jueves, 18 de mayo de 2017
lunes, 15 de mayo de 2017
A un siglo de la Revolución de Octubre la utopía socialista no ha funcionado en ningún país
En 2017 se cumplen cien
años de la Revolución Rusa, la primera revolución de obreros y campesinos de
toda la historia. Después de un siglo de ensayo y error, ninguna de las
revoluciones socialistas -ni la soviética, ni la china, ni la cubana, ni la
coreana, ni la vietnamita, ni la nicaragüense, ni la bolivariana- cumplieron su
promesa de liberar a los pueblos de la explotación económica, la opresión
política y la discriminación por razones ideológicas, religiosas, raciales, de
género u orientación sexual. El tipo de socialismo que se ensayó a lo largo de
estos cien años no funcionó ni funcionará debido a razones económicas, políticas
y sociales que a continuación vamos a explicar.
El fracaso económico
Las revoluciones socialistas
conocidas, tras su promesa de erradicar la explotación del hombre por el
hombre, expropian los medios de producción que pasan al Estado como supuesto
representante de los intereses generales de la sociedad. Pero como la asociación
de productores independientes que planteaba Marx los transforma en seres
humanos libres y autónomos, esto no conviene a la nomenklatura política y
burocrática que, para aferrarse al poder, impone su control y dominación sobre
la sociedad al criminalizar el emprendimiento y la iniciativa privada y tipificarla
como una amenaza de restauración del viejo orden capitalista.
Paradójicamente, las élites
gobernantes que secuestran el poder operan como una casta explotadora que
maneja las empresas públicas como si fueran de su propiedad y logran apoderarse
de buena parte del plusvalor social a través de los privilegios que se otorgan,
y de la corrupción y saqueo de los recursos públicos. Incluso, en países donde
los socialistas han tomado el poder por la vía electoral, se intenta controlar
los niveles de ganancias a partir de rígidos controles que dejan congelados los
precios por debajo de los costos, generando crecientes pérdidas que
desestimulan la producción y causan una creciente escasez de los bienes más
esenciales para la sobrevivencia humana.
En lugar de controlar las
ganancias a través de la promoción de inversiones y de la competencia entre
miles de empresas que ofrezcan una abundante oferta de productos con menor
precio y mayor calidad, el socialismo dogmático inhibe el espíritu emprendedor
y aleja la inversión, provocando la crónica escasez que ha signado a los
ensayos socialistas. Por si fuera poco, el socialismo electoral del siglo XXI,
para poder reelegirse indefinidamente en el poder, intenta mantener su
popularidad con dádivas y prebendas que lo obligan a gastar más de los
impuestos que pueden recaudar, y así termina financiando su déficit con
emisiones de dinero sin respaldo en la producción, lo cual propaga la
inflación, disuelve la capacidad de compra de los salarios y empobrece a la
población que esa pseudo izquierda en el poder dice proteger y defender.
El
fracaso social
La escasez de alimentos,
medicinas, productos de higiene personal, artefactos electrodomésticos,
repuestos automotrices, etc., como consecuencia inevitable de un modelo
estatista basado en ruinosas expropiaciones y en la hostilidad a la empresa
privada, es caldo de cultivo para que se multipliquen las perversas prácticas
del acaparamiento, especulación e inflación que aniquilan la capacidad
adquisitiva de los hogares y causan el empobrecimiento generalizado de una
población que no logra satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.
En los casos del socialismo
electoral, la
política asistencialista y compensatoria lejos de ofrecer una solución
estructural a la problemática del desempleo, la pobreza y la exclusión social,
desemboca en una manipulación clientelar de las compensaciones que destruye el
valor del trabajo en el imaginario de los pueblos y los acostumbra a vivir
indefinidamente de dádivas y prebendas que no son fruto del esfuerzo productivo.
Las asignaciones a través de las cuales se manipula a la gente se presentan
como la gestión del gobierno revolucionario y socialista para hacer valer los “derechos inalienables” del pueblo,
cuando en realidad son un instrumento de dominación y opresión.
En una verdadera
política social habilitadora y emancipadora, la compensación tiene que desaparecer
a medida que el aumento del nivel educativo, la capacitación técnica y el financiamiento
a proyectos productivos faciliten la inclusión social en el sistema económico, de
tal forma que los favorecidos dejen de depender de la política asistencialista
y puedan satisfacer sus necesidades a partir de su propio esfuerzo y de su
inserción en la construcción de un nuevo modelo productivo liberador. Pero como
se ha visto, la prolongación en el tiempo de estas ayudas sociales las degenera
y las convierte en un instrumento de dominación y opresión.
El fracaso político
Los intentos fallidos por
construir el socialismo han degenerado en un modelo de dominación que tiene a
imponer la hegemonía de un solo partido, con liderazgos autoritarios que se
aferran al poder a través del culto a la personalidad y reelecciones
indefinidas, donde los candidatos del oficialismo se miden con ventaja al hacer
un uso indebido de los recursos públicos en cada campaña electoral, incluyendo
la movilización forzada de funcionarios a sus actos proselitistas. Esto crea un
ambiente de opresión política, toda vez que a los trabajadores se les violan
sus derechos y son despedidos por manifestar una preferencia política distinta
al continuismo oficialista.
El sistema político
basado en la hegemonía de un solo partido degenera hacia la burocratización y
el autoritarismo político. La historia del Partido
Único es la historia de la burocracia, el burocratismo y la
burocratización. La libre organización política es obstaculizada, criminalizada
y perseguida. Este mecanismo de dominación se manifiesta en la entronización de
elites burocráticas y la nomenklatura partidista que usurpan la soberanía
popular y conculcan la institución del voto, concentran el poder de decisión en
pocas manos e imponen el fetichismo jurídico expresado en el culto al plan
gubernamental y a la norma amañada, sin importar su pertinencia y grado de
legitimidad.
En nombre de la
mayoría, la nomenklatura niega el acceso democrático a los derechos políticos
del pueblo, los cuales pasan a ser exclusivo privilegio de las élites
dirigentes y gobernantes, dando origen a grupos de poder que, en la práctica,
se constituyen en clases o castas sociales al secuestrar y usufructuar -para su
propio interés- el sistema socioeconómico y materializar sus intereses y
ambiciones particulares desde las posiciones de poder.
En mayor o menor
medida, los intentos por construir el socialismo, tanto en el siglo XX como en
el XX, reeditaron
y exacerbaron los peores flagelos de la vieja sociedad que pretendieron superar.
Y en nombre de la defensa del bloque socialista internacional, llegaron al
extremo de justificar las aberraciones colonialistas e imperialistas con sus
invasiones de tanques que ahogaron en sangre la soberanía nacional y el derecho
a la autodeterminación en Hungría, Checoeslovaquia, Afganistán, etc. Ninguna de
las experiencias conocidas honró los valores que enarbola la utopía socialista.
Por eso, cuando derribaron el Muro de Berlín, disolvieron la URSS y uno a uno
fueron cayendo los socialismos estatistas y autoritarios de Europa oriental,
nadie echo un tiro en su defensa.
El fracaso del neo-rentismo socialista
La Revolución
Bolivariana triunfó con la promesa de convocar una Asamblea Nacional
Constituyente, redactar una nueva Constitución para refundar la República y
erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. Hoy la
Constitución Bolivariana luce como letra muerte y ya ni siquiera le sirve a la
nomenklatura que se aferra al poder y por eso pretende cambiarla para hacerse
un traje a la medida.
El auge de los precios
del petróleo le dio al gobierno de Chávez la autonomía financiera para no tener
que depender de los impuestos de los contribuyentes ni de las inversiones
privadas y extranjeras. Un gobierno eufórico por los impresionantes saltos que
daban los precios de los crudos terminó embriagado por el caudaloso ingreso
petrolero y exacerbó como nunca la cultura
rentista de su clientela electoral, cuyo leitmotiv
consiste en vivir de las transferencias que el gobierno hace de la renta y no
del merecido gozo de los frutos del trabajo productivo.
Cuando
un gobierno demagógicamente siembra la idea de que el pueblo es copropietario
de las riquezas del subsuelo y que a cada quien le toca su gota de petróleo, lo
que logra es desquiciar la mentalidad rentista de todo aquel que pretende vivir
sin tener que trabajar, así como la rapacidad de los corruptos que ansían
hacerse millonarios, aunque no tengan nada que invertir.
Los principales voceros
del oficialismo siempre se han ufanado de haber destinado el mayor porcentaje
de la renta petrolera al financiamiento de la inversión social para reducir los
elevados niveles de desempleo, desigualdad, pobreza y exclusión social heredados
de la IV República. Así, las temporales mejoras en los indicadores sociales que
mostró el socialismo venezolano se sustentaron en el auge sin precedentes que
registró en aquellos años la renta del petróleo. El neo-rentismo socialista que
Chávez promovió funcionó a la perfección mientras los precios del petróleo
estuvieron altos y el gobierno pudo disponer de una abundante renta para
financiar la inversión social y aliviar las precarias condiciones de vida de la
población más vulnerable. Paro al no diversificar la economía y generar empleo
productivo y emancipador, con el colapso de los precios del petróleo esa
pasajera ilusión de prosperidad se vino abajo y la burbuja reventó.
La manera como se
despilfarró el último auge de los precios del petróleo una vez más deja claro
que en un país donde el gasto público no se financia con los impuestos que
pagan los contribuyentes sino con la renta, no hay buenos o malos gobiernos
sino buenos o malos precios del petróleo. Con precios por encima de 100 $/b
cualquier gobernante se luce, encubre sus errores y sostiene su popularidad
para ganar todas las elecciones con solo levantar la mano a sus candidatos.
Pero con bajos precios
del petróleo, al no contar con el mismo caudal de renta, cualquier presidente
rápidamente pierde popularidad al no poder complacer a un electorado clientelar
que espera ansioso la aparición del nuevo mesías. Una
vez que se desploman los precios del petróleo se hace imposible sostener los
programas sociales de los que depende la satisfacción de las necesidades
básicas de la población más pobre. Sin la caudalosa renta, el falso
profeta ya no cuenta con la misma capacidad de maniobra y así le resulta
imposible prolongar su hegemonía.
Con el
pretexto de enfrentar la guerra económica
y defender las conquistas del socialismo
venezolano, la nomenklatura oficialista ha transformado la escasez y el
hambre en las condiciones básicas para imponer su modelo de dominación. Con
bolsas de comida, ineficientes subsidios y gratuidades indebidas, el
neo-rentismo socialista explota la ausencia de una cultura del trabajo para
asegurar una clientela electoral que, en vez de sentirse orgullosa de ganarse
la vida con el sudor de la frente, medra de las dádivas del gobierno a cambio
de su incondicionalidad electoral. ¡Vaya manera de destruir la dignidad y el
decoro de un pueblo!
Al cumplirse cien años de la
Revolución Rusa, son muchos los intentos fallidos y demasiadas las evidencias
de que el modelo socialista, tal como se implementó, no funciona, incluyendo el
neo-rentismo socialista que pretendió implantar la Revolución Bolivariana. Y ya
resulta contradictorio y absurdo obstinarse en justificar y defender un formato
estatista, autoritario y opresor de organización política, económica y social
que es totalmente contrario a los objetivos de igualdad, justicia, libertad,
fraternidad y bienestar que la utopía socialista teóricamente se propone
lograr. Los hechos revelan que sus promotores, una vez que logran controlar el
gobierno, tienden a centralizar y concentrar todo el poder.
La Revolución Bolivariana, al igual que otras pseudo-revoluciones,
terminó secuestradas por poderosas
nomenklaturas burocráticas, militaristas y corruptas que degeneraron en un régimen cada vez más
autoritario y represivo, impusieron el hambre como su modelo de dominación
y se enquistaron en el poder haciendo gárgaras a nombre del pueblo, la patria,
la soberanía y el antiimperialismo. Con sus estragos y excesos, mancharon el honor de la utopía socialista, desprestigiaron
la revolución que prometía a los pobres de esta tierra la esperanza de una vida
mejor y enterraron el ideal del socialismo emancipador y democrático que alguna
vez inspiro a tantos seres humanos de buena voluntad.
ANC: a las puertas de un retroceso histórico
En el acto del 1° de
mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de convocar a una
“Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana”, la cual estaría integrada por 500
miembros, la mitad de los cuales serían directamente electos entre sus miembros
por los obreros, campesinos, consejos comunales y miembros de la unión
cívico-militar. La otra mitad serían designados a nivel territorial.
El 1° de mayo, el
presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de convocar a una “Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana”,
la cual estaría integrada por 500 miembros, la mitad de los cuales serían
directamente electos entre sus miembros por obreros, campesinos, consejos
comunales y miembros de la unión cívico-militar. La otra mitad serían
designados a nivel territorial.
En el artículo N° 1 del decreto
N° 2.830 dice
en letras mayúscula que: “En ejercicio
de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, (…) CONVOCO UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, ciudadana
y de profunda participación popular (…)”
Y en el Artículo 2o se precisa que “Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria
serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales, bajo la
rectoría del Consejo Nacional Electoral, mediante el voto universal, directo y
secreto (…)”.
¿Quién puede convocar una ANC?
El artículo 347 de la CRBV es muy
claro al señalar que: “El pueblo de
Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de
dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto
de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución”.
Por lo tanto, ningún otro sujeto diferente
del pueblo de Venezuela puede convocar a una ANC y ningún otro artículo de la
CRBV le reconoce a los poderes constituidos la convocatoria de la ANC. Sólo el
pueblo, mediante referendo, decide si se convoca o no, a un proceso
constituyente.
¿Es lo mismo tomar convocar una ANC que tomar la
iniciativa?
Artículo 348 de la CRBV explica
que: “La iniciativa de convocatoria a la
Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en
cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince
por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro
Civil y Electoral”.
En ambos artículos, la CRBV diferencia
la convocatoria de la iniciativa de convocatoria.
ü La convocatoria la tiene única y
exclusivamente el pueblo de Venezuela.
ü La iniciativa la puede tener
cualquiera de los cuatro sujetos mencionados.
La iniciativa la tomó el
presidente de la República en Consejo de Ministros a través del decreto N°
2.830, antes citado. Ahora bien, ejercer la iniciativa de convocar una ANC
no significa que la misma está convocada. Los poderes constituidos apenas tienen
la iniciativa para someter a consideración del electorado, mediante referendo,
la consulta sobre si se convoca o no a una ANC. Solo el pueblo depositario del
poder constituyente originario es quien puede terminar convocando la ANC.
Sería un retroceso histórico que
la CRBV redactada por una ANC electa por el voto universal, secreto y directo,
y refrendada por la abrumadora mayoría de los ciudadanos que votaron en el
referendo constitucional de 1999, sea sustituida por un texto que no sea
sometido a la aprobación del soberano a través de un referendo. Esto sería un
fraude constitucional, una usurpación de la soberanía popular.
¿Cómo se eligen los constituyentistas?
El soberano no puede quedar
fielmente representado en la ANC si sus miembros son escogidos solo entre
sindicatos, asociaciones campesinas, comunas o consejos comunales donde el
gobierno corre con ventaja. Si se impone la sectorización, los elegidos no
representarán al soberano sino a una minoría, ya que no todos los venezolanos
están sindicalizados ni son miembros de esos esquemas organizativos promovidos
por el gobierno. De allí la demanda de elegir a los constituyentistas en el
ámbito territorial, tal como se hizo en la Constituyente de 1999.
La sectorización impone un
inconstitucional e ilegal obstáculo a los derechos de elegir y ser elegidos. En una ANC los venezolanos y las venezolanas están llamados a participar
como electores y candidatos a ser elegidos, en su condición general de
ciudadanos, independientemente de si son obreros, sindicalistas, campesinos,
terratenientes, líderes comunales o militares. La sectorización genera
desconfianza porque deja un amplio margen para que se confunda la representación
de la ciudadanía con la representación de la militancia. Al corporativizarlas, la mayoría de
los candidatos postulados vendrán de entidades afines al gobierno, lo que le
permitirá conformar una ANC donde la mayoría quede
bajo control del oficialismo.
Las bases
comiciales
Mediante el decreto
Nro. 2.831 se designó a una Comisión Presidencial “que tendrá a su cargo la
elaboración de una propuesta para las bases comiciales, sectoriales y
territoriales, así como para los principales aspectos que servirán de
fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional
Constituyente”.
El quid de las bases
comiciales radica en la convocaría
a un referendo para ver si los electores están de acuerdo con una ANC que sustituya
la Constitución que soberanamente se dio en el referendo popular de 1999. Este
decreto debe contener las bases constituyentes, es decir, la forma de
constituirse, las condiciones de funcionamiento, el alcance y objetivos de la
ANC. Tanto la solicitud de iniciativa a una ANC como las bases comiciales se
deben someter a referendo popular. Si se elige o no una ANC para transformar el
Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar otra Constitución, esta
es una decisión que corresponde única y exclusivamente al soberano, bajo las
condiciones que éste apruebe
El país donde los jueces serán juzgados
La Fiscal
General de la República, Luisa Ortega Díaz, declaró que “… en las decisiones
signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y
desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden
constitucional”.
Las
sentencias que amenazaron la inmunidad parlamentaria y habilitaron al TSJ para asumir
las funciones del Poder Legislativo constituyeron una violación
extrema de las normas de derecho constitucional, con el agravante de que fueron
perpetradas nada más y nada menos que por el propio poder judicial llamado a
hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Consecuencias penales para los magistrados que
suprimieron al Parlamento
El titular de la acción penal en
Venezuela es el Ministerio Público. Cada vez que se sospeche o se presuma la
comisión de un delito, la Fiscalía General de la República está obligada a
solicitar una averiguación ante los tribunales competentes para que se pronuncien
si hubo o no un delito.
El Ministerio Público denunció la
ruptura del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado
consagrado en la Constitución. Al considerar las decisiones 155 y 156 como una
ruptura del orden constitucional, denunció un delito que está contemplado en el
Código Penal. En adelante, le toca continuar las acciones establecidas en la
Constitución y la Ley para rescatar la institucionalidad y asegurar que los
responsables de haber violado la CRBV sean sancionados de acuerdo a la gravedad
de los hechos.
Con su denuncia, la propia
Fiscalía queda obligada a completar el procedimiento ante los organismos
competentes. Sobre todo porque los magistrados de la Sala Constitucional, a
través de sus posteriores “aclaratorias” 157 y 158, lo que hicieron fue admitir
una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Tales decisiones son un
verdadero desacato a la CRBV e implican una responsabilidad personal.
De conformidad con el art 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano:
“Se
consideran faltas graves de los magistrados o las magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia, las siguientes:
1.
Cuando atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa
establecida en la presente Ley.
2.
Cuando incurran en algunas de las causales de destitución del cargo previsto en
el Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana.
3.
Cuando actúen con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de la ley y del derecho.
4.
Cuando adopten decisiones que atenten o lesionen los intereses de la Nación
5.
Cuando violen, amenacen, o menoscaben los principios fundamentales establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6.
Cuando lleven a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de
índole semejante, o realicen actividades privadas lucrativas incompatibles con
su función por sí, o por interpuesta persona, o ejerzan cualquier otra función
pública, a excepción de actividades educativas.”
Para el decoro nacional resulta inadmisible
que después de las faltas graves cometidas por los magistrados de la Sala
Constitucional, aún continúen en sus cargos. Deberían renunciar o ser
destituidos de acuerdo al procedimiento de Ley. El Poder Ciudadano integrado
por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República
y la Defensoría del Pueblo, deben activar el proceso para su destitución. La
acción contra los magistrados que violaron la CRBV necesita la iniciativa de al
menos dos de los tres poderes que conforman el Poder Ciudadano.
El procedimiento se elevaría a
consideración de la Sala Plena del TSJ que tiene la competencia en estos casos
extremos. Como de esta instancia son miembros los magistrados que cometieron el
delito, se tendrá que convocar a los suplentes para que no sean juez y parte en
su propio caso. La paz del país espera por inicio del procedimiento judicial
que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los
magistrados de la Sala Constitucional.
La
simplificación de la denuncia
El presidente Nicolás Maduro
restó importancia a la gravedad de la imputación pública formulada por la
Fiscal y la simplificó como “un impase” entre el Poder Judicial y el Ministerio
Público. Se simplifica así la gravedad de los hechos denunciados, toda vez que
estos no se limitan a las faltas cometidas por el TSJ con las decisiones 155 y 156 sino que se extiende a las casi 50 sentencias que han
desconocido a la Asamblea Nacional y también atentan contra el modelo de Estado
consagrado en la CRBV.
Para
dirimir lo que calificó como una controversia, el Presidente de la República convocó una sesión del Consejo de Defensa de
la Nación (Codena), una instancia prevista en el artículo 323 de la CRBV que no
tiene competencias para dirimir conflictos entre los poderes públicos que lo
integran:
“El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de
consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos
relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad
de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el
concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de
la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,
el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o
Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los
sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la
planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley
orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones”.
El
Codena fue convocado para deliberar sobre las implicaciones de las decisiones
155 y 156 de la Sala Constitucional, pero no estaban ni la Fiscal ni el
presidente de la AN. Exhortó al TSJ a revisar las polémicas sentencias,
pero tal exhorto fue un eufemismo para encubrir una instrucción encubierta del
Poder Ejecutivo al Poder Judicial y ratificó que en Venezuela una vez más se
violó la separación e independencia de los poderes públicos consagrado en el
artículo 136 de la CRBV:
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder
Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas
del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que
incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del
Estado”.
Como se
desprende del artículo anteriormente citado, al obedecer el
“exhorto”, la
Sala Constitucional enajena sus “funciones propias” al Codena, cede su
autonomía a un ente que no tiene ninguna atribución para pronunciarse sobre los conflictos que surgen entre los poderes públicos que lo integran. Las facultades del Codena se limitan
a abordar las amenazas externas a la Nación y no las violaciones al orden
constitucional.
El
exhorto del Codena para dirimir este conflicto de poderes es tan
inconstitucional como la sentencia misma, porque ni el Codena ni el Presidente
tienen competencia en este asunto. Que en el Codena se discuta una sentencia
judicial para que esta sea modificada por los propios magistrados que
cometieron la falta, sin que haya sanciones para los responsables, es una falta
tan o más grave. Si los responsables de la ruptura constitucional son los
magistrados que aprobaron la sentencia, la Fiscalía que hizo la imputación
pública está llamada a continuar su actuación hasta que esos magistrados asuman
sus responsabilidades civiles, penales y administrativas
El precio de la incompetencia e improvisación
La ruptura del orden
constitucional no se aborda como una controversia que se puede solventar de
mutuo acuerdo entre los poderes públicos en conflicto. El llamado “impasse” fue
resuelto de la peor manera al alterar una decisión que, una vez aprobada y publicada,
ya no se puede modificar.
Las decisiones de la Sala
Constitucional no quedan sin efecto por un mero “impasse” entre poderes
públicos. No son apelables ni modificables. Son sentencias definitivas y no
pueden revisarse. Solo se pueden aclarar aspectos de forma, pero nunca alterar
los criterios de fondo.
Dicho de otra forma, por ser el último
intérprete de la Carta Magna, la Sala Constitucional no puede revisar su propia
decisión. Sus decisiones no tienen revisión y prevalecen incluso por encima del
criterio de la Sala Plena. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, del
máximo tribunal que tiene el país, sencillamente se ejecutan. Y si son
inconstitucionales, entonces los magistrados que cometieron la falta deben
asumir las consecuencias de sus actos.
La argucia del desacato
Para
romper la mayoría calificada de 2/3 que logró la Oposición en las
parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la Sala Electoral dejó sin efecto la
elección de tres diputados del estado Amazonas que habían sido impugnados por
fraude electoral. Como la Directiva de la AN incorporó a las sesiones a esos
diputados, esto fue aprovechado por el TSJ para declarar en desacato a la AN. A
partir de entonces, todo acto emanado por la AN no es reconocido por el TSJ y
lo declara como nulo e ineficaz.
Para
quitarle al TSJ la excusa de la que se ha valido para anular los actos de la
AN, la nueva directiva procedió a desincorporar a los diputados en cuestión.
Pero el TSJ no aceptó la medida argumentando que la desincorporación debió
haber sido tomada por la anterior directiva de la AN.
En un
alarde de fetichismo legal que perturba el buen funcionamiento de la AN, el TSJ
argumenta que la actual Directiva es espuria porque fue electa bajo la
situación de desacato, al participar los diputados impugnados en la votación. Por
lo tanto, el TSJ exige que la actual Directiva debe renunciar para que se
instale otra vez la anterior, que fue la que debió desincorporar a los
diputados de Amazonas. Una vez desincorporados los diputados en cuestión, la AN
podrá elegir una nueva Directiva. Cumplida esta exigencia, el máximo tribunal levantará
la declaración de desacato que anula todos los actos del Poder Legislativo.
Mientras tanto, la AN no podrá iniciar la destitución de los magistrados de la
Sala Constitucional, tal como lo dispone el artículo 265 de la CRBV:
“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una
mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia
concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas
por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.
Golpe
a cuenta gotas
Luego de la aplastante
derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones parlamentarias del 6 de
diciembre de 2015, el gobierno dio inicio a un
golpe de baja intensidad que comenzó con la colonización del TSJ a través de la designación de magistrados exprés
que no cumplen los requisitos de Ley y que hasta hace poco habían sido
ministros, diputados y funcionarios leales al gobierno. Desde entonces, la
actuación del TSJ se ha enfilado a anular las actuaciones del Poder
Legislativo.
Las decisiones 155 y 156 evidencian
la degeneración totalitaria del proceso político venezolano que ha logrado
someter al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría
General de la República y a la Defensoría del Pueblo, hasta llegar a erosionar
severamente la autonomía e independencia de los poderes públicos y atentar
contra los fundamentos de un auténtico sistema democrático.
Para aferrarse al poder, la
nomenklatura oficialista optó por controlar el Poder
Judicial y al Poder Electoral para que anularan al parlamento, conculcaran el
Referendo Revocatorio y suspendieran las elecciones de gobernadores y alcaldes.
Como el gobierno no quiere
someterse al control de un parlamento en manos de la Oposición, entonces se
vale del control que ejerce sobre el TSJ para dictar toda una serie de
sentencias que declaran inconstitucionales los actos de la AN, con lo cual en
la práctica la anula y la disuelve. Desde que el gobierno colonizó el TSJ ha
decretado 47 sentencias contra la AN, impidiendo que esta se desempeñe a cabalidad.
La gota que rebosó el vaso
fueron las decisiones 155 y 156 con las cuales amenazó la inmunidad
parlamentaria y asumió las funciones que la CRBV atribuye única y
exclusivamente a la AN. De esta forma, la Sala Constitucional excedió los
límites de sus atribuciones, rompió el orden constitucional y provocó la crisis
política e institucional que tiene los ojos del mundo puestos sobre Venezuela.
El golpe de baja intensidad se lleva a cabo a través de la
sistemática violación de la CRBV no solo por parte del TSJ, sino también del
CNE que con argucias jurídicas subordinó su autoridad a tribunales de provincia
sin competencia en la materia electoral que abortaron el Referendo Revocatorio.
El artículo 5 de la CRBV es claro al plantear que:
“La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el poder. Los órganos del Estado emanan
de la soberanía popular y a ella están sometidos”
Por lo tanto, al conculcar el Referendo Revocatorio y diferir
sin razón alguna las elecciones regionales, también se está atentando contra el
ejercicio de la democracia y contra el modelo de Estado consagrado en la CRBV.
El propósito de enmienda
La
revisión de las sentencias 155 y 156 no resuelven el problema de fondo, ya que
los actos del Parlamento seguirán siendo afectados de nulidad, según criterio
de la Sala Constitucional. Si existiera un verdadero propósito de enmienda no
bastaría con revocar las sentencias 155 y 156, sino todas las sentencias
dictadas por el TSJ en contra de la AN que están manchadas por los mismos
vicios que quedan al descubierto a través de las decisiones 157 y 158. Restituir
el Estado de Derecho implica la derogatoria de todas las actuaciones del TSJ que,
con base en un supuesto desacato, han dejado sin efecto los actos legislativos,
de contraloría, investigación y designaciones de la AN.
Con la misma rapidez con los que dictó las decisiones 155, 156, 157, y
158, el TSJ debería resolver la
situación pendiente de los diputados de Amazonas que lleva más de un año de
espera, y abandonar su empeño por asumir las funciones que constitucionalmente
le corresponden a la AN. De lo contrario, cuando al gobierno no le gusten las
leyes que la AN apruebe, solicitará nuevamente al TSJ que declare su inconstitucionalidad
y así continuará despojando de sus funciones a la AN.
La despolitización de la justicia
De acuerdo a la imputación
pública de la Fiscal, los miembros de la Sala Constitucional se extralimitaron
en sus funciones. Para la conciencia nacional está claro que varios magistrados
actúan como agentes de una parcialidad política. Y al impedir que la AN ejerza
las funciones establecidas en la CRBV, han contribuido a la crisis nacional. Al
aprobar una amplia gama de sentencias que anularon y usurpan las competencias y
funciones de la AN, el TSJ no actúa como garante de la Constitución, sino como un
operador político de los intereses del Poder Ejecutivo. Y nada más agresivo y
dañino para la institucionalidad democrática del país que la parcialidad del
último intérprete de la CRBV, el cual llegó al extremo de amenazar la inmunidad
parlamentaria y usurpar las funciones de la AN, cuestión que fue calificado por
la Fiscal General de la República como una ruptura del orden constitucional.
Para preservar el modelo de
Estado consagrado en la CRBV se impone garantizar la separación e independencia
de los poderes públicos como fundamento clave del Estado de Derecho. Para
lograrlo, el país tiene que plantearse seriamente despolitizar la justicia, designados
como magistrados a honorables venezolanos de sólida formación académica,
destacada trayectoria profesional y vida ejemplar.
La independencia y autonomía de los poderes
públicos permitirá que cada poder pueda vigilar e inspeccionar el desempeño de
los otros poderes para evitar la extralimitación de funciones y los abusos de
autoridad que han desembocado en la actual crisis política. Sólo cuando existe
un sistema de control efectivo del poder e imparcialidad de los poderes públicos
se podrá consolidar una democracia auténtica que garantice plenamente los derechos
ciudadanos
Cañonazos a la Constitución
¿Cuántas veces hemos escuchado que el Estado es un
instrumento de dominación de una clase sobre otra? Dominación que se impone a
través de un marco legal e institucional y del monopolio de la fuerza por parte
de quien controla el andamiaje Estado.
Cuando los factores que pugnan por el poder tienen
interpretaciones distintas de la Constitución y las leyes, entonces apelan a
los recursos de interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Se
supone que la membresía de los tribunales debe estar conformada por magistrados
imparciales, con sólida formación y experiencia profesional, así como
reconocido prestigio y probidad. Pero en los hechos, los poderes públicos
suelen ser penetrados y colonizados por las fuerzas políticas y económicas en
pugna para que, llegado el momento de las grandes definiciones, respondan a su
interés particular.
La Sala Constitucional es la máxima y última intérprete de la Constitución
y está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y
principios constitucionales. En la actualidad está
conformada por varios magistrados que hasta hace poco fueron parlamentarios,
ministros y altos funcionarios del gobierno. Esto ha sido una razón de mucho
peso para poner en duda la autonomía e imparcialidad del máximo tribunal de Venezuela.
Desde que estalló el conflicto entre el Poder Legislativo y
el Poder Ejecutivo, el país ha estado sobresaturado de interpretaciones de la
Constitución que cada poder despliega haciendo gala de sus habilidades
leguleyas para torcer la justicia a su favor. Pero en esencia, estos argumentos
legales con los cuales cada quien intenta vestir de interés nacional su interés
parcial, son una envoltura del interés político/económico de los poderes que se
luchan por imponerse. Veamos dos episodios
recientes de esta confrontación:
·
En enero, la AN controlada por
la oposición acusó al presidente de la República de abandono del cargo, en un
fallido intento por demostrar que en Venezuela se había producido una falta
absoluta del Presidente de la República y, por lo tanto, el CNE estaba obligado
a convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Esta decisión de la
AN fue considerada por el gobierno como un intento de golpe de Estado, pero no activó
ninguna alarma en la OEA.
·
En marzo, el TSJ aprobó las decisiones 155 y 156 que han
sido catalogadas por políticos opositores y juristas como un Madurazo,
comparándolo con el Fujimorazo,
término que en la jerga de las ciencias políticas se refiere a la disolución
del parlamento por orden de un presidente, como lo hizo Alberto Fujimori en
Perú, con el autogolpe del 5 de abril de 1992.
Desde mi lectura, se trata de dos nuevos capítulos de la
confrontación política entre las tendencias que se disputan el poder en la Venezuela
rentista. La legalidad o no de ambas decisiones no puedo dejarla a la
interpretación de los especialistas y constitucionalistas de cada lado, ya que
lo harán a partir del interés que representan. Como ciudadano me siento
obligado a hacer mi propia interpretación para ser consecuente con el mandato
del artículo 333 de la CRBV, cuyo texto nos indica que:
Esta
Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva
vigencia,
En momentos en los que las decisiones de
la AN y las interpretaciones de la Sala Constitucional han quedado en entredicho
por dos poderes que no se reconocen ni respetan, nos corresponde como
ciudadanos garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales. Así como la CRBV fue aprobada en referendo popular, nadie nos
puede negar ahora nuestro derecho y obligación de ser su máximo y último
intérprete. Con nuestra fuerza como opinión pública, estamos obligados a velar
por su justa interpretación y aplicación. Dejo aquí mi contribución.
La decisión 155
El 22 de
marzo de 2017, el diputado oficialista Héctor Rodríguez, presentó un recurso de
nulidad contra el Acuerdo
sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de
la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el
orden constitucional en Venezuela, previamente aprobado por la mayoría
opositora que controla la AN.
Esta solicitud de nulidad se basa
en la declaración de desacato que pesa sobre el Poder Legislativo. Recordemos
que la Sala Electoral del TSJ, atendiendo a una denuncia de fraude electoral,
dejó sin efecto la elección de los diputados del Estado Amazonas. Como la
directiva de la AN hizo caso omiso a esta sentencia y juramentó a los diputados
en cuestión, esto fue considerado como un desacato a la sentencia de la
Sala Electoral. Así, la directiva de la AN dio el pretexto perfecto al gobierno
y al TSJ para que la declarara en desacato y procediera a anular todas las actuaciones del Poder
Legislativo, a partir del 28 de julio de 2016, fecha en la que se incorporan a
la AN los diputados del estado Amazonas.
En el
tablero de ajedrez, la Bancada de la MUD sacrificó la mayoría de 99 diputados
al incorporar a estos 3 parlamentarios objetados. Las repercusiones de este mal
cálculo político no se hicieron esperar. El 5 de enero de 2017, la plenaria de
la AN eligió la nueva Junta Directiva, pero el TSJ la consideró espuria, al ser
aprobada por una AN que se mantiene en desacato y vicia
de nulidad cualquier actuación que ejerza, incluyendo la elección de su propia Junta
Directiva que, según el TSJ, incurre en el vicio de usurpación de funciones
contemplado en el artículo 138 de la CRBV, el cual establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus
actos son nulos.
Desde una argucia legal, el
Acuerdo sobre la activación de la Carta Democrática aprobado por la AN puede
ser tipificado, según la decisión 155, como un delito de Traición a la Patria
que “…se configura cuando se realizan
acciones específicas bien sea dentro o fuera de la República con complicidad o
no de otra nación o país, destinadas a afectar el normal funcionamiento del
Estado y de sus instituciones; también se considera traición a la patria el
acto mediante el cual se solicite o impetre a un Gobierno extranjero la
intervención, participación o resolución de asuntos de política interna de la
República Bolivariana de Venezuela, así mismo constituiría delito de traición a
la patria todas aquellas declaraciones a funcionarios extranjeros mediante las
cuales se difame al Presidente de la República”.
La decisión 155 considera que en
el texto del Acuerdo “…se demuestra claramente la configuración de este
delito por parte (…) de los diputados de la Asamblea Nacional que participaron
en la sesión y aprobaron dicho texto, que solicita abiertamente a la
Organización de Estados Americanos y los Estados parte de ella, la aplicación
de la Carta Democrática Interamericana a su propia Nación, lo cual constituye
en una gravísima afrenta por parte de estos parlamentarios en contra de la
forma democrática y republicana de nuestro patria y en perjuicio del propio
pueblo que los eligió para que defendieran sus intereses”.
En consecuencia, los diputados
que han desplegado la ofensiva internacional en contra del gobierno y han
intervenido en parlamentos de otros países y organismos internacionales pueden
ser acusados del delito de traición a la patria. De hecho, la fracción
parlamentaria del oficialismo solicito que
se inicie la investigación que determine la responsabilidad penal individual de
los diputados que integran el Bloque de la Unidad, ya que sus actuaciones constituyen
un desacato a las sentencias y mandamientos del TSJ, pudiendo estar incursos en
el delito de traición a la patria,
previsto y sancionado en el Código Penal venezolano.
En sintonía con esta solicitud, el
TSJ sostiene que luego declarar nulo el Acuerdo de la AN para activar la Carta
Democrática, los diputados del Bloque de la Unidad continuaron desplegando acciones que pudieran atentar de forma
especialmente grave contra el sistema de valores, principios y normas previstas
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual
cualquier tribunal puede adoptar las medidas cautelares que sin estar
expresamente mencionada en la ley permita la protección de los intereses y
derechos ventilados en juicio. Si esto se concreta, los diputados perderían
su inmunidad parlamentaria y serían detenidos.
En respuesta, el Bloque de la
Unidad argumenta que existe una ley que está por encima de la Carta Magna y esta
es precisamente la Carta Democrática Interamericana. Argumentan que el artículo
23 de la CRBV establece que:
Los
Tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio
más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público.
Las consecuencias de la decisión del TSJ
La decisión
155 de la Sala Constitucional declaró la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la
Asamblea Nacional en fecha 21 de marzo de 2017, llamado ‘Acuerdo sobre la
Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA,
como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden
constitucional en Venezuela’…”.
Esta decisión prepara el terreno para que el gobierno retire a
Venezuela de la OEA, declare un estado de conmoción, allane la inmunidad
parlamentaria, termine de disolver la AN y finalmente imponga su absoluta
dominación.
El retiro de la OEA
El TSJ ordena al presidente que evalúe
el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece
la República y pudieran estar desplegando actuaciones similares a las del
Secretario Ejecutivo de la OEA. En la declaración 155 se
lee claramente que:
Ante las
inéditas acciones que afectan la paz y soberanía nacional y ante el reiterado
comportamiento contrario al orden jurídico internacional que ha venido
ejecutando el actual Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), lesivo a los principios generales del derecho internacional y
a la propia Carta de la Organización de Estados Americanos (A-41), referidos a
la autodeterminación, independencia y soberanía de los pueblos, entre otros, se
ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que proceda a
ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para
salvaguardar el orden constitucional.
El estado
de conmoción
La decisión también le ordena al
gobierno que:
En
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la
gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares,
penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime
pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del
Estado de Excepción.
En tales circunstancias, los
diputados opositores o cualquier ciudadano corren el riesgo de ser arrestados
para ser juzgados en tribunales militares bajo cargos de usurpación de
funciones y traición a la patria.
El
allanamiento de la inmunidad parlamentaria
El TSJ argumenta que, conforme a
lo previsto en el artículo 200 de la CRBV, la inmunidad parlamentaria ampara
los actos de los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
pero no aplica mientras se prolongue la situación de desacato en la que se
encuentra la AN. Se lee en el texto de la decisión:
Ante el
desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional,
revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal
y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de
naturaleza militar-),
La inmunidad parlamentaria es una institución política
creada para que los diputados puedan ejercer sus funciones de control sobre las
actuaciones del gobierno sin que sean acusados por vilipendio, difamación o
injuria cuando formulan sus denuncias sobre abusos de poder, hechos de
corrupción y violaciones a la ley. Es una figura que protege a los
parlamentarios de las retaliaciones del poder.
La sentencia 155 es una amenaza a la inmunidad parlamentaria. De llegarse a
eliminar, los diputados pueden ser privados de libertad sin pasar por el
antejuicio de mérito. Al no tener inmunidad, los parlamentarios pueden ser
acusados y detenidos, lo cual inhibirá la función de controlar el gasto del
gobierno y velar por la administración transparente de los fondos públicos. Al quedar
en estado de indefensión jurídica, el gobierno puede intensificar la
persecución política.
La decisión 156
La decisión 156 la toma el TSJ en respuesta a un recurso de
interpretación introducido el 28 de marzo por Pdvsa para analizar el contenido
y alcance del artículo 187 de la CRBV y del artículo 33 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, en cuyo texto se establece la competencia de la AN de conocer y
aprobar la creación de empresas mixtas. El artículo 33 de la Ley de
Hidrocarburos precisa que:
La constitución de empresas
mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades
primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo
efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo,
deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución
y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República.
La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer
las que considere convenientes (…).
Como la AN ha sido declarada en desacato y sus actos son
considerados nulos, la Sala Electoral -en lugar de dictar la sentencia que está
pendiente desde hace meses sobre los diputados del estado Amazonas-, en
cuestión de horas decidió:
Sobre la base de la omisión
inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe
impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en
el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a
cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y
Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a
dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a
favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones
deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de
Energía y Petróleo.
Resolviendo la interpretación solicitada
del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que
la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones
propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.
Sobre la base del estado de excepción,
el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de
interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo
Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de 2017).
Se advierte que mientras persista la
situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea
Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias
parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que
ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.
Las
consecuencias de la decisión del TSJ
Con la argucia legal de que la AN
todavía se encuentra en desacato y por lo tanto no puede interpretar la norma sobre
la constitución de empresas mixtas porque quedaría viciada de nulidad, la
decisión 156 trae las siguientes consecuencias:
Sustitución
del Poder Legislativo por el Poder Judicial
Con el argumento de evitar que la
prolongación del desacato se convierta en un obstáculo para el funcionamiento
del Estado, la Sala Constitucional decidió asumir las funciones del Poder
Legislativo mientras dure el desacato de la AN a la decisión de la Sala
Electoral.
Aunque la sentencia 156 solo se
refiere a la Ley de Hidrocarburos, los argumentos que la soportan allanan el
camino para que la Sala Constitucional pueda arrogarse en otros casos las
funciones de legislar que corresponden a la AN. Si no se revierte este quiebre a la
Constitución y la Ley, esta práctica se repetirá una y otras vez con las
empresas mixtas que el gobierno ha anunciado en el Arco Minero del Orinoco.
Conformación
de un Estado autoritario
Está más que demostrado que la
separación e independencia de los poderes públicos es lo que permite que cada
uno vigile al otro para evitar los abusos y excesos que se cometen cuando un
poder se impone y somete a los demás. Pro con la decisión 156 avanza una
estratagema vestida de pomposa legalidad a través de la cual se sigue
desmembrando la CRBV y se conforma un estado cada vez más autoritario que
terminará de dar al traste con la separación, independencia y autonomía de los
poderes públicos.
Sólo cuando existe un sistema de
control efectivo del poder es que puede haber democracia verdadera. A través de
la autonomía de los poderes es que se puede asegurar el respeto a los derechos y
libertades fundamentales del ser humano; el acceso y ejercicio del poder
sustentado en el Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas,
libres y justas como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas, así como la propia separación e
independencia de los poderes públicos.
En medio de la aguda confrontación entre las
cúpulas políticas que apuestan a exterminarse sin escuchar el clamor de la
Nación, son estos fundamentos de la democracia los están en peligro en la
Venezuela de hoy. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?
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