jueves, 19 de octubre de 2023

¿Cómo superar el rentismo económico y electoral?

 


La crisis actual de Venezuela es causada por la maldición de la abundancia. Entiéndase por esto la crisis de un país que no supo aprovechar los auges de la renta y creyó que los precios del petróleo se mantendrían en alza para siempre; la crisis de un país que ante cada colapso de los precios creyó que el rentismo había llegado a su fin y tampoco se preparó para manejar la próxima crisis de abundancia; la crisis de un país que creyó ser rico por poseer grandes reservas de petróleo, minerales y materias primas, cuya renta ha sido dilapidada por gobiernos populistas, clientelares y corruptos.

Es la crisis del extractivismo en sus dos versiones: la del capitalismo rentístico y la del neo-rentismo socialista, en el que la voracidad rentista de sus respectivos gobernantes y dirigentes políticos hace posible lo impensable: la coincidencia de visiones ideológica y políticamente antagónicas. Para muestra un botón: tanto en el Plan de la Patria como en el Programa de la MUD se planteó aumentar la producción de petróleo a 6 MMBPD para maximizar la renta y contar con cuantiosos fondos para financiar el gasto clientelar que les permitiera perpetuarse en el poder.

Para salir de la crisis, Venezuela necesita una dirigencia política con visión petrolera no rentista, que comprenda que en estos tiempos de transición energética en el que el uso del petróleo proyectará una tendencia declinante, no tiene sentido el empeño de maximizar las reservas probadas para proyectar al país como una potencia energética, lo cual solo conduce a plantearse irracionales metas de extracción de petróleo en sus propuestas o programas de gobierno.

Si la transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables -que es asumida por una creciente cantidad de países- se plantea la meta de lograr emisiones cero en 2050 -en un plazo de 25 años-, ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de 300 MMMBP de reservas que –a razón de 3 MMBPD o 1 MMMBPA anual- necesitarían 300 años para ser aprovechadas plenamente?

Un cuarto de siglo es lo que queda de plazo para rentabilizar las reservas de petróleo que tiene Venezuela. Si se logra reconstruir la industria petrolera se podrán rentabilizar unos 25 MMMBP, a razón de 1 MMMBPA. Inexorablemente, la mayor parte de los 300 MMM de reservas probadas se quedará en el subsuelo.

Esa crisis actual del rentismo nos impone pensar en un nuevo estilo de desarrollo que aproveche la esperanza de vida que aún le queda el petróleo para echar las bases de un nuevo estilo de desarrollo, socialmente inclusivo, económicamente próspero y ambientalmente sustentable.

Obstáculos para superar el rentismo

 En primer lugar, la tradición estatista sobre la industria que permite al gobierno de turno la administración discrecional de la renta petrolera y la usa como un mecanismo de dominación para premiar a sus incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a sus adversarios u opositores. Así, la debilidad organizativa del poder ciudadano que, sin recursos ni instituciones sólidas, es sometido y dominado por el Estado rentista, degenera en una relación desequilibrada y clientelar en la que las familias, empresas e instituciones no gubernamentales pugnan por el reparto de la renta, sin exigir cuentas ni transparencia en el manejo de la misma.


En segundo lugar, la cultura rentista que espera cubrir el gasto público, financiar inversiones privadas y satisfacer necesidades básicas delos hogares con ingresos que no son fruto de la actividad, inversión y trabajo productivos. Los subsidios y gratuidades indebidos abonan toda clase de resistencias a las iniciativas para superar la dependencia del rentismo, lo cual se expresa en la crítica a la llamada voracidad fiscal de gobiernos locales que buscaron maneras de compensar la merma del situado constitucional debido al colapso de la renta, la crítica al BCV por la insuficiente inyección de divisas al mercado cambiario que debería vender el sector privado, la crítica por los insuficientes bonos de la patria y transferencias monetarias de quienes se acostumbraron a vivir de ingresos que no son fruto de su esfuerzo productivo, la crítica a sincerar tarifas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones y precio de la gasolina por quienes pretenden que todo esto siga siendo subsidiado por la renta petrolera.

En tercer lugar, los obstáculos al emprendimiento productivo, asfixia regulatoria, desequilibrios macroeconómicos, deterioro de la infraestructura y servicios públicos, inseguridad jurídica y desconfianza. Todo esto crea un ambiente adverso que trunca las iniciativas para generar riqueza, prosperidad e ingresos fiscales y divisas no rentísticas.

¿Venezuela puede superar el rentismo reformando el rentismo?

·         Así como la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, la era del petróleo no terminará porque se agote el petróleo. La transición energética tiende a desplazar al petróleo y quedarán muchas reservas sin rentabilizar en el subsuelo. Pero al menos en el próximo cuarto de siglo, el petróleo seguirá teniendo un peso relevante en la matriz energética mundial. Por lo tanto, seguiremos siendo un país petrolero. Irónica o paradójicamente, el reto es rentabilizar el mayor volumen de reservas posible para invertirlo en superar las patologías que nos ha dejado el rentismo.

En el corto y mediano plazo, Pdvsa no tiene la capacidad financiera, técnica, ni gerencial para reactivar sus campos y la mayoría de las empresas mixtas se mantienen a la expectativa de la flexibilización de las sanciones, con apenas una actividad de mantenimiento, pero sin planes concretos de expansión, a pesar de que tienen asignadas el 70% de las reservas probadas del país.

El incentivo a las inversiones extranjeras en la industria petrolera venezolana no depende tanto del volumen de reservas probadas, sino de los límites que imponen las sanciones petroleras, de una visión estatista que limita la inversión privada nacional y extranjera, y de un ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza.

Reconstruir la industria petrolera pasa por adecuar la viabilidad fiscal, legal, contractual y financiera de la explotación petrolera en Venezuela. Esto implica un nuevo acuerdo nacional con base en un nuevo marco legal, un nuevo entorno institucional y una nueva política petrolera que haga posible la optimización del recurso en el plazo que todavía le queda al petróleo como principal fuente de energía.

Esto requiere una nueva visión de la soberanía petrolera que -reafirmando la propiedad pública o común de todos los venezolanos sobre la riqueza petrolera-, permita una mayor participación de la inversión privada nacional y extranjera en las empresas mixtas que se encargarán de perforar los pozos, construir los oleoductos y tanques, y mantener los puertos, muelles y refinerías para así poder aumentar la capacidad de producción y rentabilizar el mayor volumen de reservas posibles.

Ratificando que los yacimientos de petróleo y gas son propiedad común de todos los venezolanos, es necesario para el interés nacional reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos a fin de abrir el desarrollo de la industria petrolera que extrae y rentabiliza esos yacimientos, a la inversión privada nacional y extranjera en empresas mixtas que bien pudieran tener mayoría accionaria del socio privado.

La estrategia sería promover un nuevo acuerdo nacional que exija y apoye la creación de un marco legal y entorno institucional que establezca un claro mandato para que el mayor porcentaje de las regalías, impuestos, ganancias y otros ingresos de origen petrolero que paguen las empresas mixtas se destinen a la creación de Fondos Soberanos.

La misión de estos Fondos no es gastar la renta sino invertirla en acciones, bonos, valores, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos de alta rentabilidad, cuyos rendimientos serían destinados a financiar el desarrollo del capital humano, de capacidades científicas y tecnológicas y al fortalecimiento del sistema de seguridad social para garantizar jubilaciones y pensiones dignas.

De esta forma, el gobierno de turno no podrá despilfarrar la renta en su política clientelar y solo podrá utilizar un porcentaje de los nuevos ingresos de origen petrolero y de los rendimientos de los Fondos como fuente complementaria del presupuesto público, el cual deberá comenzar a financiarse con los impuestos que paguen los contribuyentes.

Esta transición de la cultura rentista a la cultura tributaria dará mucho más poder a los ciudadanos que podrán reclamar a los gobernantes de turno pulcritud y transparencia en la administración de sus impuestos, en vez de estar esperando las dádivas y prebendas del reparto clientelar de la renta. La expansión de las libertades ciudadanas necesita mecanismos que impidan el uso de la renta petrolera como un instrumento de dominación del Estado contra la sociedad.

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lunes, 16 de octubre de 2023

Decálogo para erradicar la inflación: Una propuesta para el debate electoral

 


Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de septiembre fue de 6%, la acumulada entre enero-septiembre sumó 159,4% y la anualizada entre septiembre 2022-septiembre 2023 llegó a 396%. Faltan menos de tres meses para terminar el año y, de mantenerse esta tendencia, se desvanece la expectativa de lograr una inflación considerablemente menor al 234% de 2022.

En lo que resta de año será difícil remontar la caída promedio del 7 % de la actividad económica registrada en el primer semestre de 2023. La Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria registró una caída promedio de la producción industrial de 7,6% en el primer semestre y Consecomercio reportó una disminución de las ventas en torno al 40 %.

El 82% de los venezolanos consideran que la inflación, la contracción económica, la falta de trabajo bien remunerado y el empobrecimiento generalizado son los problemas que más preocupan a los hogares venezolanos. La falta de trabajo estable y bien remunerado en el sector privado y la mayor precariedad de los sueldos en el sector público que -sumados salario, bono de alimentación y bono de guerra económica apenas sobrepasan los 70 $/mensual-, sentencia que la mayoría de los hogares no puedan comprar los productos de la canasta básica familiar (CAF) que, según los cálculos del CENDAS-FVM, registró un costo de $ 491 en el mes de agosto.

Según la Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) que realiza la UCAB:

ü  El 81,5% no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.

ü  El 53,3% no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.

Depreciación vs Inflación

En 2023, la tasa de cambio oficial ha subido de 17,48 Bs/$ registrado el 1 de enero de 2023 a  34,8 Bs/$ registrado el 10 de octubre. Esto equivale a una maxi-depreciación del 100% de la moneda nacional que, aun así, no lograr corregir el rezago en comparación con la inflación que acumula 159,4% en lo que va de año.

El precio del dólar aumenta pero en un porcentaje menor que la inflación. En consecuencia, se aprecia el tipo de cambio real. El precio del dólar se abarata en comparación con el encarecimiento de los demás bienes y esa apreciación del tipo de cambio real se traduce en importaciones baratas que compiten ventajosamente con la producción nacional.

Cuando el BCV no puede contener la apreciación acumulada del tipo de cambio real, bien sea por falta de divisas para alimentar el mercado cambiario o porque hace pagos en bolívares a la nómina pública, proveedores y contratistas que inmediatamente tienden a convertir esos bolívares en dólares, entonces el tipo de cambio se dispara a grandes saltos.

Ante la certeza de que más temprano que tarde el precio del dólar pegará esos brincos, todo ingreso en bolívares tiende a convertirse en dólares. Y cuando finalmente el precio del dólar se dispara, entonces se recrudece la inflación.

Para frenar el precio del dólar, el gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje legal que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo privado, componente clave de la demanda agregada que mueve la economía. El gobierno impide la creación de dinero bancario pero sin dejar de emitir dinero sin respaldo para financiar su propio gasto.

Sin recuperación de los salarios será más difícil la recuperación económica

El costo del ajuste fiscal lo está pagando sobre todo la nómina de funcionarios públicos y jubilados cuyos salarios y pensiones permanecen congelados. En efecto, para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional.  

Esto castiga el consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial.

La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios e infraestructura. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles obligan a paradas no programadas de la producción y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Al no mejorar la recaudación de impuestos, el gobierno no puede aumentar la inversión pública, y así el gasto corriente y el déficit fiscal los financia con emisiones de dinero inflacionario. Cada vez que monetiza su déficit y lo financia con dinero inorgánico, en los hechos está aplicando un voraz impuesto inflacionario. Al inyectar esa masa de dinero a una economía contraída con altos índices de escasez, lo que hace es desquiciar los precios y recrudecer la inflación.

Un decálogo para vencer la inflación

Un decálogo al alcance de la mano para erradicar la inflación pudiera estar conformado por las siguientes medidas:

1.       Nuevo marco legal y entorno institucional que garantice la seguridad jurídica, el respeto a los derechos de propiedad y la trasparencia en los trámites administrativos para estimular nuevas inversiones en empresas que compitan entre sí, en precios y calidad.

2.       Superar los obstáculos estructurales que contraen la producción nacional a fin de generar una abundante oferta de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad.

3.       Erradicar los factores propagadores de la inflación derivados del financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción.

4.       Implementar una política monetaria expansiva, que libere el encaje legal para reactivar el crédito a la producción y el consumo.

5.       Dejar libre el precio del dólar hasta alcanzar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo nacional.

6.       Racionalizar el arancel de aduanas y revisar la caótica apertura comercial en función de evitar la competencia desleal que desplaza y arruina a la producción nacional.

7.       Incentivar la inversión privada para mejorar los servicios de agua, electricidad, gas, combustibles.

8.       Ley de Concesiones a la inversión privada para repotenciar la infraestructura vial, ferroviaria, puertos y aeropuertos, así como la infraestructura nacional de telecomunicaciones.

9.       Renegociar la deuda externa, incluyendo canje de deuda por participación accionaria en empresas públicas deficitarias, a fin de reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales.

10.   Subasta de empresas expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción y dependen de las transferencias del gobierno derivadas de emisiones de dinero inflacionario.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/0gx17



¿Qué gana el gobierno con facilitar la asistencia técnica del CNE a la Primaria presidencial de su rival?

 


Quien está leyendo este artículo seguramente aún no tiene claro en cuál Centro Electoral ejercerá su 
derecho al voto en la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria (PU). Intente usted ahora mismo entrar al buscador oficial de la Elección Primaria. Buscar Persona (buscadorprimaria2023.com) y compruebe si puede lograr la conexión y tener acceso al sitio web para saber dónde le toca votar.

Ya se cuentan por centenares las casas de familias y locales de empresas que han retirado su oferta de funcionar como centros electorales por temor a terminar asediados, saqueados, fiscalizados y cerrados. La inseguridad y el temor a posibles retaliaciones los han forzado a retirarse.

Todas estas dudas, confusiones e incertidumbre son un obstáculo para la participación masiva de los electores que se pronuncian a favor de un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica y, por lo tanto, amenazan el éxito de la Primaria.

Si bien es cierto que la tardía oferta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) puede significar la salvación de la Primaria presidencial de la PU, no deja de ser menos cierto que se recrudecerán las tensiones entre quienes insisten en que la primaria debe ser auto-gestionada y manual, sin las máquinas captahuellas que pongan en riesgo la identidad del elector, y han convertido en un punto de honor la fecha del 22 de octubre para la celebración de los comicios.

En caso de que la primaria cuente con la asistencia técnica del CNE, habría que empezar por la reinscripción de los precandidatos, lo cual plantea el riesgo de que los inhabilitados no puedan inscribirse. El sistema del CNE, al registrar la cédula de identidad, impide que las personas inhabilitadas puedan inscribirse para optar por cargos de elección popular.

Debido a los problemas que arrastra, la Primaria de la PU se puede caer por su propio peso. Pero si se despejaran todas las dudas planteadas y su éxito fuese inminente, no se descarta que a última hora se active el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para suspenderla (remember RR-2016) con el argumento de evitar que se cometa un fraude al elector, al permitir competir a candidatos inhabilitados que -en caso de ganar la Primaria- no podrían inscribirse en la carrera por la Presidencia de la República.

El gran problema de la PU y de la oposición en general es que, con esta nueva maniobra, el gobierno logra que sus rivales se sigan desgastando en una agenda que solo le interesa a los partidos, pero que no se conecta con el clamor de una población que diariamente lucha por su sobrevivencia, y no recibe de los precandidatos una oferta electoral que la aliente y le devuelva la esperanza.

Para entender lo que gana el gobierno al facilitar la asistencia técnica del CNE a la Primaria presidencial de su rival, es necesario tener en cuenta que Vente Venezuela, el movimiento de María Corina Machado (MCM), no forma parte de la Plataforma Unitaria. Sin embargo, en su momento la CNP decidió convocar una Primaria abierta en la que podían participar todos los ciudadanos y precandidatos, independientemente de su militancia o no en las organizaciones políticas que conforman la PU.

A la larga, esta apertura se reveló en una grave amenaza para el liderazgo tradicional de la oposición. Ninguno de los principales partidos de la PU -ni Acción Democrática (AD), ni Un Nuevo Tiempo (UNT), ni Primero Justicia (PJ), ni Voluntad Popular (VP)- quieren tener como líder a quien los ha tratado de falsa y fracasada oposición, de incapaces de sustituir al régimen a pesar de todo el apoyo internacional que recibieron. Por su parte, el gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a nadie que lo amenace con convertirse en su verdugo.

Por lo tanto, hay un interés común entre el gobierno y estos partidos de la PU para sacar del juego a MCM, quien cataloga al gobierno de Maduro de narco-régimen y banda de criminales, y no pareciera ser la figura que pudiera conducir una transición política sin persecuciones y en paz. Tengamos en cuenta que, si la pérdida de las elecciones se convierte en una tragedia para el oficialismo, en Venezuela no habrá elecciones limpias ni alternancia en el poder.

El comunicado oficial dice: “El Consejo Nacional Electoral, por unanimidad de todos los rectores electorales, resolvió dar servicio técnico integral constitucional y legal a la solicitud hecha por la organización con fines políticos agrupada en la Plataforma Unitaria”. En consecuencia, una prueba de la colusión en marcha la encontramos en la votación favorable de todos los rectores del CNE en los que figuran -además de los tres rectores pro-gobierno-, los dos rectores pro oposición (UNT-PJ y AD). Recordemos que Manuel Rosales y UNT decidieron respaldar la candidatura de Henrique

Capriles, lo que indica que también el partido PJ estuvo al tanto y a favor de las condiciones pactadas, las cuales han sido rechazadas por MCM y su partido Vente Venezuela.

En esencia, es un acuerdo entre AD, UNT y PJ para sacar del juego a quien ha dicho una y otra vez que en la Primaria, más que un candidato presidencial, se escogerá al líder de la oposición. Y ninguno de esos partidos se resigna a aceptar como líder de la oposición a quien los ha tratado de falsarios, fracasados, colaboracionistas y cómplices del régimen. Como se ve, los factores que compiten en la Primaria siguen hundidos en sus contradicciones y disputas internas y no terminan de conectarse con las necesidades de un electorado que no se siente animado a votar, ni en la Primaria, ni en la elección Presidencial.

El “gesto” de asistir técnicamente a la CNP para “salvar” de su inminente fracasado la Primaria presidencial de la PU tiene como objetivo encubierto exacerbar las contradicciones y divisiones de la oposición. Solo si sus rivales se presentan divididos y sin opción es que el gobierno aceptará mejorar las condiciones electorales y este gesto de “buena voluntad” es funcional a ese propósito.

Ciertamente, al oficialismo le interesa celebrar unas elecciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente, pero sin poner en peligro el triunfo en las Presidenciales de 2024. Tienen claro que, de perder el poder, al día siguiente se desataría la persecución de los caza recompensas contra Nicolás Maduro y sus principales colaboradores.

En definitiva, la asistencia técnica del CNE a la Primaria de la PU no es un acto de generosidad democrática del gobierno para unir y potenciar a un rival que lo puede derrotar en las Presidenciales de 2024. Es una nueva maniobra para dividir y provocar la apatía electoral y la abstención del electorado descontento, a fin de convertir en mayoría el decreciente caudal electoral del oficialismo.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral

https://t1p.de/nqyi5

domingo, 24 de septiembre de 2023

¿Cuál de los precandidatos reune las cualidades para ser el presidente de la transición política en Venezuela?

 

Víctor Álvarez R.

Los malos candidatos representan una amenaza para recuperar la confianza en la institución del voto. Quienes quieran movilizar y capitalizar electoralmente el malestar nacional no pueden ser figuras desprestigiadas, con malos antecedentes, ni personas arrogantes, soberbias y prepotentes, poseídas por revanchismos y afanes de venganza. Por el contrario, debe contar con la fortaleza de la humildad para poder escuchar y canalizar las diferentes alternativas y propuestas para sacar al país de la crisis.

Los malos candidatos no motivan a nadie ni contribuyen a superar  la abstención. Para vencer la apatía electoral, hay que postular buenos candidatos con un programa de gobierno sensato y viable que revitalice la esperanza, motive y movilice al elector.

En la Sección Primera del Capítulo II de la Constitución Nacional se establece que el Presidente o Presidenta de la República debe reunir, entre otras tantas, al menos las siguientes cualidades:

Ser Jefe de Estado: Lo que quiere decir que debe tener la convicción y voluntad de unir al país en torno a un proyecto común que interprete el clamor nacional, y ser capaz de gobernar sin sectarismos para todos los venezolanos y no solo para quienes votaron por él. En vez de seguir removiendo odios y afanes de venganzas, debe ser un promotor del reencuentro y la reconciliación de un país extenuado por la larga y destructiva confrontación entre el gobierno y la oposición.

Ser Jefe de Gobierno: como puede nombrar y remover a los funcionarios que le permiten la Constitución y las leyes, debe ser capaz de escoger a los mejores talentos del país, independientemente de su filiación política, que estén dispuestos a comprometerse con el Proyecto Nacional, complementando sus conocimientos y capacidades en un equipo de alto desempeño que comprenda la complejidad de la problemática nacional y tenga clara las acciones que se deben ejecutar para superar los problemas que castigan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Ser Comandante en Jefe de la Fuerza Armada: Para lo cual debe contar con ascendencia ética y moral, liderazgo político y apoyo popular. Debe inspirar respeto, reconocimiento, respaldo y tener claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición, dado el alto grado de poder económico acumulado e identificación política con el chavismo. Debe ofrecerle incentivos a la institución armada para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Ser Jefe de la Hacienda Pública: Debe ser capaz de administrar con transparencia y probidad las finanzas públicas, recuperar la industria petrolera para generar las divisas e ingresos fiscales que la reconstrucción nacional necesita, y construir un nuevo acuerdo nacional a fin de rentabilizar las reservas petroleras a través de la creación de fondos para ahorrar e invertir la renta, cuyos rendimientos serán utilizados como fuente de recursos complementarios del Presupuesto Nacional.

Formular y dirigir el Plan de Desarrollo Nacional: en función de corregir los desequilibrios macroeconómicos que contraen la actividad económica y generan inflación, crear un clima de seguridad jurídica y confianza para estimular la inversión productiva, generadora de empleo estable y bien remunerado que contribuya a recuperar el poder adquisitivo de los hogares y encauzar al país por la senda de la paz política y la prosperidad económica.

Los electores no se sienten estimulados a votar cuando escuchan el torneo de insultos entre los dirigentes políticos que siguen hundidos en una destructiva diatriba que no los conecta con las necesidades del elector. Los candidatos del país descontento tienen que ser reconocidos luchadores, distinguidos ciudadanos, de buena trayectoria, con autoridad política y moral, capaces de generar un amplio respaldo y animar a votar.

Venezuela se juega su estabilidad y prosperidad en el próximo ciclo electoral en el que se escogerá al Presidente de la República, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. Los ciudadanos venezolanos debemos estar conscientes del enorme poder de cambio y transformación que juntos podemos lograr si ejercemos masivamente nuestros derechos civiles y políticos de votar y votar bien. 


viernes, 15 de septiembre de 2023

¿Cumple Venezuela con los estándares internacionales de los procesos electorales?

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

A partir del 1 de enero de 2024, Venezuela entrará en un año de elecciones presidenciales. El CNE y los órganos subalternos del poder electoral están llamados a planificar con tiempo la logística de todos los pasos del proceso electoral, y no solo los correspondientes al día de las elecciones.

Los ciudadanos debemos estar conscientes de las diferentes fases y  etapas del proceso electoral y contar con la información sobre los candidatos postulados, sus propuestas, la ubicación de los centros de votación y la mesa en la que nos corresponde votar. La información y educación electoral es fundamental. Sin embargo, muy poco sabemos del proceso electoral venezolano y muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de cuáles son nuestros derechos políticos y electorales.

Las normas ISO sobre procesos electorales nos ofrecen una amplia gama de definiciones y condiciones que nos pueden ayudar a entender con más claridad si el sistema de gestión electoral venezolano está a tono con los estándares internacionales. ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La mencionada norma define una serie de estándares internacionales para procesos electorales entre los cuales se destacan los siguientes:

ü  Registro Electoral: Reconoce la importancia de un registro de electores actualizado, en el que queden identificados todos los ciudadanos que pueden ir a votar,

ü  Registro de las organizaciones políticas y de los candidatos: Que deben cumplir con los requisitos legales para poder postularse y ser elegidos.

ü  Logística electoral: Establece la necesidad de una planificación y organización estricta para asegurar el éxito del proceso electoral.

ü  Sufragio: a través del cual el ciudadano ejerce su derecho de elegir un candidato u organización política y generar la evidencia documentada que sirva luego para verificar el voto de cada elector.

ü  Recuento y declaración de resultados: Es el conteo de votos y el poder electoral es el único autorizado de anunciar los resultados oficiales.

ü  Educación electoral: Proceso de información, sensibilización y capacitación de votantes, organizaciones políticas y candidatos sobre el proceso electoral, registro de votantes y participación.

ü  Fiscalización del financiamiento de las campañas electorales: Establece reglas para la financiación transparente de las campañas, evitando el financiamiento ilegal con fondos de la corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, etc.

ü  Resolución de conflictos electorales: Con canales y vías adecuadas para la gestión de cualquier queja recibida o generada en el proceso electoral.

Sin lugar a dudas, la implementación de un sistema de calidad en el poder electoral venezolano, según la norma ISO, es una tarea pendiente y sería de gran utilidad para que los electores, organizaciones políticas y la opinión pública nacional e internacional certifiquen la transparencia y legalidad de los procesos electorales, la validez de los resultados y la legitimidad de los ganadores.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/87p3h

Norma ISO 54001: Una referencia para saber cuáles son los estándares internacionales de los procesos electorales

Víctor Álvarez R. 

Con mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares internacionales de los procesos electorales. 

ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La confianza en la institución del voto y en el poder electoral es un sustento clave del sistema político democrático en el que la soberanía nacional es ejercida a través del voto y se elige para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y cuenta con el mejor programa de gobierno.

Esta norma comienza por señalar que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con los estándares internacionales.

A fin de poder ejercer los derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e intereses.

La legitimidad de desempeño del poder electoral se construye antes, durante y después de la elección. La emisión y recuento de los votos son los momentos culminantes de un largo proceso que debe estar debidamente gestionado para que refleje fielmente la voluntad del electorado. Cuando todo el proceso electoral se realiza de manera transparente y precisa, aumenta la confianza en las elecciones, se aceptan los resultados finales y se proclama a los ganadores, sin menoscabo de procesar las quejas y apelaciones electorales que eventualmente pudieran presentarse.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/nypkf

viernes, 8 de septiembre de 2023

La industrialización antiinflacionaria

 

Víctor Álvarez R. / Premio Nacional de Ciencias

El próximo jueves 14 de septiembre estaré junto al nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, en el Foro Empresas, Economía y Futuro: Perspectivas 2023, organizado por la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA) que preside Freddy Lujano. En este artículo quiero adelantar algunas de las ideas que desarrollaré en ese evento.

¿A cuánto llegará la inflación en 2023?

2023  comenzó con una fuerte presión inflacionaria: 39,4 % en enero y 15,4% en febrero. Desde marzo a julio los registros mensuales fueron de solo un dígito: 4,2% en marzo, 2,5% en abril, 7,5% en mayo, 8,5% en junio y 7,2% en julio. Pero en agosto subió de nuevo a dos dígitos con un registro de 13,6%.


Con el 13,6% de agosto, la inflación acumulada en lo que va de año llegó a 144,6%; y la anualizada de agosto a agosto fue de 422%. De mantenerse esta tendencia, la inflación de 2023 superará el 234% registrado en el año 2022.



El costo del ajuste fiscal lo están pagando sobre todo los empleados de la nómina de funcionarios públicos y jubilados cuyos salarios y pensiones permanecen congelados.  Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial.

La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento de los servicios públicos y en la desinversión en los sistemas públicos de educación y salud. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad, pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos. Obligan a paradas no programadas de la producción y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Desequilibrios macroeconómicos mantienen presiones inflacionarias