCI) que resulta de dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales (LM2/RI). Esa relación está en el orden de 100 Bs/$, sin embargo la tasa Cencoex es de apenas 6,30 Bs/$, Sicad 12 Bs/$, Simadi está en 200 Bs/$, el doble de la TCI, y el paralelo perforó la barrera de 400 Bs/$.

El mercado paralelo es un mercado sin ley ni instituciones que lo regulen. Su comportamiento responde al nivel de incertidumbre que prevalece en la economía venezolana y refleja la ausencia de definiciones en materia de política fiscal, cambiaria y monetaria. Los especuladores explotan esta incertidumbre sin que el país logre entender por qué un portal como Dólar Today le está ganando la batalla al gobierno en sus reiterados y fallidos intentos por pulverizar el dólar paralelo. Esta cotización tiene su principal referencia en el precio en pesos que diariamente registra el bolívar en la frontera con Colombia. Como en Cúcuta no hay control de cambios, se puede comprar y vender divisas al precio que determine la oferta y la demanda. Por eso, lo primero que hace Dólar Today es llamar a las casas de cambio en Cúcuta y, según el precio en pesos que surge de  la oferta y demanda de bolívares, procede a calcular el precio del dólar paralelo.

Este mecanismo para calcular el dólar paralelo surge a partir del poder que dio el gobierno colombiano a las casas de cambio en la frontera para fijar el valor del bolívar en pesos, sin atarlo a la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto al dólar. Esta práctica se acentúa con el régimen de cambios múltiples que desdibuja la única tasa de cambio oficial a la cual se debería hacer la conversión de bolívares a dólares y a pesos. La irracionalidad de tener que convertir los mismos pesos a 6,30, 12 0 200 Bs/$ induce a las casas de cambio a determinar el valor de la moneda nacional según la oferta y demanda de bolívares en la frontera, de cuya cifra se deriva luego la cotización del dólar paralelo.

La brecha entre las tasas oficiales estimula el crecimiento de la mafias que se dedican al contrabando de gasolina, alimentos y medicinas subsidiadas, por lo que el precio del bolívar en pesos tiende a ser cada vez más influido por la demanda de bolívares de los contrabandistas, quienes necesitan la moneda nacional para comprar en Venezuela los productos subsidiados que luego sacan ilegalmente a través de sus redes de bachaqueros. Pero también a los contrabandistas les interesa hacer rendir sus pesos y dólares a la hora de comprar más gasolina y productos subsidiados, por eso buscan la manera de pagar la menor cantidad de pesos por cada bolívar o recibir la mayor cantidad de bolívares por cada dólar. Y en ese afán apuestan al deterioro de valor del bolívar frente al peso colombiano, lo cual inevitablemente repercute en la relación del bolívar frente al dólar paralelo.  

Ante la ausencia de otras fuentes de información oficial, según sea el precio del bolívar en pesos, es que luego se calcula el dólar paralelo. Así, la cotización del bolívar en Cúcuta termina siendo la referencia para calcular el precio de la divisa estadounidense. Como las empresas ni las personas quieren tener unos bolívares que se deshacen como hielo entre las manos, se genera un exceso en la demanda de dólares, así como en la oferta de bolívares, cuestión que deteriora aún más el valor de la moneda nacional frente al dólar paralelo.

Medidas para frenar el dólar paralelo

De nada vale negar la existencia del dólar paralelo porque éste sigue allí, distorsionando el funcionamiento del sistema de formación de precios. Aunque existan tasas de cambio oficial más bajas, los precios que realmente paga el consumidor terminan calculándose con base en el dólar paralelo. Sin embargo, no es difícil frenar la especulación cambiaria si el gobierno rompe la inercia y sale de la inacción tomando al menos cinco medidas que están al alcance de la mano:

1.    Igualar en la frontera el precio de la gasolina y productos subsidiados para incrementar la demanda de bolívares de los contrabandistas y así poder recuperar el valor perdido frente al peso colombiano y el dólar estadounidense.

2.    Unificación cambiaria para corregir las distorsiones en la relación peso/bolívar y evitar que la demanda insatisfecha se traslade al mercado paralelo. Esto erradicará los incentivos a la especulación, la corrupción y el contrabando que ofrece el enorme diferencial entre las tasas de Cencoex, Sicad y Simadi.

3.    Reducir el déficit fiscal que generan los incesantes créditos adicionales y retomar la práctica de un solo presupuesto, evitando financiar el déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo en la producción que luego buscan dólares.

4.    Restituir la autonomía del BCV en el manejo de las reservas internacionales y emisión de dinero, en función de mejorar la relación entre liquidez monetaria y reservas internacionales (M2/RI), lo cual fortalecerá el respaldo en divisas de la moneda nacional.

5.    Enfrentar el monopolio que favorece a Dólar Today, suministrando abundante información oficial, oportuna y veraz, sobre el ingreso en divisas del país, los montos liquidados y las personas naturales y jurídicas que resultaron favorecidas. @victoralvarezr

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

En Venezuela, el 70% del PIB lo aporta el sector privado y, por tanto, los problemas de desabastecimiento y escasez están estrechamente vinculados a la forma como el factor capital percibe el clima de inversión en el país. El sector empresarial suele atribuir a las expropiaciones, inseguridad jurídica, conflictividad laboral y al frecuente cambio en las reglas del juego, las causas más importantes que desalientan y alejan la inversión. Según diferentes encuestas, más del 80 % del país clama porque los sectores público y privado se pongan de acuerdo y complementen sus capacidades y recursos para superar los obstáculos que se oponen a la inversión productiva y resolver los problemas de desabastecimiento que lo agobian. De allí que vale la pena preguntarse: ¿cuáles deben ser los temas claves para construir esos grandes acuerdos que permitan impulsar el desarrollo económico y social de la Nación?

A la hora de realizar nuevas inversiones, el capital privado siempre estará más interesado en los niveles de ganancia y rentabilidad. Pero al momento de conceder incentivos a la inversión, el gobierno pondrá el énfasis en el impacto de estos en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. ¿Se trata de objetivos antagónicos o complementarios? ¿Es posible plantearse un objetivo adicional que pueda convertirse en un punto de consenso entre ambas partes? Veamos.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

El precario desempeño de la inmensa mayoría de las empresas estatizadas obliga a repensar la expropiación total y absoluta como vía para socializar la propiedad de los medios de producción y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Pero no cabe en nuestro mapa mental la idea de la democratización de la propiedad para que en una misma empresa puedan convivir los modos capitalistas y socialistas de producción y distribución. Solo rompiendo dogmas de lado y lado, pudiéramos abrirle espacio a una solución en la que coexistan ambas lógicas y se haga innecesario expropiar para demostrar que se está avanzando en la transición hacia una sociedad libre de pobreza y exclusión social.

Estatizar no es socializar, ni mucho menos democratizar la propiedad. Las expropiaciones no rindieron los resultaros que el gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo, la corrupción y el pseudosindicalismo que impidió la participación de los trabajadores directos en la dirección y gerencia de esas empresas. En adelante, el talante controlador y punitivo de la política económica debe abrirle paso al diseño de políticas y estrategias concebidas para estimular la inversión y la producción. Con este fin, el gobierno nacional pudiera ofrecer a la inversión nacional y extranjera un porcentaje de participación accionaria en las empresas expropiadas y estatizadas que tienen potencial y pueden ser rescatadas del burocratismo y la corrupción, animando esta inversión con un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc. Asimismo, la democratización de la propiedad de estas empresas debe contemplar la participación de los trabajadores en todos sus niveles gerenciales, administrativos y operativos, de tal forma los dividendos que correspondan a su participación accionaria, en lugar de ser repartidos como dividendos individuales,  sean la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones laborales en la empresa, aliviando así la presión sobre las exigencias de los trabajadores en cada contratación colectiva, la cual en gran medida quedarían cubiertas con la inversión laboral de este porcentaje de ganancias.

La Bolsa Pública de Valores

La democratización del capital y de la propiedad de las empresas estatizadas se puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional. La Bolsa Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.

Como contrapartida al financiamiento blando que la empresa recibiría de la banca pública, aquella emitiría por un valor equivalente el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y grado de bienestar.

Con el porcentaje de ganancias que corresponda a la participación accionaria del Consejo de Trabajadores –incluyendo el rendimiento que se obtenga de sus colocaciones e inversiones-, bien pudieran financiarse las micromisiones sociales en cada empresa. Así, estos recursos sería destinados a sostener el Mercal para los trabajadores de la empresa, la Misión Salud Adentro para toda su nómina, la Misión Vivienda para quienes aún no tengan casa o apartamento propio, la Misión Ribas para los que deseen terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus estudios universitarios, etc., aliviando la carga fiscal que representa la política social, la cual tendría un carácter menos asistencialista y compensatorio, y quedaría cada vez más vinculada al esfuerzo productivo de los beneficiaros de estos programas sociales.

Ganar-ganar

A través de estas empresas mixtas, la inversión privada comenzaría a participar de manera activa y protagónica en la lucha contra el desempleo, la desigualdad y la pobreza, y retribuiría al país los recursos públicos que recibe para hacer más rentable su actividad económica. A su vez los trabajadores –en lugar de atizar un clima de conflictividad laboral-, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero de las empresas, toda vez que –al convertirse en copropietarios sociales de las mismas a través del Consejo de Trabajadores- asegurarían que, en adelante, el porcentaje de las ganancias correspondiente a su participación accionaria sea la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los trabajadores de la empresa. @victoralvarezr

La tragedia industrial de Venezuela

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Para enfrentar los problemas de escasez en el sector automotor, el gobierno  anunció una subasta de 400 millones de dólares a la tasa Sicad de 12 Bs/$ para la importación de repuestos, vehículos y autobuses. Así, mientras por un lado se anuncia la creación de una Comisión Presidencial para Sustituir Autopartes, por otro lado se informa que “En dos meses llegarán al país, provenientes de China, repuestos de alta rotación para suplir las necesidades del transporte de pasajeros y carga”. Por si fuera poco, se anuncia la voluntad de reactivar las ensambladoras, así como la inauguración en octubre de la fábrica de autobuses Yutong, pero al mismo tiempo se informa que el gobierno importará 20.000 taxis y 1.000 autobuses desde China.

Este trágico anuncio incluye la importación de 500 mil cauchos y 500 mil baterías, además de frenos, filtros y materias primas para repuestos que en su gran mayoría pudiera fabricar la industria nacional, y ser suministrados por las empresas básicas que fueron creadas precisamente para proveer insumos al sector transformador. Pero en reciprocidad, Venezuela se compromete a ser una fuente segura de materias primas como hierro, aluminio, gas, petróleo, etc. que serán transformados en productos de mayor valor agregado en la gran fábrica del mundo en la que se ha convertido China, para ser luego reexportados a Venezuela a un precio mucho mayor.

Estas contradicciones son la expresión de la dejadez propia de la cultura rentista que opta por el camino fácil de importar, en lugar de priorizar la industria nacional, la cual está trabajando apenas al 50% de su capacidad instalada, pero que pudiera duplicar su producción generando miles de empleos productivos, si las compras gubernamentales se reorientaran en favor de la producción nacional. Irónicamente, al desgano rentista se terminan pegando muchas empresas industriales que antes se esmeraban por aumentar el porcentaje de contenido nacional en el producto final, pero que ahora pujan porque se les asignen las divisas baratas de la menguada renta petrolera, toda vez que ven mucho más rentable importar a la ventajosa tasa de 6,30 o 12 Bs/$, en lugar de transformar las escasas y caras materias primas e insumos nacionales en productos de mayor contenido tecnológico.

La tragedia industrial

A desvencijar la industria nacional contribuye la creciente desarticulación ministerial, la cual se observa cuando asuntos que en rigor corresponden al Ministerio de Industrias, se le asignan al Ministerio de Transporte Terrestre, despacho que debería estar concentrado en la repotenciación de la vialidad, que es donde viene cumpliendo una notable labor.

Bajo el pretexto de potenciar la cooperación internacional para superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación, Venezuela viene firmando decenas de acuerdos comerciales financiados a través del Fondo Chino para importar a 6,30 y 12 Bs/$ una variada gama de manufacturas que lapidan cualquier posibilidad de reactivar y reimpulsar la industria nacional. Lo peor de esta tragedia es que -ante la certeza de que no podrán competir con los productos Made in China en el mercado nacional, ni mucho menos en el mercado internacional-, crece el número de industriales venezolanos que se metamorfosean de productores en importadores y se transmutan en representantes de las compañías del gigante asiático que inunda y ahoga el pequeño mercado venezolano.

Las aberraciones del rentismo llevan a los voceros empresariales a reclamarle al gobierno un cronograma de subastas y liquidaciones de divisas preferenciales, en lugar de enfocar su reclamo en la fijación de una nueva tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional. Una tasa de cambio competitiva es una condición básica para reimpulsar la industrialización y poder sustituir de manera eficiente el enorme volumen de importaciones que se sigue haciendo a una tasa de cambio subsidiada. Además, el respaldo a la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras permitirá generar un creciente ingreso en divisas privadas que permita superar la tradicional dependencia y dominación que el sector privado sufre por parte del gobierno que monopoliza el 95 % del ingreso petrolero.

Los verdaderos industriales, en lugar de empeñarse en pedir asignaciones de divisas preferenciales, deberían reclamar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la manufactura nacional. Esta es una premisa clave para reindustrializar la economía venezolana. Lamentablemente, con la excepción de un sector cada vez más reducido de industriales nacionalistas que bien podrían ser considerados como héroes de la resistencia, se perpetra la tragedia industrial venezolana. Con esta inercia importadora se siguen rompiendo importantes eslabones en las cadenas productivas de textil-confección, química, plásticos, juguetes, metalmecánica, electrodomésticos, vehículos y autopartes, maquinarias, equipos de computación y telefonía que no pueden competir con los bajos costos que asegura la abundante y barata mano de obra china, mucho menos si tales manufacturas se importan a una ruinosa tasa de 6,30 o 12 Bs/$. De hecho, en la última década la densidad industrial en Venezuela cayó de 0,33 establecimientos por mil habitantes a solo 0,25. ¿Qué fábrica nacional puede florecer o al menos sobrevivir ante la competencia de importaciones realizadas a una tasa de cambio subsidiada, cuando aquí la inflación en los dos últimos años fue de 56 % y 68 % y en lo que va de 2015 corre a un ritmo de 10% mensual?

Así, importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Salir de este círculo vicioso exige impulsar la industrialización de la economía venezolana. Pero en lugar de reeditar el fallido intento de una industrialización basada en la explotación del trabajo ajeno, el uso intensivo de materias primas y energía, la depredación del ambiente y los desequilibrios territoriales, en adelante se impone impulsar un nuevo tipo de industrialización sustentado en diferentes formas de propiedad social, nuevos principios para la justa remuneración del trabajo y la inversión social de los excedentes, el uso intensivo de información y conocimientos científicos y tecnológicos, la preservación del ambiente y el desarrollo armónico y proporcional de las regiones. @victoralvarezr 

viernes, 7 de agosto de 2015

Hacia un nuevo discurso empresarial

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Un viejo proverbio reza que: "Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie...", cuyo significado es que quien hace un daño debe recibir el mismo daño como castigo. Sin embargo, la sabiduría de Mahatma Gandhi nos ayudó a entender que la venganza no es un buen camino, toda vez que solo enardece y amplifica el odio entre las personas. En su famosa frase "Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego", el sabio hindú resumió la potencia de su mensaje.


Este mensaje es muy oportuno, sobre todo en momentos en que las relaciones entre el gobierno y el sector privado cada vez se tensan más y parecieran estar llegando al punto de no retorno. La amenaza del “revolcón”, de “no más dólares para Fedecámaras” y de intensificar “las acciones contra la guerra económica”, crean un clima nada favorable a la inversión productiva, justo cuando si algo necesita el país para superar los graves problemas de caída de la producción, desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación es precisamente más inversión nacional y extranjera en todos y cada uno de los sectores de la economía, particularmente en la agricultura, la industria y el comercio.

Un reencuentro necesario

Según el DRAE empresa significa: “Acción de emprender. Acción arriesgada o de cierta dificultad, en especial cuando se emprende con la intervención de varias personas. Unidad económica de producción de bienes y servicios”. Mientras que empresario lo define como: “1) Director de una empresa que reúne los factores de producción y los dispone con arreglo a un plan para obtener su mejor rendimiento. 2) Propietario o contratista (…) que contrata los servicios de otras personas a cambio de una remuneración”.

En el socialismo del siglo XX, la figura del empresario fue satanizada y reducida a la del explotador del trabajo ajeno y depredador del ambiente. Con el argumento de desterrar cualquier posibilidad de restauración capitalista se prohibió y penalizó el emprendimiento particular y colectivo, inhibiendo así la creación de empresas productivas. En consecuencia, la baja densidad de empresas por cada mil habitantes originó una permanente escasez de los bienes y servicios más elementales para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población. Hoy en día, hasta Cuba ha reconocido en este error una de las principales causas de su prolongado racionamiento y, medio siglo después de su Revolución Socialista, ha aprobado una nueva Ley de Inversiones que ofrece incentivos sin precedentes a la inversión privada nacional y extranjera.

En su objetivo cardinal de erradicar la pobreza y el hambre, el Socialismo del Siglo XXI no puede quedar preso de esas ideas muertas y obsoletas. Por el contrario, tiene que reconocer la importancia de la inversión nacional y extranjera para aumentar la densidad de empresas en todas las ramas de actividad económica que ayuden a erradicar el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Más bien, lo que se impone es promover y apoyar la multiplicación de un nuevo tipo de empresario, comprometido con la construcción de un modelo productivo diferente, en el que sea posible el desarrollo humano integral y se preserve el ambiente para las generaciones futuras.

Un nuevo discurso empresarial

La imagen y prestigio del empresario no puede basarse exclusivamente en su éxito económico, financiero o gerencial. Asimismo, el discurso empresarial limitado a la demanda de divisas y a los factores que perturban sus metas de producción, ventas, ganancia o rentabilidad, lo hacen ver como un sector poco sensible y nada comprometido con el bienestar social del país. Por este discurso centrado solo en su propio interés, termina siendo el malo de la partida, fácil víctima de quienes monopolizan el discurso de la lucha contra el desempleo, el hambre y la pobreza.

Por supuesto que lo primero que tiene que hacer un empresario es garantizar la viabilidad económica y financiera de sus empresas, pero el empresario con genuina responsabilidad social, también tiene que estar inspirado y animado por principios de solidaridad, cooperación y complementación, por su vocación de servicio a la sociedad. En consecuencia, el nuevo discurso empresarial no puede limitarse a los asuntos que repercuten solo en el desempeño de su empresa, sino que tiene que ampliarse a otras dimensione que van desde los asuntos de su entorno comunitario, hasta los problemas que se derivan de la nociva idea del crecimiento infinito en un planeta con recursos cada vez más finitos.

Si el sector empresarial realmente está comprometido con la defensa y protección del ambiente no puede hacerle el juego a la idea de crear nuevos productos solo para inducir necesidades superfluas y rendirle culto a la sociedad de consumo que confunde la felicidad y el bienestar con la riqueza material. Alienar con penetrantes campañas publicitarias la conciencia de los seres humanos para que vivan pendientes de la próxima moda, exacerbando así el consumismo como estrategia para vender más y así ganar más, es una manera de cavar su propia fosa. Más bien, el empresario comprometido con un mundo mejor está llamado a ser un líder con capacidad para planificar, organizar y dirigir con éxito la producción de los bienes y servicios básicos y esenciales que necesita la sociedad, sin que ésta tenga que pagar el impacto social y ambiental de procesos productivos basados en la explotación intensiva del ser humano y de la naturaleza.

Cooperación entre los sectores público y privado

Con frecuencia, el empresario crea o consolida sus empresas gracias al financiamiento público y otros incentivos arancelarios, fiscales, financieros y cambiarios que el Estado les concede. Esto debe ser socialmente retribuido no solo con el pago oportuno del crédito recibido, sino con la dignificación de las condiciones laborales, con la distribución progresiva del ingreso y con la protección del ambiente.

El empresariado venezolano equivoca su estrategia cuando se enfoca en justificar la caída de la producción con el argumento de la falta de divisas que le impiden importar las materias primas, insumos o repuestos que requiere para producir. El nuevo discurso empresarial tiene que reorientarse hacia la definición de un nuevo tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía nacional, de tal forma que pueda ganar y fortalecer su competitividad internacional en función de generar sus propias fuentes de divisas que le permitan ser cada vez menos dependientes de los dólares preferenciales de la renta petrolera.  

En el caso de las empresas públicas o de la economía social, estas no pueden seguir dependiendo de los créditos adicionales y de las transferencias que les otorga el gobierno. Sin bien son empresas sin fines de lucro, también tienen que ser empresas sin vocación de pérdida, llamadas a generar un creciente excedente, el cual no es distribuido como ganancia capitalista sino invertido como ganancia social en beneficio de los trabajadores y de la comunidad

El discurso empresarial tiene que demostrar un creciente grado y compromiso con la resolución de los principales problemas sociales y ambientales que la Nación confronta. No puede despachar ese compromiso argumentando que esos son asuntos del gobierno y que para eso paga los impuestos. El nuevo empresario que Venezuela necesita tiene que estar consciente que si no contribuye a transformar el actual modo de producción, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, lo que está en juego la viabilidad de su propia empresa, toda vez que  lo que está cada vez más comprometida es la propia vida del planeta.

El compromiso con un nuevo modelo social y productivo

El nuevo Socialismo del Siglo XXI no puede satanizar la figura del empresario. Por el contrario, tiene que reconocer la importancia de promover el desarrollo de un nuevo tipo de empresario, comprometido con la construcción de un modelo productivo diferente, en el que se erradiquen las causas estructurales del desempleo y la pobreza. Lo está haciendo Cuba, por qué no Venezuela.

Hasta ahora, el esfuerzo por derrotar el desempleo, la pobreza y la exclusión social ha sido realizado fundamentalmente por el gobierno. Pero cuando las políticas oficiales muestran sus límites para  mejorar los indicadores sociales, se impone una actuación mucho más focalizada. Es aquí donde la empresa privada puede dar su contribución, al ofrecerse como el nuevo escenario para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de la política social. A través de la apertura de la empresa privada a la construcción de un nuevo modelo social y productivo se facilitará el tránsito del asistencialismo y la compensación como mecanismos de dominación propios del neo-rentismo populista, hacia un nuevo modelo orientado a la inclusión y liberación productivas.

Con este fin, el discurso empresarial no puede reducirse a aumentar su ganancia y rentabilidad. Figurar en el ranking de las empresas más rentables o competitivas puede ser importante para el orgullo de sus accionistas o dueños, más no para demostrar la importancia de la empresa privada en la construcción de una Venezuela libre de pobreza y exclusión social.

El nuevo discurso empresarial tiene que asumir el compromiso de construir un nuevo modelo productivo emancipador, equitativo y sustentable, gobernado por el valor del esfuerzo productivo y no por la captación de rentas, que promueva la participación de los trabajadores y de la comunidad, que estimule y apoye nuevas formas de propiedad social sobre los medios de producción que amplíen las fronteras de la propiedad privada y estatal como las únicas formas de propiedad.

Si el sector privado quiere contribuir al desarrollo humano integral, tiene ahora una gran oportunidad. Dicho más claramente, cuando las empresas también pueda hacer lo que la Misión Ribas o Sucre, apoyando a sus trabajadores para que completen el bachillerato y a los que tiene vocación universitaria para que saquen su carrera; cuando las empresas puedan hacer los mismo que la Gran Misión Vivienda y ayudar para que toda su nómina tenga casa propia; cuando las empresas ofrezcan un espacio para instalar un Mercal y allí los trabajadores puedan adquirir, a precios solidarios, los alimentos que necesitan llevar todos los días a la mesa de su casa; cuando dispongan de un consultorio para atender la salud de sus trabajadores, ese día la empresa privada -sin tener que renunciar a sus objetivos de ganancia y rentabilidad-, empezará a ser vista como un factor comprometido con la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de la sociedad.

La política social no compete solo al gobierno. Una buena política social empresarial, que mejore las condiciones de vida y minimice los conflictos laborales, termina siendo también una buena estrategia empresarial y es de cardinal importancia para contribuir a la paz laboral. Por eso, esta pugnacidad entre el gobierno y el empresariado venezolano debería ser sustituida por la complementación de capacidades y recursos entre los sectores público y privado para llevar las Micromisiones sociales a todas las empresas, que es lo que realmente interesa a los trabajadores y sus familiares.

El problema como oportunidad

El momento más oscuro de la madrugada es justo antes del amanecer. En momentos en los que pareciera que la economía hace aguas, nada se consigue y todo está más caro, el empresariado venezolano tiene la oportunidad de demostrar que no es parte de ninguna guerra económica contra el gobierno y, en vez de seguir reclamando las divisas de una menguada renta petrolera, asumir una actitud mucho más propositiva y comprometida con la calidad de vida y el bienestar de los venezolanos, planteándole al gobierno un canje de incentivos de política económica por el cumplimiento de metas concretas en el aumento de la producción, el abastecimiento y los precios.

El agravamiento de los problemas de escasez es al mismo una oportunidad para que el sector empresarial demuestre que es capaz de hacer mejor que el Estado las tareas de producir-distribuir-comercializar a precios competitivos y solidarios los productos y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente. No se trata solo de ampliar la cobertura de sus iniciativas de responsabilidad social, las cuales con frecuencia son percibidas como una simple estrategia publicitaria o de marketing, y no como una actuación sincera y de verdadero impacto en la lucha contra la pobreza. Se trata de un elemental principio de reciprocidad para mejorar la cooperación entre empresa privada y gobierno. Si el gobierno toma las medidas cambiarias, fiscales, monetarias, financieras, de precios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación del talento humano, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc., entonces el sector empresarial privado se compromete con metas concretas para aumentar la producción, superar los problemas de desabastecimiento hasta erradicar completamente los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población.      

Si seguimos en este “ojo por ojo” cada vez habrá menos empresas y más desempleo, más buhoneros y más bachaqueros. Estos no son enemigos políticos del gobierno, pero al buscar la forma de poner comida en la mesa de su casa serán vistos como mercenarios de la guerra económica en su contra. Para dejar de ser el malo de la película, el nuevo empresario tiene que ser percibido como un agente de cambio, un promotor y protagonista de las grandes transformaciones que el país necesita, un constructor de la nueva sociedad que no tiene problema alguno en complementar sus capacidades y recursos con el gobierno para que juntos -en lugar de estar enfrentados y anulándose el uno al otro-, puedan convertirse en las dos portentosas turbinas que sean la gran fuerza motriz de las transformaciones económicas y sociales que el país hoy más que nunca necesita. @victoralvarezr

La dolarización espontánea

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La dolarización de una economía comienza como un fenómeno espontáneo a través del cual las personas naturales y jurídicas buscan protegerse de la acelerada pérdida del poder adquisitivo que sufre la moneda nacional. Así, la economía gradualmente va cotizando y transando un número creciente de mercancías en dólares. Esta práctica se inicia en el mercado inmobiliario y con los productos que tienen un alto componente importado, tales como vehículos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, etc., pero luego se extiende a todos los mercados y ramas de la economía.

La dolarización como fenómeno espontáneo encuentra su principal factor propagador en las desviaciones y errores de la política económica, sobre todo cuando el creciente déficit fiscal tiende a ser financiado con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que disuelven el poder de compra de la moneda nacional. Un coctel perfecto para catalizar la dolarización surge cuando las tasas de interés permanecen largo tiempo congeladas y no compensan lo que pierden los ahorros debido a la inflación. En esas condiciones, nadie quiere ahorrar en moneda nacional y todos buscan dólares a cualquier precio para proteger el poder de compra de los recursos familiares y empresariales. 

¿En qué consiste la dolarización?

La dolarización oficial consiste en una decisión entre el gobierno y la autoridad monetaria para sustituir el signo monetario nacional por el dólar. Aunque inicialmente los gobiernos y autoridades monetarias de esos países se resistieron a aplicar la medida, en América Latina solo Panamá, Ecuador y El Salvador tienen economías oficialmente dolarizadas.

Al dolarizar, el instituto emisor cambia toda la moneda nacional en circulación por divisas. Un factor clave es la tasa de cambio a la cual se transforma en dólares la moneda nacional. Como la tasa de cambio es una relación entre dos monedas, una referencia elemental para convertir la moneda nacional por dólares puede ser la división de la liquidez monetaria entre las reservas internacionales (LM/RI). En Venezuela, este resultado está en torno a los 100 Bs/$, la mitad del Simadi y apenas un 25 % de la cotización del dólar paralelo.

Como es lógico suponer, las personas naturales y jurídicas querrán recibir la mayor cantidad de dólares por las monedas, billetes y depósitos bancarios que tienen. Sin embargo, en presencia de un régimen de cambios múltiple en el que prevalece una abismal diferencia entre las diferentes tasas de cambio, para obtener más dólares la gente exigirá que se le cambien sus bolívares a la tasa más barata, mientras que el Banco Central procurará hacer rendir las reservas internacionales aplicando la tasa de cambio más cara para y recibir así la mayor cantidad de moneda nacional por cada dólar que entregue.

Para despejar el terreno y evitar un confrontación que pueda complicar aún más la administración de la medida, -antes de dolarizar-, las autoridades pueden unificar el régimen de cambios múltiple en torno a la tasa oficial más alta, la cual se aplicaría para el canje de bolívares por dólares una vez que se haya oficializado la medida de dolarizar la economía.

Dolarización oficiosa, más no oficial

En el caso venezolano, la práctica de la dolarización no puede ser considerada como un capítulo más de la guerra económica a la cual el gobierno atribuye los graves problemas de escasez, acaparamiento y especulación que azotan a la población.

Muchas y variadas son las medidas adoptadas por el propio gobierno que han contribuido a crear una cultura de la dolarización. Desde la emisión de bonos de Pdvsa denominados en dólares que se compraban en bolívares, hasta el Convenio Cambiario N° 33 que dictó las normas para las operaciones en divisas en el sistema financiero nacional, pasando por el Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Convenio Cambiario Nº 20 que autorizó la apertura de cuentas en divisas, el gobierno ha venido flexibilizando las condiciones que permiten realizar un creciente número de transacciones financieras y comerciales en dólares. Quienes tienen cuentas en divisas en la banca nacional pueden realizar transferencias electrónicas desde y hacia el exterior, lo cual facilita las operaciones de compra-venta en dólares. En el caso de las empresas, éstas pueden mantener fondos en divisas destinados a la adquisición y pago de bienes y servicios relacionados con los proyectos de inversión que ejecutan en el país.

Aunque oficialmente no termina de publicarse la medida en la Gaceta Oficial, la compra-venta de vehículos en divisas acelerará aún más el fenómeno de la dolarización. En efecto, al aceptar que las ensambladoras vendan vehículos en dólares se abren nuevos senderos para extender la dolarización hacia otros mercados. Tengamos en cuenta que la adquisición de vehículos mayoritariamente se realiza a través de préstamos bancarios, lo cual lleva a pensar que la dolarización se extenderá a la firma de los contratos crediticios. Lo mismo ocurre con las pólizas de seguro que son obligatorias para protegerse del robo o pérdida total, en caso de choque o accidente. Como  la reposición del vehículo solo podrá hacerse en dólares, se supone que la póliza también tendrá que ser en dólares. Incluso, cualquier reparación que implique la sustitución de piezas y repuestos importados seguramente tendrá que pagarse en dólares que ya no proveen ni Cencoex ni Sicad.

¿Es buena o mala la dolarización?

En un país donde el 95 % de las divisas que ingresan pertenece al Estado, el régimen cambiario suele estar supeditado a los vaivenes de las finanzas públicas. Mientras abundan los petrodólares, el ingreso fiscal de origen petrolero es alto y la tasa de cambio oficial suele ser baja. Pero cuando caen los precios del petróleo y las divisas se tornan cada vez más escasas, el gobierno ya no puede darse el lujo de venderlas tan baratas y devalúa para obtener más bolívares por cada dólar. La devaluación fiscalista suele tener un fuerte impacto inflacionario debido al alto componente importado con el que opera la economía nacional, el cual se encarece con cada devaluación. En este sentido, la dolarización elimina las devaluaciones fiscalistas, toda vez que el gobierno no podría vender más caros los petrodólares con el fin de incrementar sus ingresos fiscales. Pero al erradicar esta especie de impuesto cambiario, la corrección de la brecha fiscal tendría que hacerse, o bien reduciendo el gasto público, a bien a través de una reforma tributaria para recaudar más impuestos.

Una de las grandes críticas que se le hace al actual gobierno y al BCV tiene que ver con el auge inflacionario que genera la emisión de desmesuradas cantidades de dinero sin respaldo en la producción para financiar el déficit fiscal. Cada emisión de dinero inorgánico deteriora aún más el desbalance entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios. Mucho dinero y pocos productos, mucha demanda y poca oferta en u mercado signado por crecientes índices de desabastecimiento y escasez. Y mucho dinero persiguiendo pocos productos no puede ocasionar otra cosa que no sea más y más inflación. Si bien es cierto que la dolarización erradica la perversa práctica de monetizar el déficit fiscal, también lo es que el país dolarizado renuncia al margen de maniobra que ofrece la política monetaria para expandir o contraer la cantidad de dinero en circulación, en dependencia de los objetivos de política económica que se platee lograr. No obstante, al aliviar las presiones inflacionarias derivadas de las emisiones  de dinero sin respaldo, se pueden lograr tasas de interés reales positivas que estimulen el ahorro y alivien las presiones de demanda que atizan la inflación. A su vez, tasas de interés que no persigan la inflación tienen a bajar y a reducir los costos financieros, estimulando así la inversión productiva y la generación de abundantes empleos estables y mejor remunerados.

El asunto está en que un país dolarizado tiene que generar suficientes dólares. Pero la economía rentista venezolana prácticamente no produce ni exporta nada que sea no sea petróleo. Es la única actividad que genera divisas a un país que tiene que pagarlo todo en dólares. Por lo tanto, hasta tanto se conforme un sólido aparato productivo -capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable-, el ingreso en divisas dependerá del comportamiento errático de los precios del petróleo. @victoralvarezr

La pulverización del bolívar

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El artículo 318 de la CRBV plantea que “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República”. Sin embargo, de manera oficiosa se conoció que el gobierno está conteste conque las ensambladoras armen vehículos para venderlos en dólares. Trabajadores de las plantas aseguran que ya se han concretado 1.187 operaciones en moneda extranjera y que los compradores pagaron con transferencias en bancos del exterior. Ford ofrece la camioneta Explorer en $ 69.800, la EcoSport en $ 36.900 y el camión Cargo 1721 en $ 70.000.

La dolarización suele ser un fenómeno espontáneo a través del cual las personas buscan protegerse de la erosión que sufre el poder de compra de la moneda nacional. Así, la economía gradualmente va cotizando y transando un número creciente de mercancías en dólares. Sobre todo cuando se trata de productos con un alto componente importado, como vehículos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, etc. Como no resulta rentable comercializarlos en bolívares que luego no alcanzan para reponer las divisas cada vez más caras, se va imponiendo la práctica de fijar el precio y hacer la transacción en dólares.

Debido al colapso de ingreso petrolero, el gobierno no puede garantizar la liquidación oportuna de divisas a los sectores productivos. Sin embargo, les exige que sigan operando para mantener el empleo que allí se genera. Por tal razón, ha comenzado a flexibilizar los mecanismos para que éstos obtengan las divisas por otras vías y así quitarse de encima la enorme presión que tiene de las ensambladoras. Al recibir las divisas directamente de los compradores, las automotrices importan el material de ensamblaje y se mantienen operativas.

Una medida discriminatoria y excluyente

Para un gobierno que tiene como bandera la igualdad y la inclusión social, la dolarización representa una discriminación en contra de la mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a las divisas. Solo los privilegiados que lograron capturar una tajada de los dólares de Cadivi/Cencoex/Sicad podrán adquirir esos bienes en dólares. La inmensa mayoría de trabajadores que viven de un ingreso fijo en bolívares tendrían que convertirlo en dólares a la tasa de cambio más cara, lo cual les cierra todo acceso a esta clase de bienes dolarizados.

La venta de vehículos en dólares se suma a  la dolarización de las líneas aéreas y abre vías para que otros sectores con alto componente importado que no están recibiendo divisas ni de Cencoex ni de Sicad planteen aplicar esta misma modalidad. Cabe esperar, entonces, que la dolarización se convierta en un fenómeno cada vez más expandido en todas las cadenas de la industria y el comercio que no tienen acceso al dólar preferencial y que -para no cerrar sus negocios- ven en esta modalidad la posibilidad de su salvación.

¿Por qué se dolariza la economía venezolana?

Como toda moneda, el bolívar tiene como funciones básicas las de servir de unidad de cuenta, de medio de cambio y de depósito de valor. Cuando esas funciones comienzan a deteriorarse, la dinámica económica tiende de manera espontánea y natural a utilizar otra moneda que pueda cumplir de mejor manera tales funciones.  La contracción de la producción nacional, las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal y la caída de las reservas internacionales se han juntado para pulverizar el poder de compra del bolívar. Por lo tanto, la dolarización es la consecuencia inevitable del sostenido deterioro de la moneda nacional.

En la economía venezolana hay una inmensa cantidad de productos cuyo precio se define primero en dólares y luego se traduce en bolívares a la tasa de cambio más alta. Y aunque el bolívar se utilice como medio de cambio, en realidad es el dólar el que se ha usado como unidad de cuenta. Sin embargo, cada vez son más las operaciones de compra y venta que no solo se contabilizan en dólares, sino que también se transan en esa divisa.

Como el bolívar se vuelve sal y agua debido a la inflación, se busca ahorrar en dólares. Con inflaciones de 56  y 68 % en los últimos años y la amenaza de una inflación mayor a 100 % en el 2015, el bolívar no luce como la moneda más adecuada para preservar la capacidad de compra de los ahorros. Por eso la gente prefiere salir tan rápido como pueda de unos bolívares que se deshacen como hielo en el fogón inflacionario. A medida que los dólares son más escasos, su precio sube y se convierte en un mejor depósito de valor para preservar la capacidad adquisitiva de los bolívares que se utilizaron para comprarlos.

Por todas estas razones, el dólar se viene utilizando cada vez más como unidad de cuenta, como medio de cambio y como depósito de valor. Dicho al revés, el bolívar se utiliza cada vez menos como unidad de cuenta para expresar los precios. De hecho, viviendas, locales comerciales, vehículos, electrodomésticos, teléfonos celulares, licores, pasajes aéreos  y un número creciente de mercados  actualmente se cotizan en dólares. El bolívar también se está dejando de utilizar como medio de pago y aunque las operaciones se legalicen en bolívares en la notaría o registro mercantil, con frecuencia la transacción se ha hecho en dólares. Adicionalmente, unas tasas de interés artificialmente bajas que no compensan el poder de compra que la inflación le quita a los ahorros, agravan la aversión al bolívar como reserva de valor.

La dolarización es la consecuencia de la pulverización del bolívar, es la expresión más cruda del fracaso del régimen de cambios múltiples, el cual debe abrirle paso a la unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad de la economía nacional. De esta forma se podrán sustituir importaciones, respaldar la competitividad de las exportaciones no petroleras, generar nuevas fuentes de divisas que compensen el menguado ingreso petrolero, y fortalecer las reservas internacionales. Solo así se podrá restituir el valor del signo monetario nacional. @victoralvarezr

¿Qué pasa con el Simadi?

Víctor Álvarez R.
Premio nacional de Ciencias

En su visita a La Habana, el presidente de Francia, Francois  Hollande, se sumó a los mandatarios que piden la anulación del bloqueo económico  estadounidense contra Cuba, el cual impide el flujo de inversiones francesas hacia la isla, perjudica el desarrollo de  la economía cubana y dificulta la satisfacción plena de las necesidades básicas y esenciales de su gente.

El gobierno cubano presidido por Raúl Castro despliega una intensa campaña internacional para divulgar su nueva Ley de Inversiones Extranjeras y los incentivos que ofrece la isla para atraer capitales que le permitan superar más de medio siglo de bloqueo y auto-bloqueo económico, con sus nefastas consecuencias de caída de la producción, escasez, racionamiento, acaparamiento y especulación.

Despojado de viejas ideas que hoy resultan totalmente anacrónicas e inservibles para mejorar la calidad de vida de su población, la Revolución Cubana actualiza su modelo económico y asume a las inversiones extranjeras no como el “invasor imperialista” sino como un “socio fraternal”.

El gobierno cubano entiende perfectamente que la posibilidad real de tener acceso a las fuentes de financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y mercados para sus productos está estrechamente vinculada a los incentivos que sea capaz de ofrecer para atraer nuevas y crecientes inversiones.

Por eso Cuba aprobó su nueva Ley de Inversión Extranjera, ofrece incentivos fiscales, seguridad jurídica, servicios de calidad y paz laboral en sus zonas especiales de desarrollo, reforma y abre a la inversión la empresa estatal socialista, corrige las distorsiones cambiarias y avanza en la unificación monetaria.

No hay dólares para Fedecámaras (ni para Fedeindustria tampoco) 

Miguel Pérez Abad, en su condición de Comisionado del Estado Mayor Económico, informó recientemente que “Se acabaron los dólares baratos para el sector productivo”. Por lo tanto, ya no habrá más divisas a las tasas Cencoex-Sicad para el sector privado, el cual tendrá que acudir al Simadi.

Pero la adquisición de divisas a través de este sistema solo será posible siempre y cuando se surta cada vez más de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones privadas no petroleras, repatriación de capitales y turismo internacional.

Mientras tanto, la insuficiente oferta de divisas en el Simadi seguirá dependiendo de la menguada renta petrolera y de la precaria disponibilidad del BCV, el cual ha visto caer el nivel de reservas internacionales a su nivel más bajo en la última década.

 

Simadi: un sistema entre privados

A diferencia de Sicad 2 -que en su momento fue anunciado como un sistema regido por la libre oferta y demanda pero al cual se le impuso la barrera psicológica de 50 Bs/$-, el Simadi comenzó a operar a una tasa de cambio muy cercana a la del paralelo, sin mayor intervención gubernamental.

De hecho, el presidente del BCV, Nelson Merentes, señaló que “el Simadi es un sistema entre privados, por lo que el Gobierno no debería ser un oferente permanente sino ocasional. Hasta ahora, ni PDVSA ni el BCV han colocado montos importantes en el Simadi y de allí la brecha con el paralelo.

Si realmente se quiere incentivar una oferta de divisas de origen privado, el Simadi tiene que ser un régimen cambiario de flotación libre, sin intervención estatal que intente frenarlo para evitar que rompa o se aleje de la nueva barrera psicológica de 200 Bs/$, tal como se ha observado en la última semana.

Pero mientras exista control de cambios y demanda insatisfecha, el mercado paralelo se mantendrá y seguirá arrastrando la tasa Simadi.


El 95% de las divisas que entran a Venezuela son generadas por la factura petrolera de Pdvsa. Como se sabe, con el colapso de los precios del petróleo este ingreso se desplomó a la mitad y por eso el Gobierno activó el Simadi, pero hasta ahora no se ha visto una mayor oferta de divisas privadas que compense la menguada renta petrolera.

En estos momentos, difícilmente los inversionistas extranjeros encuentren otro país con una tasa de cambio más favorable que la del Simadi, un verdadero estímulo cambiario para hacer rendir sus divisas en moneda local. En un contexto inflacionario -con incrementos de precios de 56% y 68 % en los últimos dos años-, el anclaje cambiario obligaba a los inversionistas extranjeros a traer más divisas para poder cubrir los crecientes costos nacionales, y eso castigaba la inversión. En adelante obtendrán más bolívares por cada dólar, lo cual va a disminuir la cantidad de dólares que necesitan para cubrir los gastos domésticos.

Necesario más no suficiente

Con la nueva tasa Simadi, los inversionistas extranjeros que ven a Venezuela con interés pero no terminan de concretar sus proyectos, ahora encuentran un importante incentivo para acelerar sus planes de inversión. Sin embargo, para atraer inversiones extranjeras el incentivo cambiario es necesario más no suficiente. La inversión no fluirá en la escala que el país necesita mientras no se logre estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, transparencia y flexibilidad en los controles; paz laboral; y disponibilidad de insumos básicos, infraestructura y servicios de calidad para la inversión productiva. Hasta Cuba lo ha reconocido en su nueva Ley de Inversión Extranjera.

Mientras se crean las condiciones que estimulen la inversión extranjera, la oferta en el Simadi seguirá dependiendo de las divisas que vendan Pdvsa y el BCV. De allí que un asunto clave que hay que aclarar es la tasa de cambio a la cual los inversionistas extranjeros podrán convertir sus divisas y repatriar luego los dividendos. Para las nuevas inversiones sería Simadi, pero si esta tasa se aplica a los dividendos pendientes de inversiones anteriores, las pérdidas cambiarias serían considerables, toda vez que al entrar al país convirtieron sus divisas a tasa Cadivi-Cencoex, mientras que para salir o remitir dividendos tendrían que comprar las divisas 30 veces más caras. Y ante tal falta de claridad e inseguridad cambiaria nadie va a invertir en Venezuela.

¿Seguirá subiendo el Simadi?

Siendo la tasa de cambio una relación entre dos monedas –en este caso del bolívar frente al dólar-, lo ideal sería que a medida que aumente la oferta de divisas privadas, la tasa Simadi tienda a bajar y estabilizarse en torno a la tasa de cambio implícita que surge de dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales (LM/RI).

La estabilización de la tasa Simadi en torno a la relación LM/RI dependerá en gran medida de que el gobierno corrija el déficit fiscal y elimine su financiamiento monetario a través de las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que viene haciendo el BCV. Adicionalmente, para aliviar las presiones sobre el mercado cambiario se requiere aumentar las tasas de interés y afinar el funcionamiento del mercado interbancario para estimular el ahorro y evitar que estos recursos se trasladen a la especulación cambiaria.

Sin lugar a dudas, la tasa Simadi constituye un poderoso incentivo que mejorará sustancialmente el flujo de caja en bolívares de los inversionistas extranjeros, pero no impactará considerablemente el ingreso en divisas del país, a menos que se creen adecuadas condiciones para la inversión extranjera, empezando por corregir los desequilibrios fiscales y monetarios para que la tasa Simadi deje de estar tan subvaluada, se aproxime a la relación LM/RI y finalmente se estabilice en un nivel que exprese la verdadera productividad de la economía nacional. @victoralvarezr