Víctor
Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Con la reforma de 2006 se forzó la conversión a empresas mixtas de los
convenios operativos y asociaciones estratégicas y se impuso la mayoría accionaria
de PDVSA. Eran los años de la arrogancia rentística en los que el Gobierno presumía
de no necesitar la inversión privada para aumentar la producción de petróleo a
cinco millones de barriles diarios. Pero ahora la situación es muy distinta. Ni
Pdvsa ni el Estado tienen recursos para evitar que la producción siga
declinando.
La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada
vez más pesada y menos rentable. Dos tercios de la extracción actual son de
crudos pesados y extra-pesados, pero el régimen fiscal no toma en cuenta
las diferencias entre los yacimientos. Explotar el petróleo extrapesado de la
FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. La regalía
-que es la remuneración que recibe el Estado por su condición de propietario del
petróleo, pero que el inversionista registra como un costo- en vez de ser un
porcentaje fijo para todos los yacimientos y tipos de crudos, se debería
ajustar según las condiciones concretas de cada uno.
Para que el petróleo no se quede en el subsuelo, esta cruda realidad
financiera impone un nuevo acuerdo nacional que supere la visión del monopolio
estatal y abra la industria petrolera a la inversión privada nacional y
extranjera. Solo así será posible rentabilizar un recurso natural para que
aporte las divisas que un incipiente sector exportador privado no podrá
generar.
Esto implica un nuevo modelo de negocios basado en incentivos fiscales, aumento
de la inversión privada en las empresas mixtas y la apertura al capital privado
en las actividades conexas.
