Con la maniobra de
forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su
período legal de siete años y generar así una crisis institucional en el poder
electoral, el gobierno actúa con mucha astucia y malicia a fin de lograr al
menos los siguientes objetivos:
- Abortar la restauración del prestigio institucional del CNE
La legitimidad de desempeño del poder electoral se venía gestando gradualmente
gracias a un arbitraje institucional liderado por los rectores Roberto Picón y
Enrique Márquez, identificados con la oposición, que opacaron al presidente del
CNE, Pedro Calzadilla, y demás rectores principales y suplentes identificados
con el gobierno.
El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los
electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las Presidenciales de
2024 necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los
intereses del gobierno. Con ese fin procederá a nombrar otros rectores espanta
votos, deteriorar las condiciones electorales y crear dudas sobre la protección
de la identidad de los electores y el resultado de las votaciones.
El objetivo del gobierno con esta maniobra es erosionar la confianza en la
institución del voto, aumentar la apatía electoral y la abstención,
a fin de convertir en mayoría su decadente caudal electoral.
- Dificultar la elección primaria de la Plataforma Unitaria
